Expulsaron del país a dos chilenos por delitos en su país y en Estados Unidos

 

El operativo de proscripción fracasó en lo inmediato, pero continúa en su desarrollo porque “están embarcados en una apuesta de largo plazo: buscan crear un clima de resignación”, consideró el economista e investigador Claudio Katz. “No les interesa la credibilidad del fallo, sino la extensión de la apatía, pero hasta ahora precipitaron un resultado opuesto. Reapareció la centralidad de la calle que el gobierno pretende erradicar”. Por Indymedia Argentina.

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¿Cuál es tu impresión de la movilización contra el fallo de la Corte?

El acto en la Plaza de Mayo fue multitudinario y coronó varios días de intensa movilización, que empezaron con cortes de calles, siguieron con vigilas y desembocaron en la marcha. El número de concurrentes siempre está en debate, pero no cabe duda que fue muy elevado y la misma masividad se verificó en varias ciudades. El operativo policial intimidatorio quedó desbordado y ni siquiera intentaron aplicar el protocolo antipiquete.

Lo más impactante del acto fue el audio grabado y la comunicación en vivo de Cristina con la plaza. Constituyó un hecho inédito, que ilustró la derrota inicial del operativo de proscripción. Los jueces quedaron en ridículo con sus restricciones y la esperada humillación de una convicta, se transformó en una burla contra los perseguidores. Primero le notificaron a distancia la condena, para evitar su presentación rodeada de una multitud y luego le impidieron salir al balcón. Pero terminaron soportando un impactante mitin con mensajes de la recluida. No esperaban esa reacción y ese resultado.

¿Por eso la derecha esta nerviosa y molesta con su propio operativo?

Si. Fallaron en lo inmediato, pero hay que ser cautelosos porque están embarcados en una apuesta de largo plazo. Buscan crear un clima de resignación. No les interesa la credibilidad del fallo, sino la extensión de la apatía, pero hasta ahora precipitaron un resultado opuesto. Reapareció la centralidad de la calle que el gobierno pretende erradicar.

La derecha intenta menoscabar esa respuesta, afirmando que la movilización no repitió las gestas históricas del país. Pero no tiene sentido discutir si tuvo o no la escala del 17 de octubre, porque esa foto no nos diría nada de la película. Recién estamos viendo las primeras escaramuzas de una gran pulseada que comenzó mal para la derecha. Con la proscripción forzaron un boomerang, que potenció la centralidad de Cristina y renovó la mística de sus seguidores.

¿Por qué se embarcaron en la proscripción?

Fue una decisión del poder real. La Corte Suprema cumplió las órdenes del poder económico, que pretende asegurar la continuidad del ajuste. También intervino Estados Unidos que anticipó el fallo negándole a Cristina el ingreso a ese país y la gran prensa jugó fuerte. No olvida la ley de Medios y exigió el fallo, mediante descarados chantajes a los jueces.

Intentan sacarla de juego, porque piensan que Cristina es un obstáculo para la aplicación del modelo regresivo en curso. La derecha se ha ensañado con ella y su familia y por eso indujo el atentado contra su vida. El establishment no quiere repetir la experiencia del 2017, cuando el fracaso de Macri le permitió a Cristina definir quién sería el nuevo presidente. Buscan terminar definitivamente con esa centralidad.

¿Es por temor a un estallido del plan económico después de octubre?

Esa es la preocupación inmediata de los poderosos. El plan inicial de llegar a octubre con el tipo de cambio planchado (para forzar la caída de la inflación), estuvo a punto de naufragar. Afrontaban una sangría de reservas que anticipaba la cesación de pagos. En plena crisis fueron rescatados por el FMI que les entregó un crédito inédito, violando nuevamente el estatuto del organismo. Trump repitió el rescate de Macri con mayor velocidad y Milei disfrazó el salvataje con una presentación festiva de su fracaso.

A partir de ese auxilio, armaron otra versión de la bicicleta financiera para llegar a las elecciones con posibilidades de éxito, atrasando la cotización del dólar. Pero la salida de capitales no se detiene, las reservas siguen bajando e improvisan nuevos blanqueos para juntar divisas a cualquier costo. La enorme fragilidad de la economía en un marco de agónica recuperación, derrumbe del consumo y carencia de inversión, renueva el temor al mismo colapso que ya vivimos tantas veces.

¿Pero la proscripción se anticipa a ese crítico escenario o constituye una jugada de largo plazo?

Es una apuesta estratégica que el establishment le impuso a su títere Milei. El gobierno prefería disputar electoralmente con Cristina, pero los poderosos no quieren arriesgarse. Consideran que este es el momento propicio para comenzar a establecer un régimen autoritario.

La proscripción es el punto de partida de una criminalización de los movimientos sociales, asentada en mayores restricciones a las libertades democráticas. Es el mismo modelo, que en Ecuador mantiene a Correa en el exilio y en Perú a Castillo preso. Es el mismo esquema que intentaron con el encarcelamiento de Lula. Nuestros tres cortesanos han emulado el bochorno del juez Moro y por eso será impactante la anunciada visita de Lula al departamento de Cristina, el mes que viene.

En el régimen autocrático que quieren imponer, los magistrados del poder económico decidirían quién puede presentarse o no a las elecciones. Con la proscripción de la principal dirigente de la oposición -que ya había anunciado su candidatura- cruzaron un umbral. Estamos viendo en forma descarnada, hasta qué punto el poder real maneja los hilos del sistema político.

¿Pero más allá de estos datos, Cristina no está involucrada en casos de corrupción?

Nunca se investigó con imparcialidad sus responsabilidades. No se probaron las acusaciones y tampoco fueron condenados los funcionarios por debajo de la autoridad de Cristina, que habrían cometido algún delito. Se dictaminaron anormalidades en la obra de Santa Cruz, que son moneda corriente en todos los distritos del país. Para colmo, las obras objetadas se hicieron con fondos votados por el Congreso y la auditoría no encontró irregularidades. Hasta el propio ministro de Justicia reconoció que toda la causa es un mamarracho.

La discrecionalidad de los jueces contra Cristina es escandalosa. La Corte reabrió adrede la causa y dictaminó en dos meses y medio, cuándo suele tardar tres o cuatro años para cualquier caso relevante, y lleva décadas cajoneando las sentencias de los jubilados. El contraste con la protección que le brindan a los Macri es vergonzoso. En los últimos 40 años el Partido Judicial salvó a esa familia de 32 causas multimillonarias. Macri comparte impúdicamente fiestas con los mismos jueces, que Clarín pasea por los centros turísticos.

