Milei frena un proyecto científico con China para congraciarse con Washington
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Milei frena un proyecto científico con China para congraciarse con Washington

 

El Gobierno nacional decidió cancelar el Radiotelescopio Argentino-Chino (CART) que se iba a instalar en San Juan, un proyecto de cooperación científica entre la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET y la Academia de Ciencias de China. Detrás de la decisión aparece un claro guiño a Estados Unidos y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que presiona a Milei para que limite la presencia china en el país a cambio de sostener su tambaleante economía.

Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

El Gobierno de Milei suspendió el Radiotelescopio Argentino-Chino (CART), un proyecto de cooperación científica entre la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET y la Academia de Ciencias de China, que preveía instalar en El Leoncito (San Juan) una antena de 40 metros de diámetro destinada al monitoreo del espacio. Con una inversión de 350 millones de dólares, la iniciativa había sido gestada en 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner, y representaba la continuidad de más de tres décadas de trabajo conjunto entre científicos argentinos y chinos.

Un proyecto científico cancelado por razones políticas

El convenio, que venció en junio pasado, no fue renovado por decisión del Gobierno nacional. Desde diciembre de 2024, la administración libertaria ya había frenado el ingreso de equipamiento proveniente de China por supuestas “irregularidades” en la documentación, argumento utilizado como excusa formal para interrumpir un proyecto de cooperación científica genuina, según manifestaron desde la Universidad Nacional de San Juan.

La UNSJ lamentó públicamente la decisión, destacando que el CART era “un proyecto de fines estrictamente científicos” y el resultado de un esfuerzo conjunto entre instituciones de ambos países. De hecho, el Observatorio “Félix Aguilar” de San Juan formaba parte activa del diseño y la planificación técnica del radar.

La antena de observación que iba a instalarse en El Leoncito, San Juan.

Estados Unidos detrás del “alineamiento”

El trasfondo de la medida excede lo científico. La cancelación del CART se inscribe en la reorientación diplomática de Milei hacia los Estados Unidos y Donald Trump, una estrategia que busca mostrar alineamiento político y económico con Washington en momentos en que el Gobierno argentino depende de la asistencia financiera del FMI y del Tesoro estadounidense para evitar un colapso fiscal.

Fuentes diplomáticas reconocen que una de las condiciones de la Casa Blanca para acompañar el pedido argentino de refinanciación ante el Fondo fue reducir los acuerdos estratégicos con China, en particular los vinculados a tecnología, energía y defensa. En ese marco, la suspensión del proyecto en San Juan es una señal directa a Washington: Milei busca congraciarse con los norteamericanos mostrando “obediencia geopolítica” en la disputa global por la influencia en Sudamérica.

Presión del FMI y “revisión” de convenios chinos

Desde su llegada a la Casa Rosada, la gestión libertaria ordenó revisar todos los convenios firmados con China durante gobiernos anteriores. En simultáneo, se reactivaron las conversaciones con el Departamento de Estado y el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos mantiene el poder de veto.

El mensaje es claro: sin ruptura con Pekín no habrá nuevos dólares. El alineamiento absoluto con Washington es, para Milei, el precio a pagar por mantener a flote un modelo económico que no genera divisas propias. Y el costo, una vez más, lo asume la soberanía científica argentina.

El antecedente de Neuquén

El único radar chino que sigue operando en el país es el de Bajada del Agrio (Neuquén), construido en 2017. Ese centro de observación también fue objeto de cuestionamientos por parte de Estados Unidos, que lo considera de “potencial uso militar”. En 2023, el entonces embajador Marc Stanley expresó su preocupación por “la presencia de personal militar chino en territorio argentino”. Desde entonces, la base neuquina es blanco constante de inspecciones y presiones diplomáticas.

Con la caída del CART sanjuanino, Argentina pierde otra pieza de su soberanía tecnológica. Pero Milei gana un gesto político que Estados Unidos sabrá agradecer en su tablero de poder global. La ciencia nacional, en cambio, pierde un proyecto estratégico y una oportunidad de cooperación de largo plazo, reemplazada por la dependencia financiera de siempre.

Ciencia o sumisión

El CART no era una “base militar”, como intentan instalar los voceros libertarios y los medios alineados a Washington. Era un instrumento de observación astronómica con participación académica argentina, cuyo tiempo operativo se repartía entre China y la comunidad científica nacional. Su desmantelamiento no responde a razones técnicas ni a irregularidades documentales, sino a la necesidad del gobierno de mostrar fidelidad ideológica y económica a los Estados Unidos.

En tiempos en que el país necesita inversión, tecnología y conocimiento, el “alineamiento automático” de Milei vuelve a hipotecar la ciencia y la soberanía, subordinando los intereses nacionales a los condicionamientos externos.

