Murió Thiago el niño de 7 años que recibió un disparo de la policía, Bullrich justifica la balacera

Murió Thiago el niño de 7 años que recibió un disparo de la policía, Bullrich justifica la balacera

 

Hace minutos (19:40hs) acaban de informar que falleció Thiago Benjamín Correa Medina,  el niño de 7 años que recibió un disparó en la cabeza luego que un policía evitará ser robado. a pesar que los asaltantes huían comenzó una balacera indiscriminada. Por su parte la ministra Bullrich defendió la impunidad con la que actúan las fuerzas estatales, sino que también defendió la perversa lógica de un gobierno que prioriza la represión. “Así es como quieren solucionar las cosas”, decía un vecino atemorizado por la balacera en Ciudad Evita. Por ANRed.


Mientras Thiago Benjamín Correa Medina luchaba por su vida tras recibir un balazo en la cabeza, Bullrich continuaba haciendo campaña electoral e insistía en culpar exclusivamente a los delincuentes, evadiendo cualquier responsabilidad sobre el accionar negligente del agente. ¿Desde cuándo la «legítima defensa» justifica disparar a ciegas en una zona poblada, poniendo en riesgo a civiles?. El efectivo disparó una balacera en donde mató a uno de los jóvenes que intentaron robarle e hirió a otros que estaban en la vereda. 

El cinismo de Bullrich llevó también a desviar la culpa hacia el gobernador Kicillof,. También intentó redefinir el caso como «tentativa de homicidio» busca criminalizar para justificar la acción desmedida que terminó con balas perdidas y muerte En tanto La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) emitió un comunicado antes del fallecimiento del niño, titulado “Dejen de tratarnos como basura”:

“La culpa de que Thiago (un niño de 7 años) esté con muerte cerebral por once disparos de un policía federal, es de los delincuentes que le quisieron robar”, fue la defensa de la ministra Patricia Bullrich al policía de 21 años que se encuentra detenido.

El policía Facundo Fajardo de 21 años, fuera de servicio y de civil, para evitar que le robaran la mochila, disparó once tiros en una parada de colectivo. El resultado fue un muerto, dos heridos (los tres impactados cuando huían desistiendo del robo) y un tiro en la nuca de Thiago, de 7 años, que estaba en la parada de colectivos en los hombros de su papá.

La única intervención de la ministra fue la defensa del asesino, hombre de una fuerza bajo su mando, al que eximió de toda responsabilidad.

Insistimos: los únicos (once) disparos fueron del arma reglamentaria de un policía fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil. Sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió.

Este gobierno también es responsable de la miseria que están generando, que ponen a la gente en una permanente situación de desesperación, lo que aumenta obviamente la posibilidad del delito contra la propiedad.

La mayoría de los casos de gatillo fácil (más del 66%) se dan en estas circunstancias.Por eso exigimos:

– Prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio y de civil.

– No a la legalización del gatillo fácil

– Fuera BULLRICH.

 

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  • El Estado y una práctica recurrente: espiar a las organizaciones sociales

     

    Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.


    Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

    Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

    Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

    Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

    La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

    Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

     

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  • Reactivarán el débito automático para préstamos: polémicas y nuevos controles

     

    El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que reautorizará el débito automático interbancario para el cobro de préstamos, un mecanismo que fue eliminado en 2020 por sus riesgos y prácticas abusivas. La decisión fue confirmada por Pedro Inschauspem, director del BCRA, quien explicó que el organismo trabaja para restablecer este sistema digital de cobro en menos de un mes.

    El anuncio se realizó recientemente, durante el Argentina Fintech Forum, donde Inschauspem detalló que el restablecimiento se hará mediante una actualización regulatoria del sistema financiero.

    Opiniones cruzadas en el sector financiero

    La medida se implementará a nivel nacional y contempla nuevos controles y mecanismos de protección para evitar los abusos que motivaron su prohibición original, especialmente tras los casos de débitos indebidos en cuentas de beneficiarios sociales registrados entre 2020 y 2021.

    Esta propuesta generó opiniones cruzadas, especialmente entre las fintechs y otros entes financieros, quienes en su momento se manifestaron en contra de la prohibición impuesta por la Comunicación A6909. Esta política fue erigida para proteger a los usuarios de prácticas abusivas por parte de prestamistas informales.

