Lejos de terminar con los registros automotores, el gobierno ahora manejará la recaudación de los trámites y luego les derivará el dinero.
Mariano Cúneo Libarona dispuso dos meses atrás que a partir del 1 de noviembre se implemente una Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA). La resolución 572/2025 se publicó el 13 de octubre, pero fue escrita el 28 de agosto pasado.
Desde el gobierno explicaron que hace falta que las provincias o municipios adhieran al nuevo régimen para poder ponerlo en funcionamiento.
Aún no se conoce el nombre de la plataforma que administrará el dinero que pagan los ciudadanos por los trámites necesarios para inscribir los autos en los registros de propiedad automotor.
Federico Sturznegger fue uno de más críticos de los RNPA y aseguró que eran «una de las principales cajas de la política desde el regreso de la democracia» y prometió eliminarlos.
Hace un año y medio, el gobierno había anunciado la el fin del 40% de los registros para cortar con el «curro» y «reducir costos y eliminar trámites burocráticos». En teoría iban a eliminarse aquellos que estaban intervenidos, pero aún subsisten 120 registros solo en la Ciudad, por lo cuál los trámites están concentrados en menos manos.
Sin embargo, algo cambió en la visión del gobierno, que se ocupará de percibir todos los aranceles por los trámites que antes cobraban los registros.
La medida complica a los registros que siguen en funcionamiento: no queda claro con qué demora el gobierno les enviará el dinero y además los registros deberán seguir corriendo con sus gastos fijos como salarios, alquileres, impuestos , compra de documentación.
«Los emolumentos que correspondan por las sumas recaudadas en concepto de aranceles a través de la VUPRA deben ser transferidos en forma mensual a los encargados e interventores de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor», explican en la resolución.
Mucho antes del plan de convertibilidad de los años noventa impulsado por Domingo Cavallo, la Argentina vivió otro experimento monetario similar. Fue en 1899, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, cuando el país decidió fijar la paridad del peso papel con el peso oro en una proporción de 2,27 a 1. Aquella medida, conocida como la “Ley de Conversión”, fue presentada como una solución técnica para estabilizar la economía tras la crisis de la Baring Brothers y una década de gran inestabilidad.
Según la narrativa oficial, esa convertibilidad fue un éxito rotundo: generó confianza, atrajo inversiones y colocó a la Argentina entre los países emergentes más estables de comienzos del siglo XX. Pero detrás de la euforia financiera se escondía un país profundamente desigual, con una estructura económica concentrada y un sistema político cerrado que beneficiaba a unos pocos.
El proyecto de la conversión fue impulsado en un contexto de recuperación luego del colapso financiero de 1890. Carlos Pellegrini, que había asumido la presidencia tras la renuncia de Juárez Celman, logró evitar el default negociando con banqueros ingleses lo que podría considerarse el primer “blindaje” de la historia argentina. Años más tarde, ya como senador, Pellegrini rechazó las propuestas de paridad “uno a uno” y defendió una tasa de cambio más realista que no castigara a los exportadores. Finalmente, Roca adoptó su postura y fijó el valor de 2,27 pesos papel por cada peso oro, dando inicio a una etapa de estabilidad que duraría hasta 1914.
La Ley de Conversión creó una caja encargada de emitir billetes respaldados por reservas metálicas. Aunque al comienzo no contaba con un gran stock de oro, el país fue acumulando reservas a medida que crecían las exportaciones agropecuarias. La expansión de los ferrocarriles, financiada en gran parte con capitales británicos, trajo consigo un auge de inversiones, empleo e infraestructura. El peso argentino se convirtió en una moneda confiable, el crédito externo fluyó sin sobresaltos y los precios internos se mantuvieron estables. El respaldo metálico llegó a cubrir hasta el 70 % de la emisión, un nivel superior al de países europeos como Francia o Bélgica. Todo parecía indicar que la Argentina había encontrado el camino de la estabilidad y la modernidad económica.
Sin embargo, la otra cara de ese aparente “milagro monetario” fue una sociedad profundamente desigual. El auge agroexportador y la estabilidad monetaria beneficiaron a los grandes terratenientes y a las casas comerciales vinculadas al capital extranjero, pero excluyeron a vastos sectores de trabajadores rurales y urbanos. La estructura agraria basada en el latifundio concentró la riqueza en pocas manos mientras millones de inmigrantes europeos, atraídos por la promesa de prosperidad, se convirtieron en mano de obra barata en los puertos, los talleres y las vías del ferrocarril. El crecimiento económico fue indiscutible, pero el reparto del ingreso fue profundamente inequitativo.
Las condiciones laborales de la época eran precarias, sin derechos sociales ni mecanismos de protección. Los sindicatos apenas empezaban a organizarse y el Estado carecía de políticas redistributivas. Las huelgas obreras eran reprimidas y la participación política estaba limitada a una minoría privilegiada. La convertibilidad de 1899, presentada como un logro técnico, operó en realidad como un mecanismo de concentración de beneficios: el crédito barato, la estabilidad y la apreciación cambiaria favorecieron a los exportadores y a los sectores vinculados a las finanzas, mientras los salarios reales permanecían estancados.
