La guerra dispara el precio del gas y las tarifas podrían duplicarse: los tres escenarios

La guerra dispara el precio del gas y las tarifas podrían duplicarse: los tres escenarios

 

La guerra en Medio Oriente se filtra en la economía argentina por un canal escondido: el gas natural licuado (GNL). El precio internacional del combustible que el país necesita importar cada invierno se disparó con la crisis bélica. Pasó de alrededor de 10 dólares a cerca de 20 dólares por millón de BTU. El doble.

Para Argentina ese número no es abstracto. El sistema energético todavía depende del GNL para atravesar los meses de mayor consumo. El gasoducto de Vaca Muerta mejoró el panorama porque permite transportar más gas desde Neuquén hacia los centros urbanos. Pero la producción local todavía no alcanza para cubrir la demanda invernal. 

Y el gas también impacta en la boleta de luz. Más del 60% de la electricidad argentina se genera en centrales térmicas que utilizan gas o combustibles líquidos. Por eso, el país necesita importar GNL cada invierno para sostener el sistema energético. 

Durante la crisis energética global provocada por la guerra en Ucrania, cuando el gasoducto aún no estaba operativo, Argentina llegó a gastar cerca de USD 3.500 millones en importaciones de gas. El año pasado, con el gasoducto funcionando y precios internacionales más bajos, la factura cayó a unos USD 600 millones. 

Los bancos de Wall Street recomiendan salir de Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago

Pero el nuevo escenario internacional vuelve a cargar ese gasto. Si el gobierno sale a comprar GNL con los precios actuales, el costo podría duplicarse justo cuando la cuenta corriente argentina ya muestra un déficit superior a los 2.500 millones de dólares. 

A ese cuadro se suma un cambio de reglas en el sistema energético local. El gobierno decidió avanzar con una licitación para transferir la importación de GNL, que hasta ahora realizaban las empresas estatales Enarsa y Cammesa, a un único operador privado. 

Si el gobierno sale a comprar GNL con los precios actuales, el costo podría duplicarse justo cuando la cuenta corriente argentina ya muestra un déficit superior a los 2.500 millones de dólares. 

El problema es que ese proceso todavía no está definido. Y mientras se discute quién se quedará con el negocio de la importación, el calendario energético sigue corriendo. 

Los cargamentos de gas no se compran de un día para otro. Deben contratarse con anticipación. Cuando esa planificación se retrasa, el margen se reduce. La alternativa es salir al mercado spot, el segmento de corto plazo del comercio mundial de GNL. Allí no hay contratos previos ni precios asegurados. Los cargamentos se compran sobre la hora y el valor se define en función de la urgencia y de la competencia entre compradores. 

Además, con gran parte de la producción global afectada por la crisis en Medio Oriente, el mercado enfrenta una oferta más limitada. De hecho, Qatar ya aviso que suspende los envíos comprometidos con la Argentina. Eso obliga al gobierno a competir con otros compradores, especialmente Europa, que desde la ruptura energética con Rusia incrementó su dependencia del gas natural licuado. 

En el sector energético repiten una advertencia inquietante: el gas licuado disponible en el mercado no alcanza para todos. Cuando un bien escasea, el precio se dispara. Y el gobierno ya dejó clara cuál es su lógica regulatoria frente a ese escenario: trasladar los costos a la demanda. 

Los cálculos que circulan en el sector energético muestran la magnitud del impacto potencial en las tarifas que enfrentarán hogares e industrias. 

Si el sobrecosto se trasladara a la industria, el precio del gas pasaría de 4 dólares a 8,14 dólares por millón de BTU. Es una suba del 104%. El traslado es más directo porque los grandes usuarios ya compran gas sin subsidios. 

Si el sobrecosto se trasladara a la industria, el precio del gas pasaría de 4 dólares a 8,14 dólares por millón de BTU. Es una suba del 104%. 

Si el ajuste recayera en los hogares, el impacto también sería significativo. El precio del gas que paga el usuario podría pasar de 3,79 dólares a 6,51 dólares por MMBTU. 

