Escándalo en Catriel: investigan a tres efectivos por golpear brutalmente a un vecino

 

Una historia que podría ser el guion de una película de acción llegó esta semana a los tribunales de Rawson, Chubut. Una mujer de Trelew, conocida por vender productos por catálogo, está siendo juzgada por haber participado en una serie de robos en la zona de chacras de la capital provincial. Lo que parecía la rutina de una trabajadora ambulante derivó en una persecución digna de la saga Rápidos y Furiosos, con patrulleros a toda velocidad y un final abrupto contra un móvil policial.

El caso cobró notoriedad no solo por la fuga cinematográfica que protagonizó aquella noche sino también por el perfil inesperado de la acusada. Según la investigación, la mujer, madre de tres hijos, habría actuado como chofer de un grupo que saqueó al menos dos viviendas rurales.

Conducía un Volkswagen Bora gris, vehículo que, de acuerdo con la fiscalía, utilizó para trasladar a los autores materiales del hecho y luego intentar escapar por la ruta 7 rumbo a Trelew.

Cuando la policía advirtió la maniobra, comenzó una persecución que se extendió por varios kilómetros. “El patrullero iba a 160 kilómetros por hora y no podía alcanzarla”, declaró en el juicio uno de los efectivos que participó del operativo. La secuencia terminó en inmediaciones de la Base Almirante Zar, donde el Bora colisionó con un móvil policial y fue finalmente interceptado.

Dentro del vehículo, los agentes encontraron un verdadero botín: televisores, celulares, herramientas, electrodomésticos, notebooks, perfumes, mochilas, bolsos, dinero en efectivo e incluso una carpa. Parte de los objetos había sido arrojada durante la fuga, en un intento desesperado por aligerar el peso del auto o borrar rastros. Las víctimas estimaron que el valor total de lo robado superaba los cinco millones de pesos.

Uno de los damnificados relató en la audiencia que al regresar a su casa “encontró todo revuelto, las ventanas forzadas y las luces encendidas”. Otro, un agricultor de la zona, declaró que las cámaras de seguridad de su chacra captaron a tres personas escapando con objetos en la madrugada, entre ellos un televisor de gran tamaño.

Cuando fue detenida, la mujer —según los testigos— se mostró alterada, insultó a los uniformados y se negó a bajar del vehículo hasta que llegaron refuerzos. El fiscal general de Rawson, Leonardo Cheuquemán, aseguró que la imputada “prestó colaboración activa para concretar los robos” y “evidenció una clara intención de eludir el accionar policial”.

La versión de la defensa

La defensa sostiene una historia completamente distinta. El abogado de la acusada afirmó que su clienta trabajaba como conductora de Uber y que aquella noche fue amenazada y obligada a conducir por los ladrones, sin saber que acababan de cometer un robo. “Fue una víctima más, no una cómplice”, argumentó.

Una testigo reforzó esa versión, declarando que la mujer “solía ofrecer traslados a través de aplicaciones” y que nunca tuvo antecedentes delictivos ni actitudes violentas. También intervinieron peritos del Área de Criminalística, quienes presentaron informes sobre las huellas y rastros hallados en las chacras afectadas.

El tribunal deberá resolver en los próximos días si la mujer actuó bajo coerción o si formaba parte de una organización delictiva que operaba en la zona rural de Rawson.

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Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

 

 

Hace minutos (19:40hs) acaban de informar que falleció Thiago Benjamín Correa Medina,  el niño de 7 años que recibió un disparó en la cabeza luego que un policía evitará ser robado. a pesar que los asaltantes huían comenzó una balacera indiscriminada. Por su parte la ministra Bullrich defendió la impunidad con la que actúan las fuerzas estatales, sino que también defendió la perversa lógica de un gobierno que prioriza la represión. “Así es como quieren solucionar las cosas”, decía un vecino atemorizado por la balacera en Ciudad Evita. Por ANRed.

