Entrevista a Claudio Katz: «falló el debut de una estrategia de proscripción»

Entrevista a Claudio Katz: «falló el debut de una estrategia de proscripción»

 

El operativo de proscripción fracasó en lo inmediato, pero continúa en su desarrollo porque “están embarcados en una apuesta de largo plazo: buscan crear un clima de resignación”, consideró el economista e investigador Claudio Katz. “No les interesa la credibilidad del fallo, sino la extensión de la apatía, pero hasta ahora precipitaron un resultado opuesto. Reapareció la centralidad de la calle que el gobierno pretende erradicar”. Por Indymedia Argentina.


¿Cuál es tu impresión de la movilización contra el fallo de la Corte?

El acto en la Plaza de Mayo fue multitudinario y coronó varios días de intensa movilización, que empezaron con cortes de calles, siguieron con vigilas y desembocaron en la marcha. El número de concurrentes siempre está en debate, pero no cabe duda que fue muy elevado y la misma masividad se verificó en varias ciudades. El operativo policial intimidatorio quedó desbordado y ni siquiera intentaron aplicar el protocolo antipiquete.

Claudio Katz, economista e investigador del CONICET, profesor de la UBA e integrante de Economistas de Izquierda (EDI).

Lo más impactante del acto fue el audio grabado y la comunicación en vivo de Cristina con la plaza. Constituyó un hecho inédito, que ilustró la derrota inicial del operativo de proscripción. Los jueces quedaron en ridículo con sus restricciones y la esperada humillación de una convicta, se transformó en una burla contra los perseguidores. Primero le notificaron a distancia la condena, para evitar su presentación rodeada de una multitud y luego le impidieron salir al balcón. Pero terminaron soportando un impactante mitin con mensajes de la recluida. No esperaban esa reacción y ese resultado.

¿Por eso la derecha esta nerviosa y molesta con su propio operativo?

Si. Fallaron en lo inmediato, pero hay que ser cautelosos porque están embarcados en una apuesta de largo plazo. Buscan crear un clima de resignación. No les interesa la credibilidad del fallo, sino la extensión de la apatía, pero hasta ahora precipitaron un resultado opuesto. Reapareció la centralidad de la calle que el gobierno pretende erradicar.

La derecha intenta menoscabar esa respuesta, afirmando que la movilización no repitió las gestas históricas del país. Pero no tiene sentido discutir si tuvo o no la escala del 17 de octubre, porque esa foto no nos diría nada de la película. Recién estamos viendo las primeras escaramuzas de una gran pulseada que comenzó mal para la derecha. Con la proscripción forzaron un boomerang, que potenció la centralidad de Cristina y renovó la mística de sus seguidores.

¿Por qué se embarcaron en la proscripción?

Fue una decisión del poder real. La Corte Suprema cumplió las órdenes del poder económico, que pretende asegurar la continuidad del ajuste. También intervino Estados Unidos que anticipó el fallo negándole a Cristina el ingreso a ese país y la gran prensa jugó fuerte. No olvida la ley de Medios y exigió el fallo, mediante descarados chantajes a los jueces.

Intentan sacarla de juego, porque piensan que Cristina es un obstáculo para la aplicación del modelo regresivo en curso. La derecha se ha ensañado con ella y su familia y por eso indujo el atentado contra su vida. El establishment no quiere repetir la experiencia del 2017, cuando el fracaso de Macri le permitió a Cristina definir quién sería el nuevo presidente. Buscan terminar definitivamente con esa centralidad.

¿Es por temor a un estallido del plan económico después de octubre?

Esa es la preocupación inmediata de los poderosos. El plan inicial de llegar a octubre con el tipo de cambio planchado (para forzar la caída de la inflación), estuvo a punto de naufragar. Afrontaban una sangría de reservas que anticipaba la cesación de pagos. En plena crisis fueron rescatados por el FMI que les entregó un crédito inédito, violando nuevamente el estatuto del organismo. Trump repitió el rescate de Macri con mayor velocidad y Milei disfrazó el salvataje con una presentación festiva de su fracaso.

A partir de ese auxilio, armaron otra versión de la bicicleta financiera para llegar a las elecciones con posibilidades de éxito, atrasando la cotización del dólar. Pero la salida de capitales no se detiene, las reservas siguen bajando e improvisan nuevos blanqueos para juntar divisas a cualquier costo. La enorme fragilidad de la economía en un marco de agónica recuperación, derrumbe del consumo y carencia de inversión, renueva el temor al mismo colapso que ya vivimos tantas veces.