    El incremento alarmante de débitos automáticos en cuentas de beneficiarios sociales fue una de las principales razones detrás de la prohibición hace tres años. Las fintechs, actuaciones bajo poca regulación y a menudo con altas tasas de interés, aprovechaban el débito automático para asegurar el cobro de las cuotas, vaciando las cuentas de quienes reciben ayudas gubernamentales destinadas a su sostenimiento diario.

    El expresidente del Banco Central, Miguel Pesce,quien jugó un papel clave en la restricción original del débito, advirtió sobre los peligros de permitir que las fintechs tengan acceso directo a los fondos de las personas más vulnerables.

    «La economía debería proteger a quienes más lo necesitan, no permitir que su frágil sustento sea explotado por intereses crediticios desmesurados», aseguró Pesce.

    Endeudamiento y cambio en los hábitos de pago

    Por otro lado, informes recientes del Banco Central destacaron un aumento en el uso de tarjetas de crédito para transacciones en detrimento de las operaciones con tarjetas de débito. Esto refleja un incremento en el endeudamiento personal y apunta a un historial creciente de morosidad en los pagos. En un contexto de inflación y volatilidad económica, muchos ciudadanos recurren a los créditos como una herramienta para subsistir, aunque las condiciones actuales podrían derivar en mayores caos financieros.

    El superintendente de Entidades Financieras, Juan Curutchet, secundó en el foro que, para evitar abusos en esta nueva modalidad de débito, se deberían implementar ciertos controles estrictos, reconocidos como necesarios incluso en un entorno tan favorable hacia la innovación financiera.

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  • Como en la dictadura: el gobernador Figueroa militariza fábricas recuperadas en Neuquén

     

    En la madrugada de este jueves un fuerte operativo de la Policía de la provincia junto a Gendarmería Nacional rodeó los predios de Fasinpat (ex Zanon) y Cerámica Neuquén, las emblemáticas fábricas recuperadas. Ambas están en conflicto ante los ataques del Gobierno y los tarifazos en la energía. Por La Izquierda Diario.


    Las gestiones obreras de Neuquén están atravesando una dura crisis, producto de los tarifazos, los ataques de los gobiernos y la negativa a otorgar créditos y financiamientos para la inversión en tecnología. En enero se sumó el corte de energía eléctrica en Cerámica Neuquén y este lunes el corte de gas en es misma fábrica y también en la ceramista Zanon .

    Están reclamando que el Gobierno cumpla el compromiso de conseguir una reunión con un proveedor de gas para normalizar la situación y que Camuzzi restituya el servicio. Por eso el mismo lunes movilizaron a Casa de Gobierno, donde no recibieron respuestas, por lo que el martes cortaron la ruta.

    Como el martes tampoco hubo noticias del Gobierno, el miércoles decidieron volver a la ruta. Pero un operativo de la Policía provincial y Gendarmería Nacional, que saturó la ruta y alrededores de las fábricas de efectivos y móviles, impidió el corte, aunque las y los obreros, acompañados por organizaciones solidarias, sostuvieron la protesta a la vera de la ruta, recibiendo el apoyo de la gente.

    Ambas fábricas se encuentran sobre la Ruta 7, divididas por una calle, en lo que se conoce como “la ruta del petróleo”, camino a Vaca Muerta. Paradójicamente, en la provincia de Vaca Muerta, el Gobierno no puede garantizar el servicio de gas para dos gestiones obreras, al igual que para miles de familias que no acceden a ese servicio elemental. Como denunciaron los obreros, “no creemos que un gobierno que está más tiempo en Houston visitando petroleras que en Neuquén, no pueda conseguir en treinta días una reunión con una proveedora de gas”.

    https://twitter.com/blancoandres_/status/1928031237995679857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1928031237995679857%7Ctwgr%5E410bc84904676b97fc84b7d898efe14e4add16ae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.laizquierdadiario.com%2FEl-gobernador-Figueroa-militariza-fabricas-recuperadas-en-Neuquen

    Como en la dictadura

    Si ese accionar ya revestía gravedad, lo de esta madrugada es un salto. Sin tener programada ninguna acción, igualmente la zona del Parque Industrial donde se encuentran las cerámicas amanecieron nuevamente rodeadas de policías y gendarmes. Claramente un accionar intimidatorio que tiene como principal responsable al gobernador Rolando Figueroa, que copia los métodos de Patricia Bullrich.

