Karina Milei busca convencer a Javier Milei de echar a Demian Reidel del gobierno luego del escándalo de sobreprecios en Atucha y la gestión desaforada del físico en Nucleoeléctrica.
El presidente de la empresa de energía nuclear acumulaba deudas por 880 millones de pesos con alto riesgo de insolvencia el pasado 12 de enero. Apenas 18 días después, según reveló en el sitio El Disenso, esos pasivos desaparecieron de la noche a la mañana.
El mismo sitio constató que desde la llegada de Reidel se pagaron adjudicaciones por unos 20 mil millones de pesos. Según el último informe del BCRA publicado esta viernes en su web, en las últimas semanas Reidel saldó de un plumazo su deuda contraída con el Banco Macro, por un monto de 825 millones de pesos. Es decir, que habría pagado sus deudas con fondos de Nucleoeléctrica.
Las andanzas de Reidel ya colmaron la paciencia de Karina. La semana pasada, el físico se brotó en una reunión de directorio de la empresa nuclear por la caída de un par de gerentes implicados en una escandalosa licitación de servicios de limpieza, sospechada de sobreprecios.
Pero lo que no le perdona Karina es que haya dejado expuesto a Milei con el fiasco de OpenAI, la empresa líder mundial de inteligencia artificial. Reidel hizo que el propio Milei anunciara una inversión de 25 mil millones de dólares de la compañía en la Patagonia.
Pero el propio CEO de OpenAI, Sam Altman, se encargó de bajarle el tono de inmediato a esa idea. La iniciativa quedó supeditada a una inversión local de una empresa fantasma llamada SurEnergy, que tiene una página que parece hecha sin intermediación de diseñadores.
Más de tres meses después del anuncio, no hubo ningún movimiento al respecto para lo que se anunciaba como la inversión más grande de la historia argentina. Eso denota la falta de gestión de Reidel, que también había empujado a Milei a anunciar la construcción de Reactores Modulares. Por el contrario, en su mandato sólo se frenó el CAREM, el reactor modular pequeño diseñado por la CNEA.
Altas fuentes gubernamentales aseguraron a LPO que si fuera por Karina, Reidel ya estaría afuera del gobierno. Pero el tema es delicado porque Reidel es amigo de Milei. Ambos pasan juntos largas horas de la noche reescribiendo la teoría económica mundial, como reveló el propio presidente. Por eso no quieren que un tema menor como la corrupción prive a las futuras generaciones de conocimiento.
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Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.
Por Roque Pérez para NLI
La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.
La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.
El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía
Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.
Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.
En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.
Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas
Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.
La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.
La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.
El decreto habilita legalmente ese escenario.
El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa
El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.
Esto puede traducirse en:
Trámites más lentos
Mayor discrecionalidad administrativa
Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD
Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.
Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados
La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.
En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:
Retrasos en los pagos a prestadores
Revisión de convenios
Reducción de coberturas
Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga
No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.
Mucha Convención, poca participación real
El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.
Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.
Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad
La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.
Menos Congreso, menos control, menos garantías.
Un cambio de paradigma peligroso
El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.
Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.
En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?