Tenemos tres cortesanos con cargos vitalicios, dotados de inmunidad, para disciplinar con amenazas, purgas y acomodos a todas las instancias inferiores. Este sistema judicial que condenó a Cristina, absolvió a los corruptos empresarios de la Obra Pública y a los ministros que se enriquecieron con la refinanciación de la deuda externa. Ahora, protege a Milei de su estafa con las criptomonedas.

Me parece que, a esta altura, el lawfare es incluso evidente para los analistas que objetaban la existencia de ese operativo. Salta a la vista la necesidad de democratizar el sistema judicial, siguiendo el camino iniciado en México con la elección de los magistrados.

¿En este contexto reaparece la vieja antinomia de peronismo-antiperonismo como epicentro de la política argentina?

En lo inmediato reapareció efectivamente esa confrontación con inesperadas ventajas para el peronismo. Hasta ahora se verifica una irrupción a favor de Cristina, sin la contrapartida de los clásicos cacerolazos derechistas en su contra. El contexto gorila que resucitó durante la gestión de Macri está más apagado y la derecha está furiosa con el clima de alegría y baile que rodea a Cristina. Los descolocó, además, emitiendo un mensaje grabado en la tradición de los cassettes que enviaba Perón.

Algunos reaccionarios como Espert están sacados y escupen insultos que rechaza su propio auditorio. La campaña de los grandes medios despunta como un calco del enceguecido antiperonismo liberal del pasado. Utilizan el mismo lenguaje denigratorio que descargaban contra Evita, en los mismos días que se conmemoran los 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo. Esa masacre inauguró el terrorismo de Estado en gran escala.

Pero hay que tener cuidado con las comparaciones. No olvidemos que la figura de Cristina quedó muy afectada por el desastroso gobierno de Alberto. Se despidió con una plaza espontáneamente llena, cuando asumió Macri y volvió a reunir multitudes, cuando concluyó ese gobierno. Pero la campaña neoliberal en su contra y la generalizada frustración con su último mandato como vicepresidenta han corroído su influencia. La aprobación y el rechazo a su figura cortan al país en dos mitades, y las primeras encuestas sobre el impacto de su proscripción corroboran esa polarización.

Habrá que ver cómo afronta el peronismo este escenario. El fallo de la Corte disipó momentáneamente las pujas internas, pero nadie conoce la forma en qué lidiarán con la proscripción. La propia Cristina confirmó luego del atentado contra su vida, cuán reacia es a motorizar la lucha callejera. El evidente debut de un régimen autoritario no mella sus creencias institucionalistas.

¿La proscripción suscitó también un giro de posturas de la izquierda?

Si y no. Por un lado, el FIT emitió un contundente y acertado repudio, que incluyó un llamado a la movilización. Se consumó también la importante reunión de Myriam Bregman y otros dirigentes con Cristina. Además, convocaron y organizaron una columna independiente en la marcha a la Plaza de Mayo. La mayoría de las agrupaciones de izquierda se pronunciaron correctamente contra la proscripción, y destacaron acertadamente la conexión de ese operativo con la ofensiva capitalista en curso.

Pero las disidencias que rápidamente brotaron amenazan con dejar nuevamente a la izquierda pérdida y sin brújula. Algunos critican la entrevista con Cristina, como si fuera un pecado efectivizar ese acto de elemental solidaridad con un perseguido. Es la misma presencia que esperarían los líderes de la izquierda de los dirigentes de otros sectores, si padecieran ese escarnio.

Mucho más grave es la decisión de otro sector de no participar en la marcha, argumentando que no era lo suficientemente grande, radical y combativa, o que fue amoldada a las intenciones del peronismo.

Tenemos una larga experiencia con situaciones de este tipo y sabemos que la única forma de contrarrestar los eventuales defectos de una movilización es potenciando su masividad. Nunca se corrigen las falencias de una lucha declarando el enojo y la prescindencia, o proclamando que no reúne las condiciones esperadas. Esa abstención implica en los hechos una conducta desmovilizadora, que contradice los llamados a la lucha que caracterizan a la izquierda

Algunos argumentos que circulan para justificar las distintas escalas de inacción frente a la proscripción, sugieren incluso la validez de la condena por corrupción. Destacan que, si se invalida el fallo actual, también habría que objetar las sanciones por manejo deshonesto, que afectaron a personajes tan nefastos como Menem o Isabel Perón.

Pero esa comparación es incorrecta, porque la sentencia contra Cristina es un atropello manejado por el poder real, con la misma desfachatez que agredió a Lula, Correa o Castillo. Por el contrario, las puniciones a Menem o Isabelita fueron casos acotados y excepcionales de justicia, derivados de choques por arriba o demandas por abajo. La única forma de diferenciar ambos tipos de situaciones es evaluando la realidad con caracterizaciones políticas. Esas interpretaciones son indispensables, para no quedar entrampados en el mito de imparcialidad que rodea al actual sistema judicial.

En la izquierda debemos evitar los razonamientos abstractos del liberalismo jurídico. Esa actitud es indispensable para reconocer la existencia del lawfare, que el grueso del progresismo ha registrado, y que algunos integrantes de la izquierda siguen ignorando.

¿Las próximas elecciones de octubre definirán como queda el escenario?

Ahora hay más incógnitas que la semana pasada. Habrá que ver si la proscripción modifica el principal dato de los comicios en curso que es la altísima abstención. Se está verificando la menor concurrencia de las últimas décadas, porque prevalece un desengaño que induce a la retracción de la población.

El gobierno y sus aliados provinciales se han beneficiado con esa apatía, porque consiguen victorias electorales con muy poca concurrencia. En ese marco de indiferencia, la ultraderecha se come a la derecha en campañas signadas por la violencia verbal.

¿La proscripción de Cristina modificará este clima electoral? ¿Cómo serán replanteadas las disputas por las candidaturas dentro del peronismo? ¿Qué propuestas prevalecerán en ese sector, las predispuestas a negociar con el poder real o las que pugnan por confrontar construyendo otro proyecto? En las próximas semanas lo sabremos.

¿Pero el principal dato a seguir no es la dinámica de la movilización popular?

Si. Allí se juegan las respuestas efectivas, que han seguido patrones muy variables bajo el gobierno de Milei. Los atropellos del anarcocapitalista afrontaron al comienzo una gran reacción desde abajo, con dos huelgas generales y varias marchas multitudinarias por la educación universitaria.

Luego con la Ley de Bases, el desempleo y la represión sobrevino el reflujo, pero a principio de año reapareció la resistencia. Primero despuntó el movimiento de la diversidad sexual, posteriormente actuaron los jubilados y recientemente los médicos, las personas con discapacidad y los científicos. Hay banderas como la defensa del Garrahan y el Conicet, que son emblemas del país y suscitan un gran acompañamiento social.

