Energía de la Nación autorizó aumentos para la luz y el gas

Energía de la Nación autorizó aumentos para la luz y el gas

 

Las tarifas de luz y gas aumentarán en promedio 3,8% desde este sábado 1 de noviembre, según se desprende de las diferentes resoluciones que publicó la secretaría de Energía de la Nación.

La dependencia a cargo de María Tettamanti dictó las normas que rigen los aumentos y de acuerdo a lo expuesto las facturas de gas tendrán un alza de 3,8%.

El cuadro tarifario de la energía se conocerá el lunes, pero será de similar escala. Los aumentos previstos están por encima de la inflación proyectada de octubre que es de 2,5%.

Además superan en promedio los ajustes salariales ya que la mayoría de los convenios vienen con paritarias por debajo de la inflación.

A esto se suma el ajuste en los combustibles, dado que se dispuso un alza parcial del impuesto que tienen incluido. Resta determinar qué decisión tomarán las petroleras para definir el alza.

Cabe recordar que el gobierno les quitó la obligación de comunicar mes a mes los porcentajes de ajuste. De esta manera se licúa su efecto en la composición de costos que los registran a lo largo del tiempo y no se incluyen previamente en presupuestos o precios finales.

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  • Bariloche: Impiden viaje escolar por alcoholemia positiva del conductor

     

    En un operativo de control de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) en la terminal de ómnibus de Bariloche, un conductor que debía trasladar a un contingente estudiantil dio positivo en el test de alcoholemia. El resultado arrojó 0,17 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que obligó a los inspectores a intervenir de inmediato.

    El micro tenía previsto transportar a 48 alumnos hacia Villa La Angostura como parte de un viaje educativo. Afortunadamente, el chofer fue rápidamente apartado de su puesto y se labró el acta de infracción correspondiente. La CNRT confirmó que el servicio fue demorado hasta que la empresa proveyó un conductor suplente debidamente habilitado, garantizando la seguridad de los estudiantes.

    Este procedimiento se enmarca en la política de Tolerancia Cero que rige para los conductores de transporte público y de carga en todo el país. Cualquier nivel detectable de alcohol implica la inhabilitación temporal inmediata del chofer para prestar servicio. Este caso refuerza los controles permanentes que realiza la CNRT para verificar la documentación, las condiciones técnicas y realizar testeos de alcoholemia en rutas y terminales.

    La delegación patagónica de la CNRT destacó que estos operativos son fundamentales para prevenir siniestros viales. En lo que va del año, ya se efectuaron más de 80 mil controles en la región, intensificándose durante la temporada de viajes estudiantiles. Gracias a esta intervención en Bariloche, los 48 alumnos pudieron continuar su viaje a Villa La Angostura de manera segura.

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  • Un jubilado agredió a una joven tras una discusión de tránsito: “me pegó en la boca”

     

    Un hombre de 70 años agredió físicamente a una joven identificada como Agustina, tras una discusión por un auto mal estacionado. La víctima registró el momento con su celular y recibió un golpe en el rostro que le provocó heridas. El agresor, que fue demorado por la Policía, recuperó la libertad horas después.

    El violento episodio ocurrió este martes por la tarde en la calle Terrada al 2600, del barrio porteño de Villa del Parque. Todo comenzó cuando la joven estacionó su vehículo cerca de la salida del garaje del atacante.

    El relato de la víctima

    Agustina relató que el conflictocomenzó cuando estacionó su auto cerca de la salida del garage del agresor: «yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar«.

    Sin embargo, la situación escaló de inmediato: “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera”.

    En el video que la víctima grabó y se viralizó, se la escucha gritar tras el golpe: «¡Me pegó en la boca!», mientras el hombre la insulta: «Es una p… de m…».

    Un transeúnte la defendió

    La secuencia, captada por el celular de la víctima y cámaras de seguridad, muestra al hombre «fuera de sí». Un joven que pasaba por el lugar intervino para frenar al agresor.

