Francia: trabajadores portuarios bloquean 14 toneladas de armamento que iban a abastecer al ejército israelí

Esta semana el Ministerio Publico Fiscal ordeno el allanamiento de una casa que ya había sido clausurada por microtráfico.

Un nuevo allanamiento tuvo lugar esta semana en un «kiosco narco» del barrio Belgrano de Neuquén, una vivienda ubicada sobre Bahía Blanca al 500, que ya había sido clausurada a principios de octubre tras la detención de una mujer y sus dos hijos por venta de drogas. En esta ocasión, la Fiscalía de Robos y Hurtos, junto con la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Segunda, descubrió que el lugar se utilizaba además como depósito de objetos robados.

Durante el procedimiento, ordenado por el juez de garantías Juan Kees y solicitado por el asistente letrado Luciano Vidal, se secuestró una gran cantidad de artículos: una 8 consolas de videojuegos, 10 celulares, notebooks, televisores, herramientas eléctricas, cascos, mochilas, parlantes, una mesa de ping pong y sombrillas, entre otros elementos. Los investigadores lograron establecer un “patrón delictivo” que vinculaba al inmueble con múltiples robos ocurridos en distintas zonas de la capital, como Perticone, Mitre, Tierra del Fuego, Río Negro y Libertad.

El operativo también reveló que en el lugar funcionaba un delivery de bebidas sin habilitación comercial, por lo que la Dirección de Comercio municipal secuestró bebidas alcohólicas y clausuró nuevamente el domicilio. La Fiscalía de Robos y Hurtos continuará ahora con el proceso de identificación de los bienes para devolverlos a sus dueños y definir nuevas imputaciones vinculadas a los robos investigados.

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Será los días 10 y 11 de julio en el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata. El proceso será por jurados. Rocío, su denunciante, falleció en 2024 luego de padecer complicaciones de salud como consecuencia de lo padecido. Su familia continúa la lucha iniciada por la joven. El cura, bajo arresto domiciliario en Pilar, siguió la audiencia de forma virtual. Por La Izquierda Diario.

Los tribunales platenses tendrán al ultrareaccionario sacerdote en el banquillo de los acusados. Raúl Anatoly Sidders está acusado del delito de «abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y las circunstancias de su realización, doblemente calificado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima y por haber sido cometido por un ministro de un culto religioso, en concurso real con corrupción de menores calificada por ser la víctima menor de 13 años». Será mediante la modalidad de juicio por jurados.

El acusado, patrocinado por Marcelo Peña, abogado defensor de Von Wernich, siguió la audiencia de forma remota, desde su cómoda prisión domiciliaria, ubicada en una vivienda familiar de la localidad de Pilar.

Sidders fue detenido en diciembre de 2020, tres meses después de que se realizara una denuncia penal contra él luego de la noticia de su traslado como capellán del escuadrón de Gendarmería Nacional ubicado en Puerto Iguazú, Misiones. Un traslado necesario para el entonces arzobispo de La Plata Víctor “Tucho” Fernández, ya que se encontraba en el ojo de la tormenta por el caso de Eduardo Lorenzo.

En el año 2020 Rocío habló con este medio y Pulso Noticias, luego de radicar la denuncia contra su abusador. Después de muchos años pudo superar los miedos impuestos por la cultura e ideología eclesiástica (y patriarcal) y puso en palabras lo sufrido por el cura Raúl Sidders entre 2004 y 2008 en el colegio San Vicente de Paul, donde el sacerdote ejerció su poder por décadas.

Dos años después y con su salud más resquebrajada pudo saber que se llevaría a cabo el juicio. «Quiero verlo a la cara, decirle todo lo que me hizo, contar lo que ya lo conté, pero esta vez para que se haga justicia. Si bien falta bastante, con los tiempos de la Justicia que conocemos quizás no sea tanto. Serán dos años que me tomaré para mí, para sanar todo esto que me hizo, para tratar de cerrar esta etapa, porque los traumas que me dejó este tipo son increíbles”, expresaba Rocío esperando justicia.

En septiembre de 2024 el cuerpo de Rocío no resistió las consecuencias del abuso, del silencio y la complicidad y falleció a los 32 años. Su voz estará presente a través de su declaración. Su familia continúa su lucha y el pedido de justicia para todas las víctimas sobrevivientes de abuso eclesiásticos.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/La-Plata-comienza-el-juicio-contra-el-cura-abusador-Raul-Sidders

La crisis sanitaria en Argentina ha dejado de ser una preocupación sectorial para convertirse en un problema estructural de magnitud nacional. Las señales de alarma son múltiples: desde la precarización laboral del personal de salud, la falta de insumos médicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, hasta episodios escandalosos como la distribución de fentanilo contaminado, que ha puesto en peligro la vida de decenas de pacientes. No se trata de emergencias aisladas, sino de los síntomas de un sistema en colapso. Por Lucio Le Moal, periodista y trabajador de la salud en HIGA San Martín de La Plata.