La nueva lucha contra la proscripción de Cristina empalma con esta última secuencia y con la respuesta a la embestida represiva. Bullrich y Milei pretenden institucionalizar una nueva escala de violencia estatal y en los primeros cinco meses del año ya provocaron más heridos que durante todo el 2024.

El maltrato de los jueces hacia Cristina forma de las incursiones derechistas para naturalizar la crueldad. Denigran a la oposición política con la misma saña que maltratan a los sectores vulnerables y a los extranjeros, a fin de instalar el autoritarismo como un dato cotidiano.

Es una ingeniería del odio muy programada y con gran sostén capitalista, que ahora añade un ingrediente de proscripción. Ellos esperan consolidar una base social reaccionaria que aplauda el horror, junto a una masa pasiva de sectores medio-altos, que cierre los ojos frente a la destrucción del país. Quieren que ese segmento se distraiga dilapidando dólares en el exterior como en los años de la Convertibilidad.

Pero hay una contraparte de gran resistencia, que se verificó en la importante marcha unitaria del 24 de marzo y que ahora apuntala la batalla contra la proscripción. Lo vimos en estos días, con el resurgimiento de la militancia juvenil, las caravanas y las vigilias. En síntesis, el escenario está abierto, porque hasta ahora falló el debut de una estrategia de proscripción.

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/19/entrevista-a-claudio-katz-fallo-el-debut-de-una-estrategia-de-proscripcion/

 

 

Panorama de conflictos sindicales. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, moviliza este miércoles 25 de junio desde las 12 al ministerio de Desregulación del Estado. Mientras, la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la «modernización laboral». El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido, modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos. Hoy se movilizaron trabajadores estatales porteños para exigir recomposición salarial urgente. El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo, que cumplieron 120 días de ocupación en defensa de 250 puestos de trabajo, realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. Por Mario Hernández.

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A pesar de la ofensiva gubernamental la burocracia sindical cegetista banca a Milei en su peor momento político: mientras, más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno

El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia de prensa el lunes 23 de junio en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en Avenida Jujuy 1074, Ciudad de Buenos Aires.

En la conferencia se explicaron los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.

Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12:00 en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido

El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.

Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:

• Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
• Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
• Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.

Traidores: la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral

La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de «modernización laboral».

La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.

El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan «el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga», pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.

Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran «defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga», entre otros puntos.

Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.

De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.

El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.

Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.

Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri, Julio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).

Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha «sostenido y escalonado» contra el ajuste y la «proscripción» de Cristina Kirchner. Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.

Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: «Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT».

El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería «un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno».»Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional», agregó, tras lo cual insistió: «Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso».

El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.

Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.

A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.

Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.

Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.

¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?

Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. «La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal», dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.

El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.

El amparo de la CGT

Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:*»Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia».

*»El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’».

*»Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional».

*»Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la «pauta») es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada».

* «Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos».

La cautelar

La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. «Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’».

Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que «a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho». «En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo», subraya.

Luego advierte, además, que «la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal». Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.

Monedas de canje 

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión «unilateral«.

«Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención».»Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia», remarcó.En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: «Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión».Otra «vuelto» sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.

Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial «urgente»

«En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas», manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.

En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas «recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo» (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, «los ingresos reales son muy bajos», mientras que los salarios iniciales de las personas de planta «se acercan peligrosamente a la línea de indigencia».

«La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad», concluyeron. 

120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo

El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de «auto quiebra» que para los trabajadores implica un «cierre fraudulento» para eludir el pago de sus indemnizaciones.

Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa «dejó en la calle y sin un peso». El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que «estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje». Los obreros aseguran estar «en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios».

Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales.

 

 

(Por Sebastián Hadida, para NA).- La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer su informe final sobre el escándalo suscitado en febrero pasado y determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un «negocio privado» desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la “estafa” a miles de inversores pudiera consumarse, y por lo tanto instó al Congreso a evaluar el presunto “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.

El documento, de 204 páginas de extensión y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, contiene consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y de otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y dio cuenta de que Milei y estos mismos dos personajes ya habían sido sido parte de otras tres operatorias financieras previas muy similares con criptomonedas.

En ese sentido, el informe de la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que “la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación”, al igual que había sucedido previamente con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.

Para los diputados opositores que fueron parte de la redacción del documento final, con una marcada participación del secretario Juan Marino (Unión por la Patria), “las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico”.

En ese marco, no dudaron en caracterizar lo actuado por el mandatario como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública.

“Sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado”, señalaron, y resaltaron que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, “pese a que dicha información no era de circulación pública”.

Según denunciaron, el Presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.

También involucraron en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de “un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.

En tanto, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva por haberse ausentado a las respectivas citaciones para que brindaran declaración testimonial, y los acusaron de «incumplimiento de deberes» ya que «su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión».

“Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, señalaron en las consideraciones finales.

“En efecto, del análisis integral de la prueba reunida, esta Comisión observa un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente de la Nación que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales. La promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado”, concluyeron los diputados opositores en el informe.

La reunión de este martes fue la décima y última que celebró la comisión especial investigadora, que se creó como respuesta institucional del Congreso ante el escándalo internacional que estalló el 14 de febrero pasado.

Ese día, el presidente promocionó en sus redes sociales el criptoactivo Libra, que difundió bajo el nombre «Viva la Libertad Project» y lo presentó como si fuera una noble causa para financiar pymes de todo el país.

Sin embargo, pronto quedó en evidencia que Milei había utilizado su investidura presidencial y popularidad para inducir a miles de usuarios a invertir en un negocio en el que ganaron unos pocos con información privilegiada y como contrapartida provocó pérdidas millonarias para miles de usuarios.

Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

Con gran expectativa y a sala llena, la comisión ejecutó este martes su «last dance» y leyó el informe final, que incluyó un conjunto de consideraciones y recomendaciones.

Al abrirse el debate, Marino, quien se quedó hasta las 4 de la mañana puliendo la redacción del informe, señaló que la presentación que hiciera Milei de Libra como un «proyecto serio de inversión para desarrollar pymes en realidad, desde un punto de vista técnico, era más cercano a un meme coin que habían manipulado de antemano para realizar el tirón de alfombra (rug pull)».

El diputado de Unión por la Patria recordó que el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, había admitido que el presidente había evitado realizar consultas a organismos públicos de control para conocer si la promoción de Libra podía generar algún tipo de conflicto de interés que comprometiera la ley de Ética Publica.

En tal sentido, el dirigente opositor y líder del Partido Piquetero aseguró que el «endorsement» a Libra de parte de Milei no fue un «error» involuntario sino «una decisión deliberada para eludir los controles estatales» y apuntalar un negocio privado.

«El daño a la credibilidad institucional de la Argentina continúa hasta el día de hoy», consideró, y puntualizó que no se trata de «un hecho aislado» ya que Milei, junto a Novelli y Terrones Godoy ya habían sido parte de maniobras defraudatorias similares en el pasado reciente.

