Alarma total entre los militares, en Mar del Plata cortaron la cobertura social por una deuda de $800 millones

Alarma total entre los militares, en Mar del Plata cortaron la cobertura social por una deuda de $800 millones

 

La llegada de Carlos Presti al ministerio de Defensa está lejos de resolver la crisis de IOSFA, la obra social de los militares que desde la llegada del gobierno de Javier Milei acumula deudas millonarias que afectó progresivamente la cobertura social tanto de los activos como de los retirados. 

Esta situación empeoró y fuentes afectadas por la situación revelaron que en Mar del Plata los afiliados de IOSFA se quedaron sin cobertura por una deuda de 800 millones de pesos con el Hospital Privado de la Comunidad. 

Esta fuente afirmó que «hay un corte total de cobertura en Mar del Plata desde hace varios días sin solución a la vista.
Los afiliados deben pagar de su bolsillo «cifras astronómicas» en el HPC (donde normalmente tienen cobertura) y tienen problemas para conseguir turno». 

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El enojo y decepción arrastra a Presti porque, según afirman, se esperaba que el nuevo ministro saneara la obra social, pero «la realidad es que es peor todo y no ha servido de nada».

Esta fuente afirma que «en Mar del Plata están las tres fuerzas representadas, hay gente en actividad y retirados de las tres fuerzas y se quedaron sin obra social y sin alternativas porque en el HPC vas con problemas médicos o algún tipo de estudio». 

«Tenés que ponerte tu bolsillo que en algunos casos llegan a los 400.000 pesos que te sale una tomografía o los 100.000 que te salen un análisis de sangre. Con los sueldos nuestros y sobre todo los que están con algún tema complejo o jerarquías bajas, imposible hacer frente a esos valores», remarca. 

Tenés que ponerte tu bolsillo que en algunos casos llegan a los 400.000 pesos que te sale una tomografía o los 100.000 que te salen un análisis de sangre. Con los sueldos nuestros y sobre todo los que están con algún tema complejo o jerarquías bajas, imposible hacer frente a esos valores

«Es una situación muy compleja que no tiene viso de solución por el momento, a pesar de que habían hablado de que se iba a regularizar a través de un DNU y que se iban a separar las obras sociales con la fuerza de seguridad. De todo eso nada y con pagos muy a cuenta gotas que son insuficiente como para restablecer la prestación», lamenta. 

Según esta fuente, otra ciudad con problemas similares es en el Hospital Italiano de Bahía Blanca y  hay problemas con las farmacias que atendían IOSFA en todo el AMBA.

Petri mete mano en los fondos de las Fuerzas Armadas para resolver el déficit de la obra social 

«CABA tiene otra situación porque también está el Hospital Militar Central, el Hospital Naval y el Hospital Aeronáutico como alternativas primarias. La situación está muy delicada, porque en este momento IOSFA no cuenta con caja como para hacer frente al pago de los prestadores, y entonces eso se va cortando», concluye. 

El enojo es mayor porque consideran que las prioridades de Presti están desfasadas de estas necesidades. «Se preocupa más porque los militares de alto rango puedan tener cargos políticos sin pasar a disponibilidad en lugar de resolver estos problemas que son urgentes», reprochan.

LPO accedió a un comunicado en el que dice que «el Hospital Privado de Comunidad (HPC), a través de la Fundación Médica de Mar del Plata, notifica a la Base Naval que, debido a las deudas impagas por parte del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), se suspenden la mayoría de los servicios programados» con la excepción de Oncología, Pediatría, Obstetricia y emergencias que pongan en riesgo la vida.  

 

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  • Con el recorte de subsidios, Milei le traslada el costo del ajuste a los gobernadores

     

    El recorte de subsidios energéticos que impulsa el Gobierno nacional es un costo que no desaparece, se traslada. La poda fiscal se ejecuta en el presupuesto nacional, pero el impacto social y político queda radicado en las provincias, que enfrentan facturas impagables, picos de consumo y la presión directa de los usuarios. 

    En 2026, el objetivo oficial es reducir los subsidios energéticos del 0,9% del PBI en 2025 al 0,5%, una baja de 0,4 puntos del producto, equivalente a varios miles de millones de dólares. Ese ahorro no es neutro territorialmente: golpea más fuerte donde la energía es más cara, más intensiva o directamente no hay alternativas. 