Desde la mirada de la historia económica, aquella convertibilidad tuvo éxito porque cumplió su objetivo técnico: estabilizar la moneda y reducir la volatilidad. Pero si se analiza su impacto social, el panorama cambia. Los trabajadores urbanos enfrentaban el encarecimiento del costo de vida, los campesinos carecían de acceso a la tierra y el modelo dependía casi exclusivamente del mercado externo. La rigidez monetaria impidió políticas activas frente a los ciclos internacionales. Cuando el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 interrumpió los flujos de capital y el comercio internacional, el sistema se derrumbó. No por errores internos, sino porque la economía argentina estaba atada a una dinámica mundial que no controlaba.
El paralelo con la convertibilidad de los años noventa es inevitable. En ambos casos, la Argentina apostó a un esquema de tipo de cambio fijo como sinónimo de orden y previsibilidad. En ambos, la estabilidad fue celebrada como un éxito político y económico mientras se profundizaban las asimetrías estructurales. En ambos, el final fue abrupto: la guerra en 1914, el colapso financiero en 2001. La lección parece repetirse: la estabilidad sin justicia social no construye desarrollo, apenas posterga el conflicto.
El mito del “uno a uno” de 1899, como el de los noventa, es en gran medida la historia de una élite que encontró en la disciplina monetaria la garantía de su propio bienestar. Lo que para algunos fue una “edad dorada” de prosperidad, para otros significó precarización, exclusión y desigualdad. Por eso, más que una “época de oro”, la convertibilidad de 1899 debe recordarse como un espejo donde se refleja, una y otra vez, el mismo error argentino: confundir estabilidad con justicia, y equilibrio contable con bienestar colectivo.
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El fundador de Generación Zoe, condenado por estafas, reveló desde la cárcel que financió la campaña de Diego Santilli en 2021. En diálogo con Radio Splendid, Leonardo Cositorto aseguró que “aportó 32.500 dólares” al actual candidato a diputado de La Libertad Avanza y reclamó que el dirigente “no lo niegue”.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El escándalo financiero y político vuelve a golpear las filas de La Libertad Avanza. Desde su celda en la Unidad Penal N.º 6 de Goya, Corrientes, Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y condenado por estafas reiteradas, rompió el silencio para confirmar lo que hasta ahora eran sólo rumores: “Aporté 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli en 2021”, aseguró.
En declaraciones a Radio Splendid, Cositorto dijo que no tiene “ningún problema con Santilli”, pero que le “molesta que ahora salgan a negarlo”. Según el empresario, el exvicejefe de Gobierno porteño y actual candidato a diputado nacional de Milei habría recibido su apoyo económico durante la campaña legislativa en la que compitió bajo el sello de Juntos por el Cambio.
“Los apoyé porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para Milei también”, explicó Cositorto, dejando entrever que sus vínculos con los actuales referentes libertarios vienen de larga data.
De la pirámide al financiamiento político
Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas, al comprobarse su rol como cabeza del esquema piramidal Generación Zoe, que estafó a miles de ahorristas en todo el país. Desde entonces, mantiene una presencia mediática constante desde el penal, donde insiste en “limpiar su nombre” y denunciar lo que considera un uso político de su caída.
Sin embargo, sus dichos vuelven a poner bajo la lupa a los referentes del espacio libertario. “Yo no soy Fred Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme”, lanzó Cositorto, en alusión al empresario acusado de narcotráfico que también habría tenido vínculos con sectores políticos y financieros.
El desmentido de Santilli
Consultado en 2022, cuando comenzaron a circular versiones sobre su supuesto vínculo con el creador de Generación Zoe, Santilli había negado rotundamente cualquier relación. En ese entonces, calificó las acusaciones como “una burda operación” y sostuvo: “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”.
No obstante, la reciente confesión de Cositorto contradice directamente aquella versión y reabre el debate sobre los aportes privados en las campañas políticas, especialmente en el entorno libertario, donde las conexiones entre empresarios, financistas y dirigentes comienzan a multiplicarse.
Silencio en La Libertad Avanza
Hasta el momento, ni Santilli ni los referentes nacionales de La Libertad Avanza hicieron comentarios sobre las declaraciones del estafador condenado. El silencio contrasta con el escándalo mediático que generaron los dichos de Cositorto, quien ya había protagonizado polémicas similares al reconocer financiamientos y contactos con figuras de distintos espacios políticos.
Con esta nueva revelación, el caso Cositorto suma un capítulo más de impacto político, y vuelve a poner sobre la mesa las zonas grises del financiamiento electoral argentino, donde los límites entre la política y los negocios turbios parecen cada vez más difusos.
El personal municipal y las máquinas viales, se encuentran desarrollando tareas en los barrios 25 de Mayo, Antártida y Ara San Juan. Además, se llevan a cabo tareas de mantenimiento, corte de yuyos en terrenos baldíos, tanto municipales como privados. Estos últimos, deberían ser mantenidos por los propios titulares de dichos terrenos. Difunde esta nota
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