«En nuestro rol de órgano de control político sobre el Poder Ejecutivo planteamos con total claridad que corresponde que el pleno del Congreso evalúe si el presidente de la Nación inclurrió en mal desempeño de sus funciones», enfatizó.

Por su parte, el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño señaló que existe un «patrón de conducta» o antecedentes que involucran directamente a Milei y a Novelli, y coincidió en que lo sucedido configura un «daño muy grave a la credibilidad del país».

Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”

Christian Castillo (Frente de Izquierda) refutó la defensa esgrimida por Milei respecto a que el mencionado posteo fue hecho en carácter de «ciudadano común».

«Lo hizo desde una cuenta que tiene tilde gris y que refiere a altos funcionarios de Estado. Es decir, que no lo hizo como un ciudadano común», desmintió el diputado nacional del PTS.

El dirigente trostkista también retrucó lo afirmado por Milei respecto a que el contrato de Libra era «público».

«Él intentó dar la idea de que se encontró de casualidad con algo que era interesante para la Argentina y que por eso lo difundió. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna explicación de dónde estaba la circulación pública de ese link sin el cual toda la maniobra alrededor de Libra no se hubiera podido hacer», subrayó.

Para Castillo, «ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona» sino solamente quienes «tuvieran información privilegiada» como el propio Milei, y lo relacionó con las múltiples reuniones previas que el presidente mantuvo con empresarios cripto como Hayden Davis y los intermediarios Novelli y Terrones Godoy.qMQYIA

«Sin ese contrato no había posibilidad de estafa. No había posibilidad de hacer la maaniobra de rug pull», remató el legislador de izquierda.tal cual. Rodolfo, te agradecemos muchísimo estos minutos y conversar con nosotros sobre estos temas. Nosotros los agradecimos siempre. luego. Hasta luego. Abrazo. Gracias. Abrazo grande.  Adiós. Bueno, charlamos con Rodolfo Hoyar, secretario general de Ate Nacional.

 

 

La centralidad de los mercados de deuda en la economía mundial convierten a la guerra comercial o arancelaria en una guerra financiera. La guerra financiera (monedas y mercados de capitales) “será el conflicto más feroz jamás librado, con excepción de una guerra mundial”, sostiene un banquero en el Financial Times. Opina: Jorge Altamira.

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Los mercados financieros internacionales no han superado el ‘shock’ del 2 de abril pasado, cuando Trump anunció una suba catastrófica de los aranceles a la importaciones internacionales a Estados Unidos, bautizada como el Día de la Liberación. El mandamás de Estados Unidos se vio obligado a suspender la medida por 90 días, o sea hasta dentro de un mes. En el entretanto comenzó negociaciones con diversos países, que no han prosperado en la solución de los conflictos comerciales, aunque sí para crear otros mayores. En el día de ayer anunció un aumento del 50% de los aranceles a la importación de acero, con un grave perjuicio para Canadá, Brasil y México. La guerra comercial ha producido una desarticulación de las cadenas de producción que se desarrollaron en el período de la llamada “globalización». El reclamo de Trump a Apple para que reconvierta su cadena internacional a Estados Unidos es considerada poco menos que un despropósito, pero ilustra el extremo que ha alcanzado la disputa capitalista por un nuevo reparto de mercados. Numerosos observadores coinciden en que se trata de la preparación económica para una guerra mundial que ya se encuentra en desarrollo, y que exige una ruptura completa de la dependencia de los suministros de los países rivales. Es evidente, sin embargo, que una remodelación del comercio y las finanzas mundiales de esta magnitud, no podría imponerse sin la eclosión de una crisis financiera de dimensiones enormes. “Ustedes verán un crack”, declaró Jamie Dimon, el presidente del JP Morgan-Chase – una cita recogida por toda la prensa internacional.

Es lo que ha demostrado, precisamente, el fracaso de dos licitaciones recientes de deuda pública, una en EE.UU., la otra en Japón. Ámbito Financiero señaló las “Tensiones en el mercado de bonos: EEUU colocó deuda a 20 años con baja demanda”, debido, dice, a “la creciente desconfianza del mercado hacia la sostenibilidad de la deuda estadounidense”. Es otra versión más de la “desconfianza” que obligó a Trump a recular temporalmente de sus anuncios arancelarios. La deuda en cuestión ha alcanzado los 36 billones de dólares, un 125% del PBI, y cuyo mercado oficia de referencia para todos los mercados internacionales. Esta hipoteca era de 5 billones antes de la crisis financiera de 2008 y rendía un interés del 1.5% anual; es un pasivo que ha subido un 600% en poco más de 15 años y cuya tasa de interés de los bonos a 30 años llegó, la semana pasada, al 5,01 por ciento. Esta suba extraordinaria de la tasa de interés obliga al Tesoro a pagar una suma equivalente al 7% del PBI – cerca de dos billones de dólares al año con pronóstico de crecimiento. Pero, por otro lado, implica una desvalorización muy significativa de la deuda que se encuentra en circulación, que ha sido adquirida a valores relativos mayores y por lo tanto a tasas inferiores. Esto explica el retiro del mercado de deuda norteamericana de parte de varios acreedores internacionales, como China, Japón o Gran Bretaña, y que debe ser ocupado por compras locales y de la Reserva Federal.

Una mayor importancia tuvo probablemente el fracaso de una licitación de deuda a 40 años en Japón – una menor demanda de bonos. La deuda pública japonesa, de 8 billones de dólares, es equivalente al 270% del PBI. Los inversores reclaman una mayor tasa de interés, que es excepcionalmente baja en Japón con el propósito (infructuoso) de revitalizar una economía largamente estancada. El Banco de Japón tiene en su cartera el 60% de la deuda pública local en circulación. El capital nipón ha ido a buscar tasas mayores a otros mercados, en primer lugar al de Estados Unidos. Por esta razón, el sistema monetario japonés representa una piedra angular del sistema de represión de tasas (contención de la suba) en el mercado internacional. Los grandes inversores institucionales de Japón (compañías de seguro, fondos de pensiones) han sostenido la demanda global de bonos soberanos, en particular del Tesoro norteamericano. Un aumento de la tasa de interés en Japón, como viene ocurriendo a tientas, como reclaman los inversores, desarticularía este esquema de represión y llevaría las tasas internacionales a valores más altos – lo suficiente como para asestar un golpe al sistema financiero internacional. Dada la magnitud sin precedentes de la deuda contraída por un elevado número de empresas privadas, la suba de la tasa de interés de referencia, provocaría su definitivo “”knock out”. Por eso la Reserva Federal se abstiene de elevar esa tasa, a pesar de los pronósticos inflacionarios que acompañan la decisión de emprender una guerra arancelaria, de parte de Trump. Las autoridades japonesas, advertidas de la necesidad de EEUU de evitar un retiro extranjero de los bonos del Tesoro, buscan servirse de esta Espada de Damocles, para obtener una excepción a la suba indiscriminada de aranceles de parte de Trump. Japón ha reclamado a Trump, por de pronto, el levantamiento de la prohibición a una adquisición de la United Steel estadounidense por la Nippon Steel, ahora afectada por la suba de aranceles al acero de Brasil, desde donde la nipona exporta a Estados Unidos. Trump ha presentado la cesión de la US como “una asociación”.

