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La petrolera estatal YPF y la compañía italiana ENI firmaron en Abu Dhabi un Framework Agreement con XRG, brazo internacional de inversiones de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi), con el objetivo de avanzar en la incorporación de la firma emiratí al desarrollo del proyecto Argentina LNG, que convertirá al país en un nuevo jugador relevante dentro del mercado mundial de gas natural licuado (GNL).

El acuerdo se rubricó en el marco de ADIPEC 2025, uno de los principales eventos de la industria energética global, y representa un paso clave en el proceso de internacionalización de un proyecto que prevé una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), expandible a 18 MTPA.

Un paso estratégico hacia la internacionalización

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, subrayó la importancia estratégica del entendimiento y su potencial para transformar la matriz energética argentina. “La incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país. Esta alianza nos permite avanzar en una plataforma de exportación de GNL de clase mundial con impacto transformador en empleo, inversión y posicionamiento internacional”, señaló.

El Framework Agreement establece las bases para negociar los términos definitivos de participación de XRG, filial internacional de ADNOC, considerada la mayor empresa energética de los Emiratos Árabes Unidos y una de las más influyentes a nivel global. ADNOC cuenta con activos superiores a US$ 80.000 millones y proyecta duplicar su valor en la próxima década, con foco en gas natural, productos químicos y soluciones energéticas.

Integración con el Plan 4×4 de YPF

El proyecto Argentina LNG forma parte del Plan 4×4 de YPF, que busca convertir a la compañía en una productora shale de clase mundial y gran exportadora de hidrocarburos hacia 2031. La iniciativa combina la producción de gas proveniente de Vaca Muerta con su licuefacción a través de unidades flotantes (FLNG).

La primera etapa prevé la operación de dos buques FLNG con capacidad de 6 MTPA cada uno, permitiendo alcanzar 12 MTPA, con posibilidad de expansión a 18 MTPA. De este modo, Argentina podría exportar hasta 18 millones de toneladas anuales de GNL hacia 2030, consolidando su rol como proveedor energético global.

Un socio con presencia mundial

La incorporación de XRG representa un hito en la estrategia de internacionalización de YPF, al sumar a uno de los actores más poderosos del mercado energético. La firma emiratí mantiene inversiones en África, Asia y América del Norte, con participaciones en proyectos como Next Decade Rio Grande LNG en Estados Unidos, el área 4 de la cuenca de Rovuma en Mozambique y operaciones de gas en Turkmenistán y Egipto.

El acuerdo con ENI y XRG permitirá acelerar el desarrollo del proyecto argentino y consolidar una plataforma exportadora competitiva, con alto nivel de integración tecnológica y sustentabilidad. A la vez, abre la puerta a nuevas oportunidades de cooperación internacional y transferencia de conocimiento hacia el sistema energético nacional.

Impacto económico y energético

El proyecto Argentina LNG está diseñado para articular las etapas upstream y midstream, integrando la producción gasífera de Vaca Muerta con la infraestructura necesaria para su procesamiento, licuefacción y exportación. Según estimaciones oficiales, generará miles de puestos de trabajo directos e indirectos y una inversión de varios miles de millones de dólares en los próximos años.

Desde el punto de vista estratégico, la alianza con ADNOC, a través de XRG, refuerza la posición de Argentina dentro del mercado global de GNL, en un contexto de alta demanda internacional proveniente de Europa y Asia. El país buscará así aprovechar su potencial como uno de los principales productores de gas no convencional del mundo.

ENI refuerza su presencia regional

El entendimiento también fortalece la presencia de ENI en la región. La compañía italiana, con más de 70 años de trayectoria en el sector energético global, opera activamente en América Latina, África y Europa. Su experiencia técnica y comercial será clave para la puesta en marcha del complejo de licuefacción y las futuras operaciones de exportación.

Un nuevo capítulo para la energía argentina

El proyecto Argentina LNG se perfila como una oportunidad de largo plazo para diversificar la matriz productiva, atraer inversiones y fortalecer la balanza comercial. Al mismo tiempo, permite a YPF avanzar en su proceso de modernización y alinearse con las tendencias internacionales de descarbonización y eficiencia energética.

Si los plazos se cumplen, el desarrollo se convertirá en uno de los más ambiciosos de la historia energética argentina, consolidando la transformación de Vaca Muerta en una plataforma exportadora de GNL hacia los principales mercados del mundo.