¿Pero la proscripción se anticipa a ese crítico escenario o constituye una jugada de largo plazo?

Es una apuesta estratégica que el establishment le impuso a su títere Milei. El gobierno prefería disputar electoralmente con Cristina, pero los poderosos no quieren arriesgarse. Consideran que este es el momento propicio para comenzar a establecer un régimen autoritario.

La proscripción es el punto de partida de una criminalización de los movimientos sociales, asentada en mayores restricciones a las libertades democráticas. Es el mismo modelo, que en Ecuador mantiene a Correa en el exilio y en Perú a Castillo preso. Es el mismo esquema que intentaron con el encarcelamiento de Lula. Nuestros tres cortesanos han emulado el bochorno del juez Moro y por eso será impactante la anunciada visita de Lula al departamento de Cristina, el mes que viene.

En el régimen autocrático que quieren imponer, los magistrados del poder económico decidirían quién puede presentarse o no a las elecciones. Con la proscripción de la principal dirigente de la oposición -que ya había anunciado su candidatura- cruzaron un umbral. Estamos viendo en forma descarnada, hasta qué punto el poder real maneja los hilos del sistema político.

Foto:  Mat ((i))

¿Pero más allá de estos datos, Cristina no está involucrada en casos de corrupción?

Nunca se investigó con imparcialidad sus responsabilidades. No se probaron las acusaciones y tampoco fueron condenados los funcionarios por debajo de la autoridad de Cristina, que habrían cometido algún delito. Se dictaminaron anormalidades en la obra de Santa Cruz, que son moneda corriente en todos los distritos del país. Para colmo, las obras objetadas se hicieron con fondos votados por el Congreso y la auditoría no encontró irregularidades. Hasta el propio ministro de Justicia reconoció que toda la causa es un mamarracho.

La discrecionalidad de los jueces contra Cristina es escandalosa. La Corte reabrió adrede la causa y dictaminó en dos meses y medio, cuándo suele tardar tres o cuatro años para cualquier caso relevante, y lleva décadas cajoneando las sentencias de los jubilados. El contraste con la protección que le brindan a los Macri es vergonzoso. En los últimos 40 años el Partido Judicial salvó a esa familia de 32 causas multimillonarias. Macri comparte impúdicamente fiestas con los mismos jueces, que Clarín pasea por los centros turísticos.

Tenemos tres cortesanos con cargos vitalicios, dotados de inmunidad, para disciplinar con amenazas, purgas y acomodos a todas las instancias inferiores. Este sistema judicial que condenó a Cristina, absolvió a los corruptos empresarios de la Obra Pública y a los ministros que se enriquecieron con la refinanciación de la deuda externa. Ahora, protege a Milei de su estafa con las criptomonedas.

Me parece que, a esta altura, el lawfare es incluso evidente para los analistas que objetaban la existencia de ese operativo. Salta a la vista la necesidad de democratizar el sistema judicial, siguiendo el camino iniciado en México con la elección de los magistrados.

¿En este contexto reaparece la vieja antinomia de peronismo-antiperonismo como epicentro de la política argentina?

En lo inmediato reapareció efectivamente esa confrontación con inesperadas ventajas para el peronismo. Hasta ahora se verifica una irrupción a favor de Cristina, sin la contrapartida de los clásicos cacerolazos derechistas en su contra. El contexto gorila que resucitó durante la gestión de Macri está más apagado y la derecha está furiosa con el clima de alegría y baile que rodea a Cristina. Los descolocó, además, emitiendo un mensaje grabado en la tradición de los cassettes que enviaba Perón.

Algunos reaccionarios como Espert están sacados y escupen insultos que rechaza su propio auditorio. La campaña de los grandes medios despunta como un calco del enceguecido antiperonismo liberal del pasado. Utilizan el mismo lenguaje denigratorio que descargaban contra Evita, en los mismos días que se conmemoran los 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo. Esa masacre inauguró el terrorismo de Estado en gran escala.

Pero hay que tener cuidado con las comparaciones. No olvidemos que la figura de Cristina quedó muy afectada por el desastroso gobierno de Alberto. Se despidió con una plaza espontáneamente llena, cuando asumió Macri y volvió a reunir multitudes, cuando concluyó ese gobierno. Pero la campaña neoliberal en su contra y la generalizada frustración con su último mandato como vicepresidenta han corroído su influencia. La aprobación y el rechazo a su figura cortan al país en dos mitades, y las primeras encuestas sobre el impacto de su proscripción corroboran esa polarización.