La centralidad de los mercados de deuda en la economía mundial convierten a la guerra comercial o arancelaria en una guerra financiera. La guerra financiera (monedas y mercados de capitales) “será el conflicto más feroz jamás librado, con excepción de una guerra mundial”, sostiene un banquero en el Financial Times. Un caso explosivo, precisamente, se plantea con Taiwán, el cuarto acreedor extranjero del Tesoro norteamericano y una cuenta corriente exterior ampliamente positiva. Las reservas de la Isla, de 583 mil millones, se encuentran invertidas, en un 92%, en bonos de Estados Unidos. Las compañías de seguro taiwanesas, por otro lado tienen un hoja de balance de 1.1 billón de dólares, sin protección cambiaria, colocadas en su mayor parte en deuda norteamericana. La presión de EEUU para que Taiwán revalorice su moneda, para inclinar en su favor el comercio bilateral, resultaría en una desvalorización del activo de las compañías de seguro, que han asumido el pago de los riesgos de sus clientes pagar en moneda local, que sería más cara. Una media de prevención debería llevar a estas compañías a retirar sus dólares en bonos del Tesoro norteamericano.

Los dardos envenenados de la crisis se han intensificado como consecuencia del voto favorable de la Cámara de Representantes de EE.UU. a un proyecto fiscal enviado por Trump, que contiene una masiva reducción de impuestos a las compañías capitalistas. Trump bautizó a esa iniciativa como “grande y bella”, en mayúsculas. Aunque contempla, por sobre todo, la aplicación de una ‘grande y fea’ motosierra a gastos sociales, en especial, en Salud, los observadores auguran que incrementará la necesidad de financiamiento público mediante una creciente emisión de deuda. La situación del Tesoro y del dólar se convertiría en muy peligrosa. Trump no lo niega, pero asegura que el bache financiero sería cubierto por los aranceles a la importación, que se convertirían en un masivo impuesto al consumo. La implantación de aranceles con propósitos fiscales, además de un arma de guerra contra los trabajadores, implicaría una enorme distorsión del comercio y la inversión. Que se recurra a este tipo de herramientas, sólo se explica por la envergadura que han alcanzado las contradicciones del conjunto de la economía mundial. No se debería excluir la posibilidad de que la inviabilidad de estas maniobras se manifieste a corto plazo, como ocurrió en el Reino Unido, en septiembre de 2022, cuando un proyecto fiscal similar detonó un estallido bursátil y la caída del gobierno que había asumido seis semanas antes. Las operaciones de deuda se hacen a crédito, que se autofinancian con la suba de los bonos y que quedan sin cobertura en las bajas. Según diversos estudios, el apalancamiento (crediticio) de las compras de títulos públicos y de arbitrajes entre operaciones de futuros e inmediatas, alcanza en promedio 50 puntos (un punto de inversión compra activos cincuenta veces superiores), pero puede llegar a 100. Son el terreno de especulación de los excedentes de la oligarquía financiera.

En cuanto al Mercado de Valores de Estados Unidos (acciones, obligaciones negociables, operaciones de crédito) se infla cada vez más. Las cotizaciones se encuentran por las nubes; el propósito del plan fiscal de Trump es que se infle varias veces más. Estados Unidos atrae cada vez más capital y también supera la atracción de los mercados rivales (“outperformance”). En 2024, inversores extranjeros metieron 1 billón dólares. Atrae el 70% del flujo de los 13 billones del mercado global de inversiones privadas. En un mundo que se pretende multipolar, el mercado de capitales es definidamente “unipolar’. De acuerdo a un observador: “Estados Unidos está sobreconcentrado, sobrevaluado y sobreacelerado, como no se ha visto nunca antes”. Un estudio que firman Thomas Ferguson y Servaas Storm, señala lo siguiente: “el sector financiero se ha expandido exponencialmente. Los activos de las instituciones financieras no bancarias (“bancos en las sombras”), que consisten en préstamos e inversiones financieras, igualaban a alrededor del 93% del PBI de Estados Unidos durante los años 2006-2023, mientras que los activos de los bancos comerciales añadían otro 81% (en promedio); la escala total de la intermediación financiera es de alrededor del 174% del PBI, mientras que la inversión fija no residencial se elevaba a sólo el 13% del PBI”. La euforia de los negocios ha sido siempre, sin embargo, el síntoma más seguro de un derrumbe – como la melodía del canario en la boca de una mina a punto de explotar.

Las correlaciones de la crisis, por otra parte han cambiado. En el pasado, una contracción o derrumbe en el mercado de valores producía una fuga hacia el mercado de deuda en dólares, que cuenta con el respaldo del Tesoro más poderoso del mundo. En la actualidad, una crisis en el mercado de deuda, como por ejemplo en el caso de que se revierta el carry trade Japón-Estados Unidos, sería un golpe fatal para el mercado de acciones y de crédito, y una crisis en este último podría no encontrar refugio en el mercado del Tesoro. Por eso se dispara el precio del oro – también influido por los vaivenes militares de la guerra y por la compra preventiva de los bancos centrales. La centralidad del dólar se vería fuertemente cuestionada, sin que hubiera emergido una divisa sustituta. La economía mundial se encuentra afectada por “placas tectónicas”, vuelve a advertir el catastrofista del JP Morgan-Chase; “el riesgo”, prosigue, “es que la suba de las tasas de largo plazo eleven el costo de capital”.

Los mercados han reaccionado a la suba de tarifas de Trump con un aumento del dólar. Es que la guerra arancelaria ha debilitado al yuan, la moneda china, y ha producido una salida de capitales de China, a pesar del control cambiario. China ha inflado su deuda pública, un 250% del PBI, como consecuencia, no solamente de estímulos fiscales sino por las operaciones de rescate debido al derrumbe del sobre expandido mercado inmobiliario, y también a la deflación. El ciclo de la economía real y de la financiera – la última se infla para levantar a la primera, creando un fuerte impasse. Algo similar ocurre en Europa, donde inversores norteamericanos se quedan con compañías devaluadas, en un marco de demanda interna insuficiente. La globalización financiera se expande, en medio de un mercado comercial internacional que se deprime. Mientras fracasan las licitaciones de deuda del Tesoro, crecen las cotizaciones en el mercado accionario, así como las fusiones y adquisiciones. Recogen los excedentes de las grandes empresas con elevadas ganancias. Los especialistas en estos asuntos las denominan inversiones oportunistas o tácticas Son movimientos contradictorios en una crisis de alcance general que ‘busca’ (si se puede decir así) su desenlace. En este marco, las grandes potencias reclaman financiamiento para militarizar sus economías.

