La interna libertaria en San Lorenzo quedó al desnudo a horas del acto que encabezará Javier Milei por el aniversario del Combate de San Lorenzo. El colapso del armado local que respondía a Eugenia Rolón, la pareja del influencer presidencial Iñaki Gutiérrez, abrió una disputa feroz por el control del palco oficial que terminó con los sanlorencinos relegados y la militancia rosarina copando la escena.
Rolón era hasta hace semanas la principal referencia de La Libertad Avanza en la ciudad, pero tras protagonizar un accidente de tránsito en la Costa Atlántica quedó completamente fuera de juego. Sin conducción clara, el espacio quedó a cargo de un dirigente casi desconocido, Walter Riquelme, incapaz de contener el enojo que se desató cuando la diputada nacional Romina Diez avanzó sin escalas sobre la organización del acto.
Según fuentes al tanto del armado, Diez pidió 120 lugares para militantes de Rosario cuando el palco tiene capacidad para apenas 100 personas, lo que dejó directamente afuera a buena parte de los libertarios locales. San Lorenzo está a poco más de 20 kilómetros de Rosario, pero la cercanía geográfica no atenuó el malestar: «Coparon todo y nos dejaron mirando desde abajo», resumió un dirigente del espacio.
La situación encendió las alarmas en la intendencia. Fuentes cercanas a Leonardo Raimundo aseguran que el intendente está «desesperado» y teme que el desorden político termine desbordando la organización del evento, que tiene una logística sensible por la presencia del Presidente.
Coparon todo y nos dejaron mirando desde abajo.
Milei participará este sábado 7 de febrero del acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo. No habrá discurso político: el Presidente llegará con la ceremonia iniciada, realizará el traspaso simbólico del sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo y presenciará el desfile cívico-militar.
Presidencia ordenó además dividir el palco oficial en dos sectores: en las primeras filas estarán Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Raimundo y ministros nacionales; detrás se ubicarán legisladores provinciales y funcionarios locales.
Eugenia Rolón, líder libertaria en la localidad santafesina de San Lorenzo.
En un intento por llevar calma, Riquelme escribió en el grupo de WhatsApp de la organización que aún faltaban definiciones «como Eugenia Rolón aclaró», pero el mensaje cayó pésimo. En el chat de militancia territorial el enojo fue explícito. «Romina confirmó que vienen 120 personas y el palco es para 100», lanzó un referente local, que sospecha que «ya tienen todo orquestado y nosotros seguimos en babia mirando el techo».
Otro militante fue más duro: «Si esperamos la confirmación de Rosario, vamos a llegar tarde a todos lados». La discusión terminó de explotar cuando alguien avisó lo que muchos ya intuían: para los libertarios de San Lorenzo, el palco oficial ya estaba perdido.
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Julia Strada elaboró un pedido de informes al Banco Central para que Santiago Bausili informe si el gobierno argentino apeló a nueva deuda para cancelar el swap con Estados Unidos, pese a que sobran indicios acerca de que nunca hubo lo que técnicamente se considera un intercambio de monedas, tal como reveló LPO.
La diputada kirchnerista presentará el próximo lunes la resolución para que la autoridad monetaria comunique «qué operación u operaciones financieras se realizaron de manera simultánea o en fechas próximas que permitieron compensar el egreso (para cancelar el vencimiento de este 9 de enero), detallando montos, instrumentos utilizados, contrapartes, condiciones financieras y su impacto contable sobre las reservas internacionales».
La inquietud de la legisladora se funda en que el BCRA divulgó este viernes que la operación para cancelar la deuda «no se reflejó en una disminución de las reservas internacionales».
Por eso, reclama que se detallen condiciones financieras, incluyendo tasa de interés, plazos, costos asociados y organismo otorgante, de las operaciones que se hayan realizado para saldar la asistencia norteamericana.
Además, solicita que se indiquen «las razones por las cuales no fue oportunamente informada la activación del swap, habida cuenta de que el BCRA únicamente comunicó su firma, aclarando en qué momento, bajo qué condiciones y por qué instrumentos se consideró operativo un swap cuya activación no fue informada públicamente».
Y por último, pregunta «si la cancelación del swap guarda relación temporal o sustantiva con las gestiones, requerimientos o procesos de divulgación de información en curso en el Congreso de los Estados Unidos de América respecto del acuerdo celebrado en el marco del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE), y, en su caso, detallar el grado de vinculación existente».
Santiago Bausili.
En efecto, LPO informó esta semana que el Congreso norteamericano, a través de un ámbito equivalente a la Oficina del Presupuesto en la Cámara de Diputados, alertó que Argentina afrontaba riesgos de una devaluación o un default. Los técnicos estadounidenses, incluso, advirtieron que el swap debía pasar por el parlamento de su país y que sus legisladores podían limitar el monto, reducir los plazos y habilitarlo o no.
Strada señala en su proyecto que «la extrema falta de transparencia y la opacidad institucional con la que se ha manejado tanto la firma, como la activación y posterior cancelación del swap entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el BCRA constituyen un hecho de inusitada gravedad». «Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva», agregó.
Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva.
La diputada recuerda que el 20 de octubre pasado, el BCRA informó «la suscripción de un Acuerdo de Estabilización Cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un monto total de hasta USD 20.000 millones, estableciendo los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes».
Además, recordó las palabras del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien sostuvo un mes antes: «Como indicó el Presidente Trump, estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino». «El Tesoro de los Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen», planteó por aquellos días, y dijo que planeaba «otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria», para lo cual admitió se habían mantenido reuniones «con el equipo de Javier Milei».
Según Strada, «las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas». «Incluye la compra de bonos soberanos, un crédito de tipo Stand-By y condicionamientos sobre la política tributaria, todos ellos aspectos que implican una indebida injerencia en decisiones soberanas del Estado argentino y que, por su naturaleza, requieren tratamiento y aprobación del Congreso de la Nación», argumentó.
Las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas.
La diputada no dudó en calificar ese camino como el de una «injerencia», y resaltó que Bessent ya había expresado que Argentina debía cancelar el swap con China después que se avanzara en el acuerdo con el FMI, en abril de 2025.
LPO publicó en octubre que Strada también requirió información al BCRA en octubre pasado, antes de las elecciones de medio término, para que se publicaran los detalles del acuerdo con el gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, la autoridad monetaria contestó con la Resolución RESOL-2025-13-E-GDEBCRA-GG#BCRA. Allí se declaró «la reserva parcial de la información solicitada y, con fundamento en los considerandos de dicha resolución, se denegó el acceso a los detalles específicos del acuerdo celebrado por esa Institución», precisó la diputada.
Esa maniobra incumple el artículo 10, inciso i, de la Carta Orgánica del BCRA, que establece «el deber de informar al Congreso sobre sus operaciones y de comparecer ante las comisiones competentes para dar cuenta de las políticas monetarias, cambiarias y financieras en ejecución». «La cancelación de operaciones por aproximadamente USD 2.500 millones en diciembre de 2025, bajo un Acuerdo de Estabilización Cambiaria de USD 20.000 millones, sin información pública suficiente sobre su activación, financiamiento, condiciones y efectos sobre las reservas, torna imprescindible que el BCRA brinde explicaciones claras y detalladas al Congreso de la Nación», concluyó Strada.
