Lanzan campaña para impulsar Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria

 

El laboratorio Rivero y Compañía S.A. fue clausurado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), tras detectarse graves incumplimientos en la fabricación de envases medicinales, como sueros y ampollas. Según fuentes del organismo, si bien no hubo víctimas ni denuncias, las fallas advertidas en los procesos de producción representaban un riesgo sanitario de magnitud.

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, luego de más de un año de inspecciones y auditorías realizadas en la planta ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y en su fábrica de Junín, provincia de Buenos Aires. Los controles revelaron deficiencias en la esterilización, documentación técnica y mantenimiento de equipos, por lo que finalmente se dispuso la inhibición y clausura del establecimiento, tras varios antecedentes de advertencias y conciliaciones incumplidas.

Fuentes de ANMAT consultadas por TN explicaron que, si bien no hubo que lamentar víctimas, las irregularidades que se advirtieron en el laboratorio podrían haber desencadenado una tragedia sanitaria, como la que ocurrió con el fentanilo contaminado.

“No hubo muertos ni denuncias, pero pudimos corroborar que la empresa produce de manera errónea productos médicos, como ampollas y envases que deben ser estériles y cerrados”, explicaron las fuentes.

Advertencia por desvío de calidad

Según la información oficial, la última notificación fue el 11 de marzo, cuando el laboratorio fue advertido por un desvío de calidad de la “Solución isotónica de cloruro de sodio 0,9 gr/100ml, por 500ml, Certificado N° 39.014, Lote 70313108 Vto: 12/27 y Lote 70413108 Vto: 12/27″, en el que se informó que los sachets presentaban pérdida de solución.

Por esto, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), sugirió la inhibición y clausura del laboratorio, y la conformación de los sumarios correspondientes.

Los antecedentes

La firma Rivero y Compañía S.A. fue fundada en 1932 por Pedro Luis Rivero. Su planta está ubicada en Av. Boyacá N° 411/19, de la Ciudad de Buenos Aires, pero también tiene una fábrica en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.

Desde el 2019, estaba habilitada como “elaborador de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de inyectables de pequeño y gran volumen, con esterilización terminal por calor húmedo, y soluciones no estériles; en todos los casos, sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos, ni hormonales”.

También tenía habilitación como elaboradora de bolsas para recolección de sangre, e importadora y exportadora de especialidades médicas.

El laboratorio ya contaba con varios antecedentes de incumplimientos, según informó la ANMAT. Durante enero del 2022, se realizó una inspección en la cual surgió que no cumplía las “Buenas Prácticas de Fabricación”, por lo que se emitió una carta de advertencia y se le indicó que no podía continuar con su actividad productiva hasta no resolver las deficiencias.

“De la evaluación de la respuesta de Laboratorio se advirtió la falta de documentación que demostrara la adquisición de los equipos para el monitoreo continuo de partículas no viables y del equipo muestreador de aire por impacto, entre otras deficiencias”, detallaron desde el organismo.

Asimismo, en la sala de envasado N°1 para bolsas de sangre, se verificó una dosificadora de operación manual, con los operarios que se ubicaban debajo de grado para realizar el proceso crítico.

“Observado todo esto, se indicó que la empresa no había dado respuesta a la totalidad de las observaciones críticas y mayores”, añadieron.

Esto llevó a una conciliación que se llevó a cabo en octubre del 2022, donde se autorizó a la empresa a producir soluciones parenterales de pequeño volumen y de irrigación glicina, intimando a la empresa a presentar el plan de acciones preventivas y correctivas en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Sin embargo, durante los días 6 al 15 de julio de ese mismo año, se hizo una nueva inspección, en la que se verificó que la mayoría de las acciones correctivas y preventivas para las deficiencias críticas y mayores no se encontraron resueltas.

Comunicado de la ANMAT

En un comunicado desde la ANMAT explicaron que “como resultado de la inspección se verificó deficiente cumplimiento de la planificación para el mantenimiento de las instalaciones, de la programación de los trabajos de calificación/validación y mantenimiento del estado calificado/validado de los equipos, procesos y servicios de apoyo crítico y la falta de un diseño adecuado de las áreas productivas para productos estériles, resultando comprometidas las líneas de manufactura para los productos y Soluciones Parenterales de Gran Volumen (SPGV) en frascos de vidrio, en bolsas flexibles, bolsas de sangre y solución parenteral de pequeño volumen”.

