Ni el volantazo de Toto Caputo para que el Indec no publique el nuevo índice de precios logró frenar a la inflación que marcó un altísimo 2,9 por ciento en enero y acumula ocho meses consecutivos al alza. Un dato letal para el relato libertario de la «desinflación» y las promesa de Milei que en agosto el IPC comenzará con cero.
El ministro de Economía había asegurado la semana pasada que la inflación de enero estaría en torno al 2,5 por ciento, pero la realidad fue mucho más áspera. El índice manipulado por Caputo dio casi medio punto más y el gobierno solo pudo zafar de que empiece con 3, un fantasma que recorría la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.
LPO había revelado la semana pasada que la proyección del nuevo índice elaborado por Marco Lavagna daba entre 3,2 y 3,4 por ciento, razón por la que Javier Milei y Toto Caputo decidieron no publicarlo. El bochorno terminó con la renuncia de Lavagna.
El ministro y sus voceros oficiosos aseguraron que el nuevo índice hubiese dado una décima menos que el actual, pero la realidad es que todos los analistas serios explican que por la mayor ponderación de los servicios la cifra daría más alta. El 2,9% con el índice viejo confirma la primicia de LPO, que luego fue replicada por otros medios.
Es obvio que con la nueva ponderación el IPC se iba a ubicar por encima del 3%, una bomba neutrónica para Milei y Caputo, que justifican el fenomenal ajuste que castiga el consumo, el empleo y el poder adquisitivo, en el logro estratégico de bajar la inflación a niveles regionales, esto es alrededor del 5% anual. Ahora, para hablar de un proceso de desinflación, la inflación tiene que bajar, no subir ni acelerarse como está ocurriendo.
LPO reveló la semana pasada que la proyección del nuevo índice elaborado por Marco Lavagna daba entre 3,2 y 3,4 por ciento, razón por la que Javier Milei y Toto Caputo decidieron no publicarlo. El bochorno terminó con la renuncia de Lavagna.
El papelón de Caputo fue múltiple. Primero porque forzó la renuncia de Lavagna y detonó la credibilidad del Indec al frenar la actualización de un índice anunciado varios meses atrás, con el único objetivo de que no el índice no empezara con 3 y terminó apenas una décima abajo. En el medio, violó el secreto estadístico del Indec anunciando que daría 2,5% y terminó casi medio punto arriba, dando una señal de incertidumbre total.
El ridículo también fue grosero de las consultoras amigas del gobierno que salieron a coro a anunciar que la inflación sería de 2,4 por ciento, en un intento burdo por legitimar la intervención de Caputo en el Indec. El analista Fernando Marull, por ejemplo, sostuvo que si el índice daba más de 2,5 o 2,6 «estás siendo operado».
Un dato alarmante del índice de enero es que alimentos dio 4,7 por ciento, lo que golpea de lleno a los sectores más postergados de la economía y hará repuntar la canasta de pobreza. En el Conurbano bonaerense los alimentos subieron 5,5 por ciento, casi el doble que el promedio general de inflación.
Además, también burla a los analistas caputistas que sostenían que el índice porteño, que dio 3,1 por ciento, estuvo empujado por productos estacionales como el turismo y no por la inflación núcleo.
La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Milei expone una decisión de enorme gravedad política y geopolítica
Por Tomás Palazzo para NLI
La intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por la Resolución 4/2026 no puede leerse sólo como un conflicto administrativo entre Nación y provincia: es parte de una redefinición geoestratégica que alinea a la Argentina más cerca de los intereses militares de Estados Unidos, en detrimento de la soberanía nacional histórica sobre su extremo austral y la Antártida. Lo que está en juego no es un muelle, sino el control de rutas marítimas, nodos logísticos y posiciones geopolíticas clave en el Atlántico Sur y el continente blanco.
Antecedentes históricos: puertos, soberanía y el Atlántico Sur
Desde la consolidación del Estado argentino en el siglo XIX, la punta sur del continente fue concebida como una pieza estratégica de defensa y desarrollo nacional. El Puerto de Ushuaia no es un simple aeropuerto marítimo: desde su transferencia de dominio de Nación a la Provincia en 1992, fue administrado con autonomía, con recursos que debían destinarse exclusivamente a su mantenimiento, operación e inversión, tal como estableció el convenio firmado ese año y ratificado por el Poder Ejecutivo provincial. Esa cláusula buscaba asegurar que los ingresos portuarios no se convirtieran en caja fiscal general, sino en un instrumento de soberanía logística en uno de los extremos del territorio argentino.
