Murió Thiago el niño de 7 años que recibió un disparo de la policía, Bullrich justifica la balacera

Murió Thiago el niño de 7 años que recibió un disparo de la policía, Bullrich justifica la balacera

 

Hace minutos (19:40hs) acaban de informar que falleció Thiago Benjamín Correa Medina,  el niño de 7 años que recibió un disparó en la cabeza luego que un policía evitará ser robado. a pesar que los asaltantes huían comenzó una balacera indiscriminada. Por su parte la ministra Bullrich defendió la impunidad con la que actúan las fuerzas estatales, sino que también defendió la perversa lógica de un gobierno que prioriza la represión. “Así es como quieren solucionar las cosas”, decía un vecino atemorizado por la balacera en Ciudad Evita. Por ANRed.


Mientras Thiago Benjamín Correa Medina luchaba por su vida tras recibir un balazo en la cabeza, Bullrich continuaba haciendo campaña electoral e insistía en culpar exclusivamente a los delincuentes, evadiendo cualquier responsabilidad sobre el accionar negligente del agente. ¿Desde cuándo la «legítima defensa» justifica disparar a ciegas en una zona poblada, poniendo en riesgo a civiles?. El efectivo disparó una balacera en donde mató a uno de los jóvenes que intentaron robarle e hirió a otros que estaban en la vereda. 

El cinismo de Bullrich llevó también a desviar la culpa hacia el gobernador Kicillof,. También intentó redefinir el caso como «tentativa de homicidio» busca criminalizar para justificar la acción desmedida que terminó con balas perdidas y muerte En tanto La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) emitió un comunicado antes del fallecimiento del niño, titulado “Dejen de tratarnos como basura”:

“La culpa de que Thiago (un niño de 7 años) esté con muerte cerebral por once disparos de un policía federal, es de los delincuentes que le quisieron robar”, fue la defensa de la ministra Patricia Bullrich al policía de 21 años que se encuentra detenido.

El policía Facundo Fajardo de 21 años, fuera de servicio y de civil, para evitar que le robaran la mochila, disparó once tiros en una parada de colectivo. El resultado fue un muerto, dos heridos (los tres impactados cuando huían desistiendo del robo) y un tiro en la nuca de Thiago, de 7 años, que estaba en la parada de colectivos en los hombros de su papá.

La única intervención de la ministra fue la defensa del asesino, hombre de una fuerza bajo su mando, al que eximió de toda responsabilidad.

Insistimos: los únicos (once) disparos fueron del arma reglamentaria de un policía fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil. Sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió.

Este gobierno también es responsable de la miseria que están generando, que ponen a la gente en una permanente situación de desesperación, lo que aumenta obviamente la posibilidad del delito contra la propiedad.

La mayoría de los casos de gatillo fácil (más del 66%) se dan en estas circunstancias.Por eso exigimos:

– Prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio y de civil.

– No a la legalización del gatillo fácil

– Fuera BULLRICH.

 

Difunde esta nota

Publicaciones Similares

  • Cayeron una madre y sus dos hijos por venta de droga en el sureste de la capital neuquina

     

    La Fiscalía de Narcocriminalidad de Neuquén llevó adelante una intervención sin precedentes en el marco de la primera Intervención de Mercado de Drogas (IMD) en la provincia, que tuvo como resultado 11 allanamientos simultáneos, siete personas acusadas y tres en prisión preventiva.

    La fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo encabezaron las audiencias tras una investigación que se concentró en el cuadrante sureste de la ciudad de Neuquén, donde se había detectado un circuito sostenido de venta minorista de drogas.

    “Las IMD implican una intervención simultánea que apunta a desbaratar el comercio en sectores geográficos concretos”, explicaron desde la fiscalía.

    Los procedimientos se realizaron durante la noche del jueves con la participación de más de 100 agentes de la Policía provincial, coordinados por el fiscal general José Gerez.

    Una red familiar entre los detenidos

    Entre los siete acusados, una madre y sus dos hijos fueron identificados como los principales responsables de uno de los puntos de venta más activos del barrio Belgrano, sobre calle Bahía Blanca al 500.

    En esa vivienda, las transacciones eran constantes y se realizaban tanto dentro del domicilio como en la vereda, donde los sospechosos incluso esperaban a los compradores sentados en reposeras.

    Durante el operativo, los tres intentaron escapar —la mujer a pie y sus hijos en un vehículo—, pero fueron rápidamente reducidos por la Policía.

    En la casa se secuestraron 50 gramos de cocaína, 11 gramos de marihuana, dos balanzas con restos de sustancia, dinero en efectivo por $263.000 y chips telefónicos.

    La jueza Carina Álvarez ordenó su prisión preventiva por cuatro meses y la clausura del domicilio durante el mismo período.