    Como denunció el diputado del PTS-Frente de Izquierda, obrero de Zanon y secretario adjunto del Sindicato Ceramista, Andrés Blanco, “hoy Zanon y Cerámica Neuquén amanecieron rodeadas de policías, como en la dictadura. Así actúa Figueroa, igual que Bullrich. Queremos respuestas, no represión”.

    Blanco aseguró que “por más que nos quieran intimidar con este despliegue policial, no nos van a amedrentar, porque acá está en juego el plato de comida de nuestras familias. Nosotros queremos trabajar, y vamos a defender nuestras fábricas. En 24 años de gestión obrera pasamos por represiones, intentos de desalojos, crisis económicas y montón de adversidades, pero acá estamos de pie y no nos vamos a quedar quietos”.

    Por su parte Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista aseguró que “ahora discutiremos en la asamblea nuestro plan de lucha, pero lo que sí está resuelto, lo que sí está definido, es que vamos a seguir en nuestro plan de lucha defendiendo nuestra fuente de trabajo, y para exigir que nos larguen la luz, el gas y poder seguir produciendo. Eso ya es una decisión tomada, más allá que ahora al frente de la fábrica hay un impresionante el despliegue policial, que no nos van a amedrentar”.

    Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/El-gobernador-Figueroa-militariza-fabricas-recuperadas-en-Neuquen

     

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • Murió el reconocido pintor que luchaba por su vida

     

    Luego de tres meses en terapia intensiva falleció, Félix Salazar, artista visual de Allen tras sufrir un incidente vial.

    Meses atrás ocurrió el incidente vial en Allen que había dejado a Félix Salazar, artista 59 años en terapia intensiva. El hombre, reconocido vecino y pintor de la ciudad, sufrió lesiones severas en la cabeza luego de impactar contra una camioneta en la rotonda ubicada entre las calles Irigoyen y Alsina, a metros del Laguito

    El siniestro ocurrió el 2 de julio, cuando Salazar regresaba a su casa a bordo de su motocicleta y chocó contra un Renault Kangoo. A raíz del fuerte impacto, salió despedido, perdió el casco y sufrió traumatismos craneales de extrema gravedad. Fue trasladado de urgencia al Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde permaneció internado en terapia intensiva y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas.

    Su fallecimiento fue confirmado este viernes, generando profundo pesar en la comunidad de Allen y el Alto Valle, donde era muy querido por su trabajo y su calidez personal. Familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor en redes sociales, recordándolo como “un hombre trabajador y noble”.

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  • Tensión en Central Córdoba: De Felippe reclama la plata de los premios

     

    El cuerpo técnico de Central Córdoba, liderado por Omar De Felippe, inició públicamente una «lucha económica» en medio de la definición deportiva en Santiago del Estero. El entrenador alertó sobre promesas incumplidas y la falta de valoración de los logros deportivos. De Felippe enfatizó que el problema no es solo monetario, sino de «reconocimiento» por lo acordado.


    El conflicto, que parece ser de arrastre, incluye el premio por la obtención del primer título nacional. De Felippe denunció que el cuerpo técnico aún no cobró el premio por la Copa Argentina ganada. Además, aseguró que de los pagos por partidos ganados, el cuerpo técnico no ha recibido «ni un punto» de los 17 puntos que sí se les pagaron a los jugadores del plantel.


    Pese a las adversidades financieras, el entrenador dejó claro que el cuerpo técnico sigue enfocado en los objetivos deportivos, trabajando para lograr la clasificación a los cruces de octavos de final. De Felippe destacó el esfuerzo diario, indicando que trabajan «todos los días, a las seis de la mañana, para que estos pibes nos puedan clasificar».

    La directiva de Central Córdoba le respondió a Omar de Felipe

    La Comisión Directiva de Central Córdoba respondió a las acusaciones con un comunicado oficial en redes sociales, agradeciendo al entrenador, pero marcando diferencias en las versiones. El club aseguró que el cuerpo técnico percibe sus haberes de manera anticipada. Además, afirmaron que ya se ha abonado el 92% de la totalidad de los premios pactados, y que el 8% restante se pagará durante la semana, contradiciendo la versión del DT sobre los incumplimientos.

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