Pero desde comienzos del siglo XXI, el valor estratégico de Ushuaia fue adquiriendo nuevas dimensiones: no sólo como puerta de salida al Pasaje de Drake y acceso a la Antártida para turismo, ciencia y pesca, sino como punto de interés geoestratégico global, en una región donde los Estados Unidos, China y potencias europeas mantienen vigilancia constante de rutas marítimas y presencia científica o militar.
La Antártida, en particular, es un escenario geopolítico complejo. El Tratado Antártico lo establece como zona de investigación pacífica y prohibe reclamaciones soberanas nuevas, pero la ubicación de bases logísticas en la Patagonia y Tierra del Fuego influye directamente en la capacidad de proyectar presencia en el continente blanco. Incluso iniciativas de cooperación científica y logística antártica han sido utilizadas en discursos oficiales para justificar mayor presencia extranjera en el extremo sur.
La visita de la general Laura Richardson en abril de 2024: un hito político
En abril de 2024, el entonces presidente Milei viajó expresamente a Ushuaia para recibir a la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos —una de las estructuras militares más relevantes del Pentágono para América Latina— en lo que constituyó un gesto político de alto valor simbólico y estratégico para Washington y para la agenda de defensa del gobierno argentino.
La visita de Richardson no fue un evento menor o ceremonial: se extendió por varios días en Argentina e incluyó:
encuentros con las máximas autoridades del Ministerio de Defensa;
participación en una ceremonia de donación de un avión C-130H Hercules financiado por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina (valorado en decenas de millones de dólares);
la estancia en Ushuaia, donde se definió públicamente la idea de una “Base Naval Integrada” que “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, según declaraciones oficiales del gobierno argentino al recibir a Richardson.
Ese gesto fue interpretado por analistas y sectores críticos como una señal de subordinación geopolítica, en tanto la reunión no fue simplemente bilateral, sino destinada a consolidar una asociación estratégica ampliada con Estados Unidos en materia militar y logística en el extremo sur.
Ushuaia y el contexto global del Atlántico Sur
La presencia periódica de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos en Ushuaia y la Patagonia —no solo de Richardson sino de su sucesor, el almirante Alvin Holsey— responde a la creciente competencia global por el control de rutas marítimas, recursos naturales y posiciones estratégicas frente al avance de China y otras potencias. El Comando Sur estadounidense ha declarado en múltiples ocasiones la importancia de la región y la necesidad de fortalecer alianzas para contrarrestar lo que perciben como desafíos de actores externos.
Esa estrategia geopolítica tiene múltiples aristas:
Control y monitoreo de rutas marítimas del Atlántico Sur, esenciales para comercio global y acceso antártico.
Posicionamiento logístico y militar en latitudes australes, frente a las crecientes capacidades de otras potencias en la región.
Influencia sobre agendas científicas y de recursos naturales en regiones remotas pero ricas en potencial energético y pesquero.
Todo esto ocurre mientras, en paralelo, potencias como China también han mostrado interés en ampliar su presencia marítima, científica y comercial en la Patagonia y el Atlántico Sur —lo que Washington percibe como una amenaza estratégica.
Una redefinición peligrosa de soberanía
La decisión de intervenir y potencialmente suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia mediante una resolución administrativa, en lugar de un debate político federal o una ley con participación de las provincias, debe leerse como parte de un proceso más amplio de subordinación de la estrategia argentina a agendas de seguridad ajenas. Esto quedó exacerbado por gestos simbólicos durante la visita de Richardson, incluyendo discursos oficiales que enmarcaron la cooperación militar dentro de narrativas de afinidad cultural y geopolítica con Estados Unidos más que de soberanía argentina autónoma.
Conclusión: más que un puerto, una pieza de ajedrez geopolítico
La intervención del Puerto de Ushuaia no es un simple reacomodo administrativo: es la materialización de una geopolítica que redefine el rol de la Argentina en su propio extremo sur. En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida son cada vez más objeto de interés estratégico, energético y militar de potencias globales, la soberanía se ejerce no solo con discursos, sino con políticas públicas que no pueden ser dictadas por decretos o resoluciones bajo presión de actores externos.
Lo que está ocurriendo en Ushuaia explica por qué sectores políticos, sociales y estratégicos sostienen que esta decisión no sólo constituye un antecedente peligroso en términos constitucionales y federales, sino que pone en cuestión el control soberano de la Argentina sobre posiciones geopolíticas clave del Atlántico Sur y la Antártida.
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