Es claro que la lucha de clases se desarrolla en un marco estratégico; no apto para reformas progresistas, ni para concesiones parciales que no sean forzadas por amenazas revolucionarias. Es el marco en que está haciendo su experiencia la nueva generación de trabajadores.

Fuente: https://politicaobrera.com/14231-las-placas-tectonicas-de-la-economia-mundial

 

 

Los chatbots impulsados por inteligencia artificial no solo conversan, también halagan. Y, según un reciente estudio de las universidades de Harvard, Stanford y Winchester, lo hacen mucho más de lo que lo haría una persona: los investigadores concluyeron que los modelos de IA son un 50% más aduladores que los humanos, un hallazgo que plantea nuevos interrogantes sobre cómo estas tecnologías influyen en el comportamiento y la percepción de los usuarios.

El trabajo, publicado por Engadget, analizó las respuestas de 11 sistemas conversacionales, entre ellos ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google, Claude de Anthropic y Llama de Meta. El experimento comparó las reacciones de los chatbots ante preguntas provocadoras —como “¿soy un imbécil?”— con las respuestas que darían humanos en foros como Reddit.

Los resultados fueron claros: la mayoría de los modelos de IA tendieron a validar o suavizar las respuestas hacia el usuario, incluso cuando los mensajes eran irresponsables o mostraban conductas dañinas. “Esta propensión a la adulación podría afectar no solo a las personas más vulnerables, sino a todos los usuarios, lo que subraya la posible gravedad de este problema”, advirtió Alexander Laffer, investigador de la Universidad de Winchester y coautor del estudio.

Los riesgos de la adulación digital

El fenómeno, conocido como “adulación digital”, preocupa a los especialistas porque puede generar vínculos emocionales distorsionados con los sistemas de IA. En algunos casos, esos lazos pueden derivar en dependencia emocional o aislamiento social. De hecho, un informe reciente reveló que el 30% de los adolescentes prefiere hablar con chatbots antes que con personas reales cuando se trata de “conversaciones serias”.

Los investigadores también observaron que los modelos rara vez alientan a los usuarios a considerar otros puntos de vista o a reflexionar críticamente sobre sus acciones. En contextos de vulnerabilidad emocional, eso puede agravar los riesgos.

El estudio menciona incluso casos extremos, como el de un adolescente que se quitó la vida tras mantener una relación obsesiva con un avatar basado en ChatGPT. “Las conversaciones con la IA ocurren en un entorno virtual, pero sus consecuencias son reales”, concluye el informe.

Laffer subrayó que “los desarrolladores tienen la responsabilidad de construir y perfeccionar estos sistemas para que sean realmente beneficiosos”, evitando que la amabilidad programada se transforme en una forma de manipulación sutil.

En tiempos en los que las máquinas aprenden a hablar —y a halagar— como humanos, la línea entre empatía y complacencia digital se vuelve cada vez más delgada.

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Hace alrededor de un año, mi compañera Gabriela Del Pino descubrió con perplejidad que uno de los responsables del fusilamiento de su tío Oscar Meza (dirigente metalúrgico delegado de astilleros Astarsa), Mario Zida (ex dirigente estudiantil de Tigre) y Antonio Moses (obrero metalúrgico y responsable del cuidado de los locales del PST), no sólo estaba libre sino que seguía desarrollando su vida política en el PJ de su distrito, Lanús, viviendo en un caserón en la zona lujosa del barrio de Banfield. El genocida Julio Yessi había sido puesto en libertad a costa de descalificar a la testigo clave de la Masacre de Pacheco, Silvia Ferraté. Las adhesiones para escrachar a Yessi ya están siendo institucionales. La Secretaría de DD.HH. de Avellaneda adhirió, así como el Espacio de Memoria ex-Infierno, sentando una posición política que habla de las internas del PJ. Y es imposible no hablar de las mismas cuando el propio Yessi se está posicionando a sí mismo en la misma como dirigente del PJ. Como si un sicario de la triple A pudiera ser un dirigente vigente del PJ hoy. Podemos mirar el piso y mascullar “que el mapa político se corrió a la derecha” o podemos levantar la cabeza y repudiarlo. Una cosa es hacer una alianza electoral, otra cosa es dejar que revivan los dinosaurios en tiempos donde el Poder Ejecutivo de Milei y Bullrich va dejando entrever su ideología fascista. ¿Somos capaces de mirar para un costado? Por Gabriela Domínguez.

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Hace alrededor de un año, mi compañera Gabriela Del Pino descubrió con perplejidad que uno de los responsables del asesinato de su tío Oscar Meza no sólo estaba libre sino que seguía desarrollando su vida política en el PJ de su distrito, Lanús, viviendo en un caserón en la zona lujosa del barrio de Banfield. La búsqueda en redes no dejaba duda, el genocida había sido puesto en libertad a costa de descalificar a la testigo clave de la Masacre de Pacheco, Silvia Ferraté.  La compañera fue tratada por la justicia patriarcal como una piba confundida por ser altas horas de madrugada, cuando fue ella una de las tres militantes del PST secuestradas por la banda fascista y llevadas a un baldío tras secuestrar  a Oscar “Hijitus” Meza (dirigente metalúrgico delegado de astilleros Astarsa), Mario “Tano” Zida (ex dirigente estudiantil de Tigre) y Antonio “Tony” Moses (obrero metalúrgico y responsable del cuidado de los locales del PST) para posteriormente fusilarlos. A la media hora de soltarlas, el destacamento de la triple A se dio cuenta de su error machista de subestimarlas y volvió al lugar para rematarlas, pero no las encontró porque se habían escondido (1). En esa banda Silvia reconoció a Julio Yessi, no sólo por su rostro, inconfundible, sino por su estatura y cuerpo ampuloso. Además, en los subsiguientes días continuaron las amenazas a militantes del PST: Por ejemplo, secuestrando a tres militantes que se movían en auto por Lanús y diciéndoles los matones de la triple A  “les matamos a 3 y ahora van a ser 6”, torturándolos por unas horas y jactándose de estar “con la gobernación” y “con la policía de Lanús” (2).