    «No lo conozco, apareció de la nada. Creo que lo mandó Dios, porque no sé qué habría pasado si no se metía«, aseguró la joven.

    La víctima denunció que la esposa del agresor, quien presenció todo, le pedía que «no llamara a la Policía» y le dijo que era «una loca«.

    Botón antipánico, asistencia médica y miedo

    Se solicitó la presencia del SAME, que realizó una atención por videollamada y tras el llamado al 911, la Comisaría Vecinal 11B demoró al jubilado y Agustina pasó la madrugada en la comisaría donde le asignaron un botón antipánico, ya que el agresor vive “pared de por medio”, según supo la agencia Noticias Argentinas. 

    «Tengo miedo de salir al pasillo o al patio«, confesó la joven. Vecinos del lugar confirmaron que el hombre «es violento» y que «más de una vez se escucharon gritos y golpes del otro lado de la pared«.

    La causa fue caratulada como «lesiones y amenazas». El agresor, quien según la víctima tiene «seis stents«, fue trasladado al Hospital Álvarez bajo custodia policial a la espera de su audiencia judicial.

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  • Fotomultas en Plottier: 15 cámaras controlaran cruces y sendas

     

    La Municipalidad de Plottier anunció oficialmente la implementación del sistema de fotomultas en la zona urbana de la ciudad.

    La medida destinada a reducir accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial. La aplicación de sanciones comenzará el sábado 15 de noviembre, cuando los conductores que cometan infracciones comenzarán a ser multados. En esta primera etapa, el sistema se centrará únicamente en dos tipos de faltas: cruce de semáforo en rojo e invasión de la senda peatonal.

    Serán 15 las cámaras instaladas en puntos estratégicos de la ciudad para fiscalizar las infracciones de manera electrónica. Los dispositivos estarán ubicados en esquinas con alto flujo vehicular. Desde el Municipio explicaron que la selección de estas intersecciones responde a la necesidad de controlar sectores considerados críticos por la cantidad de siniestros viales registrados.

    Aunque aún no se informaron los montos de las multas, las autoridades locales remarcaron que el principal objetivo es prevenir accidentes y fomentar una conducción responsable. El sistema funcionará las 24 horas y permitirá registrar infracciones de forma automática, generando evidencia digital que será utilizada para aplicar las sanciones correspondientes. Este esquema replica el modelo que ya funciona en Neuquén capital, donde las fotomultas contribuyeron a una notable disminución de infracciones.

    Las intersecciones donde colocaran las cámaras son:

    – Av. del Trabajo y Constituyentes

    – Av. San Martín y Sgto. Cabral

    – Santa Fe Sur y Leopoldo Lugones

    – Leopoldo Lugones y Santa Fe Sur

    – Av. Riavitz y Buenos Aires Norte

    – Buenos Aires Nte. y Ernesto Bachmann

    – Buenos Aires Nte. y Av. Plottier

    – Buenos Aires Sur y Av. Plottier

    – Buenos Aires Nte. y Av. Zabaleta

    – Av. Zabaleta y Buenos Aires Nte.

    – Buenos Aires Sur y Av. Zabaleta

    – Av. Zabaleta y Buenos Aires Sur

    – Buenos Aires Nte. y Libertad

    – Buenos Aires Sur y Reguero

    – Libertad y Buenos Aires Nte.

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  • Las atrajo con un falso programa de becas y las filmó en el baño: está preso

     

    Un joven de 19 años fue imputado de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil, y detenido preventivamente por haber creado un falso organismo y un programa de becas con Inteligencia Artificial para hacer viajar a sus víctimas desde Santa Fe hasta Jujuy y así grabarlos en situaciones privadas.

    El detenido, especialista en redes sociales, fue capturado en la capital jujeña el 23 de septiembre pasado, acusado de haber filmado en un baño y con una cámara espía a tres estudiantes -dos de ellas menores de edad-, a las que llevó engañadas desde la provincia de Santa Fe y alojó en un departamento para que participen en un evento estudiantil.

