Ahora: una protesta de gremios pone en peligro los vuelos en Aeroparque

 

El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 

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La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

Salud y educación

Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

Cambios en residencia y ciudadanía

La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

Ingreso, permanencia y expulsiones

También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

 

 

La muerte del joven Gabriel Vázquez, oriundo de Chos Malal y estudiante de Ciencias Agrarias de la UNCo en Cinco Saltos generó un impacto y dolor en toda la región. La triste noticia se conoció en las últimas horas y de inmediato los medios de comunicación del norte neuquino y las redes virtuales se hicieron eco de comentarios sobre el valor humano del joven y el acompañamiento a sus familiares.

Se indicó que el deceso se produjo tras sufrir un paro cardíaco.

Las emisoras de Chos Malal comenzaron a recibir mensajes y también se replicó en cuentas de Facebook y otras redes el inmenso dolor que produjo su muerte, especialmente de quienes conocieron al joven o compartieron su escuela primaria y secundaria.

Tras su formación educativa en la antigua capital neuquina, Vázquez se radicó en el Alto Valle para cursar la carrera de Ingeniero Agrónomo en la sede de la Universidad Nacional del Comahue en Cinco Saltos.

Desde esa casa de altos estudios se emitieron también muestras de pésame: “acompañamos a sus familiares, seres queridos y compañeros de la Facultad en este doloroso momento”, explicó la sede de Ciencias Agrarias.

“Tan inexplicable se vuelve la vida, tan incierta. No se puede entender por qué ocurren estas cosas. Es una noticia muy triste. Como compañeros de la Facu, que supo ser nuestro segundo hogar, nos ha convertido a todos en una gran familia, tantas vivencias compartidas, que golpea fuerte tu partida. Siempre se te recordará. Vuela alto compa”, expresó un compañero de estudios.

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Más de 60 funcionarios fueron expulsados de la Procuración del Tesoro en medio del juicio más costoso de la historia argentina. El motivo oficial fue una «reestructuración», pero puertas adentro del gobierno de Javier Milei crece la certeza de algo mucho más grave: que desde adentro se filtraron estrategias clave a los enemigos legales del país.

El escándalo estalló cuando altos cargos advirtieron que los estudios de abogados que litigan contra la Argentina parecían anticiparse a cada paso de la defensa. La sospecha de una “entrega interna” provocó la inmediata reacción del Ejecutivo, que comenzó a desmantelar el organismo encargado de defender al país en tribunales internacionales, justo cuando está en juego más de 16.000 millones de dólares por la estatización de YPF.

En medio del vendaval, el nombre del actual jefe de la Procuración, Santiago Castro Videla, quedó bajo la lupa por sus vínculos con estudios jurídicos que, años atrás, asesoraron a los mismos fondos que hoy buscan quedarse con parte de la petrolera estatal. Mientras el gobierno intenta frenar la sentencia que obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF, un tribunal de Nueva York aceptó congelar momentáneamente la orden hasta revisar la apelación.

Sin embargo, en Buenos Aires, la desconfianza sigue escalando: en Economía y Justicia ya se habla abiertamente de traición interna. El juicio por YPF no solo compromete las finanzas del país, sino que expone una herida: quién defiende realmente los intereses de la Nación.

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El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado, hasta hoy, por 71 federaciones y sindicatos de la CGT y las CTA, organizaciones sociales, movimientos populares, trabajadores/as de la economía popular y gremios del ámbito estatal, del transporte, industrial y de servicios, anunció una masiva movilización para este miércoles 25 de junio contra las políticas de ajuste, hambre, saqueo y pobreza del gobierno de Javier Milei. La concentración será desde las 12 en Carlos Pellegrini y Sarmiento, para movilizar al Ministerio de Desregulación del Estado (ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788), conducido por Federico Sturzenegger. De la conferencia participaron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento, FeMPINnRA y CATT); Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); Abel Furlán (UOM); Rodolfo Aguiar (ATE Nacional); Omar Pérez (Camioneros); Pablo Biró (Pilotos); Carla Gaudensi (Prensa); Graciela Aleña (Vialidad); Alejandro Gramajo (UTEP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Daniel Yofra (Aceiteros) y Roberto Pianelli (Subte); entre otros. Por ANRed