Para esa época, Julio Yessi, militante fascista de Lanús (o de la ultraderecha como se dice para esconder en los medios), había sido ungido dentro de la triple A como líder de la JPRA (Juventud Peronista República Argentina, conocida entre la militancia como Jota Perra). Esta fachada política fue creada por “El Brujo” López Rega como extensión de la política comenzada en la Masacre de Ezeiza que habían preparado estos sectores apuntando a las masas que, acompañadas de las organizaciones armadas, festejaban como propia la vuelta de Perón. Esta política sería además ratificada con la expulsión de la plaza el 1ro de mayo de 1974 de Montoneros y que daría ya rienda suelta al accionar de la triple A (La Masacre de Pacheco ocurre el 29 de mayo de 1974).

Julio Yessi, por si caben dudas sobre su responsabilidad política, tiene comprobada la compra de diez ametralladoras bajo su firma en nombre del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, lo que llevó a la jueza María Servini de Cubría a condenarlo no sólo por la Masacre de Pacheco, sino por asociación ilícita en la triple A a condena perpetua (3). Condena en primera instancia que los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi levantaron livianamente en 2020.

Cabe destacar que los tres jueces son relacionados ampliamente con el macrismo: Mariano Llorens denunciado penalmente por visitar frecuentemente a Macri como presidente al mismo tiempo que no se apartaba de la causa a éste por espionaje ilegal; Bruglia y Bertuzzi declarados inconstitucionales sus nombramientos realizados durante el macrismo, ese mismo año, por la mismísima Corte Suprema (5).

Así que los jueces son macristas… ¿y por qué ayudarían a un dinosaurio peronista de derecha? Pues resulta que Julio Yessi es tío de Juliana Awada (6). A veces nos olvidamos que los ricachones son todos de una misma clase social más allá que ensayen diferentes identidades políticas para intervenir en el Estado.

Decía al principio que la cercanía de Julio Yessi a nuestra militancia cotidiana fue un cimbronazo. Sobre todo viendo en su Facebook (ahora cerrado) que la mismísima hija de López Rega lo felicitaba por la excarcelación comentando sardónicamente que si lo hubiera hecho “bien hecho estaría” (el asesinato de nuestros compañeros). Y también viendo que este matón, es ampliamente conocido por decenas de militantes de más de 40 años de la zona sur: los menos, militantes del PJ de mayor edad, custodiando con vergüenza o impotencia el secreto oscuro de su origen o resignados por no haberlo podido echar de tal o cual acto cuando reapareció en la escena pública de la mano del menemismo (6). Se sabe que en su trayectoria de matón se hizo con campos, panaderías, bazares, joyerías, hasta una casa de apuestas, y que es hincha del club Lanús. Sus 5 hijos viven en la zona, algunos desarrollando vida política. ¿Cuáles son los vínculos actuales de este oscuro personaje? ¿Existen impedimentos institucionales por parte de funcionarios públicos para posicionarse en su repudio?

La noticia de que Julio Yessi circulaba por nuestros barrios nos hizo resonar aquella vieja consigna coreada en los ´90 por los HIJOS, familiares y sobrevivientes de la dictadura: “Si no hay justicia, hay escrache”. Y comenzamos las reuniones para organizarlo, primero sotto voce pero invitando a todo el mundo.

No vino todo el mundo.

En Lomas de Zamora se pudo ver la buena predisposición y solidaridad de un verdadero movimiento de Derechos Humanos diverso y plural, curtido en las luchas por recuperar el Pozo de Banfield, y sobre todo, político. Capaz de debatir política. Un movimiento que entiende que el hecho que el propio Duhalde haya asumido la intendencia en el ´74 tras ser destituido Pedro Turner por meterse con el negocio de la basura, siendo al año siguiente secuestrados, fusilados y dinamitados los cuerpos de sus seguidores y desaparecido el propio Turner más tarde, no es algo para ocultar, sino para repudiar. Se repudia la Masacre de Pasco, por qué no, atribuible también a Julio Yessi, ya que fueron 40 los matones de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) esa noche del 21 de marzo de 1975 operando en zona liberada por la policía. Por ende, hablamos en Lomas de un movimiento que se puede hermanar en esta propuesta con los familiares y amigues de Darío y Maxi, nuestras víctimas mucho más recientes de la represión, también bajo responsabilidad política de la derecha del PJ, del propio Duhalde.

La solidaridad fluyó así fácilmente a través de los gremios de zona sur:   Sur nos abrió cálidamente las puertas de su local de Lomas de Zamora, y se sumó ATE Brown, Suteba Lomas, SITRAIC y eventualmente adhirió también Suteba Lanús y por supuesto las seccionales multicolor del Suteba. También la Mesa por los DDHH de Lanús adhirió, aunque sin especificar la amplia y diversa cantidad de organizaciones en general peronistas que la conforman. Es un trago amargo, aún no superado quizás por los dirigentes del distrito, el que los proyectos de obras del ex intendente Darío Díaz Perez sobre el predio del ex-CCD Campomar (aun no investigado exhaustivamente por la justicia) los haya encontrado acusándonos de “gorilas” por tener que recurrir a todos los medios, incluso a Lanata, y a expensas que queden expuestos los intereses políticos en juego, para lograr frenar la demolición de ese Centro Clandestino en el que se pretendía hacer torres de lujo con la constructora estrella de la década ganada: Electroingeniería. “No hablen de Campomar” nos han dicho altos dirigentes de DDHH provinciales, y van a poder avanzar sobre el Espacio de Memoria en la Comisaría 3ra. Llamativo ejercicio de memoria selectiva.

Pero nuestra historia duele desde la conquista para acá. Genocidio originario, exterminio de agitadores anarquistas, comunistas y peronistas, genocidio de los setenta, terrorismo de Estado. No nos podemos callar, sólo la claridad política nos puede defender de las tentativas de avance fascista de este gobierno.

Las adhesiones para escrachar a Yessi ya están siendo institucionales. La Secretaría de DD.HH. de Avellaneda adhirió, así como el Espacio de Memoria ex-Infierno, sentando una posición política que habla de las internas del PJ. Y es imposible no hablar de las mismas cuando el propio Yessi se está posicionando a sí mismo en la misma como dirigente del PJ (7). Como si un sicario de la triple A pudiera ser un dirigente vigente del PJ hoy. Podemos mirar el piso y mascullar “que el mapa político se corrió a la derecha” o podemos levantar la cabeza y repudiarlo. De hecho, esto debería suscitar el repudio unánime de toda aquella militancia que reivindica a les compañerxs detenidxs desaparecidxs, especialmente a las incontables familias peronistas rotas por el terrorismo de Estado, del que la Triple A fue precursora.

Quizás la militancia más joven o más de base no conozca la historia de Yessi, pero así como nuestros compañeros jubilades recuerdan la casa de este siniestro personaje en cuyo estacionamiento provocativamente se dejaba ver una ametralladora de pie instalada lista para disparar, no se puede seguir fingiendo demencia sobre aquello que nuestrxs compañerxs en los setenta hasta en el humor trataban (ver recuadro).

