Salud pública de Neuquén sumó más de 100 vehículos en menos de dos años

El Poder Ejecutivo nacional resolvió dejar sin efecto una serie de medidas que avanzaban en la eliminación, modificación y unificación de distintos organismos estatales. A través de los decretos 627/2025 y 628/2025, publicados en el Boletín Oficial, se restituyó la vigencia de las estructuras previas que habían sido cuestionadas y rechazadas en el Congreso.

Entre las decisiones anuladas se encuentra la fusión de institutos históricos, la modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos y la disolución de dependencias clave como la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, además de la eliminación de la agencia reguladora del cáñamo y el cannabis medicinal. También se repusieron los objetivos originales del Teatro Cervantes, del INTA y de áreas vinculadas a ciencia, tecnología y transporte.

La medida alcanza, además, al régimen de la Marina Mercante Nacional, que había sido modificado en mayo. Con la anulación del decreto que lo regulaba, vuelve a estar en vigencia el esquema anterior y se dejan sin efecto los cambios que declaraban esencial al transporte marítimo y fluvial tanto de pasajeros como de carga.

Hasta que los organismos retomen plenamente sus funciones, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía deberán garantizar su funcionamiento administrativo, financiero y legal.

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Independiente formalizó este viernes un reclamo institucional ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), solicitando el retiro inmediato de toda referencia al club en el Museo del ente organizador, la devolución de trofeos y materiales históricos, y el cese del uso de su nombre en actividades promocionales sin autorización expresa.

La entidad de Avellaneda difundió un comunicado en el que cuestiona el uso de su legado deportivo en el museo oficial de la confederación, sin haber sido consultada ni reconocida como parte activa en la curaduría de contenidos. Esta acción se da luego de que la entidad madre del fútbol sudamericano aplicara una dura sanción contra Independiente tras los hechos de violencia que sucedieron en el encuentro contra la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

En el texto publicado en las redes sociales del club, el Rojo exige que se retiren menciones, imágenes y objetos vinculados al club hasta tanto se establezca un acuerdo formal que garantice el respeto por su historia y patrimonio. Además, el club reclama la restitución de trofeos y materiales que considera de su propiedad y que actualmente se encuentran en poder de Conmebol.

La institución advierte que no permitirá el uso de su nombre, escudo ni logros deportivos en campañas comerciales o institucionales sin su consentimiento, y subraya que cualquier representación de su legado debe contar con participación directa del club.

En paralelo, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, envió una carta formal al titular de Conmebol, Alejandro Domínguez, en la que expresa preocupación por decisiones que afectan directamente a la institución y su masa societaria.

A su vez, remarca que el club, con más de 120 años de historia y más de 170.000 socios, exige transparencia y respeto por sus valores institucionales en cualquier instancia de representación regional. Independiente, siete veces campeón de la Copa Libertadores, sostiene que su legado no puede ser utilizado sin su participación activa y sin garantías de preservación institucional.

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El viernes 6 de junio dirigentes de Suteba Tigre fueron notificados de su judicialización por el juez Alfredo Wagner a raíz de una “denuncia maliciosa” de funcionarios de la Dirección General De Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En charla con Alfredo Cáceres, referente del sindicato, nos comentó sobre las falsas denuncias que recibieron y las acciones a llevar a cabo por la seccional “para responder a esta ofensiva judicial de la patronal”. Por Ernestina Arias. 

“En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.

En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.

Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”

A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona  norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.

“Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.

Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.

Redes sociales

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El doctor Marcelo Inaudi, presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén y ex legislador provincial, presentó un proyecto de ley que busca implementar capacitación obligatoria en derecho constitucional para todos los diputados y autoridades superiores de la Legislatura neuquina. En diálogo con AM Cumbre 1400, Inaudi explicó que la iniciativa, ingresada la semana pasada, pretende mejorar la calidad de las leyes y resoluciones, optimizando el debate legislativo.

“Es un proyecto que busca que todos los diputados y las autoridades superiores de la Cámara realicen una suerte de capacitación o actualización en materia constitucional”, afirmó, destacando su relevancia para el sistema republicano.