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El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado, hasta hoy, por al menos 71 federaciones y sindicatos (algunas de la CGT) del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, anunciaron hoy en una conferencia de prensa que llevaron adelante al mediodía en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que este miércoles 25 de junio marcharán contra las políticas de ajuste, hambre y pobreza del gobierno de Javier Milei.

La concentración será desde las 12 en el cruce de Carlos Pellegrini y Sarmiento, en el centro porteño, para luego movilizar al Ministerio de Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger y ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. La jornada de lucha, además, contará con el apoyo de federaciones y organizaciones sociales y gremiales.

La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación del Estado liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei, que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

«La paz social solo le sirve al Gobierno y a los grupos empresarios que se han apoderado del gobierno»

Durante la conferencia de prensa, diversos dirigentes y referentes sindicales hicieron intervenciones. Entre otros, estuvieron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento y CATT); Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); Abel Furlán (UOM); Rodolfo Aguiar (ATE Nacional); Omar Pérez (Camioneros); Pablo Biró (Pilotos); Carla Gaudensi (Prensa); Graciela Aleña (Vialidad); Alejandro Gramajo (UTEP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Daniel Yofra (Aceiteros) y Roberto Pianelli (Subte).

Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CGT, declaró: «es la primera acción que vamos a llevar adelante. Confluimos sindicatos estatales, del sector privado, del sector de servicios, de la industria, de la economía popular y también universitarios», enumeró. Y agregó: «la lucha por la soberanía implica la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de nuestras infraestructuras, de lo que queda de las empresas públicas, que sobrevivieron al experimento neoliberal de los 90′, significa soberanía alimentaria, del conocimiento y, también, trabajo argentino, porque la persona se construye y se desarrolla alrededor del trabajo, y la responsabilidad de los gobiernos es crear trabajo y dignidad del hombre y de la mujer que realiza su trabajo».

«Y por último, los salarios, efectivamente, porque si hay un lugar donde no existe libertad, es en la negociación colectiva, donde hay imposiciones, hay pautas, hay restricciones, y eso se da de patadas con lo que pregona como un credo el gobierno de Javier Milei. Dice que él cree en la libertad absoluta, pero en la mesa de negociación colectiva no hay libertad», remarcó.

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma, aseguró que desde las dos CTA se acompañará esta iniciativa y añadió: «es imprescindible la resistencia y la unidad para vencer esta política de hambre y saqueo. Este es un gobierno que está habilitado por el decreto 70/23, que la Corte aún no ha rechazado, que está regido por Ley Bases, y respaldado por una Corte Suprema de la injusticia que persigue y proscribe, pero no trata la inconstitucionalidad de estas leyes, con los que incluso ha plantado una nueva estafa del FMI, que afecta a los argentinos más allá de este gobierno. Por eso, esta convocatoria a construir unidad, demuestra que nuestro pueblo no se resigna y que sus organizaciones de trabajadores formales e informales estamos en la primera línea para enfrentarlo. Este llamado a la lucha no empieza ahora y no termina con esta convocatoria», remarcó.

En línea con lo que se fue expresando en la conferencia de prensa, Abel Furlán, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la República Argentina, aseguró: «hoy gobiernan las corporaciones y son quienes, de alguna manera, han determinado quiénes van a ser los ideólogos de llevar adelante sus políticas que tienen que ver con el saqueo que ya mencionaron anteriormente. Identificar al enemigo es, de alguna manera, tomar precauciones en anteriores momentos de nuestro país en que no la hemos podido visibilizar, y es momento de estar identificando con nombre y apellido a quienes están detrás del gobierno de Milei impulsando políticas para que los trabajadores naturalicemos, en primer lugar, salarios de hambre y, en segundo lugar, no tengamos la posibilidad de tener nuestras vidas dignas».