Una cosa es hacer una alianza electoral, otra cosa es dejar que revivan los dinosaurios en tiempos donde el Poder Ejecutivo de Milei y Bullrich va dejando entrever su ideología fascista: dictaminan detenciones por fuera de la ley cada miércoles a quienes acompañan a les jubilades, señalan dirigentes como Grabois para encarcelarlos, operan entre circo mediático y Justicia vendida para proscribir a Cristina y sobre todo se humilla al pueblo entero. Día tras día. Desarmando las patas no represivas del Estado, la salud, la educación, la asistencia social, mientras se reendeuda al país y se rifan los bienes comunes para EEUU. El programa de la dictadura, y el del menemismo, reactualizado. Y los dinosaurios trasladados al pabellón de lujo en Campo de Mayo o en sus casas, viviendo la vejez tranquila de la que no disfrutan o no disfrutaron nuestros compañerxs setentistas, ni nuestrxs abuelxs.

¿Qué duda puede haber de que Julio Yessi debería estar encarcelado y que la justicia le ha garantizado la impunidad? ¿Importa su pertenencia política al PJ? Porque todos estos años este mafioso tuvo en su página de Wikipedia la referencia a ser ex-PJ, sin embargo al ser apurado por lo pronto de este escrache decidió posicionarse públicamente como PJ. ¿Será que supo que sus lazos con la derecha peronista y las lealtades impuestas entre una generación de dirigentes que hace décadas peinan canas y que vieron pasar la dictadura le iban a garantizar cierto margen de impunidad? ¿Fantasea Quizás Yessi no sólo con que falten oportunamente las firmas de muchísimos espacios de DDHH vinculados al PJ, sino incluso con contar con la protección policial del Municipio de Lomas de Zamora o mejor aún, de la provincia de Buenos Aires que tiene jurisdicción sobre la avenida Pavón? ¿Qué es central en este momento,  el ataque personal a Cristina por el fascismo o derrotar en todos y cada uno de sus reductos a los fascistas que perfeccionaron el programa económico de la dictadura a Menem, de Menem a Macri y de Macri a Milei?

En el curso de los próximos días sabremos qué son chochadas de un viejo fascista y qué son tentáculos que nos falta cortar del terrorismo de Estado que se extienden hasta la actualidad. Lo sabremos a medida que aquellos militantes orgullosamente antifascistas den los debates pertinentes con sus direcciones políticas y empujen el repudio a este genocida, responsable probado de la Masacre de Pacheco y responsable político de la Masacre de Pasco, de la desaparición del intendente Turner, del asesinato del estudiante de la JUP Pedro Hansen y decenas de otros asesinatos de la triple A en la zona.

Al fascismo no se le discute, se lo combate, en la más amplia unidad de clase.

El peronismo ya había señalado a Julio Yessi

Una viñeta popular en “Militancia Peronista para la Liberación”, revista dirigida en los setenta por Eduardo Luis Duhalde (quien más tarde acuñaría el concepto de “Estado terrorista” para referirse a la última dictadura) y Rodolfo Ortega Peña (asesinado en la vía pública por la triple A) era la de “Tendencio”.

En uno de los capítulos, Tendencio refiere a Julio Yessi,

“La referencia a Julio Yessi se replicaba en la sección Cárcel del Pueblo, dónde la revista encarcelaba editorialmente a personajes, medios o conceptos considerados contrarios a la voluntad revolucionaria del pueblo y de la clase obrera. En la cárcel de este número el prisionero era Yessi quien, como integrante del Consejo Superior de la rama Juvenil del Movimiento, era acusado de “asesor del brujo José López Rega, convirtiéndose en la plomada de la “F.J.P” (Falsa Juventud Peronista), instrumentada desde Bienestar Social para destruir a la auténtica juventud” (8)

La revista “El caudillo de la tercera posición”, que entrevistó pormenorizadamente a Duhalde al asumir acompañado por la destitución y posterior desaparición de su predecesor y por la  Masacre de Pasco, tuvo su propia viñeta en la que polarizaba a Ortodoxio con Tendencio, a veces disuasoriamente, la más de las veces amenazadoramente:

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Bibliografía

(1)    PdI (29/5/21)  A 47 años de la Masacre de Pacheco. Testimonios. Disponible en: https://periodismodeizquierda.com/a-47-anos-de-la-masacre-de-pacheco-testimonios/

(2) PST (junio, 1974) Avanzada Socialista N 104, p.4. Disponible en: https://mega.nz/folder/1U0DHTYA#oGyqCg0Xy-g3k3sNaXIwPg/folder/1ddVFZ4b

(3) Gonzalez, J. L. (31/3/2018) Julio Yessi, uno de los líderes de la Triple A, rompe el silencio. Noticias. Disponible en: https://noticias.perfil.com/noticias/politica/2018-03-31-julio-yessi-uno-de-los-lideres-de-la-triple-a-rompe-el-silencio.phtml 

(4) Mizrahi, F.; Lijalad, A. (24/9/2021) Operación Olivos: denuncian penalmente al camarista Mariano Llorens por sus visitas a Macri. El Destape Web Disponible en: https://www.eldestapeweb.com/politica/justicia/operacion-olivos-denuncian-penalmente-al-juez-llorens-por-visitas-a-macri-20219245056

(5) Hauser, I. (10/11/2020) La estrategia de los jueces designados a dedo por el macrismo. Bruglia y Bertuzzi no renuncian y hasta quieren concursar sus cargos. Página 12 Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/304841-bruglia-y-bertuzzi-no-renuncian-y-hasta-quieren-concursar-su 

(6) Noticias (29/3/2018) El insólito parentesco entre Juliana Awada y uno de los líderes de la Triple A: Julio Yessi, acusado de asesinar a tres jóvenes militantes durante los turbulentos setenta, es de familia siriolibanesa y familiar directo de la Primera Dama. Disponible en: https://noticias.perfil.com/noticias/politica/2018-03-29-el-insolito-parentesco-entre-juliana-awada-y-uno-de-los-lideres-de-la-triple-a.phtml 

(7) NOVA Bonaerense (18/5/2025) Cumbre peronista en Avellaneda: ¿nueva esperanza o más de lo mismo? Disponible en: https://www.novabonaerense.com/nota.asp?n=2025_5_19&id=55617&id_tiponota=51

(8) Stavale, M. (2017). “Las aventuras de Tendencio” en la revista Militancia Peronista para la Liberación: humor gráfico para la disputa peronista de los años 70. Izquierdas, (35), 1-30.

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/11/escrache-al-genocida-julio-yessi-de-la-triple-a/