    El imputado, que tenía 15 videos y 68 fotos de las damnificadas en sus dispositivos, hizo viajar a las víctimas hasta San Salvador, luego las trasladó y alojó en un departamento que alquiló en la capital, donde una de las estudiantes descubrió la cámara oculta en un reloj.

    La adolescente notó que el artefacto no funcionaba, se trataba de un cronómetro colocado en un esquinero, en el sector de la ducha y, al manipularlo para ponerlo en hora, se percató que, en realidad, ocultaba una filmadora espía. Dado que el dispositivo también tenía registro de audio, las jóvenes alarmadas lo dejaron en el balcón y alertaron al imputado.

    Según informó el sitio Fiscales.gob, el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, hizo lugar a la imputación contra G.F.F. (19) y, a pedido de la fiscalía, también dictó su prisión preventiva, en el marco de la audiencia de formalización realizada el pasado 28 de octubre.

    La investigación está a cargo del titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, el fiscal federal Federico Zurueta, y la auxiliar fiscal Romina Verdur.

    La denuncia que dio lugar a la investigación fue formulada por tres jóvenes que habían llegado desde la provincia de Santa Fe, con el fin de participar de la Fiesta Nacional del Estudiante, que se celebró en la “Ciudad Cultural”, en San Salvador de Jujuy.

    Explicaron que, tanto el acusado como las víctimas -de entre 17 y 21 años-, arribaron en un micro de larga distancia de una localidad del interior de esa provincia y se alojaron en un departamento alquilado por el acusado en el barrio Alto Padilla.

    Según lo expuesto en la audiencia por la fiscalía, todo era una pantalla creada por el propio imputado, quien tiene un amplio conocimiento informático como “community manager” ya que trabaja como encargado de las redes sociales del centro de estudiantes de un colegio secundario y, además, es empleado municipal, en una localidad santafesina.

    Con sus conocimientos y el uso de la aplicación de Inteligencia Artificial Chat GPT, el imputado creó en la web toda la estructura necesaria para darle credibilidad al organismo mencionado, como así también al programa de becas educativas que, en realidad, era el anzuelo para captar a sus víctimas.

    Para darle credibilidad a su ardid, colocó como domicilio la dirección de la Casa de Gobierno de Jujuy, creó un flyer, otros links de respaldo y los documentos del supuesto programa de becas, el que ofreció a una compañera de trabajo -la víctima de 21 años-, y a adolescentes del centro estudiantil, dos de las cuales -de 17 años– aceptaron.

    La simulación fue tan creíble que ni las víctimas, ni sus padres advirtieron algún elemento que los hiciera sospechar, por lo que llenaron los papeles y firmaron luego los permisos de viajes y estadía necesarios para un evento en Jujuy, el que supuestamente era parte del programa de becas.

    Tras haber encontrado el reloj y comunicarse con el imputado, él mismo les informó que supuestamente se había comunicado con los responsables del organismo, los que habían instruido que debía salir del departamento y dirigirse a la “Ciudad Cultural”.

    Al llegar, las jóvenes le contaron lo sucedido a policías que poseen un puesto en ese lugar. Cuando los efectivos comenzaron a intervenir, el imputado se mostró nervioso y sostuvo que la cámara había quedado en el departamento, por lo que la mayor de las mujeres se dirigió a buscarla junto a un grupo de policías.

    Como no la hallaron, las dos víctimas adolescentes y el imputado abordaron otro móvil para dirigirse al departamento, momento en el que una de las jóvenes vio cuando G.F.F. sacó la cámara de su mochila y la arrojó por la ventanilla del patrullero.

    Los efectivos recuperaron el artefacto tecnológico, el acusado quedó detenido y las tres mujeres fueron puestas a resguardo, mientras se secuestraron los correspondientes elementos electrónicos, como celulares, pendrives, discos externos de memoria, una computadora y una tablet.

    Los elementos contaban con un total de 15 videos y 68 fotos de la filmación de las tres víctimas, según revelaron los representantes de la fiscalía sobre un peritaje preliminar, así como apuntaron sobre el material fílmico de otras víctimas y material de abuso sexual infantil.