Casi un mes después, el 2 de agosto del 2022, se realizó una segunda audiencia de conciliación en la cual el Ministerio de Salud de la Nación autorizó a la empresa a producir Soluciones Parentales (SPGV), con el compromiso de “resolver las deficiencias críticas y mayores en un plazo máximo de abril de 2023″.

Antes del cumplimiento de esa fecha, se realizó el 20 de marzo una nueva inspección, en la que se verificó que la mayoría de las acciones correctivas y preventivas para las deficiencias críticas y mayores no se resolvieron.

“A la fecha del presente informe el laboratorio no aportó documentación complementaria que permita evidenciar la subsanación de las deficiencias señaladas, ni inició los expedientes correspondientes a las modificaciones de estructura necesarias para dar cumplimiento al plan de acciones preventivas y correctivas, incumpliendo con los plazos establecidos en la Disposición ANMAT 1340/2022 y en los acuerdos de conciliación celebrados”, cerraron el comunicado.

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Una nueva encuesta nacional revela un alto nivel de desconfianza de la población hacia los datos oficiales de inflación. Según un sondeo de la consultora Zentrix, casi siete de cada diez argentinos consideran que las cifras que informa el INDEC no reflejan adecuadamente la variación real de su costo de vida.

La desconfianza general alcanza al 67,4% de los encuestados, frente a un 29,9% que sí confía en las mediciones del organismo estadístico. Esta percepción está fuertemente atravesada por la identidad política.

Una brecha marcada por la política

El estudio muestra que la credibilidad de las estadísticas oficiales está fuertemente politizada, funcionando más como un reflejo de la alineación electoral que de una valoración técnica. La diferencia entre los votantes del oficialismo y la oposición es abrumadora.

• Entre los votantes de Sergio Massa, la desconfianza en el INDEC trepa hasta el 94,4%.
• En contraste, entre los electores de Javier Milei, la desconfianza se reduce al 43,8%, mientras que un 52,2% respalda los números oficiales.

Esta marcada polarización en la percepción de un dato técnico como la inflación se da en un contexto de malestar económico general. El mismo sondeo revela que el 64% de los argentinos considera que la situación económica del país es negativa, y más del 40% califica su situación personal como mala o muy mala, lo que alimenta el escepticismo sobre las cifras oficiales.

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El viernes 6 de junio dirigentes de Suteba Tigre fueron notificados de su judicialización por el juez Alfredo Wagner a raíz de una “denuncia maliciosa” de funcionarios de la Dirección General De Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En charla con Alfredo Cáceres, referente del sindicato, nos comentó sobre las falsas denuncias que recibieron y las acciones a llevar a cabo por la seccional “para responder a esta ofensiva judicial de la patronal”. Por Ernestina Arias. 

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“En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.

En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.

Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”

A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona  norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.

“Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.

Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.

Redes sociales

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Un hombre fue acusado por el robo de más de dos millones de pesos en un departamento turístico ubicado en pleno centro de San Martín de los Andes. La acusación fue formalizada este martes por el asistente letrado Federico Surá, durante una audiencia en la que pidió que el imputado, identificado como F.E.C., quedara detenido con prisión preventiva por dos meses mientras avanza la investigación.

Según la información del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho ocurrió el pasado 22 de agosto en un departamento de la calle San Martín al 300. Ese día, cerca de las 19, el acusado y un cómplice —que ya fue identificado— forzaron una ventana para ingresar a la vivienda que alquilaba una turista.

Los ladrones actuaron en dos breves incursiones: la primera entre las 19 y las 19.04, y la segunda entre las 19.23 y las 19.27. En ese lapso se llevaron dinero en efectivo por un total de 2.050.000 pesos, guardados en distintas habitaciones y en el living. También sustrajeron un reloj pulsera marca Vernier que estaba sobre una mesa de luz.

Surá imputó al detenido por el delito de robo calificado por efracción en calidad de autor y solicitó la prisión preventiva, argumentando que el hombre tiene antecedentes penales y que recién había terminado de cumplir una condena en mayo de este año. También advirtió sobre el riesgo de fuga.

Sin embargo, el juez de garantías Juan Pablo Balderrama rechazó el pedido de encierro y resolvió que el acusado continúe en libertad bajo estrictas medidas de control.

F.E.C. deberá presentarse todos los días en la comisaría 43, dos veces por jornada: entre las 8 y las 9 de la mañana y entre las 20 y las 21. El plazo de investigación fue fijado en dos meses. Mientras tanto, la Policía sigue tras los pasos del segundo sospechoso, que continúa prófugo.

