La ayuda social creció por encima de la inflación y supera los seis millones de planes

La ayuda social creció por encima de la inflación y supera los seis millones de planes

 

 Mientras que el empleo formal y las jubilaciones perdieron frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijos -AUH- y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gobierno de Milei. En esta descripción está contenido el corazón del modelo libertario y quizá explica la ausencia de conflictos sociales masivos, luego de dos años de ajuste sostenido.

En contra del relato del «fin de los planes», los números del presupuesto social muestran que la ayuda directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante el gobierno de Milei, tanto en cantidad de beneficiarios como en poder de compra real. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH fye en el 2023, en el último año del gobierno de Alberto Fernández. No parece un dato menor para sumar a las razones de la derrota electoral del peronismo.

Según confirmó LPO una fuente del Gobierno, a diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. Más de seis millones de planes. Todo un récord que habla mucho de la latinoamericanización de la Argentina, que está muy cerca de ser el gran país de clase media de América Latina que supo ser hasta los setenta.

 A diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños.

Los cuadros de evolución real muestran que AUH y Alimentar fueron los únicos ingresos que corrieron por arriba de la inflación de manera consistente, en contraste con el salario mínimo, que perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total, según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral vinculada a Juan Grabois.

 Las causas inflacionarias que ocultan o no ven

La combinación ayuda a explicar un dato político clave de la primera mitad de gestión libertaria: no hubo estallido social, pese a la magnitud del ajuste. Lejos de eliminar la asistencia, Milei hizo dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones piqueteras de la intermediación y reforzó las transferencias directas.

En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con 250 mil planes y el tema fue uno de los caballitos de batalla de Cambiemos que criticaba las políticas sociales del peronismo, bajo el despectivo título de «los planeros». Sin embargo, el sistema se terminó de desvirtuar durante la presidencia de Mauricio Macri cuando la ayuda social pegó un salto brutal a casi un millón y medio de beneficiarios como señala un informe del Observatorio de Datos de la Fundación del Plata. Luego, con Alberto Fernández y la pandemia la ayuda llegó a 4 millones de beneficiados y eso no se revirtió sino que creció con Milei, pese a que la pandemia ya pasó hace varios años.

Evolución de los planes sociales desde el gobierno de Cristina Kirchner al de Milei.

Macri casi triplicó los planes que recibió de Cristina Kirchner y Alberto Fernández duplicó los que recibió de Macri.

En ese sentido, la evolución real de la política de ingresos para la infancia, la Asignación Universal por Hijo, alcanzó durante el gobierno de Milei niveles históricamente altos en términos reales. La actual AUH es 23 por ciento más alta que la que se pagaba durante la presidencia de Alberto Fernández e incluso 10 por ciento superior a la vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner, creadora del programa.

La mejora se explica por un aumento extraordinario de la AUH, que en la comparación interanual muestra una suba real del 47 por ciento. Pero la medición que el propio Gobierno utiliza como referencia es aún más impactante: entre noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández, y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100 por ciento, una variación excepcional que consolidó a la política social como el principal amortiguador del modelo en un escenario de fuerte deterioro de los salarios que sintieron la devaluación del 120% de diciembre de 2023, que nunca se terminó de recuperar.

 Mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se convirtió en el principal amortiguador del modelo, en un contexto de reducción de empleo de calidad.

  Esto se vio además acompañado por una pérdida de empleos formales de calidad, que en los dos primeros años de Milei ronda los 180 mil puestos de trabajo, en una tendencia que se viene agravando: sólo en octubre pasado se perdieron 70 mil empleos.

La paradoja libertaria es que, mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se convirtió en el principal amortiguador del modelo, en un contexto de salarios en caída libre y pérdida de empleos formales.  

El diagnóstico se refuerza al mirar los cuadros de evolución real de la AUH y la Tarjeta Alimentar elaborados por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) en su monitor de economía popular. Allí se observa que, a diferencia de los salarios, las transferencias sociales no fueron licuadas por la inflación durante el gobierno de Milei.

Por otro lado, gran parte de la contención social recayó en los gobernadores que fueron los otros afectados del ajuste de Milei. Según fuentes de Desarrollo Social del gobierno de Santa Fe que hablaron con LPO, durante el año 2025, se registró un incremento aproximado del 30% en la demanda alimentaria en la provincia. 

En Santa Fe, los programas alimentarios se canalizan a través de la Tarjeta Única de Ciudadanía (TUC), Tarjeta Institucional (TI), ProSoNut que alcanzan a 246.153 personas, confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial a cargo de Victoria Tejeda.

La ayuda llega a 177 localidades de los 19 departamentos y a 926 instituciones, con una inversión mensual de más de 3.800 millones. Una ayuda que se reforzó en las fiestas con una partida extra de 3.200 millones.

El cuadro de la FDHI muestra el aumento nominal de la AUH y de la Tarjeta Alimentar desde la asunción de Milei

Como sea, según el estudio de la FDHI, medidos en términos reales, los montos combinados de AUH y Tarjeta Alimentar muestran una recuperación sostenida desde el inicio de la gestión libertaria, con aumentos que superaron el ritmo de los precios. En los gráficos, la asistencia social aparece como la única variable de ingresos que logra mantenerse -e incluso mejorar- frente al avance inflacionario.

El contraste con los salarios es contundente. Mientras la AUH y la Alimentar mejoran su desempeño relativo frente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el salario mínimo cae en picada frente a la Canasta Básica Total (CBT), profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores formales. En términos simples: la política social amortiguó la indigencia, pero el ajuste recayó sobre el trabajo.

