DEMOLEDOR: En América Latina un millonario tiene 4000 veces más posibilidades de llegar al poder que un ciudadano común
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DEMOLEDOR: En América Latina un millonario tiene 4000 veces más posibilidades de llegar al poder que un ciudadano común

 

Un nuevo informe de Oxfam una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países, pone números a un fenómeno que atraviesa a toda la región: la concentración extrema de la riqueza no solo profundiza la desigualdad económica sino que también condiciona la calidad democrática. Mientras un puñado de milmillonarios acumula fortunas comparables al PBI de varios países, crece su capacidad para influir sobre gobiernos, leyes, medios de comunicación y decisiones públicas.

Por Roque Pérez para NLI

La discusión sobre la desigualdad suele presentarse como un problema exclusivamente económico. Sin embargo, el informe «Riqueza sin control, democracia en riesgo: por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal», elaborado por Oxfam, sostiene que el verdadero desafío es mucho más profundo: la concentración de la riqueza está derivando en una concentración del poder político que amenaza el funcionamiento mismo de las democracias.

Los números son contundentes. América Latina y el Caribe cuentan actualmente con 109 milmillonarios que concentran una riqueza conjunta de 622.900 millones de dólares, una cifra comparable al Producto Bruto Interno combinado de Chile y Perú. En apenas un año, esas fortunas crecieron cerca de un 39%, unas dieciséis veces más rápido que la economía regional.

Las personas milmillonarias poseen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos o acceder directamente a espacios de decisión que el ciudadano promedio

Cuando el dinero compra influencia

El informe sostiene que el problema no es únicamente la existencia de grandes fortunas, sino la capacidad que esas fortunas tienen para convertirse en influencia política permanente.

Según Oxfam, las personas milmillonarias poseen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos o acceder directamente a espacios de decisión que el ciudadano promedio. Ese poder también se ejerce mediante el financiamiento de campañas, el lobby empresarial, la presión sobre organismos estatales y el control de medios de comunicación.

La consecuencia es un círculo difícil de romper: quienes acumulan riqueza pueden influir sobre las reglas económicas, obteniendo aún mayores beneficios y consolidando posiciones dominantes.

El informe cita investigaciones internacionales que atribuyen más de una cuarta parte del retroceso democrático registrado entre 1990 y 2019 al aumento del poder corporativo, capaz de moldear regulaciones, bloquear competidores e influir sobre la opinión pública.

Un mapa de los sectores que concentran el poder

Otro aspecto llamativo del trabajo es que la riqueza de los grandes patrimonios latinoamericanos no está distribuida de manera uniforme.

El 65% del patrimonio de los milmillonarios de la región se concentra en apenas tres sectores:

Finanzas y servicios de inversión (27,45%), medios y telecomunicaciones (20,63%) y energía y recursos naturales (17,45%). Detrás aparecen la agroindustria, la tecnología, los conglomerados industriales y otros rubros con menor participación.

Para Oxfam, esta composición no es casual. Se trata de mercados con altas barreras de entrada, fuerte concentración económica y enorme capacidad para influir sobre regulaciones, precios y políticas públicas.

En otras palabras, el poder económico y el poder político terminan alimentándose mutuamente.

Un debate que interpela a la Argentina

La publicación adquiere especial relevancia en un contexto regional donde distintos gobiernos impulsan reducciones impositivas para grandes patrimonios, flexibilización de controles financieros y procesos de desregulación económica.

Mientras el discurso oficial suele presentar estas medidas como incentivos para la inversión privada, el informe advierte que la disminución de la progresividad fiscal puede fortalecer aún más la concentración de riqueza y reducir la capacidad de los Estados para financiar educación, salud, infraestructura y políticas sociales.

La organización propone avanzar hacia un nuevo pacto fiscal, con impuestos más progresivos sobre grandes fortunas, combate efectivo a la evasión y mayor transparencia sobre la influencia corporativa en las decisiones públicas.

Mucho más que una discusión económica

El informe deja planteada una pregunta incómoda para toda la región: ¿puede existir una democracia plenamente representativa cuando una pequeña élite concentra recursos suficientes para condicionar el debate público, financiar campañas, controlar medios y participar directamente en la elaboración de las reglas del juego?

La respuesta de Oxfam es clara. La desigualdad extrema no solo produce pobreza o exclusión social: también erosiona la representación política, debilita las instituciones y transforma el poder económico en una herramienta capaz de moldear el funcionamiento mismo de la democracia.

 

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    A una semana que la Cámara Federal de Casación confirmara las investigaciones contra Busaniche y rechazara el pedido de apartar a todos los fiscales que impulsan estos casos de corrupción institucional, el fiscal federal Juan Argibay Molina comunicó tanto a Marchi como a Silberstein que se había dado inicio a un legajo de oficio para determinar si aparecían implicaciones en los ilícitos bajo pesquisa.

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    Este viernes Marchi se presentó espontáneamente con el abogado Hernán Folgueiro -del estudio del ex juez Gabriel Cavallo– que va a representarlo ante los fiscales de la Procelac, los que les explicaron los hechos investigados.

    Un día antes en Rosario se había notificado el abogado designado por Silberstein, el penalista Walter Stramazzo, sobre el inicio de esta investigación preliminar que se desprende del caso 15287/2024, donde ya están procesados y con medidas cautelares el ex juez Bailaque -que afronta un pedido de pena de diez años de prisión por esta y otras causas-el financista Whpei y el ex funcionario de la AFIP Vaudagna.

    Hace dos meses, los abogados Claudio Pirotta y Débora Lichtmann, que representan a Busaniche, propusieron el llamado de varios testigos, cuestionando que la fiscalía no los haya llamado luego que de Vaudagna apuntara al ex administrador de la Corte como instigador de la extorsión contra los agentes bursátiles de Rosario. Entre otros testigos propusieron a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó, y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.

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