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Será los días 10 y 11 de julio en el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata. El proceso será por jurados. Rocío, su denunciante, falleció en 2024 luego de padecer complicaciones de salud como consecuencia de lo padecido. Su familia continúa la lucha iniciada por la joven. El cura, bajo arresto domiciliario en Pilar, siguió la audiencia de forma virtual. Por La Izquierda Diario.

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Los tribunales platenses tendrán al ultrareaccionario sacerdote en el banquillo de los acusados. Raúl Anatoly Sidders está acusado del delito de «abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y las circunstancias de su realización, doblemente calificado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima y por haber sido cometido por un ministro de un culto religioso, en concurso real con corrupción de menores calificada por ser la víctima menor de 13 años». Será mediante la modalidad de juicio por jurados.

El acusado, patrocinado por Marcelo Peña, abogado defensor de Von Wernich, siguió la audiencia de forma remota, desde su cómoda prisión domiciliaria, ubicada en una vivienda familiar de la localidad de Pilar.

Sidders fue detenido en diciembre de 2020, tres meses después de que se realizara una denuncia penal contra él luego de la noticia de su traslado como capellán del escuadrón de Gendarmería Nacional ubicado en Puerto Iguazú, Misiones. Un traslado necesario para el entonces arzobispo de La Plata Víctor “Tucho” Fernández, ya que se encontraba en el ojo de la tormenta por el caso de Eduardo Lorenzo.

En el año 2020 Rocío habló con este medio y Pulso Noticias, luego de radicar la denuncia contra su abusador. Después de muchos años pudo superar los miedos impuestos por la cultura e ideología eclesiástica (y patriarcal) y puso en palabras lo sufrido por el cura Raúl Sidders entre 2004 y 2008 en el colegio San Vicente de Paul, donde el sacerdote ejerció su poder por décadas.

Dos años después y con su salud más resquebrajada pudo saber que se llevaría a cabo el juicio. «Quiero verlo a la cara, decirle todo lo que me hizo, contar lo que ya lo conté, pero esta vez para que se haga justicia. Si bien falta bastante, con los tiempos de la Justicia que conocemos quizás no sea tanto. Serán dos años que me tomaré para mí, para sanar todo esto que me hizo, para tratar de cerrar esta etapa, porque los traumas que me dejó este tipo son increíbles”, expresaba Rocío esperando justicia.

En septiembre de 2024 el cuerpo de Rocío no resistió las consecuencias del abuso, del silencio y la complicidad y falleció a los 32 años. Su voz estará presente a través de su declaración. Su familia continúa su lucha y el pedido de justicia para todas las víctimas sobrevivientes de abuso eclesiásticos.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/La-Plata-comienza-el-juicio-contra-el-cura-abusador-Raul-Sidders

 

 

La llegada de tres shoppings o centros comerciales a barrios de Cipolletti que están alejados del centro transformarán zonas residenciales en áreas mixtas para ofrecer servicios de cercanía como panaderías, farmacias y espacios recreativos. Esto se da gracias a reformas en el Código de Ordenamiento Urbano aprobadas en junio pasado.

Los principales cambios serán convertir sectores clasificados como R4 (residenciales) en R4C (mixtos), lo que habilita el uso comercial en corredores estratégicos como las calles Maestro Espinosa, San Luis e Illia.

Según el arquitecto Carlos Rimmele, director de Desarrollo Territorial del municipio, estas modificaciones responden a la alta densidad de población en barrios periféricos que carecían de equipamiento básico: «Las empresas invierten y queremos acompañarlas con un marco normativo acorde al crecimiento de la ciudad».

El proyecto más avanzado es el Weston – Open Mall, ubicado en el barrio La Falda sobre la calle Maestra Espinoza, un paseo a cielo abierto de casi 9.000 metros cuadrados que incluirá 32 locales comerciales, ocho islas de venta y tres espacios gastronómicos.

Por su parte, la familia Sagripanti presenta un desarrollo en el barrio Manzanar, específicamente en las calles Salto y Los Coihues, que ha sido recibido por el municipio para su evaluación inicial. El proyecto se alinea con la visión de centros de proximidad que resuelvan necesidades diarias como carnicerías o lavanderías, fomentando la integración entre barrios abiertos y cerrados.

El municipio de Cipolleti anticipó que, una vez aprobado, generará un polo de actividad que atraiga inversiones complementarias, aunque sin fechas precisas de inicio por el momento.

En términos de impacto económico, estos proyectos representan una inyección significativa para la ciudad, con empresas como WSF, Sagripanti y Group CHR liderando inversiones que crearán cientos de puestos de trabajo directos e indirectos durante la construcción y operación.

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