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El gobierno de Javier Milei congeló el subsidio a la tarifa social de colectivos bajo sistema SUBE. A partir de ahora, la compensación del 55% queda fija a la tarifa de referencia al 30 de junio y dejará de actualizarse al valor del boleto vigente.

Eso significa que, cuando las jurisdicciones definan nuevos aumentos, Nación no pondrá más recursos que los que destina al momento para ese beneficio.

La resolucion de la Secretaría de Transporte que se oficializó este miércoles disparó reacciones de rechazo en varios municipios, mientras ya hay provincias que avisan que no se harán cargo de los baches que dejará el subsidio nacional a futuro.

 En el sector calculan que, en una próxima actualización del boleto, el peso de la tarifa social podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables. 

En ese sentido, fuentes del sector consultadas por LPO no dudan que, «para compensar» esa merma de recursos provenientes de Nación, «los próximos aumentos del cuadro tarifario tendrán que contemplar ese aspecto», por lo que el peso recaerá en los usuarios en general.

Eso, o directamente un derrumbe en el tiempo de la gravitación de la tarifa social. En el sector calculan que, en la próxima actualización, podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables.

Hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias 

Actualmente, ese beneficio abarca a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, del programa Progresar, personal de casas particulares, monotributistas sociales y veteranos de Malvinas, entre otros.

Por lo pronto, hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias por parte de numerosos empresas de colectivos del AMBA y de grandes centros urbanos del interior bonaerense.

Las empresas de colectivos exigen subas del 100% para retomar los servicios

Frente a eso, ya surgen expresiones de rechazo desde los municipios. «No es un cambio técnico, es una decisión política: el Estado Nacional se retira del transporte público del interior del país», dijo en su cuenta de X el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli.

El jefe comunal de la capital pampeana advirtió que, a partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, «la diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios».

En tanto, un empresario del interior bonaerense, dijo a LPO: «La consecuencia para el sistema es que lo no abonado por el usuario de la tarifa social ni el Estado Nacional, será abonado por el resto de los usuarios. Es decir, se aumentará más todo el cuadro tarifario para compensar».

Mientras, ya hay provincias que advierten que no absorberán la diferencia que deje de aportar Nación. «Mendoza no va a poder hacerse cargo de estos subsidios nacionales que otorga Nación», dijo a LVDiez el subsecretario de Transporte de la gestión Cornejo, Luis Borrego. 

 

 

La llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete dejó a Pablo Quirno en un lugar de extrema incomodidad. El canciller estaba seguro que sería el reemplazante, así se lo hizo saber a su entorno y los colaboradores mas cercanos que lo acompañan en el ministerio. 

«Estaba agrandado, seguro que era él», dijo a LPO un funcionario de la Cancillería que lo frecuenta a diario. Quirno es un hombre experimentado, pero la vanidad pudo más que el análisis político y terminó siendo un peón en el juego grande de Karina y los Menem. 

Este medio adelantó en abril que volvió de la visita oficial al Estado de Israel en estado de éxtasis porque estaba convencido que había logrado asegurarse el apoyo de Karina Milei para ser el próximo jefe de Gabinete. 

Karina capitana 

Por eso cuando luego que LPO publicara el viernes al mediodía la impactante primicia que Diego Santilli era el nuevo jefe de Gabinete y la Casa Rosada agitó el nombre del canciller para dar la impresión que la decisión final se tomaría al regreso de Milei de España, Quirno se la creyó.

Quirno andaba agrandado, estaba seguro que era el elegido para la Jefatura de Gabinete.

El buen vínculo de Quirno con Karina es real pero difícilmente el Canciller hubiese el elegido. La razón es que para la hermana de Milei y los Menem, Quirno juega con Santiago Caputo, que al final del día es aliado de Santiago Caputo.

 Lo que terminó de cerrarle toda posibilidad fue el affaire Rufus en donde el ministro tuiteó en favor de las Fuerzas del Cielo. Ruffus es Martín Menem, que es Karina Milei. 

Además, Quirno es de los funcionarios que entregó el manejo de su red social X al equipo de Santiago Caputo, lo que explica su estilo por momentos agresivo -ahora moderado- tan distante de su personalidad afable.

Con la decisión tomada, el funcionario sumó otro enojo con los que empezaron a probarse el traje de Canciller ante una eventual salida. Uno de ellos es Guillermo Nielsen, actual embajador en Paraguay que se ofreció para reemplazarlo.

 

 

La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.

La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.

Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.

El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Sheinbaum descartó riesgos al sistema financiero tras sanciones a CIBanco, Vector e Intercam

Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.

Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.

Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.

El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.

Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.

La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.

La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.

Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.

Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.

Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.

La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.