    Este hallazgo agravó la imputación y llevó a la solicitud de peritajes complementarios, a fin de establecer si se trata de la tenencia de ese tipo de contenidos, o bien, es material pornográfico infantil producido por el propio imputado.

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  • «Mi hija no murió, la dejaron morir»: el desgarrador pedido de justicia por una nena de cuatro años

     

    Gimena Sosa denunció que su hija Anel, de solo cuatro años, falleció tras ser atendida en el Hospital de Pinamar. Asegura que hubo demoras en el diagnóstico y en la atención médica. Tras radicar la denuncia en Fiscalía, reclama justicia para que se investigue el accionar del centro de salud. El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y la precarización del área que maneja Sonia Coll, Secretaria de Salud del Municipio de Pinamar. Por ANRed.


    Anel tenía 4 años, era sana, llena de vida”, dice Gimena Sosa (25), su madre, con la voz quebrada. La niña falleció el pasado 22 de mayo en el Hospital comunitario de Pinamar, Dr. Dionisio José Olaechea, tras varias idas y vueltas en la atención medica: “No había pediatra. Me dijeron que fuera a Ostende al mediodía, pero ya no tomaban más turnos. Me mandaron a la guardia del hospital.” El diagnóstico final fue gripe A. Gimena denuncia que la atención médica fue “deficiente” y que hubo demoras críticas tanto en el diagnóstico como en la llegada de la ambulancia, que “tardó 20 minutos” en arribar al lugar. Ahora reclama justicia y una investigación que determine si hubo negligencia por parte del personal del centro de salud.

    “La traje el miércoles al hospital me la atendieron y me la mandaron a casa… según ellos por una gripe” Su relato no deja de ser desgarrador. Gimena se emociona, y entre lágrimas explica con detalle la secuencia de aquel fatídico día: “empezó el día martes a sentirte incomoda, el miércoles la llevé a la salita de Valeria y pregunté por alguna pediatra porque tengo dos nenas, Me dijeron que en la salita de Valeria no había nada, que me podía llegar hasta la salita de Ostende a las 13 horas que había una pediatra. Me dirijo a las 12 del medio día con las dos nenas y cuando llego ya había 30 nenes esperando para atenderse. Todos estaban con los mismos síntomas. Consulto en mesa de entrada y me dice que no había pediatra que solamente atendía 12 números y que tenía que llevarla por guardia del hospital, que ahí no podían hacer nada”

    Entonces Gimena se dirigió al Hospital. Al llegar al lugar explica, a la persona que la recibe, que la pequeña no quería comer nada, que solamente quería tomar líquido, “le hicieron una placa, y en la placa sale que ella no tenía nada… pero ella no tenía ganas de nada, no quería estar ni sentada, nada…Anel no tenía ni tos ni moco” y prosiguió su relato “me dijeron que la beba no quería comer porque estaba por resfriarse, que estaba incubando un virus y que era normal que ella no quisiera comer… y me mandaron a la casa con la nena. Así como fui, volví, con la única diferencia que me dieron una receta”.

    Sin embargo, Anel no mostraba mejoría y al día siguiente su mamá la notó más pálida aún: “se despertó a las 7 de la mañana. Sólo quería agua. La dejé acostada un ratito más porque hacía frío. Después iba a bañarla y a llevarla nuevamente al hospital… comienzo a preparar todo para bañarla, le hablo dos veces y no me contestó, lo único que escucho que ella me dice mamá y se desvaneció…” ahí la agarre y salí corriendo a la salita de Valeria porque vivo cerca. La ambulancia tardo 20 minutos en llegar. Recién cuando llegó empezaron a bajar los tubos de oxígenos y ahí nos trasladan al hospital… habrán pasado 30 minutos, sale la pediatra y me dice que no pudieron hacer nada”.