La firma del acuerdo en Abu Dhabi marca un nuevo capítulo en la expansión internacional de YPF, que junto a ENI y XRG avanza hacia un modelo de desarrollo energético integrado, competitivo y sostenible, con capacidad de posicionar a la Argentina entre los grandes jugadores del mercado global de GNL.

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En el marco de la masiva movilización que concentró a numerosos sectores frente al Congreso para sumarse al reclamo de Jubiladas y jubilados, junto a Agrupaciones feministas, antipatriarcales y antirracistas, trabajadores de la salud pública y de otros gremios, desde la Asamblea Discas en Lucha se sumaron a la marcha el pasado miércoles. «Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto» dijo Laura Alcaide en respuesta a los reiterados agravios que vienen de parte del gobierno además de las medidas de ajuste y vaciamiento de instituciones. Por ANRed. 

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El pasado miércoles durante la cobertura nos acercamos a la Universidad de las Madres. Allí estaba la Asamblea discas en lucha llevando su «ranchada» que le permita tener protección en caso de represión o situaciones complejas. Al rato salieron y pudimos conversar un rato con Laura Alcaide, una de las referentes de la asamblea antes de que se sumen a la columna de Jubilados para acompañarles en una ronda.

«Lo interesante de hoy es que estamos muchos sectores en lucha porque los sectores solos no podemos hacer nada, y uniéndonos logramos visibilidad y fuerza en lo que estamos pidiendo. En Discapacidad lo que estamos exigiendo es que se trate el proyecto de Emergencia en Discapacidad, pero con un proyecto de ley no hacemos nada. Lo que exigimos es una vida digna y salir de la crisis en la que estamos», comenta Laura.

 

Algunas de las denuncias que ya expresaron la semana pasada son la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad y su confinamiento a la órbita del Ministerio de Salud, su vaciamiento, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan Derechos por asistencialismo; la quita de Pensiones No Contributivas, los obstáculos burocráticos para tramitarla y la trampa de “auditorías”: en la que les citan con muy poco margen de anticipación impidiendo que realicen las gestiones necesarias en el arrasado sistema público de salud, las direcciones falsas e inexactas a las que les dirigen y las eternas filas inhumanas a la intemperie; el deterioro planificado de Incluir Salud que se expresa en la falta de cobertura prestacional y de medicamentos; el incumplimiento del cupo laboral del 4%; la precarización laboral de les trabajadores de “talleres protegidos” que llevan varios meses sin cobrar y por el que perciben un salario de apenas 28.000 pesos al mes; la falta de adaptaciones en los puestos laborales públicos y privados de les trabajadores con discapacidad, entre otras demandas.

«Este gobierno logró juntarnos a todos los sectores: prestadores, instituciones, familias… pero sobre todo personas con discapacidad», agrega.

«Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto. Nos vienen pisoteando y nos vienen insultando desde todos los ángulos. Ya habían usado la imagen de una persona con síndrome de Down para insultar a un gobernador y todo el tiempo están usando nuestra imagen como un insulto. Nuestras identidades no son un insulto y exigimos participación política de personas con discapacidad para tener garantías en nuestro sector», concluyó.

 

 

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que organizará una nueva Copa Mundial, que tendrá tres categorías diferentes y se disputará entre el 13 y el 16 de noviembre en el Gran Premio de Macao, China, con la presencia de dos pilotos argentinos.

Mattia Colnaghi es el primer criollo en formar parte de la flamante competencia. El italo-argentino de 17 años, quien fue fichado por la Academia de Red Bull para competir en la Fórmula 3, participará en la divisional Fórmula Regional, una de las tres en disputa. A lo largo de su joven trayectoria, ganó la Eurocup-3 y la Fórmula 4 Española.

Gino Trappa, bonaerense de 17 años, es el segundo invitado. El campeón de la F4 de CEZ, que se disputa por gran parte de Europa Central, será uno de los protagonistas de la categoría Fórmula 4, que participará por primera vez en la historia del Gran Premio. Por otra parte, la última especialidad será Gran Turismo y no contará con albicelestes en su grilla.

Emanuele Pirro, presidente del Comité de Monoplaza de la FIA, explicó: “El camino hacia una edición excepcional de uno de los eventos más prestigiosos del automovilismo comienza aquí, con la apertura de las inscripciones para lo que será un espectacular 72º Gran Premio de Macao. Con la lista de inscritos ya formada entre Fórmula Regional, GT y, por primera vez, Fórmula 4, el Gran Premio de Macao se consolida como la mayor exhibición mundial del talento juvenil«.

