Estafas con planes sociales en Neuquén: “Probamos la existencia de la asociación ilícita”
El caso por las estafas con planes sociales en Neuquén sumó este jueves un nuevo capítulo clave. En la audiencia de alegatos, los fiscales del caso aseguraron que lograron probar la existencia de una asociación ilícita que durante casi dos años montó un engranaje delictivo dentro del Estado para desviar fondos públicos.
Según la acusación, entre septiembre de 2020 y julio de 2022, un grupo de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y colaboradores externos llevaron adelante un esquema piramidal que concretó más de 9.300 estafas, con un perjuicio económico histórico de 153 millones de pesos, cifra que actualizada superaría los 1.160 millones.
La maniobra se apoyaba en la utilización de tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales. En muchos casos, esas personas ni siquiera sabían que tenían asignado un subsidio; en otros, les dejaban una mínima parte —unos 49 mil pesos— y el resto del dinero terminaba en manos de dirigentes políticos ligados al Movimiento Popular Neuquino.
“Mes a mes estaba todo coordinado y cada uno cumplía su rol”, afirmó el fiscal Juan Narvaez en el cierre de la exposición. El fiscal jefe Pablo Vignaroli, por su parte, subrayó que la estructura funcionaba con jerarquías propias, independientes de las administrativas, y que el destino final de los fondos era una “caja azul” manejada por los principales acusados.
En el centro de la organización, la fiscalía ubicó a cinco exfuncionarios de Desarrollo Social: Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz, Marcos Ariel Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengentharler, a quienes consideró jefes de la red. Por debajo, el esquema se completaba con reclutadores, recaudadores y colaboradores, todos con tareas precisas para sostener el fraude.
No todos los imputados seguirán en el banquillo. La fiscalía retiró la acusación contra dos personas y pidió la absolución de otra por falta de pruebas. De todas maneras, once siguen comprometidos y podrían recibir duras condenas por asociación ilícita y fraude contra la administración pública.
El juicio, que comenzó el 21 de julio, se encuentra en su etapa final. La próxima semana será el turno de los alegatos de las defensas, antes de que el tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita dicte su veredicto.
Este proceso no es el único derivado de la causa: nueve imputados ya aceptaron condenas de prisión condicional y reparaciones económicas antes de llegar al debate oral. La Fiscalía de Estado, además, anticipó que seguirá reclamando el dinero desviado por vías administrativas.
Lo que resta ahora es saber qué decisión tomará el tribunal frente a una de las mayores estafas registradas en la provincia.
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