    Gimena recuerda que al momento del fallecimiento de su pequeña “nadie salió a dar explicaciones” de lo sucedido y que se enteró en la comisaria que la causa de muerte habría sido por “gripe A”. Durante los días siguiente al fallecimiento de ANEL, los medios de comunicación dieron cuenta del faltante de vacunas en la menor. Sin embargos, Gimena desmintió esta versión “el año pasado se le completó el calendario de vacunas” y manifestó “ellos hicieron abandono de persona, si ellos se hubieran tomado su trabajo y su tiempo en hacer lo que tenían que hacer, no tenían por qué mandarla a la casa… ¿Qué pasaba si yo no la llevaba al hospital ese día?”.

    Minutos después de que se conociera el diagnóstico de la causa del fallecimiento de la menor, la secretaria de salud, Sonia Coll, habría tenido un desafortunado comentario para los medios locales y es que, en su explicación por los hechos acaecidos habría endilgado la responsabilidad por el fallecimiento de la menor a la familia al expresar que: “le realizaron una radiografía de tórax que no arrojaba muchos datos… en este tipo… el germen no es el único determinante de la evolución del paciente. Era una niña que no tenia una esquema de vacunación al día, una situación social complicada y evidentemente su sistema inmunológico estaba alterado y post morten se le hizo un hisopado que dio positivo para gripe “A”. Interpretamos que el resultado final tiene que ver con su sistema inmunológico que estaba alterado…” lo que provocó gran conmoción en la comunidad pinamarense.

    Consultada por este medio a Sonia Coll si quería aclarar los dichos esbozados en el Canal 4 de Pinamar a las pocas horas del deceso de Anel, remitió la palabra a la secretaria de prensa del municipio: Anabel Acacio, quien nunca respondió los reiterados llamados y mensajes para poder escuchar así una voz oficial que explicara “el mal desempeño en el diagnóstico” de la niña.

    El reclamo de Gimena Sosa por la muerte de su hija Anel, ocurrida en el Hospital de Pinamar, se inscribe en una realidad sanitaria que preocupa a muchas familias argentinas. Aunque no se han registrado públicamente otros fallecimientos recientes de menores, en ese nosocomio, denunciados como negligencia médica, el caso pone en evidencia las tensiones del sistema de salud en contextos de alta demanda y recursos limitados. La denuncia por la muerte de Anel fue radicada en la UFIJ de Pinamar a cargo del Dr. Juan Pablo Calderón.

    Quién era Anel: una infancia luminosa, interrumpida demasiado pronto

    Anel cumpliría 5 años el próximo 7 de octubre. Era una nena alegre, llena de energía, de esas que parecen inventarse el mundo a su manera. No necesitaba cuentos, los creaba sola, como hacía con sus juegos y sus historias. Amaba los peluches, jugaba sin cansarse y disfrutaba cada día en el jardín 903 de Valeria del Mar, donde sus maestras y profesores la adoraban. También asistía por las mañanas al Espacio de las Infancias, donde se movía como en casa. Tenía muchos amigos, una sonrisa contagiosa y un plato preferido que la hacía feliz: fideos con ketchup, que podría haber comido todos los días sin aburrirse. Así la recuerdan quienes la conocieron: como una pequeña llena de vida, con una imaginación desbordante y un corazón inmenso.

    Para Gimena Sosa, el duelo por la pérdida de su hija se transformó en un motor para visibilizar lo que, asegura, no debe volver a ocurrir. “Mi hija no murió, la dejaron morir. Si la hubieran atendido a tiempo, hoy estaría conmigo”, repite con dolor, pero también con determinación. Su pedido no es solo por justicia, sino también por cambios urgentes en el sistema de salud.

    En redes sociales y frente al hospital, Gimena ha convocado movilizaciones pacíficas junto a otros vecinos que comparten sus reclamos. «No quiero que otra madre tenga que vivir lo que estoy viviendo. Que las autoridades escuchen y actúen. Porque no se trata solo de Anel. Se trata de todas las Aneles que pueden evitarse», concluye.

