Crisis en Honduras: sigue sin confirmarse el ganador y el gobierno pide anular las elecciones por fraude

Crisis en Honduras: sigue sin confirmarse el ganador y el gobierno pide anular las elecciones por fraude

 

 A una semana de las elecciones todavía no hay ganador oficial en Honduras. El último conteo oficial del Consejo Nacional Electoral lo da al candidato de Donald Trump, Nasry Asfura, primero por una diferencia de 40 mil votos sobre el liberal Salvador Nasralla. 

En ese marco, el gobierno de izquierda del partido Libertad y Refundación (Libre), denunció fraude y anunció que no reconocerá el resultado.

La candidata oficialista, Rixi Moncada, dijo a través de un comunicado que «Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada, que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso».

Moncada afirmó que se había adulterado la soberanía nacional porque el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares fue manipulado en su código fuente.

El candidato de Trump vuelve a liderar conteo y se acerca a la victoria en Honduras 

«Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espalda de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad», expresó la candidata.

El conteo de las actas electorales se interrumpió el viernes, en medio de una durísima disputa interna dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el representante en el órgano del oficialismo, Marlon Ochoa, y las del Partido Liberal y el Partido Nacional, Ana Paola Hall y Cossette Alejandra López, respectivamente. 

Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada, que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso

Hasta ese momento, en el primer lugar figuraba el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es apoyado por Trump, con 1.132.321 votos (40,19%). En segundo lugar se situaba Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, que sumaba 1.112.570 votos (39,49%), mientras que la oficialista Moncada estaba tercera con 543.675 votos (19,30%).

Este lunes la consejera Hall anunció que el recuento de votos proseguiría después de que se solucionaran los problemas técnicos que habían obligado a detener el conteo, que habían sido denunciados el domingo. 

Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espalda de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad

«Después de realizarse las acciones técnicas necesarias (acompañadas de una auditoría externa), los datos ya están actualizándose en la divulgación de resultados. Candidatos y candidatas deben estar pendientes y, en su caso, presentar las impugnaciones que correspondan de acuerdo a la ley. ¡Seguiré informando!», escribió Hall en su cuenta de X.

El pedido de nulidad de las elecciones planteado por Libre causó amplio rechazo en los dos partidos de derecha que van adelante en el conteo.

Además, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, afirmó que ningún partido político puede declarar la nulidad de un proceso electoral, porque esa facultad le corresponde exclusivamente al CNE.

La derrota de la izquierda en Honduras preocupa a Morena por la efectividad de la injerencia electoral de Trump

En declaraciones recogidas por el diario La Tribuna, Solórzano indicó que, al no cumplirse las causales del artículo 298 de la Ley Electoral, cualquier solicitud de nulidad debe declararse inadmisible conforme al artículo 300.

Ya valorando el pedido de Libre, Solórzano calificó su postura como antidemocrática y evidencia de falta de madurez política. El abogado recordó que la jornada electoral fue normal, que el pueblo hondureño votó masivamente y en paz, y que esa voluntad soberana debe respetarse.

 

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    CAMBIO DE FICHAS EN LA CASA ROSADA: Monteoliva y Presti asumen Seguridad y Defensa en plena crisis del modelo Milei

     

    El Gobierno anunció que Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich en Seguridad y que Carlos Alberto Presti ocupará el sillón de Defensa. Mientras Bullrich y Petri se reubican en el Congreso, Milei insiste en vender la idea de una continuidad doctrinaria que ya exhibe claros signos de agotamiento.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable


    Bullrich se va… pero deja su sombra

    Sin demasiada ceremonia, la Oficina del Presidente confirmó que la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será quien ocupe el ministerio que Bullrich deja vacante para saltar al Senado como presidenta del bloque de La Libertad Avanza. El texto oficial la presenta como pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, ese credo de mano dura que Milei abraza como si fuera una autopista directa a la seguridad y no el mismo callejón sin salida de siempre.

    Desde X, Bullrich se ocupó de blindar a su heredera política. En un largo mensaje la describió como profesional incansable, la felicitó por “los resultados, el coraje y la honestidad” y, por si quedaba alguna duda, le dejó un mandato con tono de orden: sostener la doctrina, esa que en su versión oficial promete orden y ley, y en su versión real acumula denuncias, abusos y fiascos de gestión.