Este panorama no es reciente ni accidental. Es el resultado de décadas de desfinanciamiento, fragmentación, decisiones erráticas y, sobre todo, de una ausencia sostenida de políticas de salud pública de largo plazo. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la salud son solo la punta del iceberg. A esto se suman la crisis de abastecimiento de medicamentos, las demoras crónicas en la atención y la saturación de servicios clave, como ocurre hoy en el Hospital Garrahan, ícono de la medicina pediátrica argentina.

Pero más allá del diagnóstico técnico, lo que subyace es un debate profundamente ideológico: ¿la salud debe ser garantizada por el Estado como un derecho humano, o gestionada por el mercado como un bien de consumo? Dos modelos están en pugna: el modelo estatal/nacional y el modelo liberal-mercantil.

El modelo estatal/nacional: salud como derecho y deber indelegable del Estado

Esta visión tiene raíces profundas en la historia sanitaria argentina. Su mayor exponente fue el Dr. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación, quien sostenía: «Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente al dolor que causa la injusticia social, los microbios como causa de enfermedad son pobres causas.»

Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar el acceso universal, equitativo y gratuito a la atención sanitaria. La planificación estratégica, la producción estatal de medicamentos, la inversión en infraestructura y la dignificación del trabajo profesional son pilares irrenunciables. Para este modelo, la salud no es un gasto, sino una inversión social.

El caso del fentanilo contaminado —que provocó graves infecciones e incluso muertes— expone las consecuencias de tercerizar controles y compras de insumos vitales bajo la lógica del ajuste. Las fallas en los procesos de esterilización, almacenamiento y distribución no solo revelan negligencia, sino que cuestionan la capacidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos cuando delega su rol rector en el mercado.

En este marco, la situación crítica del Hospital Garrahan —con renuncias masivas, falta de insumos, demoras en turnos y deterioro edilicio— es la expresión más visible de un modelo en crisis, pero también de lo que ocurre cuando se debilita la responsabilidad estatal.

Como afirmaba Carrillo: «El Estado no puede mirar para otro lado cuando la enfermedad afecta al pueblo. La medicina social no es una opción, es una obligación.»

El modelo liberal-mercantil: la salud como responsabilidad individual

En la vereda opuesta, el pensamiento libertario plantea que el Estado debe reducir su participación al mínimo, promoviendo la competencia entre prestadores privados como mecanismo para mejorar la calidad y reducir costos. Bajo este paradigma, el paciente se convierte en cliente, y la salud en un servicio a ser contratado según las posibilidades económicas de cada individuo.

Se proponen medidas como sistemas de vouchers sanitarios, seguros médicos privados de libre elección, desregulación de laboratorios y privatización progresiva de hospitales.

El caso del fentanilo contaminado, desde esta óptica, demuestra —según sus defensores— que el Estado es ineficiente y que los controles funcionarían mejor bajo lógicas empresariales.

Sin embargo, esta visión ignora un dato clave: el mercado excluye. Y lo hace sistemáticamente. Cuando la atención sanitaria se rige por la rentabilidad, los más pobres quedan afuera. Como decía Carrillo: “No puede haber política sanitaria sin justicia social.”

¿Un punto medio posible?

En un país donde todo debate se polariza, es necesario explorar modelos mixtos o híbridos, como los aplicados en los países nórdicos o en Holanda. Sistemas con financiamiento público, fuerte regulación estatal, pero también con capacidad de gestión eficiente y mecanismos de control social y transparencia.

El desafío argentino es construir un modelo de salud que combine equidad, eficiencia y sostenibilidad. Esto implica no solo mayor inversión, sino planificación estratégica, control efectivo de insumos, mejora de las condiciones laborales y fortalecimiento institucional.

Conclusión: la salud no es una mercancía. La salud no puede ser un campo de batalla ideológica. Pero sí debe ser una política de Estado. La vida de millones de argentinos depende de decisiones políticas que no pueden postergarse. El acceso a un sistema de salud seguro, humano y justo no debe depender del azar, del lugar donde se nace ni del ingreso que se percibe.

Como nos enseñó Carrillo, «Los problemas de la medicina como rama del Estado no se pueden resolver si no hay una política social orientada al bien común.» Hoy más que nunca, debemos retomar ese legado.

Porque en definitiva, la salud de una nación dice mucho más sobre su dignidad que cualquier indicador económico.

El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, fue liberado de la convocatoria para los partidos contra Georgia y Turquía, pero el motivo no fue una simple lesión. Detrás de su baja se esconde un escándalo de comunicación y procedimientos médicos que desató el «malestar» de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El jugador se sometió a un tratamiento sin el consentimiento ni la notificación previa del equipo médico nacional.