    El caso, aún sin una respuesta oficial, expone una herida abierta: la del acceso a una atención médica oportuna y segura, especialmente para los más vulnerables. Mientras tanto, Pinamar —y con él, muchas otras ciudades— se enfrenta al desafío de revisar sus prioridades sanitarias.

    Tensión en el sistema sanitario local

    El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Durante la pandemia, hubo fallecimientos por COVID-19 que generaron alarma entre los vecinos. A esto se sumaron temporadas de verano con colapsos por accidentes en cuatriciclos, así como hechos de violencia, como el ocurrido en agosto de 2024, cuando un hombre destrozó parte del hospital tras la muerte de un familiar.

    Además, se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y “la precarización del área que maneja Sonia Coll -secretaria del área de salud-”

    Reclamo en las redes sociales

    A raíz de lo sucedido con la Anel, las redes sociales se llenaron de mensajes que relataban diferentes experiencias en la atención sanitaria en Pinamar:

    Casos similares en el país

    Aunque no se han registrado denuncias públicas recientes por muerte de menores en el hospital de Pinamar, sí existen antecedentes en otras regiones del país. En 2020, en el Hospital Municipal San Cayetano, una niña de 11 años murió por peritonitis tras ser diagnosticada erróneamente. Ese mismo año, en Neuquén, una pareja denunció que el cuerpo de su bebé fue descartado como residuo patológico sin autopsia previa.

    Estos episodios expusieron fallas en la atención pediátrica y provocaron manifestaciones sociales y judiciales.

    La muerte de una niña en un hospital debería ser, siempre, un hecho excepcional. Pero cuando esas muertes se repiten, cuando hay patrones de desatención, demoras o diagnósticos errados, la excepción se transforma en síntoma. En los últimos años, los reclamos por presunta mala praxis en la atención de menores se han multiplicado en distintas provincias del país, dejando a las familias frente al dolor irreparable de una pérdida y al desafío de enfrentar sistemas que muchas veces responden con silencio o impunidad. Cada uno de estos casos no sólo exige justicia, sino una respuesta estructural: protocolos claros, recursos adecuados, profesionales capacitados y un compromiso real con la salud pública. Porque detrás de cada nombre —Anel, Valentina, y tantas otras infancias truncas— hay historias que merecían un final distinto.

     

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  • Un fallo federal obliga a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 40

     

    Vialidad Nacional deberá reparar de manera urgente la Ruta 40 en la provincia de Río Negro, tras un fallo en ese sentido del juez Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la provincia de Río Negro y otros organismos. La resolución también obliga a ejecutar la señalización en los lugares donde sí se realizaron trabajos de bacheo.

    La causa fue iniciada ante la falta de respuestas oficiales y la creciente peligrosidad del tramo, una situación denunciada reiteradamente por la Provincia, informó el gobierno del gobernador Alberto Weretilneck en un comunicado oficial.

    «Se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico, cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente», dice el texto difundido.

    La sentencia

    La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial.

    Entre las obligaciones más urgentes figuran la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas; la reposición de la señalización horizontal en los sectores intervenidos; y la colocación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y demás puntos críticos.

    Todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas.

    En cuanto a los plazos, el fallo fija un esquema preciso de cumplimiento. Dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada. En el mismo plazo, tendrá que elevar un informe técnico que confirme o descarte el riesgo de arrastre de material rocoso. Si el riesgo existe, deberá proponer las medidas correctivas y especificar los tiempos de aplicación.

    Asimismo, en ese período deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos.

    En tanto, a los 120 días, la sentencia exige la presentación de un plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes, con acciones preventivas y de conservación futura que permitan sostener en el tiempo la seguridad del tramo.yed0Xg

    La sentencia firme reafirma el rol de la Provincia en la defensa de la vida, la seguridad vial y la integridad física de quienes transitan una de las rutas más importantes para la conectividad andina y el desarrollo turístico y económico del sudoeste rionegrino.

    La Justicia reconoció la inacción del organismo nacional durante años y validó el derecho y el deber de Río Negro de accionar ante incumplimientos del Estado Nacional.

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