Existe además un tercer escenario posible: trasladar el costo a la generación eléctrica. En ese caso, el precio del gas para las centrales pasaría de 4,45 dólares a 9,27 dólares por MMBTU, un salto del 108%. Si las usinas ya estuvieran pagando gas spot, el valor subiría de 7,50 a 11,31 dólares. El resultado sería un sobrecosto de 33,8 dólares por megavatio hora.

La pregunta inevitable es cuánto más pueden absorber los bolsillos, en un escenario económico de pérdida de poder adquisitivo y recesión, con cierres cotidianos de industrias y comercios. 

 

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    Cancillería aumentó casi 400% un contrato con la academia vinculada a la esposa de Federico Sturzenegger

     

    La Cancillería incrementó cerca de un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa de Federico Sturzenegger. El aumento supera la inflación acumulada y abre un fuerte debate sobre transparencia, conflicto de interés y uso de fondos públicos.

    Por Roque Pérez para NLI

    La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de incrementar en casi un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, la esposa del ministro Federico Sturzenegger, desató una controversia política y administrativa que excede la discusión presupuestaria. La actualización del monto, muy por encima de la inflación acumulada, reavivó las sospechas sobre conflicto de interés, transparencia en la contratación pública y doble vara en el ajuste estatal.

    El caso se inscribe en el clima de recortes, despidos y poda del gasto que impulsa Milei, mientras determinadas partidas parecen evolucionar a una velocidad muy superior a la del índice de precios.


    Contratación pública y aumento del 400%: los números bajo la lupa

    El contrato original había sido firmado por una cifra sensiblemente menor. La renovación elevó el monto a más de cinco veces el valor inicial. Si bien el Gobierno puede argumentar actualización por inflación o ampliación de servicios, los datos disponibles muestran que el incremento supera ampliamente la inflación acumulada del período, que ronda el 276%.

    La capacitación contempla cursos de idioma para personal diplomático y administrativo. Desde el punto de vista funcional, nadie discute la necesidad estratégica de que el cuerpo diplomático domine lenguas extranjeras. Lo que está en debate es si el Estado pagó un valor acorde a mercado y si se garantizó competencia real entre oferentes.

    Para un público especializado en administración pública y control del gasto, la pregunta central no es si la capacitación es necesaria, sino si:

    • Se evaluaron alternativas privadas con mejor relación costo-beneficio.
    • Hubo licitación efectiva o mecanismos de comparación de precios.
    • Se justificó técnicamente la magnitud del aumento.

    El diferencial porcentual es el dato político más fuerte del expediente.


    Conflicto de interés y mecanismos de integridad: ¿alcanzan los controles?

    El vínculo personal entre la conducción de la AACI y el ministro Sturzenegger obligó formalmente a activar mecanismos de control previstos para evitar incompatibilidades. Sin embargo, la discusión no es solamente jurídica sino política.

    En términos normativos, pueden haberse cumplido los pasos administrativos. Pero la cuestión de fondo es otra: ¿es razonable que un organismo del Estado incremente en casi 400% un contrato con una institución dirigida por la esposa de un ministro clave del gabinete?

    El estándar internacional en materia de ética pública no sólo exige legalidad, sino también apariencia de imparcialidad y prevención de beneficios indirectos. Incluso cuando no se pruebe irregularidad penal, el costo reputacional para la administración puede ser alto.

    En un gobierno que sostiene un discurso de “corte de privilegios”, este tipo de decisiones generan ruido político inmediato.


    Ajuste selectivo y doble vara en el gasto estatal

    Mientras el Ejecutivo impulsa recortes en áreas sensibles, despidos masivos y reducción de partidas sociales, la ampliación de este contrato aparece como un caso testigo. El mensaje que se proyecta hacia el interior del Estado es complejo: hay sectores donde el ajuste es implacable y otros donde el gasto crece muy por encima del promedio.

    Desde el análisis presupuestario, el monto total puede no representar una porción decisiva del gasto nacional. Pero en política, los símbolos pesan. Y este contrato se convirtió en un símbolo de:

    • Tensiones entre discurso y práctica.
    • Fragilidad en la gestión de conflictos de interés.
    • Falta de pedagogía pública sobre criterios de contratación.

    La situación también interpela a los organismos de control y a la oposición parlamentaria, que ya anticipan pedidos de informes y posibles presentaciones judiciales.

     

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