    El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) unifica electricidad, gas, Programa Hogar y propano en redes, elimina la segmentación N1-N2-N3 y deja solo dos categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio. En los hechos, reduce volumen subsidiado y achica coberturas, sobre todo en los meses de menor consumo «teórico», que en muchas provincias no coinciden con el consumo real. 

    El 43,9% de los hogares argentinos no tiene acceso a gas natural por redes. Y el ajuste es todavía más crudo en el Programa Hogar, que cubre a los hogares que usan garrafas de GLP. En diciembre de 2025 alcanzaba a 3,9 millones de hogares, con una cobertura que llegó a representar solo el 8,5% del precio final de la garrafa, cuando en 2022 cubría cerca del 80%. El precio promedio nacional de la garrafa rondaba los $20.852, lo que implica que el subsidio efectivo había quedado reducido a un monto marginal . 

    Con el nuevo esquema, el beneficio pasa a cubrir el 50% del precio, pero con un límite mucho más restrictivo:  Hasta dos garrafas mensuales solo entre mayo y septiembre, una garrafa mensual el resto del año.

    A esa transferencia silenciosa de costos se suma el capítulo del gas natural, donde el nuevo esquema también introduce tensiones crecientes. Desde 2026, la bonificación al consumo de gas por redes queda acotada a los meses de mayor demanda, entre abril y septiembre, mientras que durante el resto del año los hogares deberán afrontar el precio pleno del PIST. 

    En términos prácticos, esto implica que en los meses templados, cuando el consumo no desaparece pero deja de estar subsidiado, las facturas pueden registrar saltos interanuales de hasta el 40%, incluso en usuarios de ingresos medios y bajos. 

    La secretaria de Energía, María Tettamanti

    La situación es aún más incierta en las zonas abastecidas por propano en redes: aunque el nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados incluye formalmente a este segmento, la Secretaría de Energía todavía no reglamentó el mecanismo de bonificaciones ni el sendero de precios. 

    Ese vacío normativo deja a miles de usuarios, mayoritariamente en provincias sin acceso al gas natural, expuestos a aumentos discrecionales y sin un marco claro de protección tarifaria, trasladando nuevamente la presión política y fiscal a los gobiernos provinciales.

    Eso implica consumos eléctricos estructuralmente más altos, justo cuando el esquema nacional reduce el bloque subsidiado. Con el nuevo esquema, en 2026 la bonificación eléctrica cubre 300 kWh/mes en meses de verano e invierno y 150 kWh/mes en meses templados. 

        

    Para un hogar que consume alrededor de 300 kWh mensuales, la consecuencia es directa: en los meses templados, la mitad del consumo pasa a pagarse a precio pleno. Para usuarios subsidiados, eso genera aumentos interanuales de entre 56% y 61% en esos meses, según las proyecciones de un informe elaborado por ex funcionarios de la Secretaría de Energía. 

    Por eso empiezan a aparecer fondos compensadores provinciales, descuentos transitorios y parches fiscales locales que, en la práctica, reponen parte del subsidio que Nación quitó.  E

    El caso de Santiago del Estero es ilustrativo. El gobierno provincial anunció un 40% de descuento en la tarifa eléctrica por dos meses, financiado con recursos propios y visible en la factura como «Fondo Compensador Estival Provincial». La medida alcanza a usuarios residenciales de todos los niveles de consumo y busca amortiguar el impacto de las temperaturas extremas.  

    «Acá hay una decisión nacional de recortar subsidios y el costo se traslada directo a las provincias con menos infraestructura. Lo que antes se financiaba con recursos del Estado nacional hoy se convierte en más presión sobre los presupuestos provinciales y, en última instancia, sobre las boletas que pagan las familias. Por eso es necesario que los gobernadores se pronuncien con claridad: no se puede aceptar en silencio que el ajuste se descentralice para que el costo político lo paguen las provincias», acusó un diputado peronista. 

    La lectura que hacen desde las provincias es que el recorte de subsidios no es solo una decisión fiscal: es una redistribución territorial del costo. Golpea más fuerte donde no hay gas por red, el consumo eléctrico es estructuralmente alto y los ingresos promedio son más bajos. 

     

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