Habrá que ver cómo afronta el peronismo este escenario. El fallo de la Corte disipó momentáneamente las pujas internas, pero nadie conoce la forma en qué lidiarán con la proscripción. La propia Cristina confirmó luego del atentado contra su vida, cuán reacia es a motorizar la lucha callejera. El evidente debut de un régimen autoritario no mella sus creencias institucionalistas.

¿La proscripción suscitó también un giro de posturas de la izquierda?

Si y no. Por un lado, el FIT emitió un contundente y acertado repudio, que incluyó un llamado a la movilización. Se consumó también la importante reunión de Myriam Bregman y otros dirigentes con Cristina. Además, convocaron y organizaron una columna independiente en la marcha a la Plaza de Mayo. La mayoría de las agrupaciones de izquierda se pronunciaron correctamente contra la proscripción, y destacaron acertadamente la conexión de ese operativo con la ofensiva capitalista en curso.

Pero las disidencias que rápidamente brotaron amenazan con dejar nuevamente a la izquierda pérdida y sin brújula. Algunos critican la entrevista con Cristina, como si fuera un pecado efectivizar ese acto de elemental solidaridad con un perseguido. Es la misma presencia que esperarían los líderes de la izquierda de los dirigentes de otros sectores, si padecieran ese escarnio.

Mucho más grave es la decisión de otro sector de no participar en la marcha, argumentando que no era lo suficientemente grande, radical y combativa, o que fue amoldada a las intenciones del peronismo.

Tenemos una larga experiencia con situaciones de este tipo y sabemos que la única forma de contrarrestar los eventuales defectos de una movilización es potenciando su masividad. Nunca se corrigen las falencias de una lucha declarando el enojo y la prescindencia, o proclamando que no reúne las condiciones esperadas. Esa abstención implica en los hechos una conducta desmovilizadora, que contradice los llamados a la lucha que caracterizan a la izquierda

Algunos argumentos que circulan para justificar las distintas escalas de inacción frente a la proscripción, sugieren incluso la validez de la condena por corrupción. Destacan que, si se invalida el fallo actual, también habría que objetar las sanciones por manejo deshonesto, que afectaron a personajes tan nefastos como Menem o Isabel Perón.

Pero esa comparación es incorrecta, porque la sentencia contra Cristina es un atropello manejado por el poder real, con la misma desfachatez que agredió a Lula, Correa o Castillo. Por el contrario, las puniciones a Menem o Isabelita fueron casos acotados y excepcionales de justicia, derivados de choques por arriba o demandas por abajo. La única forma de diferenciar ambos tipos de situaciones es evaluando la realidad con caracterizaciones políticas. Esas interpretaciones son indispensables, para no quedar entrampados en el mito de imparcialidad que rodea al actual sistema judicial.

En la izquierda debemos evitar los razonamientos abstractos del liberalismo jurídico. Esa actitud es indispensable para reconocer la existencia del lawfare, que el grueso del progresismo ha registrado, y que algunos integrantes de la izquierda siguen ignorando.

¿Las próximas elecciones de octubre definirán como queda el escenario?

Ahora hay más incógnitas que la semana pasada. Habrá que ver si la proscripción modifica el principal dato de los comicios en curso que es la altísima abstención. Se está verificando la menor concurrencia de las últimas décadas, porque prevalece un desengaño que induce a la retracción de la población.

El gobierno y sus aliados provinciales se han beneficiado con esa apatía, porque consiguen victorias electorales con muy poca concurrencia. En ese marco de indiferencia, la ultraderecha se come a la derecha en campañas signadas por la violencia verbal.

¿La proscripción de Cristina modificará este clima electoral? ¿Cómo serán replanteadas las disputas por las candidaturas dentro del peronismo? ¿Qué propuestas prevalecerán en ese sector, las predispuestas a negociar con el poder real o las que pugnan por confrontar construyendo otro proyecto? En las próximas semanas lo sabremos.

¿Pero el principal dato a seguir no es la dinámica de la movilización popular?

Si. Allí se juegan las respuestas efectivas, que han seguido patrones muy variables bajo el gobierno de Milei. Los atropellos del anarcocapitalista afrontaron al comienzo una gran reacción desde abajo, con dos huelgas generales y varias marchas multitudinarias por la educación universitaria.