Inaudi cuestionó los insultos de algunos legisladores hacia jueces que declaran inconstitucionalidad de normas, una función establecida en el artículo 16 de la Constitución provincial. “Frente a una decisión judicial se acuden a los medios de comunicación o se usa la bendita hora de otros asuntos de la legislatura para insultar a los jueces, para agraviarlos, para tildarlos de amigos de los chorros, amigos de los narcos o garantistas berretas”, señaló.

El ex legislador defendió la independencia de los poderes, subrayando que los jueces de garantías, designados por la Legislatura, cumplen un rol constitucional. “El sistema republicano exige reglas mínimas de independencia de los poderes y de respeto recíproco entre los integrantes de los mismos”, agregó, alertando que estos agravios revelan una “falta de conocimiento que asusta” sobre la Constitución.

Con ocho años como diputado, Inaudi relató que nunca se sintió ofendido cuando una ley de su autoría fue declarada inconstitucional, ya que “es la función específica que la Constitución les acuerda” a los jueces.

Además comparó su proyecto con la capacitación obligatoria en la Ley Micaela sobre género, que resultó “enriquecedora” en el Consejo de la Magistratura. “Nadie se puede sentir o hacerse el ofendido porque se le imponga una capacitación”, afirmó. La iniciativa, según Inaudi, busca sumar al “voto popular” de los legisladores un “conocimiento constitucional adecuado” para clarificar sus facultades y deberes.

La propuesta generó reacciones positivas fuera de la Legislatura. “Ha habido jueces capacitadores del Poder Judicial que se han comunicado, integrantes del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados que también se han manifestado entusiasmados”, relató Inaudi. Incluso jueces retirados se ofrecieron a impartir talleres. “Si se hace eso, vamos a tener, no me cabe dudas, mejores leyes, mejores resoluciones y mejores diputados”, enfatizó, confiando en que el proyecto, que será debatido en la Comisión de Asuntos Institucionales, envíe un mensaje positivo a la sociedad.

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La mina de Andacollo, ubicada en el norte de Neuquén, lleva casi cinco años inactiva debido a un concurso preventivo iniciado por la empresa Trident Southern Explorations, según explicó Mariano Brillo, titular de la Corporación Minera del Neuquén, en una entrevista con AM Cumbre 1400.

“Hoy la mina está sin funcionar y hay un concurso preventivo que está en Buenos Aires”, afirmó Brillo, destacando que el proceso judicial se tramita bajo la supervisión de una jueza en la capital argentina. La provincia busca recuperar la concesión para reactivar el yacimiento.

El gobierno de Neuquén, liderado por el gobernador, tiene como prioridad recuperar la mina para relanzarla mediante una licitación pública nacional e internacional. “La decisión del gobernador es recuperar la mina cuanto antes, ponerla nuevamente a funcionar y hacer un llamado a licitación para que vengan las mineras más importantes del mundo”, señaló Brillo. Este proceso, sin embargo, depende de la resolución judicial, ya que la jueza en Buenos Aires debe determinar el futuro del concurso preventivo.

Dentro del concurso preventivo, la empresa Ecofriendly SA ha presentado una oferta para asumir las deudas de Trident y quedarse con la titularidad de la mina a través de un mecanismo conocido como cram down. Sin embargo, la provincia se opone a esta vía. “Hoy la provincia no quiere que esto suceda, hay una decisión de cerrar este capítulo y que se decrete la quiebra, para que la mina vuelva a Cormine o a la provincia”, explicó Brillo, subrayando la preferencia por una licitación abierta en lugar de transferencias directas.

Contexto internacional y oportunidades

La reactivación de Andacollo se enmarca en un creciente interés por la minería en Neuquén, impulsado por su seguridad jurídica y potencial geológico. “Vemos mucho interés, no solo a nivel local, sino también internacional, en invertir en Neuquén”, afirmó Brillo, destacando el impacto positivo de la feria minera Arminera en Buenos Aires. La provincia busca monetizar su subsuelo, no solo con petróleo y gas, sino también con minerales como oro, cobre, potasio y arenas.

Neuquén ha adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios impositivos a proyectos mineros, y recientemente sancionó la ley Invierte-Neuquén, que complementa estas ventajas. “Neuquén acaba de sancionar la ley Invierte-Neuquén, que contempla beneficios impositivos para proyectos mineros”, señaló Brillo, destacando que estas medidas hacen de la provincia un destino atractivo para las empresas.