El GP de Macao, que se celebra desde 1954, es un evento internacional que sirve como trampolín y permite a jóvenes pilotos mostrar sus habilidades es un circuito callejero de 6.1 kilómetros, que es conocido por ser rápido, técnico y estrecho y exige concentración y precisión.

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Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

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Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

 

 

El senador estadounidense Lindsey Graham reveló que el presidente Donald Trump planea informar al Congreso sobre posibles operaciones militares contra Venezuela y Colombia, en el marco de la ofensiva impulsada por Washington contra el narcotráfico.

Según el legislador, el mandatario estadounidense considera que “ha llegado la hora de que Nicolás Maduro se vaya” y no descartó ataques terrestres como una posibilidad real.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con CBS News, en momentos en que portaaviones estadounidenses arribaron al Mar Caribe para reforzar la flota ya desplegada en la región, que recientemente atacó embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Graham adelantó que Trump informará a los legisladores tras su regreso de Asia y respaldó la expansión de las operaciones “del mar a la tierra”, al considerar que el objetivo final es evitar que Venezuela y Colombia sean utilizadas para traficar drogas hacia Estados Unidos.

Ataques terrestres como una “posibilidad real”

Además, comentó su convicción acerca de que Trump decidió que “es hora de que” el líder venezolano Nicolás Maduro “se vaya”, y calificó los ataques terrestres como una “posibilidad real”.

Desde que la administración inició sus ataques a principios de septiembre, más de 30 personas murieron, bajo el argumento que se tratan de acciones de seguridad nacional. 

“El objetivo final es garantizar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos, que el dictador narcoterrorista Maduro ya no pueda amenazar a nuestro país ni enviar drogas para matar a estadounidenses”, aseguró Graham.

El senador explicó que “habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea. Tiene toda la autoridad del mundo. Esto no es asesinato. Esto es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas de Venezuela y Colombia”.

Rusia responde y critica la postura de Washington

Una idea de cómo Estados Unidos puede combatir al narcotráfico fue propuesta recientemente por la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, quien sugirió que se lleve adelante una operación especial en el barrio de Manhattan, Nueva York, ya que “ahí es donde está la verdadera desgracia, porque está simplemente en todas partes”.

A propósito de Graham, el Ministerio del Interior de Rusia emitió el 23 de mayo de 2023 una orden de detención en su contra, a raíz de sus comentarios relacionados con el conflicto en Ucrania, de acuerdo con lo que en aquel momento publicó Telemundo.

La respuesta de Gustavo Petro

Se le olvida una cosa al senador estadounidense de nuestra história específica, que no la de Venezuela, y es que el pueblo colombiano cada vez que es agredido en alguna parte, se va en masa a las montañas y se arma y sus guerreros son invisibles y actúan como el jaguar con la… https://t.co/xxfHfEQDv1

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2025

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Sin precisar horarios ni lugares, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones en 17 provincias. Puntualmente, reclaman por aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil; ampliación del programa, continuidad del Monotributo Social y la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares. También, señalan que «migrar no es delito» y reclaman «basta de persecución a los que luchan». «A casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones. El trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía», denuncian. Por ANRed.

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Sin precisar horarios ni lugares, para mantener el factor sorpresa dado la agudización de las políticas represivas del gobierno nacional, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones conjuntas en 17 provincias.

Los reclamos principales de la jornada de lucha serán:

Aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo.

Ampliación del programa.

Continuidad del Monotributo Social.

Devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.

Migrar no es delito.

Basta de persecusión a los que luchan.

También, reclamarán, una vez más, a las centrales sindicales «una huelga general que una todas las luchas qué se están llevando a cabo contra el ajuste de Milei y la represión de Patricia Bullrrich».

En un comunicado conjunto, expresaron: «los trabajadores no aguantamos más las políticas de hambre, falta de trabajo, salarios y jubilaciones de miseria, represión, criminalización y persecución política La situación no puede ser peor en los barrios populares: a casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones», señalan.

En la misma línea, agregan: «el trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía. Necesitamos una gran acción unitaria de los trabajadores para frenar a Milei y su política criminal», finaliza el comunicado.