 

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    ESTO ES EL KIRCHNERISMO26O: CIVILIZACIÓN O BARBARIE LIBERTAD O ESCLAVITUDVLLC! https://t.co/NuKzBo2wa5

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    La “reforma laboral” de Milei: jornadas de 12 horas, sueldos en tickets y despidos en cuotas

     

    El Gobierno impulsa un proyecto de “modernización” laboral que elimina derechos conquistados durante décadas. Bajo la retórica de la libertad y la competitividad, el Ejecutivo busca flexibilizar al extremo las condiciones de trabajo, debilitando sindicatos, paritarias y seguridad social.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    El gobierno de Milei avanza con su plan de reforma laboral, presentado como un salto hacia la “modernización” pero que, en realidad, significa un retroceso histórico en materia de derechos laborales. La iniciativa propone jornadas de hasta 12 horas, indemnizaciones pagadas en cuotas y salarios fraccionados en tickets canasta, configurando un modelo que traslada todo el peso de la “eficiencia” a las espaldas del trabajador.

    Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es “flexibilizar para generar empleo”. Pero detrás de ese eufemismo se esconde una ofensiva estructural contra el sistema de protección social y las conquistas del movimiento obrero argentino. Gabriel Solano, del Partido Obrero, sintetizó la gravedad del texto: la reforma equivale a esclavitud laboral.


    Flexibilización total: más horas, menos derechos

    El texto difundido por portales como Infobae, La Nación y El Tucumano detalla que la jornada laboral podría extenderse hasta 12 horas diarias, y que se habilitaría un banco anual de horas que elimina el pago de horas extras. Además, las vacaciones podrían fraccionarse a criterio de las empresas, y las indemnizaciones podrían abonarse en cuotas, reduciendo la estabilidad laboral a una mera variable contable.

    La iniciativa también reactiva los tickets canasta, figura que reapareció desde los años ’90 y que permite pagar parte del salario sin aportes patronales ni cargas sociales. En la práctica, esto desfinancia la ANSES, el PAMI y las obras sociales, dejando a los trabajadores con menos cobertura y a los jubilados con menos recursos.


    El salario como mercancía

    El discurso oficial insiste en que el sistema laboral argentino “tiene más de 70 años” y “ya no sirve”. Sin embargo, lo que el gobierno presenta como modernización es una liberalización total del trabajo, donde el asalariado deja de ser sujeto de derechos para transformarse en mercancía.

    La eliminación de las paritarias por actividad —reemplazadas por negociaciones dentro de cada empresa— pulveriza la fuerza del sindicalismo y fragmenta la representación colectiva. Cada trabajador deberá negociar su salario solo, frente a patronales cada vez más concentradas.


    El espejismo del empleo “formal”

    Desde el oficialismo, señala el periodista Osvaldo Peralta desde EnOrsai, se sostiene que la reforma permitirá incorporar al sistema a los trabajadores informales. Pero la historia reciente desmiente esa promesa: las reformas flexibilizadoras de los ’90 no generaron más empleo, sino más precariedad. Formalizar en estas condiciones no es integrar, es legalizar la explotación.

    Además, la reducción de cargas patronales —presentada como incentivo a la contratación— provocará un nuevo agujero en las finanzas previsionales, debilitando el sistema de jubilaciones y salud pública.


    Un ataque a la estructura sindical y social

    El proyecto también busca reconfigurar la relación entre capital y trabajo: el empleador gana autonomía y el trabajador pierde respaldo. En palabras simples, la libertad del patrón pasa a ser la falta de libertad del obrero.

    Referentes del sindicalismo, del peronismo y de la izquierda anticiparon un frente común de rechazo a la reforma. En varias centrales obreras ya se discute un plan de lucha y la posibilidad de un paro nacional. La CGT analiza convocar a una movilización si el proyecto avanza en el Congreso.


    Volver al pasado

    El trasfondo del debate no es técnico ni económico, sino político y cultural. Milei pretende borrar el concepto de derecho laboral, reemplazándolo por la idea de contrato individual, como si la libertad de elegir existiera entre partes desiguales. Lo que se discute no es una reforma, sino el sentido mismo del trabajo digno.

    La experiencia argentina demuestra que la “flexibilidad” sólo trajo más desigualdad. Bajo el ropaje de la modernidad, el gobierno busca reinstalar un modelo preperonista, donde el trabajador depende de la voluntad patronal y el Estado se limita a certificar la desigualdad.

    En definitiva, la reforma laboral que Milei intenta imponer no moderniza: restaura. Y lo hace en nombre de una libertad que sólo beneficia a los poderosos.

     

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