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Mientras Thiago Benjamín Correa Medina luchaba por su vida tras recibir un balazo en la cabeza, Bullrich continuaba haciendo campaña electoral e insistía en culpar exclusivamente a los delincuentes, evadiendo cualquier responsabilidad sobre el accionar negligente del agente. ¿Desde cuándo la «legítima defensa» justifica disparar a ciegas en una zona poblada, poniendo en riesgo a civiles?. El efectivo disparó una balacera en donde mató a uno de los jóvenes que intentaron robarle e hirió a otros que estaban en la vereda. 

El cinismo de Bullrich llevó también a desviar la culpa hacia el gobernador Kicillof,. También intentó redefinir el caso como «tentativa de homicidio» busca criminalizar para justificar la acción desmedida que terminó con balas perdidas y muerte En tanto La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) emitió un comunicado antes del fallecimiento del niño, titulado “Dejen de tratarnos como basura”:

“La culpa de que Thiago (un niño de 7 años) esté con muerte cerebral por once disparos de un policía federal, es de los delincuentes que le quisieron robar”, fue la defensa de la ministra Patricia Bullrich al policía de 21 años que se encuentra detenido.

El policía Facundo Fajardo de 21 años, fuera de servicio y de civil, para evitar que le robaran la mochila, disparó once tiros en una parada de colectivo. El resultado fue un muerto, dos heridos (los tres impactados cuando huían desistiendo del robo) y un tiro en la nuca de Thiago, de 7 años, que estaba en la parada de colectivos en los hombros de su papá.

La única intervención de la ministra fue la defensa del asesino, hombre de una fuerza bajo su mando, al que eximió de toda responsabilidad.

Insistimos: los únicos (once) disparos fueron del arma reglamentaria de un policía fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil. Sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió.

Este gobierno también es responsable de la miseria que están generando, que ponen a la gente en una permanente situación de desesperación, lo que aumenta obviamente la posibilidad del delito contra la propiedad.

La mayoría de los casos de gatillo fácil (más del 66%) se dan en estas circunstancias.Por eso exigimos:

– Prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio y de civil.

– No a la legalización del gatillo fácil

– Fuera BULLRICH.

 

 

Neuquén capital será por primera vez sede del Pre Tremn Tahuen, una instancia clasificatoria que busca promover y difundir el histórico encuentro folclórico de músicos patagónicos Tremn Tahuen, que se celebra en Cutral Co.

Esta oportunidad es de gran valor para los artistas locales, ya que los seleccionados en el preselectivo de Neuquén tendrán la posibilidad de representar a la ciudad en la 38º edición del Tremn Tahuen. Este festival se llevará a cabo en Cutral Co durante los días 14, 15 y 16 de noviembre.

La fecha límite para realizar la inscripción es el martes 7 de octubre. La participación en este preselectivo será exclusivamente musical. Podrán inscribirse artistas en las categorías Solista Vocal, Solista Instrumental, Recitador/a, Dúo y Grupo, este último con un límite de hasta 8 integrantes.

El preselectivo se desarrollará el domingo 12 de octubre, comenzando a las 9, en el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en la intersección de las calles Mitre y Santa Cruz de Neuquén capital.

Los artistas deberán presentar dos temas del género folclórico argentino, que pueden incluir ritmos de identidad nacional como zamba, chacarera, chamamé, vals, tango o cueca, entre otros.

Un requisito obligatorio para la participación es que uno de los temas presentados deberá ser de identidad patagónica. Esto significa que debe ser una obra, ya sea propia o de otro autor, cuya letra o ritmo tenga relación con la región geográfica y cultural de la Patagonia argentina y chilena. Esta exigencia subraya el objetivo del encuentro de celebrar y destacar la riqueza cultural de la región.

Quienes deseen participar pueden solicitar las bases y condiciones completas escribiendo a [email protected] o completar el formulario online de inscripción, el cual está disponible en el enlace: https://forms.gle/APvesjmPb67FehCH7

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Junín de los Andes se prepara para ser el epicentro de la ganadería patagónica con la realización de la Expo Bovinos 2025. El evento, que se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén, promete ser un punto de encuentro entre productores, técnicos, jóvenes y la comunidad en general.