Luego con la Ley de Bases, el desempleo y la represión sobrevino el reflujo, pero a principio de año reapareció la resistencia. Primero despuntó el movimiento de la diversidad sexual, posteriormente actuaron los jubilados y recientemente los médicos, las personas con discapacidad y los científicos. Hay banderas como la defensa del Garrahan y el Conicet, que son emblemas del país y suscitan un gran acompañamiento social.

La nueva lucha contra la proscripción de Cristina empalma con esta última secuencia y con la respuesta a la embestida represiva. Bullrich y Milei pretenden institucionalizar una nueva escala de violencia estatal y en los primeros cinco meses del año ya provocaron más heridos que durante todo el 2024.

El maltrato de los jueces hacia Cristina forma de las incursiones derechistas para naturalizar la crueldad. Denigran a la oposición política con la misma saña que maltratan a los sectores vulnerables y a los extranjeros, a fin de instalar el autoritarismo como un dato cotidiano.

Es una ingeniería del odio muy programada y con gran sostén capitalista, que ahora añade un ingrediente de proscripción. Ellos esperan consolidar una base social reaccionaria que aplauda el horror, junto a una masa pasiva de sectores medio-altos, que cierre los ojos frente a la destrucción del país. Quieren que ese segmento se distraiga dilapidando dólares en el exterior como en los años de la Convertibilidad.

Pero hay una contraparte de gran resistencia, que se verificó en la importante marcha unitaria del 24 de marzo y que ahora apuntala la batalla contra la proscripción. Lo vimos en estos días, con el resurgimiento de la militancia juvenil, las caravanas y las vigilias. En síntesis, el escenario está abierto, porque hasta ahora falló el debut de una estrategia de proscripción.

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/19/entrevista-a-claudio-katz-fallo-el-debut-de-una-estrategia-de-proscripcion/

 

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  • Violencia sin freno en Loncopué: brutal golpiza dejó a un hombre con fractura de cráneo

     

    Loncopué atraviesa días marcados por la violencia. A menos de una semana del crimen de Franco Morel, la localidad neuquina volvió a estremecerse con otro episodio salvaje que dejó a un vecino gravemente herido y en terapia intensiva.

    De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22, cuando la víctima fue interceptada en la vía pública por dos hombres que lo atacaron a golpes luego de una discusión verbal. Producto de la agresión, el vecino sufrió traumatismos severos, fractura de cráneo, hematomas y una hemorragia subaracnoidea. Permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

    Los agresores, identificados por sus iniciales como B.A.B. y R.S.B., fueron detenidos e imputados por el delito de lesiones gravísimas en calidad de coautores, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

    De acuerdo con lo que reconstruyó la fiscalía, el ataque se produjo en dos momentos distintos: primero, tras un intercambio de insultos, uno de los acusados se enfrentó a la víctima hasta que otras personas intervinieron para separarlos. Minutos después, ambos imputados lo emboscaron nuevamente y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Testigos del hecho aseguraron que uno de ellos le dio una patada en la cabeza cuando ya estaba caído.

    La jueza de garantías Vanessa Macedo Font dio por formulados los cargos y fijó un plazo de tres meses para la investigación. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía, que había argumentado riesgo de entorpecimiento de la investigación. En cambio, dispuso la libertad inmediata de los imputados, aunque les prohibió mantener contacto con la víctima o los testigos.

    El violento episodio se suma al crimen ocurrido el lunes 27 de octubre, cuando Franco Morel fue asesinado a puñaladas en plena calle. El autor fue detenido y enfrenta cargos por homicidio simple.

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  • El Cuerpo Médico Forense confirmó que el disparo del gendarme Guerrero «puso en peligro la vida» de Pablo Grillo

     

    Imagen del fotógrafo Pablo Grillo y del cabo primero de Gendarmería Héctor Guerrero, que le disparó un proyectil de gas lacrimógeno directo a su cabeza, hiriéndolo de gravedad.

    La querella de la familia de Pablo Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), informó que tras visitar al joven fotógrafo, la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel Amar, por la querella, y María Jimena Pérez Pelliser, por la defensa, confirmaron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter «graves y gravísimas», y «pusieron en peligro su vida». Asimismo, respondieron contundentemente que «la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo», en referencia al disparo directo a su cabeza de una cápsula de gas lacrimógeno que efectuó el gendarme Héctor Jesús Guerrero. Por ANRed.