    Defensa también cambia de manos

    En el mismo comunicado, Casa Rosada informó que el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, será el nuevo ministro de Defensa. Reemplaza a Luis Petri, quien desembarcará en la Cámara de Diputados.

    Milei –que en estos días parece más preocupado por reordenar su interna que por gobernar– salió rápido a saludar a sus flamantes funcionarios y a remarcar que ambos nombramientos garantizan la “continuidad del rumbo” iniciado el 10 de diciembre de 2023.

    Ese “rumbo” es el que Noticias La Insuperable viene analizando desde hace meses: ajuste, militarización simbólica, precarización institucional y un relato épico que intenta tapar la ineficacia cotidiana.


    La épica del ‘camino que continúa’

    Según el parte oficial, estas designaciones son necesarias para que la “Argentina potencia” deje de ser un eslogan y se convierta en realidad. Lo paradójico es que lo dicen justo cuando el propio Gobierno se ve obligado a mover piezas porque sus ministros originales ya no logran sostener su lugar en la primera línea.

    Bullrich, por caso, se va al Senado después de once meses signados por choques internos, fracasos operativos y una disputa soterrada por el control político sobre las fuerzas. Pero en la narrativa libertaria nada es conflicto: todo es continuidad, firmeza y un futuro brillante a la vuelta de la esquina.


    Quién es Alejandra Monteoliva

    La nueva ministra de Seguridad nació en Córdoba y tiene un largo recorrido académico y técnico en el área. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba y realizó una maestría en Colombia, donde también trabajó como docente y directora de programas universitarios vinculados a política pública y gestión pública.

    Su salto a la gestión llegó en 2012, cuando el entonces gobernador José Manuel de la Sota la convocó como asesora en el Ministerio de Seguridad provincial. Un año después, asumió como ministra.

    Durante el gobierno de Macri, Patricia Bullrich la integró a su equipo en Seguridad nacional, donde quedó al frente de la Dirección de Gestión de Información Criminal. Con el cambio de administración, Monteoliva se mantuvo orbitando el universo PRO: en 2020 trabajó en Vicente López, bajo la gestión de Jorge Macri.

    El triunfo de Bullrich dentro del esquema libertario la volvió a colocar en la estructura nacional desde 2023, esta vez como secretaria de Seguridad. Ahora, con la salida de su jefa política, asciende al máximo cargo del área.


    Una transición que muestra más debilidad que orden

    Aunque el Gobierno intenta vender estas designaciones como parte de un plan coherente, lo cierto es que los movimientos exponen tensiones internas, desgaste en el gabinete y una necesidad urgente de recomponer autoridad.

    Monteoliva llega con un sello bullrichista marcado a fuego y Presti desembarca desde la cúpula del Ejército para ocupar un ministerio en el que la injerencia política se volvió cada vez más errática.

    Mientras Milei repite la muletilla de la “continuidad”, crece la sensación de que estos cambios son, más que nada, parches para un modelo que no encuentra dónde afirmarse.

     

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  • El juez Salmain involucró a dos camaristas de Rosario en la maniobra del cepo

     

     El juez federal Gastón Salmain jugó muy fuerte este martes al ser finalmente indagado por cohecho en Rosario. Llegaba acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior. En un primer descargo negó haber cometido ningún delito y sostuvo que lo acusaban sin pruebas. Pero lo fundamental es que alegó que él ya había adoptado una resolución idéntica en un caso anterior. Y que sus superiores de la Cámara Federal de Rosario avalaron su criterio.

    El caso que citó como antecedente es un amparo realizado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que es el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y remarcó que dos camaristas federales validaron su resolución.

    El día que allanaron el despacho de Salmain a los investigadores les llamó la atención que sobre el escritorio estaba, impreso en papel, el escrito donde los abogados de La Capital presentan una mera declarativa para que se dicte luego una cautelar autorizando al MULC a vender dólares para cancelar deudas en moneda extranjera con su acreedor.