    Otros puntos de venta desbaratados

    En otro de los allanamientos, realizado en una vivienda de calle Eliseo Boerr del barrio Confluencia, fueron acusados “L.S.C.” e “I.D.C.”, quienes vendían estupefacientes desde julio.

    El sistema de venta incluía entregas por pasamanos y servicio de delivery activo las 24 horas.

    Durante el procedimiento se secuestraron 590 gramos de marihuana en cogollos, siete plantines, semillas, fertilizantes, dos balanzas, celulares, municiones y $40.300 en efectivo.

    Un segundo domicilio, en calle Chocón al 2500, era utilizado por “J.F.M.O.” para el mismo fin. Allí la Policía halló 52 gramos de cocaína, recortes de nylon, un celular y $235.000 en billetes de baja denominación.

    Por último, en calle Coronel Belisle, fue detenido “K.A.V.”, quien operaba desde el fondo de su vivienda. En su domicilio se encontraron 171 gramos de cocaína, balanzas, recortes, bolsas de nylon, un celular y más de $1.500.000 en efectivo.

    The post Cayeron una madre y sus dos hijos por venta de droga en el sureste de la capital neuquina first appeared on Alerta Digital.

     

    Difunde esta nota
  • Salud pública de Neuquén sumó más de 100 vehículos en menos de dos años

     

    Neuquén alcanzó un hito en materia de salud pública con la entrega de 15 nuevas ambulancias, lo que permitió renovar por completo la flota de vehículos de todos los hospitales de la provincia. De esta manera, cada establecimiento sanitario cuenta ahora con unidades 0 kilómetro para el traslado de pacientes y la atención de emergencias.

    En lo que va del 2025 ya se entregaron 58 unidades nuevas, que se suman a las 52 adquiridas en 2024, alcanzando un total de 110 vehículos incorporados en menos de dos años.

    Inversión récord en el sistema de salud

    El gobierno neuquino destacó que el número de vehículos entregados en 2025 supera ampliamente las cifras de 2022 y 2023, reflejando el fuerte impulso de la actual gestión en la modernización de la red sanitaria. Este avance fue posible gracias a una política de ahorro en gastos innecesarios, administración responsable de los recursos y reducción de la planta política, lo que permitió destinar mayores fondos a infraestructura y equipamiento.

    La entrega más reciente incluye 13 furgones 0 km clase A, equipados con tecnología de última generación para garantizar una atención médica de calidad durante el traslado de pacientes. Estas unidades fueron asignadas estratégicamente a El Huecú, Villa El Chocón, Cutral Co, Bajada del Agrio, Las Ovejas, Andacollo, Rincón de los Sauces, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé y Las Coloradas, además de un furgón destinado al hospital Bouquet Roldán de la capital neuquina.

    El destino de una unidad adicional aún está en evaluación por parte de las autoridades sanitarias, que determinarán su ubicación según las necesidades operativas.

    Refuerzo para zonas rurales y cordilleranas

    Para garantizar la cobertura en áreas de difícil acceso, se incorporaron también dos ambulancias 4×4, que serán destinadas a Tricao Malal y El Huecú. Estas unidades están diseñadas para operar en terrenos complejos y condiciones climáticas adversas, asegurando la llegada de los equipos médicos a localidades alejadas y en situaciones de emergencia.

    Además de las ambulancias, durante 2025 se sumaron 21 utilitarios y pick-ups, que cumplen funciones de apoyo logístico y transporte sanitario. La inversión en infraestructura vehicular se complementa con las 31 ambulancias y 21 camionetas incorporadas durante 2024, consolidando una de las renovaciones más importantes de los últimos años.

    The post Salud pública de Neuquén sumó más de 100 vehículos en menos de dos años first appeared on Alerta Digital.

     

    Difunde esta nota
  • Cayó una banda narco en el Alto Valle: penas de prisión por traficar cocaína desde Bolivia

     

    El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a tres hombres por transportar más de 12,7 kilos de cocaína hacia el Alto Valle. El operativo que permitió descubrir el cargamento se realizó el 23 de enero de 2020 en la Ruta Provincial N° 6, a la altura de Casa de Piedra, cuando Máximo, el perro antinarcóticos de la Policía de Río Negro, marcó una camioneta Fiat Strada.

    En el interior del vehículo, los efectivos hallaron doce paquetes tipo ladrillo ocultos en la parte trasera, con un peso total de 12,728 kilos de cocaína. También se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones y dinero en efectivo.

    Los principales acusados son Ariel Mendoza Mariscal (49) y Diego Lamas Cayo (39), ambos de origen boliviano y con domicilios en el conurbano bonaerense. Junto a ellos fue detenido Agustín Mario Barletta (28), argentino y yerno de Mendoza Mariscal, que acompañaba el traslado.

    De acuerdo con la investigación, Lamas Cayo cumplía un rol clave en la coordinación de la maniobra, mientras que Barletta actuaba como partícipe secundario.