El detonante fue un procedimiento invasivo de radiofrecuencia al que Lamine Yamal fue sometido esa misma mañana para tratar molestias en el pubis. Según un comunicado oficial de la RFEF, los servicios médicos de la Selección se enteraron de la intervención a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, el día que todos debían concentrarse. La Federación expresó su «sorpresa y malestar» al descubrir que un jugador convocado había pasado por un tratamiento de esta índole sin comunicación previa al cuerpo médico de ‘La Roja’.

La situación se agravó cuando, solo a las 22:40 de ese día, la RFEF recibió un reporte médico que confirmaba la intervención y recomendaba un periodo de reposo de entre siete y diez días para el futbolista. Ante este escenario, la Federación tomó la drástica decisión de desvincular temporalmente a Yamal para priorizar su salud y recuperación total. La RFEF dejó claro que, si bien desean su pronta mejoría, la falta de coordinación y la autonomía médica ejercida desató un conflicto protocolario a nivel nacional.

El impacto en España ha sido notable. Con solo 18 años, Lamine Yamal es considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo y una pieza esencial en los planes de la Selección de Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026. Para cubrir su inesperada baja, el seleccionador ya ha convocado a Jorge de Frutos, jugador del Rayo Vallecano. Este incidente pone el foco en la tensión entre los clubes y las selecciones nacionales en el manejo de las lesiones y los tratamientos de sus estrellas.

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En una decisión sin precedentes, la Municipalidad de Zárate designó oficialmente a una inteligencia artificial como funcionaria pública. La herramienta digital, llamada ZARA, fue nombrada directora general de Atención al Vecino no humana mediante el Decreto Nº 532/25, firmado por el intendente Marcelo Matzkin (PRO). Con esta medida, el municipio se convierte en el primero del país en otorgar rango administrativo a un sistema de IA con autonomía para actuar dentro de la estructura estatal.

Qué hará ZARA: trámites, reclamos y expedientes

La IA estará integrada al sistema interno del municipio y podrá gestionar reclamos, tramitar expedientes, emitir resoluciones administrativas y ofrecer atención personalizada las 24 horas, sin interrupciones. Desde el municipio explicaron que su incorporación apunta a agilizar procesos burocráticos y mejorar la interacción con los vecinos.

El sistema permitirá, por ejemplo, que cualquier vecino pueda reportar un problema de alumbrado, solicitar turnos o hacer consultas desde su celular. ZARA procesará la información, derivará el caso al área correspondiente o generará una resolución inmediata, reduciendo tiempos que antes podían extenderse por días o incluso semanas.

Ante las dudas sobre su impacto en el empleo municipal, Matzkin aclaró que “ZARA no reemplaza a los trabajadores, los potencia”, y destacó que la incorporación tecnológica busca crear una gestión más moderna, eficiente y accesible para todos. Según el intendente, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para simplificar trámites, eliminar burocracias innecesarias y posicionar a Zárate como un municipio innovador.

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Vialidad Nacional deberá reparar de manera urgente la Ruta 40 en la provincia de Río Negro, tras un fallo en ese sentido del juez Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la provincia de Río Negro y otros organismos. La resolución también obliga a ejecutar la señalización en los lugares donde sí se realizaron trabajos de bacheo.

La causa fue iniciada ante la falta de respuestas oficiales y la creciente peligrosidad del tramo, una situación denunciada reiteradamente por la Provincia, informó el gobierno del gobernador Alberto Weretilneck en un comunicado oficial.

«Se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico, cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente», dice el texto difundido.

La sentencia

La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial.

Entre las obligaciones más urgentes figuran la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas; la reposición de la señalización horizontal en los sectores intervenidos; y la colocación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y demás puntos críticos.

Todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas.

En cuanto a los plazos, el fallo fija un esquema preciso de cumplimiento. Dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada. En el mismo plazo, tendrá que elevar un informe técnico que confirme o descarte el riesgo de arrastre de material rocoso. Si el riesgo existe, deberá proponer las medidas correctivas y especificar los tiempos de aplicación.

Asimismo, en ese período deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos.

En tanto, a los 120 días, la sentencia exige la presentación de un plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes, con acciones preventivas y de conservación futura que permitan sostener en el tiempo la seguridad del tramo.yed0Xg

La sentencia firme reafirma el rol de la Provincia en la defensa de la vida, la seguridad vial y la integridad física de quienes transitan una de las rutas más importantes para la conectividad andina y el desarrollo turístico y económico del sudoeste rionegrino.

La Justicia reconoció la inacción del organismo nacional durante años y validó el derecho y el deber de Río Negro de accionar ante incumplimientos del Estado Nacional.

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