    La querella de Pablo Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), confirmó este lunes 2 de junio que el Cuerpo Médico Forense presentó el informe requerido en la causa que investiga el impacto de gas lacrimógeno en la cabeza que recibió Grillo durante la represión a una movilización de jubilados/as el 12 de marzo.

    «El lunes 26 de mayo la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel M. Amar por la querella y María Jimena Pérez Pelliser por la defensa, visitaron a Pablo Grillo en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramos Mejía. Luego de la visita y de analizar la historia clínica y partes médicos, presentaron su informe que responde una serie de preguntas formuladas, oportunamente, como puntos de pericia», detalla la querella.

    Parte de la reconstrucción de los hechos que hace la presentación del CELS y la Liga, representantes legales de la familia de Grillo.

    En ese sentido, la representación legal del joven indicó que «sobre el grado de las lesiones que presenta Pablo, su tiempo de curación y cualquier otro tipo de información médica que pueda ser de interés, la perito médica oficial y los dos peritos de parte respondieron: “a) Herida contuso compleja en rostro región mediofrontal; b) Fractura expuesta de cráneo fronto temporo parietal izquierda. Ambas producidas por golpe o choque con o contra objeto contuso que logra vencer la elasticidad de los tejidos (piel y tejido óseo) produciendo su rotura. Demandan un tiempo de curación de más de 30 días con igual tiempo de inutilidad laborativa. c) Hematoma subdural derecho con requerimiento de cirugía de descompresión, craniectomía y toilette quirúrgica (12/03/25) y Hematoma epidural izq. con requerimiento de cirugía craniectomía de descompresión (14/03/25). Los mecanismos de producción golpe o choque con o contra objeto contuso. Tiempo de curación de más de 30 días», detalla exhaustivamente el informe del cuerpo médico forense.

    A partir de esta primera información, señala la querella, «los médicos establecieron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter ‘graves y gravísimas’, con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral y con respecto al peligro de «si las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro la vida» de Pablo Grillo, los tres médicos respondieron unánimemente: “Sí, real y concreto”.

    Parte de la reconstrucción de los hechos que hace la presentación del CELS y la Liga, representantes legales de la familia de Grillo.

    «En cuanto a la cuarta pregunta, vinculada a la existencia de secuelas neurológicas derivadas del hecho, si bien no pudo ser contestada, es de gran importancia y conecta directamente con la noción de que la conducta del gendarme Guerrero puso en serio riesgo la vida de Pablo y que su estado de salud permanece en estado crítico, concretamente, los médicos respondieron: ‘No puede apreciarse al presente momento siendo su pronóstico reservado, dado que al día de la fecha continúa internado en terapia intensiva’», informó la querella.

    La quinta pregunta buscaba «establecer si para ocasionar las lesiones comprobadas se requiere del impacto o disparo directo sobre la superficie lesionada», y el grupo de médicos respondió contundentemente: ‘Sí, la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo».

    Finalmente, la sexta pregunta apuntaba a «establecer si las lesiones ocasionadas fueron producidas por un disparo con un proyectil de alta energía cinética sobre la superficie lesionada». A esto, los médicos respondieron: «No se puede establecer la energía cinética que albergaba el proyectil que podría haber causado la lesión, pero sí se puede decir que la apertura de la piel frontal y la fractura de la tabla interna y externa del hueso frontal del cráneo requiere de una importante fuerza de impacto para romper la elasticidad de los tejidos lesionados».

    Gendarmería ya había reconocido que disparar armas lanzagases directo a personas podría «producir lesiones graves e, incluso, la muerte»

    Cuando se cumplieron dos meses de la salvaje represión a la marcha de jubilados/as que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo, la querella del joven, además de denunciar que la investigación avanza lento y que todavía no se citó a declarar al gendarme Héctor Jesús Guerrero, había informado que, a partir de su pedido al Juzgado, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, la Gendarmería Nacional reconoció que el uso de pistolas lanza gases, «en caso de impacto, podría producir lesiones graves e, incluso, la muerte», y que los reglamentos generales para el uso de esas armas no letales prohíbe dispararlas directamente contra las personas.

    Gendarme Héctor Guerrero. Acusado de ser el autor del disparo que casi asesina a Pablo Grillo. Fotografía: Kaloian Santos, despedido por aportar sus fotografías a la reconstrucción de los hechos.

