Norton pide concurso de acreedores: el vino argentino, en crisis bajo el ajuste de Milei
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Norton pide concurso de acreedores: el vino argentino, en crisis bajo el ajuste de Milei

 

La histórica bodega mendocina Bodega Norton se presentó en concurso preventivo de acreedores para intentar sobrevivir a la debacle económica. Detrás del comunicado empresarial y las palabras de compromiso, late un drama más profundo: la caída del mercado interno y la contracción de las exportaciones desde la llegada de Milei al gobierno.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

La noticia sacudió a la industria vitivinícola. Bodega Norton, una de las más emblemáticas de Mendoza, anunció que se presentó en Concurso Preventivo de Acreedores, una medida legal que busca evitar la quiebra mientras se reestructura la deuda. En un comunicado, su CEO Tomás Lange sostuvo que la decisión apunta a “asegurar los puestos de trabajo y la continuidad de la operación”.

El mensaje intenta transmitir calma, pero el trasfondo revela un sector acorralado por la política económica del gobierno libertario, que combina apertura importadora, dólar atrasado y recesión profunda en el consumo interno. La bodega, fundada en 1895 en Luján de Cuyo, acumula 130 años de historia y presencia en más de 70 países, pero ni su prestigio pudo escapar del ajuste.


El ajuste llega a la copa

Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en los primeros nueve meses del año las ventas de vino en el mercado interno cayeron un 2,5%, mientras las exportaciones se desplomaron un 6,3% respecto del mismo período del año anterior.

Los números hablan por sí solos: la recesión impulsada por las políticas de Milei no solo vacía las mesas populares, sino también las copas. Aunque septiembre mostró un leve repunte mensual del 4,4%, los bodegueros coinciden en que el problema estructural es mucho más grave. La pérdida del poder adquisitivo, los aumentos tarifarios y el desplome del turismo interno golpean el corazón de las economías regionales.


Un país que se desindustrializa

El economista Javier Merino, especialista en el sector, advirtió a comienzos del año que “para ser competitivo y rentable hoy es necesario vender menos cantidad a un precio mayor”, algo inviable en un contexto donde el dólar exportador no compensa los costos internos dolarizados. El modelo libertario, obsesionado con la apertura indiscriminada, deja a los productores atrapados entre la inflación y el tipo de cambio planchado, mientras el mercado global ofrece menos oportunidades y mayor competencia.

La vitivinicultura mendocina —que representa el 90% del vino comercializado en el país— es una de las actividades más integradas al tejido productivo local. Cada bodega sostiene a decenas de familias, trabajadores rurales, proveedores y cooperativas. Cuando una empresa del tamaño de Norton cae en concurso, todo el ecosistema económico regional tiembla.


El espejismo del “libre mercado”

Mientras Milei insiste en que su plan “de shock” traerá prosperidad futura, las economías regionales comienzan a resentirse visiblemente. El vino argentino, símbolo de identidad nacional y de exportación con valor agregado, se enfrenta a un presente de cierres, despidos y endeudamiento.

El contraste no podría ser más brutal: mientras el gobierno celebra la supuesta “vuelta al superávit” recortando inversión y consumo, empresas centenarias deben pedir auxilio judicial para no desaparecer.


La patria se defiende también con vino

Bodega Norton asegura que “continuará trabajando con el mismo espíritu de esfuerzo y excelencia que la caracteriza desde hace 130 años”. Pero la realidad que enfrenta el sector vitivinícola muestra que ni la excelencia ni el esfuerzo alcanzan cuando el Estado se retira y el mercado manda.

En tiempos donde Milei repite que “no hay plata”, la caída de Norton es algo más que un problema empresarial: es la metáfora líquida de un país que se desangra por dentro, donde la desindustrialización y el ajuste se sirven, esta vez, en copas vacías.

 

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    Al final te suben los impuestos

     

    El Gobierno de Milei oficializó el aumento de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono mediante el Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial. El incremento, que había sido postergado hasta después de las elecciones legislativas, impactará en las naftas y el gasoil desde noviembre y traerá otra carga directa al bolsillo de los consumidores.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    A través del decreto firmado por Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, se establece un nuevo esquema de actualización para el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) que gravan las naftas y el gasoil.
    El Gobierno lo justifica asegurando que, “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”. Sanata.

    El aumento se aplicará parcialmente desde el 1° de noviembre, y el resto —correspondiente al remanente de 2024 y los dos primeros trimestres de 2025— entrará en vigencia el 1° de diciembre, según figura en el Boletín Oficial.


    Cuánto suben los impuestos

    En el caso de las naftas, el incremento será de $15,557 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,953 en el impuesto al dióxido de carbono.
    Para el gasoil, el aumento será de $12,629 por litro en el impuesto principal, mientras que el monto fijo actualizado para el tratamiento diferencial (zona Patagonia) será de $6,844, y el impuesto al CO₂ alcanzará los $1,441.

    Según estimaciones del sector, sólo con esta actualización de noviembre el precio de la nafta podría subir cerca del 4 %, y el del gasoil alrededor del 3 %. Con la aplicación completa en diciembre, los aumentos totales podrían ubicarse entre 8 % y 10 %, dependiendo de la zona y el tipo de combustible.


    Postergado hasta pasar las urnas

    El aumento llega luego de una seguidilla de subas en luz, gas y transporte, y tras haberse pospuesto estratégicamente antes de las elecciones legislativas.
    Mientras durante la campaña Milei repitió el mantra de la “reducción de impuestos”, lo cierto es que su gobierno volvió a ajustar los gravámenes sobre productos de consumo masivo. Una contradicción que ni el relato libertario puede maquillar.

    Además, el propio decreto reconoce que los incrementos remanentes se aplicarán de manera trimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, lo que garantiza que los aumentos se mantendrán en el tiempo, atados a la inflación que el propio gobierno no logra contener.


    Lo que significa para la gente

    Más caro llenar el tanque. Los conductores verán el impacto directo en el surtidor. Para los trabajadores que usan su auto o dependen del transporte público, el aumento se trasladará sin escalas al costo diario de movilidad.

    Presión inflacionaria. El argumento oficial de que el ajuste “estimula el crecimiento económico” choca con la realidad: más impuestos a la energía y los combustibles significan nuevos aumentos de precios en cascada.

    Inequidad regional. Si bien se mantiene un tratamiento diferencial para la Patagonia, la estructura sigue castigando a las regiones con mayores costos logísticos y menores ingresos.

    Desgaste político. Después de prometer que bajaría la presión fiscal, Milei termina subiéndola. Y con cada factura, cada carga de combustible, el costo político se multiplica.


    Mientras tanto, la “libertad” prometida por el oficialismo se traduce en una mayor carga impositiva y en un nuevo golpe al bolsillo. Porque al final, como siempre, la motosierra no pasó por el poder económico, sino por los consumidores.

     

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