Con entrada libre y gratuita, se enfocará en temas clave para el presente y el futuro del campo en la región. El vicepresidente de la Sociedad Rural de Neuquén, Bertil Hoepke comentó en AM Cumbre 1400 cómo se llevará a cabo. La exposición se adelantó una semana por cuestiones electorales, pero mantiene su espíritu tradicional: acercar el mundo ganadero a la sociedad, promover el intercambio técnico y resaltar el potencial productivo de Neuquén.

Exposición de razas adaptadas a la Patagonia

Uno de los ejes principales de la Expo será la presentación de animales adaptados al clima y las condiciones extensivas del sur. El evento servirá para observar y evaluar qué ejemplares están mejor adaptados genéticamente a la zona, con vistas a fortalecer la ganadería regional.

Tecnología aplicada: llegan las caravanas electrónicas

«Es una tecnología que facilita el manejo y ayuda a reducir el robo de ganado«, destacó Hoepke. Sin embargo, aclaró que la titularidad sigue determinada por la marca a fuego. Esta innovación apunta a modernizar la gestión y trazabilidad del rodeo en toda la Patagonia.

Sequía, incendios y clima extremo: desafíos actuales del campo

«Somos los primeros en ver un fuego en el campo, y con preparación adecuada podemos evitar que se propague», indicó Hoepke. Por eso, durante el evento se presentarán equipos de ataque rápido contra incendios y estrategias para mitigar estos riesgos cada vez más frecuentes.

Además de la exposición animal, la agenda técnica incluirá charlas sobre nutrición, sanidad animal y control de plagas como la rosa mosqueta, una planta invasora que complica el manejo en muchas zonas de la región.

«Es fundamental que los chicos conozcan el trabajo del campo y lo vean como una opción de futuro», señaló Hoepke.

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Tras la jornada político cultural que realizaron ayer en la Estación Darío y Maxi, diversas organizaciones realizaron hoy por la tarde un acto central a 23 años de la Masacre de Avellaneda. En un documento unitario, volvieron a señalar que «la masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado», exigieron «cárcel a todos los responsables políticos (Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff y Jorge Vanossi)», y repudiaron «la liberación de los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta». «La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. Hoy, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación, la salud pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora. La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda», denunciaron. Por ANRed.

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Reproducimos completo el documento leído frente a la Estación Darío y Maxi, a 23 años de la Masacre de Avellaneda:

A 23 años de la masacre de Avellaneda

Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

Memoria para resistir, organización para vencer.

No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

¡Justicia por Darío y Maxi!

Hoy se cumplen 23 años de la Masacre de Avellaneda y miles de compañeras y compañeros nos encontramos en lucha y recordando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En aquel 26 de junio de 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde había ordenado una brutal represión, asesinando a nuestros compañeros y dejando un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. Se trató de un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado con carta blanca para matar.

La Masacre de Avellaneda no fue un exceso policial: fue un plan político organizado para acallar al pueblo. El pueblo argentino estaba en pie de lucha desde las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre, dónde las trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, las fábricas recuperadas llenamos las plazas, las rutas y los puentes de acciones de lucha y resistencia.

La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. La rebelión popular de diciembre de 2001 mostró que el pueblo estaba dispuesto a combatir a los responsables y cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la destrucción de la salud y la educación públicas. La masacre de Avellaneda intentó ser un escarmiento contra el movimiento piquetero y contra este proceso de lucha.

Pero el pueblo trabajador se movilizó masivamente junto a nosotros al día siguiente de la masacre y luego, nuevamente, el 3 de julio del 2002 desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo y una vez más a los pocos días, para exigir justicia. Las movilizaciones por justicia obligaron a Duhalde, máximo responsable político de la masacre, a adelantar su salida del gobierno.

Nuestra incansable lucha por justicia arrancó las condenas a cadena perpetua para los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, a pesar de que otros policías, que también participaron de la brutal represión, recibieron penas menores.

