Trump impone aranceles del 25% a productos brasileños y profundiza la tensión con Lula

Trump impone aranceles del 25% a productos brasileños y profundiza la tensión con Lula

 

El gobierno de Estados Unidos oficializó este miércoles la aplicación de un arancel adicional del 25% sobre una amplia gama de productos importados desde Brasil, luego de concluir la investigación comercial iniciada bajo la Sección 301 de la legislación estadounidense. 

La medida, que entrará en vigor el 22 de julio, representa un nuevo capítulo en el creciente conflicto entre Washington y el gobierno de Lula en Brasil.  

La decisión fue adoptada tras varios meses de investigación por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que acusó a Brasil de mantener prácticas comerciales consideradas discriminatorias para las empresas estadounidenses. 

Entre los principales cuestionamientos figuran el funcionamiento del sistema de pagos instantáneos Pix, las políticas aplicadas al mercado del etanol, regulaciones sobre comercio digital y aspectos vinculados con la propiedad intelectual. 

Para la administración Trump, estas políticas generan ventajas indebidas para empresas brasileñas y restringen la competencia de compañías estadounidenses. Brasil, en cambio, rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de medidas soberanas compatibles con las normas internacionales. 

 Tesla, Coca-Cola y Nestlé presionan a Trump para frenar los aranceles contra Brasil 

A pesar de las negociaciones diplomáticas impulsadas por el gobierno brasileño y de la presión ejercida por empresas de ambos países para evitar una escalada comercial, Washington decidió mantener el gravamen del 25%. 

Sin embargo, la medida incluye una extensa lista de excepciones. Más de 2.100 productos quedaron excluidos del nuevo arancel, entre ellos varios de los principales bienes exportados por Brasil hacia el mercado estadounidense, como la carne bovina, el café, el jugo de naranja, la celulosa, aeronaves y componentes aeronáuticos, además de otros productos agrícolas e industriales considerados estratégicos. 

Entre los principales cuestionamientos figuran el funcionamiento del sistema de pagos instantáneos Pix, las políticas aplicadas al mercado del etanol, regulaciones sobre comercio digital y aspectos vinculados con la propiedad intelectual

La inclusión de estas exenciones busca reducir el impacto sobre las cadenas de suministro estadounidenses y evitar aumentos de costos para industrias que dependen de insumos provenientes de Brasil. Desde Brasilia, el gobierno de Lula respondió que utilizará la Ley de Reciprocidad Comercial para evaluar posibles medidas contra Estados Unidos y no descarta presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

El gobierno brasileño sostiene que las acusaciones carecen de fundamento y recuerda que, históricamente, Estados Unidos ha registrado superávit comercial en su intercambio con Brasil, por lo que rechaza el argumento de prácticas desleales. 

Desde Washington, informó Folha de San Pablo, funcionarios de la administración Trump afirmaron que Brasil no mostró voluntad de negociar «de buena fe», mientras que el oficialismo brasileño interpreta el aumento de aranceles como una herramienta de presión política y económica. 

El nuevo esquema arancelario añade incertidumbre al comercio bilateral entre las dos mayores economías del continente y abre la puerta a una posible escalada de represalias comerciales en las próximas semanas. 

 Empresarios brasileños temen que Flavio complique las negociaciones con EEUU por los aranceles 

Aunque las excepciones limitan el impacto inmediato sobre algunos sectores clave, la medida incrementa la tensión entre ambos gobiernos en un contexto de creciente competencia económica y diferencias políticas. 

La decisión llega en plena campaña para las elecciones presidenciales brasileñas y profundiza el deterioro de la relación entre Trump y Lula. De todas formas, en el entorno del líder del PT creen que esto potencia su candidatura y perjudica a Flavio Bolsonaro por mostrarse cercano a las políticas de Estados Unidos. 

 

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    Dos años después, el Gobierno admite su inoperancia y vuelve a prorrogar un trámite que perjudica a embarazadas

     

    El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.

    La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.

    Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables

    La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen

    La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.

    En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.

    La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.

    Una excepción que amenaza con convertirse en regla

    Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.

    La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.

    Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.

     

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