Los cuadros también muestran que, aun con las mejoras, la AUH y la Tarjeta Alimentar siguen cubriendo solo una fracción limitada de la CBT, es decir, no alcanzan para sacar a un hogar de la pobreza. Sin embargo, sí logran contener el umbral alimentario, un dato clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.

En ese sentido, el informe de la DHI confirma la paradoja del modelo libertario: Milei ajustó fuerte por el lado del salario y el empleo, pero blindó la asistencia directa, consolidando a los planes sociales como la principal ancla de estabilidad social en un contexto de deterioro acelerado de los ingresos formales y las jubilaciones.

 

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  • Máximo Kirchner negoció con los Menem los lugares en la AGN y en el Congreso sospechan que se viene el pacto por la Corte

     

    Cristina Kirchner se quedó con lugares estratégicos en la AGN y el Consejo de la Magistratura, dos organismos de control institucional clave para la oposición, y se activaron las alarmas entre los gobernadores peronistas que se reunieron el martes pasado en la Casa de La Pampa. Por allí pasaron Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Elías Suárez, Gildo Insfrán y Gustavo Melella para coordinar «la agenda parlamentaria» con alrededor de 20 legisladores, un encuentro que ilusionó a los que aspiran a construir oposición con autonomía de La Cámpora.

    Los movimientos de la ex Presidenta, tal como informó LPO, son producto de las conversaciones que sus emisarios mantienen con el entorno de Karina Milei para cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que van desde los más de 200 cargos en los juzgados federales hasta la Procuración General y los dos lugares vacantes en la Corte Suprema.

    En ese contexto, Máximo Kirchner fue uno de los negociadores que pactó con Martín Menem los nombres de los tres auditores que se votaron a las tres de la madrugada de este jueves, en una escandalosa sesión y juraron luego de esperar escondidos atrás de las cortinas.

    Escándalo en Diputados: Menem acordó con el kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO

    «Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por los lugares en la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte», afirmó a LPO el jefe de uno de los estudios de abogados más importantes del país.

    Ese acuerdo, que implicó sacarle un auditor al PRO, terminó con la designación de la polémica Rita Mónica Almada por LLA, Pamela Calletti por Gustavo Sáenz y los gobernadores del norte y Juan Ignacio Forlón por el cristinismo, lo que causó malestar entre los sectores del peronismo que discuten el liderazgo de Cristina.

    Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte.

    La irritación se monta, además, sobre la reciente designación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las embajadoras de San José 1111 en la Cámara Alta, como miembro del Consejo de la Magistratura. Esa designación produjo una concentración de dos cuatro sillas que le corresponden al PJ en manos de Cristina: además de la mendocina, ocupa un lugar en representación del Senado su colega Mariano Recalde, mientras que por Diputados asisten los legisladores Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

    Por eso, los jefes provinciales del peronismo volcaron su bronca en el grupo de WhatsApp que comparten este viernes. «Los kirchneristas se reparten los lugares entre ellos, sin apertura de diálogo ni ningún tipo de consenso», afirmó a LPO el asesor de uno de los gobernadores.

    En esa cuenta cargan la AGN, el Consejo de la Magistratura y hasta las autoridades del bloque de diputados. Al mismo tiempo, ven con preocupación el avance de Cristina en la negociación por el máximo tribunal y los jueces federales, un nicho de sumo interés para cualquier gobernador.

    Uno de ellos fue terminante: «Con lo de la AGN, se saltearon todo y negociaron ellos directamente con el gobierno». «Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura», agregó.

    Cerca del líder de La Cámpora explicaron que «Máximo fue parte de la negociación porque representa una parte importante del peronismo, fue consensuado, no se entiende que haya gente disgustada».

    Cristina quiere ser la interlocutora del gobierno en la discusión por la reforma laboral

    LPO informó sobre la voluntad de los gobernadores por acordar con el gobierno los cargos judiciales vacantes. Es verdad que en el enjuague que se cristalizó en la madrugada de este jueves, los gobernadores del norte se llevaron un auditor, pero la centralidad del acuerdo la tuvo Máximo Kirchner..

    Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura.

    En este marco, Cristina dejó trascender que hasta marzo no se discutirán las vacantes en el Poder Judicial, una afirmación lógica porque los pliegos se analizarían cuando el Senado retome sus sesiones ordinarias.

    LPO reveló que Cristina quería convertirse en la interlocutora del gobierno en el debate por la reforma laboral y la CGT habría terminado de comprenderlo esta semana, cuando José Mayans comunicó que los peronistas no integrarían la comisión de Trabajo en el Senado ante la ilegalidad de la conformación diseñada por Patricia Bullrich para despojar a sus opositores. Fuentes legislativas comentaron a LPO que los dirigentes sindicales habrían planteado que el peronismo debía dar la discusión en cada instancia para introducir modificaciones, pero el formoseño habría seguido indicaciones de Cristina, con la amenaza de preparar el terreno para impugnar el desarrollo irregular del trámite en sede judicial.

    Un senador y un diputado, por caso, admitieron que la jugada de la AGN habría circulado en la conversación con los gobernadores y luego habría llegado al bloque peronista, donde discutieron el asunto Máximo, Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz. Esto acaso revela que la tensión entre Cristina y los gobernadores por quedarse con la interlocución del Gobierno, no necesariamente conduce a una ruptura. 

     

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