Hoy venimos a decir no a la liberación de Fanchiotti y Acosta. Y como cada 26 de junio, exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes. Nos referimos a Duhalde, Solá, J.J. Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez y Vanossi.

A 23 años de la masacre de Avellaneda, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación y la salud y pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora.

La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda.

Miércoles tras miércoles, los jubilados desafían la represión de Bullrich y Milei denunciando las jubilaciones de miseria, cuya mínima llega apenas a 374.000 pesos.

Han eliminado la asistencia alimentaria a los comedores populares de todas las organizaciones, congelando el monto de los programas sociales y atacando fuertemente a quienes luchamos contra el hambre.

Vienen por la educación y la salud públicas: Como lo mostró la gran lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan, el plan motosierra es incompatible con el sostenimiento elemental de la salud pública. Así como las movilizaciones estudiantiles, de docentes y docentes universitarios denuncian el vaciamiento de la educación y la Universidad públicas.

Este gobierno pretende destruir las conquistas del movimiento de mujeres, lesbianes, travestis, trans, bisexuales, no binaries, que fueron producto de un arduo recorrido de luchas colectivas. Una de las estrategias que han utilizado es el intento de eliminación de algunas de las leyes que buscan garantizar estas conquistas, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Identidad de Género, el vaciamiento de la Ley de Promoción y Protección contra la violencia machista.

La persecución a las disidencias sexuales, y los discursos de odio que propagan por doquier, habilitan crímenes de exterminio, como el Lesbicidio de Barracas, ocurrido hace poco más de un año a cortas distancias de donde hoy nos encontramos.

Vienen también por el derecho a huelga y por las libertades democráticas. Por decreto, pretenden hacer pasar la esencialidad del conjunto de los sectores estratégicos de la economía para seguir golpeando a los trabajadores.

Pretenden sembrar la xenofobia y la discriminación contra los migrantes. Desde esta gran movilización decimos: Migrar no es delito. Abajo los decretos anti migratorios.

Milei viene de alinearse con Netanyahu, firmando acuerdos de solidaridad con Israel en el momento que ejecuta un genocidio contra el pueblo palestino y ataca al pueblo de Irán.

Desde esta movilización defendemos y abrazamos la lucha del Pueblo palestino contra el genocidio y por el derecho al retorno. Y rechazamos las mordazas y la persecución contra quienes denuncian las masacres del estado de israel, como Vanina Biasi y Alejandro Bodart.

Día tras día, se ejecuta en nuestro país una masacre contra la industria y los puestos de trabajo, la destrucción del estado y las políticas publicas, en lo que va del gobierno de Milei se perdieron mas de 200 mil puestos de trabajo y la desocupación creción a un 7,9 %. Apoyamos las luchas contra los despidos, que recorre el país.

Llamamos a rodear de solidaridad todas estas luchas populares para que triunfen. Reclamamos a la CGT y llamamos a poner en pie un paro nacional y un plan de lucha para derrotar todo el programa anti obrero y anti popular del gobierno nacional.

Para hacer pasar este enorme plan de ajuste, el gobierno recurre a la represión y la criminalización de la protesta.

Tal como lo ejecutó en su momento el gobierno de Duhalde, Milei pretende barrer de la calle a los que luchan mediante la represión policial y de todas las fuerzas de seguridad. Hemos visto detenciones y cazas de manifestantes por decenas, como ocurrió en ocasión de la Ley bases. Por eso modifican el estatuto de la policía federal para permitir detenciones, allanamientos y todo tipo de arbitrariedades sin orden judicial.

Desde esta movilización en Puente Pueyrredón le mandamos toda nuestra solidaridad a Pablo Grillo, baleado por la Gendarmería en la movilización de apoyo a los jubilados y que lucha todavía por su recuperación.

La ofensiva de criminalización y represión se concentra especialmente la persecución del gobierno al movimiento piquetero.

Con cientos de allanamientos, detenciones y represión, se pretende borrar de la calle al gran movimiento de lucha de los barrios, que viene siendo protagonista de todas las luchas populares desde su emergencia en la década del ‘90.