La reactivación de la mina de Andacollo promete generar un impacto significativo en la región. “El impacto de las inversiones mineras es muy fuerte, genera empleo directo e indirecto y posiciona a Neuquén como destino confiable para otros proyectos mineros”, aseguró Brillo. Con solo un 10-15% de las 50.000 hectáreas del yacimiento explotadas, el potencial económico es considerable, incluyendo ingresos fiscales y desarrollo local.

Aunque el panorama es alentador, el cronograma para la licitación depende de la decisión judicial. “No tenemos un plazo, va a depender de lo que diga la jueza, pero la decisión del gobernador es ir rápido y hacer las cosas prolijas”, concluyó Brillo.

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En la madrugada de este jueves un fuerte operativo de la Policía de la provincia junto a Gendarmería Nacional rodeó los predios de Fasinpat (ex Zanon) y Cerámica Neuquén, las emblemáticas fábricas recuperadas. Ambas están en conflicto ante los ataques del Gobierno y los tarifazos en la energía. Por La Izquierda Diario.

Las gestiones obreras de Neuquén están atravesando una dura crisis, producto de los tarifazos, los ataques de los gobiernos y la negativa a otorgar créditos y financiamientos para la inversión en tecnología. En enero se sumó el corte de energía eléctrica en Cerámica Neuquén y este lunes el corte de gas en es misma fábrica y también en la ceramista Zanon .

Están reclamando que el Gobierno cumpla el compromiso de conseguir una reunión con un proveedor de gas para normalizar la situación y que Camuzzi restituya el servicio. Por eso el mismo lunes movilizaron a Casa de Gobierno, donde no recibieron respuestas, por lo que el martes cortaron la ruta.

Como el martes tampoco hubo noticias del Gobierno, el miércoles decidieron volver a la ruta. Pero un operativo de la Policía provincial y Gendarmería Nacional, que saturó la ruta y alrededores de las fábricas de efectivos y móviles, impidió el corte, aunque las y los obreros, acompañados por organizaciones solidarias, sostuvieron la protesta a la vera de la ruta, recibiendo el apoyo de la gente.

Ambas fábricas se encuentran sobre la Ruta 7, divididas por una calle, en lo que se conoce como “la ruta del petróleo”, camino a Vaca Muerta. Paradójicamente, en la provincia de Vaca Muerta, el Gobierno no puede garantizar el servicio de gas para dos gestiones obreras, al igual que para miles de familias que no acceden a ese servicio elemental. Como denunciaron los obreros, “no creemos que un gobierno que está más tiempo en Houston visitando petroleras que en Neuquén, no pueda conseguir en treinta días una reunión con una proveedora de gas”.

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Como en la dictadura

Si ese accionar ya revestía gravedad, lo de esta madrugada es un salto. Sin tener programada ninguna acción, igualmente la zona del Parque Industrial donde se encuentran las cerámicas amanecieron nuevamente rodeadas de policías y gendarmes. Claramente un accionar intimidatorio que tiene como principal responsable al gobernador Rolando Figueroa, que copia los métodos de Patricia Bullrich.

Como denunció el diputado del PTS-Frente de Izquierda, obrero de Zanon y secretario adjunto del Sindicato Ceramista, Andrés Blanco, “hoy Zanon y Cerámica Neuquén amanecieron rodeadas de policías, como en la dictadura. Así actúa Figueroa, igual que Bullrich. Queremos respuestas, no represión”.

Blanco aseguró que “por más que nos quieran intimidar con este despliegue policial, no nos van a amedrentar, porque acá está en juego el plato de comida de nuestras familias. Nosotros queremos trabajar, y vamos a defender nuestras fábricas. En 24 años de gestión obrera pasamos por represiones, intentos de desalojos, crisis económicas y montón de adversidades, pero acá estamos de pie y no nos vamos a quedar quietos”.

Por su parte Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista aseguró que “ahora discutiremos en la asamblea nuestro plan de lucha, pero lo que sí está resuelto, lo que sí está definido, es que vamos a seguir en nuestro plan de lucha defendiendo nuestra fuente de trabajo, y para exigir que nos larguen la luz, el gas y poder seguir produciendo. Eso ya es una decisión tomada, más allá que ahora al frente de la fábrica hay un impresionante el despliegue policial, que no nos van a amedrentar”.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/El-gobernador-Figueroa-militariza-fabricas-recuperadas-en-Neuquen