    Piden la detención del juez federal Salmain de Rosario por una maniobra en favor de un polémico financista

    Entre cientos de trámites que se disponen en ese juzgado, Salmain tenía precisamente ese sobre su escritorio cuando llegaron a requisarlo. Cierto que podía ser para preparar su defensa, como lo hizo al ser indagado hoy, pero también parece insinuado el envío de un mensaje. Los investigadores saben que Salmain mantuvo una relación estrecha con abogados de ese estudio jurídico. Suponen que quiso orejear esa carta y también mandar recados hacia arriba. En el sentido de que si él procedió de modo criticable en su decisión judicial, también lo hicieron quienes lo avalaron.

    ¿Por qué llegó acusado Salmain? Los cuatro fiscales que investigaron este caso sospechan que los 10 millones de dólares o parte de ellos comprados a precio oficial fueron vendidos por el fideicomiso Atilla al valor blue lo que generó una suculenta ganancia por la diferencia de cambio. El fideicomiso lo explotaba el financista rosarino Fernando Whpei quien hoy está en prisión domiciliaria por distintas causas penales, una de ellas una extorsión a un par de agentes bursátiles en coordinación con el ex juez federal Marcelo Bailaque. Whpei al declarar como arrepentido dijo que para habilitar la cautelar Salmain solicitó un retorno del 10 por ciento surgido de la diferencia de cambio entre los billetes tomados en el oficial y vendidos en el blue. Y que el encargado de negociarlo fue el escribano y lobista del Poder Judicial Santiago Busaniche.

    Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf.

    En su descargo, que hizo junto a sus abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, Salmain trituró a Whpei, a quien calificó como un «arrepentido serial». Dijo que su testimonio lo inventó a cambio de una promesa de no quedar detenido en una cárcel común. También alegaron que no basta en un caso de cohecho que el soborno se concrete, sino que el delito se comete cuando el funcionario pide la coima. Y que no hay ninguna evidencia de que él haya pedido nada.

    «Es una cuestión de interpretación eso. Para algo existen los valijeros, de modo que el funcionario no haga él mismo la transacción. Pero acá lo inusual fue la medida que tomó que para el BCRA y para muchos espectadores fue disparatada», comentó a LPO un abogado que analiza de muy cerca este pleito.

    El empresario Fernando Whpei.

    Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf y la disidencia de Fernando Barbara. En esa demanda mera declarativa los abogados solicitaban al Banco Macro la venta de 2.282.000 dólares para pagar al Grupo América por la transferencia de La Capital Medios SA. El Banco Macro rechazaba el planteo. Salmain hizo lugar al pedido de La Capital.

    El BCRA demolió al juez Salmain por autorizar una venta de USD 10 millones cuando regía el cepo

    Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación este caso. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares en distintas jurisdicciones ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial en el mercado libre ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo. «Se quiere disfrazar la maniobra con una mentira de patas cortas. Sobre todo porque en el caso que se cita (el de La Capital) el demandado no es el Banco Central sino el Banco Macro. El Central solo es citado como tercero».

    Salmain dijo ser blanco de una campaña de persecución, de un armado donde situó como instigadores a algunos medios de prensa, en particular a LPO por las notas publicadas en torno de sus actos públicos. Afirmó que no se había pedido diferir la indagatoria que se hizo este martes por problemas de salud de los que dijo no estar repuesto pero que lo hizo, por zoom, por su obligación institucional. Adujo que su temperamento como juez es resolver con celeridad extrema y que eso acarrea malestar entre sus colegas que alimentan la adversidad en su contra.

    Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación el caso de La Capital. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial, ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo. 

    Los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares y Sergio Rodríguez habían solicitado que se indague a Busaniche, Whpei y al juez Salmain «por haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de USD$10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario».

    Los fiscales señalaron Busaniche, por su aporte operativo, y el Salmain, por su aporte como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares. Es así que, para cumplir con el plan criminal, dijeron, Salmain se reunió previamente con Whpei al menos una vez en su despacho el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre su viabilidad técnica solicitando que lo demás lo arreglara con Busaniche.

    El juez a cargo de la indagatoria, Carlos Vera Barros, tiene diez días para resolver la situación procesal, vale decir procesar o dictar falta de mérito. Le mantuvo el estado de libertad lo que es una formalidad a derecho porque a Salmain lo amparan sus fueros como juez que le dan inmunidad de arresto.

     

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