    Asimismo, la querella también confirmó en ese momento que el protocolo de actuación de Gendarmería en manifestaciones «incluye un glosario de términos estigmatizantes vinculados a la protesta, los manifestantes y las organizaciones» y «establece las distintas formas de intervención frente a las multitudes, y en todas ellas el rol del jefe del operativo o supervisor es central ya que es quien da las órdenes a los gendarmes en terreno«.

     

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  • Usaban presos como albañiles para hacer la casa de un policía en Tucumán

     

    Un escándalo de abuso de poder sacude a la policía de Tucumán. Cuatro personas —dos agentes y dos presos— fueron detenidas, mientras que dos altos mandos fueron pasados a disponibilidad por presuntamente facilitar la salida de reclusos de la Comisaría Chusca para que trabajaran como albañiles en la casa de veraneo de una autoridad policial.

    La investigación surgió gracias a denuncias anónimas que alertaron sobre la circulación inusual de personas con antecedentes penales en la localidad de El Cadillal. La investigación interna llevó a la detención de los agentes y los dos presos, y a la disponibilidad inmediata del jefe, Gustavo Beltrán, y el subjefe, Sergio Juárez, de la Unidad Regional Norte, ya que los condenados realizaban remodelaciones en el domicilio que pertenecía a esta mayor autoridad.

    Los reos fueron trasladados al complejo penitenciario Benjamín Paz. Por su parte, los mandos policiales fueron citados a declarar y se iniciaron sumarios administrativos. El ministro de Seguridad, Agüero Gamboa, calificó el hecho como un «golpe muy fuerte para la institución», pero remarcó la firmeza en la depuración: «Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir».

    El ministro de Seguridad precisó que, por decisión del gobernador, los dos efectivos involucrados directamente y los dos altos mandos de la Unidad Regional Norte fueron dados de baja de inmediato. Las autoridades judiciales continuarán con los sumarios administrativos para esclarecer el caso de corrupción dentro de la fuerza provincial.

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  • Prófugo y condenado: capturaron a exdocente por 12 abusos sexuales

     

    El exdocente José Gregorio Ruffa Saraspe, condenado a 13 años de prisión por abuso sexual de menores en una escuela de Balsa Las Perlas.

    El docente de Cipolletti fue detenido anoche en la provincia de Catamarca. Ruffa se encontraba prófugo desde el 23 de octubre, luego de que la Corte Suprema desestimara la última apelación presentada por su defensa. Tras un operativo conjunto entre la policía catamarqueña y el Ministerio Público de Río Negro, se logró su captura y será trasladado en los próximos días a Cipolletti para comenzar a cumplir su condena.

    Ruffa fue hallado en la localidad de Alberdi, Tucumán, donde residía tras haber recibido autorización judicial durante el proceso de apelaciones. Sin embargo, al quedar firme la sentencia, el exdocente debía presentarse ante la Justicia, lo cual no ocurrió, iniciándose su búsqueda a nivel nacional. Las investigaciones determinaron que no había salido del país, y que podría estar recibiendo ayuda para mantenerse oculto en la región.

    El caso de abuso que protagonizó generó una profunda conmoción en Balsa Las Perlas, donde se desempeñaba como maestro entre 2017 y 2019. Durante el juicio, se acreditaron 12 hechos de abuso sexual simple cometidos contra siete alumnas menores de 13 años, a partir de testimonios tomados por cámara Gesell. El tribunal integrado por los jueces Baquero Lazcano, Gómez y González Vitale lo declaró culpable por delitos agravados por su rol como educador, cerrando así un proceso judicial que movilizó a toda la comunidad educativa.

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  • Las atrajo con un falso programa de becas y las filmó en el baño: está preso

     

    Un joven de 19 años fue imputado de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil, y detenido preventivamente por haber creado un falso organismo y un programa de becas con Inteligencia Artificial para hacer viajar a sus víctimas desde Santa Fe hasta Jujuy y así grabarlos en situaciones privadas.

    El detenido, especialista en redes sociales, fue capturado en la capital jujeña el 23 de septiembre pasado, acusado de haber filmado en un baño y con una cámara espía a tres estudiantes -dos de ellas menores de edad-, a las que llevó engañadas desde la provincia de Santa Fe y alojó en un departamento para que participen en un evento estudiantil.