    Una investigación con escuchas telefónicas

    El operativo no fue producto del azar, sino que surgió de una investigación previa sobre un grupo dedicado al comercio de drogas. Las escuchas telefónicas permitieron reconstruir las conversaciones entre los involucrados, en las que se planificaba el traslado desde Bolivia.

    Las grabaciones mencionaban a Jorge “Yorli” Zelaya como vendedor, y a los hermanos Alminteros como presuntos proveedores a gran escala. En diciembre de 2019, los diálogos ya anticipaban el movimiento de droga para enero de 2020.

    La pesquisa confirmó que Mendoza Mariscal y Barletta viajaron al norte del país para buscar los estupefacientes, y que emprendieron el regreso a través de Buenos Aires antes de ser interceptados en Río Negro.

    Juicio abreviado y condena

    La causa se resolvió mediante un juicio abreviado acordado entre las defensas y los fiscales Claudia Frezzini y Diego Paolini. El tribunal, a cargo del juez Alejandro Silva, homologó el acuerdo el 9 de septiembre.

    Las penas establecidas fueron:

    • Mendoza Mariscal y Lamas Cayo: 4 años y 3 meses de prisión, más el pago de multas y costas.
    • Barletta: 2 años y 6 meses de cárcel, con cumplimiento bajo pautas de conducta.

    Además, se dispuso el decomiso del dinero y del vehículo utilizado en el traslado, considerado instrumento del delito.

    The post Cayó una banda narco en el Alto Valle: penas de prisión por traficar cocaína desde Bolivia first appeared on Alerta Digital.

     

    Difunde esta nota
  • “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado”

     

    A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

    Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

    Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

    Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

    Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

    No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

    De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    “Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

    “Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

    Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.


    Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

    La entrada “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado” se publicó primero en Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i )).

     

    Difunde esta nota
  • Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

     

    Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .


    l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

    Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

    Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

    La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

    Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

    Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

    El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

    Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

    Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

    También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

    Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

    La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

    Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

    Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

    Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

    De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

    La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

     

     

    Difunde esta nota
  • Triple crimen de Varela: identificaron a «Pequeño J» y aseguran que intentaría salir del país

     

    Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años y oriundo del departamento peruano de La Libertad, fue señalado por las autoridades como el líder narco conocido por el alias de «Pequeño J» y presunto autor intelectual del atroz triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Fuentes cercanas a la investigación informaron que el sospechoso buscó salir del país, motivo por el cual se tomó la decisión de hacer pública su identidad y su imagen.

    En un operativo llevado a cabo el miércoles por la noche, efectivos de la Policía Bonaerense irrumpieron en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de localizar a Valverde Victoriano, pero el señalado ya no se encontraba en el lugar.

    Durante el viernes, se difundió el video de dicho operativo fallido, donde se observó el momento en que los oficiales ingresaron al barrio en búsqueda de un bar, un sitio que distintos informantes señalaron como uno de los lugares que «Pequeño J» solía frecuentar. Un domicilio cercano, un edificio cuyo tercer piso era uno de sus presuntos aguantaderos, también fue apuntado por las «voces de la calle».

    Esta semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se creyó que «Pequeño J» fue el autor intelectual del triple crimen con el objetivo de «dar un mensaje» a las líneas medias de la organización narcocriminal. 

    En el mismo marco, se emitió un pedido de captura nacional e internacional con notificación roja de Interpol para Matías Agustín Ozorio, de 28 años, la mano derecha del capo narco, imputado como coautor del asesinato de las tres jóvenes.

    La circular roja de Interpol fue solicitada por Gastón Duplaá, a cargo de la Fiscalía N° 2 de La Matanza, y le imputó a Ozorio el delito de «triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género».

    Según la notificación de Interpol a la que accedió este medio, los asesinos «aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios» a las víctimas. El documento agregó que los atacantes «utilizaron su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres».

    La investigación, que pasó a manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, junto a un equipo especializado, determinó que Ozorio estuvo en la casa de Florencio Varela.

    Allí, junto con otros cuatro detenidos en la causa –Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)-, «aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes con armas blancas» contra las tres jóvenes, con la intención de quitarles la vida.

    Por otra parte, se sumó un nuevo detenido en Bolivia durante la noche del viernes. Se trató de Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, acusado de ser uno de los conductores que brindaron apoyo a la camioneta utilizada para trasladar a las chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

    Sotacuro había cruzado desde la ciudad jujeña de La Quiaca hacia la vecina Villazón, en el sur boliviano, donde fue localizado y arrestado en un hospedaje. Durante el sábado, se esperaba su traslado a Buenos Aires y su entrega a la Justicia bonaerense que lleva adelante la investigación.

    The post Triple crimen de Varela: identificaron a «Pequeño J» y aseguran que intentaría salir del país first appeared on Alerta Digital.

     

    Difunde esta nota