En tanto, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, agregó: «este frente nos va a permitir comenzar a unir las luchas que se están llevando adelante en todo el país y por eso esta primera decisión de movilizar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta ahora las únicas respuestas que hemos tenido de parte del gobierno no han sido otras que mentiras organizadas, descalificaciones, amenazas, represión e espionaje ilegal a todos los las representaciones sindicales», denunció.

«La paz social solo le sirve al gobierno y a los grupos empresarios que se han apoderado del gobierno y que nos están saqueando. No solo cierran organismos y privatizan empresas estatales, sino ahora dice que van a vender hasta los edificios, los inmuebles y las tierras del estado. Si no les ponemos un freno, nos van a dejar sin país«, advirtió.

Por su parte, Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) remarcó: «acá estamos enfrentando no solamente a Sturzenegger, sino a un gobierno que está minado de empresarios, que piensa como empresarios, y que representa a las necesidades que tienen los empresarios en nuestro país. Así que me parece que lo del miércoles va a ser un punto de partida. Hay muchas organizaciones y, seguramente, hay mucho lugar para otras organizaciones que quieran venir a defender a la clase trabajadora. Ojalá que esto ocurra. Ojalá que no hayan sido en vano las desapariciones de compañeros y compañeras, las muertes, las persecuciones, los encarcelamientos, y que siguen habiendo, en la actualidad, y que enfrentemos a este gobierno como corresponde, que somos representantes de la clase trabajadora».

Mientras, Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes, señaló el impacto de las políticas de Milei en el sector que representa: «lo hace a través decretos, a los que nos venimos oponiendo, como el desvío de vialidad, la desregulación del sector aeronáutico, de la marina mercante, entre otras cosas, como a querer limitar el derecho huelga». Y agregó: «esta mesa es la consecuencia de un montón de de actores que se ven afectados, y por eso se ha ido ampliando, y creo que va a seguir ampliándose. Esta es la primera medida en el marco de un espacio que se está consolidando, y vamos a movilizar al Ministerio de Destrucción, porque es el que está llevando adelante estas políticas y es el ideólogo de destruir todo lo que conocemos y entregar nuestra soberanía».

Ver conferencia de prensa completa



Más de 71 federaciones, sindicatos, organizaciones sociales y gremios movilizados contra las políticas de Milei

Hasta el momento, integran el frente, y serán parte de la movilización, la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas; la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).

También se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

 

 

En Centenario, un auto azul con un sommier atado como podía al techo, quedó secuestrado. La escena se vivió ayer martes 24 por la tarde sobre el Acceso Jaime de Nevares, en un operativo conjunto entre inspectores municipales, policías de la Comisaría Quinta y agentes de Seguridad Vial.

Durante el procedimiento, se secuestraron tres autos y una moto por distintas faltas, además de labrarse 15 actas por infracciones. Pero fue el Peugeot 208 azul el que se llevó todos los comentario porque lo conducía una mujer que venía desde Cinco Saltos con un sommier en el techo y sin registro ni seguro.

22 mil paquetes de cigarrillos

Mientras tanto, en Corrientes, el escenario fue menos gracioso y mucho más tenso. Efectivos de Gendarmería Nacional frenaron una camioneta en plena Ruta Provincial N°40, a la altura del paraje Cambá Trapo.

Allí encontraron casi 22 mil paquetes de cigarrillos extranjeros escondidos en cajas cerradas. Cuando los uniformados le pidieron la documentación que respaldara el transporte, el hombre solo atinó a decir que no tenía nada. Y como si fuera poco, al chequear la camioneta, descubrieron que tenía pedido de secuestro por robo.

El operativo terminó con la intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía de Paso de los Libres, quienes ordenaron decomisar tanto la mercadería como la camioneta. El conductor fue detenido y ahora deberá explicar ante la Justicia por qué transportaba contrabando en un vehículo robado.

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Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.