Así como ayer el gobierno de Duhalde montó una cacería asesina contra las organizaciones de desocupados que terminó con el asesinato de Maxí y Darío, hoy, pretenden sacarnos de la calle con persecución, represión y causas amañadas.

La persecución contra el movimiento piquetero no empezó con este gobierno. Las causas y los ataques fueron una constante bajo todos los gobiernos. Pero han pegado un salto bajo el gobierno de Bullrich y Javier Milei.

En lo inmediato, pretenden llevar a juicio a quince militantes y dirigentes del Polo Obrero y dos compañeras de Barrios de Pie, y siguen investigando al FOL en una causa armada que pretende ser testigo para enjuiciar al conjunto de las organizaciones. Desde este puente decimos ¡Abajo el juicio!

Se trata de una causa testigo para avanzar contra todo el movimiento piqueteros. Una causa amañanada por los jueces y fiscales de Comodoro Py, que persiguen a las organizaciones mientras son cómplices de la criptoestafa de Milei, de los curros con la deuda de Sturzenegger y Caputo, o de la estafa de Macri con el correo. Esta justicia pretende además llevar a juicio a compañerxs FOL en el mes de octubre, en Fiske Menuco, y avanza en las causas contra detenidxs por luchar.

Es el mismo poder judicial de clase que persigue a las y los pibes de los barrios y avala el gatillo fácil mientras ampara los negociados del narcotráfico o la trata de personas. Es el poder judicial de Comodoro Py, que proscribe y encarcela a Cristina Fernández mientras garantizó la impunidad de los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi.

Pero la represión ha sido incapaz de frenar las grandes movilizaciones en las cuales el pueblo entero salió a la calle contra el gobierno, como lo mostraron las grandes movilizaciones universitarias, de jubilados, de las mujeres, y las Plazas colmadas el 24 de marzo.

El gobierno de Milei cuenta la complicidad de muchos sectores anti patria. Denunciamos los pactos salariales a la baja, la entrega de los convenios colectivos y rechazamos una una nueva reforma laboral. Denunciamos también la complicidad de quienes le dieron los votos de la Ley bases, de la ley de reiterancia y para sostener los vetos a los míseros aumentos jubilatorios ni al aumento del presupuesto universitario.

Han sido cómplices de seguir saqueando al pueblo con nuevos acuerdos con el FMI, que nos endeudan y nos llevan a una crisis sin salida. De la motosierra contra los salarios y jubilaciones, del avance de la precarización laboral y de la persecución y la represión a las luchas.

Solamente la lucha popular, del movimiento obrero, piquetero, los jubilados. los estudiantes, las mujeres, los pueblos originarios, es capaz de derrotar a este gobierno anti obrero.

Como lo mostraron en su momento las grandes gestas del movimiento obrero, como el Cordobazo, las huelgas de Junio y Julio del ‘75, las grandes puebladas y el Argentinazo, experiencia de nuestro pueblo es que la lucha popular es capaz de derrotar a estos gobiernos.

Ese es el camino: ganar las calles retomando las grandes gestas de lucha de nuestro pueblo. Con las banderas bien altas de nuestros compañeros que fueron asesinados por luchar por los derechos que todavía hoy seguimos defendiendo: Darío y Maxi. Mariano Ferreyra, asesinado en otro crimen de estado, por la burocracia sindical de José Pedraza por luchar contra la precarización laboral. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por la gendarmería y prefectura de Patricia Bullrich, todos ellos están presentes en nuestras luchas.

Hoy recordamos además a la compañera Cristina Mena, dirigente del MTR 12 de abril recientemente fallecida, luchadora de toda la vida por los reclamos del movimiento piquetero, participante y organizadora del histórico corte del 26 de junio, y de todas las luchas por justicia por la masacre de Avellaneda.

Compañera Cristina, ¡Presente!

A 23 años de la masacre de Avellaneda

Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

Memoria para resistir, organización para vencer.

No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

¡Justicia por Darío y Maxi!