    El imputado, que tenía 15 videos y 68 fotos de las damnificadas en sus dispositivos, hizo viajar a las víctimas hasta San Salvador, luego las trasladó y alojó en un departamento que alquiló en la capital, donde una de las estudiantes descubrió la cámara oculta en un reloj.

    La adolescente notó que el artefacto no funcionaba, se trataba de un cronómetro colocado en un esquinero, en el sector de la ducha y, al manipularlo para ponerlo en hora, se percató que, en realidad, ocultaba una filmadora espía. Dado que el dispositivo también tenía registro de audio, las jóvenes alarmadas lo dejaron en el balcón y alertaron al imputado.

    Según informó el sitio Fiscales.gob, el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, hizo lugar a la imputación contra G.F.F. (19) y, a pedido de la fiscalía, también dictó su prisión preventiva, en el marco de la audiencia de formalización realizada el pasado 28 de octubre.

    La investigación está a cargo del titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, el fiscal federal Federico Zurueta, y la auxiliar fiscal Romina Verdur.

    La denuncia que dio lugar a la investigación fue formulada por tres jóvenes que habían llegado desde la provincia de Santa Fe, con el fin de participar de la Fiesta Nacional del Estudiante, que se celebró en la “Ciudad Cultural”, en San Salvador de Jujuy.

    Explicaron que, tanto el acusado como las víctimas -de entre 17 y 21 años-, arribaron en un micro de larga distancia de una localidad del interior de esa provincia y se alojaron en un departamento alquilado por el acusado en el barrio Alto Padilla.

    Según lo expuesto en la audiencia por la fiscalía, todo era una pantalla creada por el propio imputado, quien tiene un amplio conocimiento informático como “community manager” ya que trabaja como encargado de las redes sociales del centro de estudiantes de un colegio secundario y, además, es empleado municipal, en una localidad santafesina.

    Con sus conocimientos y el uso de la aplicación de Inteligencia Artificial Chat GPT, el imputado creó en la web toda la estructura necesaria para darle credibilidad al organismo mencionado, como así también al programa de becas educativas que, en realidad, era el anzuelo para captar a sus víctimas.

    Para darle credibilidad a su ardid, colocó como domicilio la dirección de la Casa de Gobierno de Jujuy, creó un flyer, otros links de respaldo y los documentos del supuesto programa de becas, el que ofreció a una compañera de trabajo -la víctima de 21 años-, y a adolescentes del centro estudiantil, dos de las cuales -de 17 años– aceptaron.

    La simulación fue tan creíble que ni las víctimas, ni sus padres advirtieron algún elemento que los hiciera sospechar, por lo que llenaron los papeles y firmaron luego los permisos de viajes y estadía necesarios para un evento en Jujuy, el que supuestamente era parte del programa de becas.

    Tras haber encontrado el reloj y comunicarse con el imputado, él mismo les informó que supuestamente se había comunicado con los responsables del organismo, los que habían instruido que debía salir del departamento y dirigirse a la “Ciudad Cultural”.

    Al llegar, las jóvenes le contaron lo sucedido a policías que poseen un puesto en ese lugar. Cuando los efectivos comenzaron a intervenir, el imputado se mostró nervioso y sostuvo que la cámara había quedado en el departamento, por lo que la mayor de las mujeres se dirigió a buscarla junto a un grupo de policías.

    Como no la hallaron, las dos víctimas adolescentes y el imputado abordaron otro móvil para dirigirse al departamento, momento en el que una de las jóvenes vio cuando G.F.F. sacó la cámara de su mochila y la arrojó por la ventanilla del patrullero.

    Los efectivos recuperaron el artefacto tecnológico, el acusado quedó detenido y las tres mujeres fueron puestas a resguardo, mientras se secuestraron los correspondientes elementos electrónicos, como celulares, pendrives, discos externos de memoria, una computadora y una tablet.

    Los elementos contaban con un total de 15 videos y 68 fotos de la filmación de las tres víctimas, según revelaron los representantes de la fiscalía sobre un peritaje preliminar, así como apuntaron sobre el material fílmico de otras víctimas y material de abuso sexual infantil.

    Este hallazgo agravó la imputación y llevó a la solicitud de peritajes complementarios, a fin de establecer si se trata de la tenencia de ese tipo de contenidos, o bien, es material pornográfico infantil producido por el propio imputado.

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  • El Estado y una práctica recurrente: espiar a las organizaciones sociales

     

    Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.


    Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

    Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

    Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

    Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

    La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

    Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

     

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