
Ciudad de México, México, 26 de marzo de 2025. © Reuters / Raquel Cunha
Hace poco más de una década el mundo se impresionaba al ver cómo la tierra del Estado mexicano se tragaba a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa sin mayor consecuencia que el efímero espanto mundial. En ese entonces, la cifra oficial de personas desaparecidas en México ascendía a 30.000, la misma cifra estimada de desapariciones perpetradas por la última dictadura en Argentina. Desde entonces las desapariciones no sólo no han cesado, sino que se han recrudecido y multiplicado por -al menos- cuatro. ¿Qué intereses económicos hacen que el terror en México haya pasado a ser un hecho estructural y naturalizado? Por Lucía Fernández, para ANRed.
Cuando los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos habían pasado 8 años desde el inicio de la ‘Guerra contra el Narco’ y muchxs inocentemente pensamos que la puesta en evidencia internacional de la excepcional violencia en México le pondría algún tipo de límite o contención internacional. Lejos de menguar, el mayor experimento represivo de Latinoamérica no sólo se ha expandido exponencialmente en el territorio mexicano, sino que se ha reforzado como mecanismo de control económico y poblacional en la Región: hoy los grupos narcos son las principales fuerzas para-estatales que presionan, desplazan y asesinan comunidades indígenas y poblaciones vulnerabilizadas por este recrudecimiento del saqueo en toda Latinoamérica.
En los últimos 10 años la cifra de desapariciones denunciadas en México se ha cuatriplicado, y casi la mitad de esas desapariciones -51.791- se denunciaron durante el sexenio gobernado por el progresista López Obrador. Este mandato presidencial, a pesar de la esperanza que había despertado después de varios ciclos de gobiernos abiertamente neoliberales y conservadores del PRI y del PAN, terminó siendo el más mortífero desde el inicio de la pseudo-guerra: más de 180.000 asesinatos. Un promedio de 26 desapariciones y 82 asesinatos por día.
Desde el gobierno de Felipe Calderón (2007-2011) la cantidad -más o menos oficial– de asesinatos en México va creciendo gobierno tras gobierno, contando con cifras oficiales de más de 550.000 personas.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum iniciado en 2024 pareciera querer intentar algo diferente según algunas declaraciones y acercamientos a los organismos de Derechos Humanos y Madres Buscadoras, pero el problema tiene condiciones estructurales que lo hacen particularmente complejo de abordar y las expectativas se matizan con las decepciones que ha dejado la historia reciente del país.
Así como en Argentina el número de 30.000 desapariciones es una estimación calculada a partir de la capacidad de exterminio de la maquinaria represiva instalada, los organismos de Derechos Humanos advierten que las cifras de denuncias oficiales sólo representan una parte de la realidad, puesto que el terror inhibe a las familias a denunciar por miedo a mayores represalias. Así como las Madres de Plaza de Mayo se convirtieron en las grandes heroínas contra las dictaduras de los 70’s de la Región, hoy las Madres Buscadoras de México deberían consagrarse como las nuevas heroínas de este nuevo proceso acelerado de saqueo y muerte desarrollado en el Siglo XXI.
Pero el problema, como avisan las compañeras, no es el Narco en sí solamente, sino las transformaciones en el sistema productivo mexicano -y su fronteriza relación extractivo-industrial con Estados Unidos-. El gigante en decadencia, al ir perdiendo capacidad de influencia y control sobre Sudamérica frente a la potencia China, ha concentrado sus injerencias tanto en México como en Centro-América en las últimas décadas.
Por un lado, la expansión territorial del extractivismo minero, petrolero y agroindustrial ha contado con el Narco como fuerza parapolicial para desplazar, desaparecer o asesinar poblaciones y comunidades indígenas enteras, así como promover el terror y destruir la confianza social tanto en zonas urbanas como rurales.
Por el otro, las industrias estadounidenses han encontrado en la explotación irregular de la mano de obra mexicana -que crece con los desplazamientos y las migraciones- una estrategia estructural para reducir los costos laborales. Además de instalar sus industrias en la frontera norte de México -las famosas Maquilas-, el incremento acelerado de la migración mexicana -y centroamericana- hacia Estados Unidos también le ha proporcionado una masa de personas que, indocumentadas, quedan a merced de los peores mecanismos de explotación que se han conocido en Estados Unidos desde el fin del esclavismo. México tiene la mayor población emigrada de toda Latinoamérica.
La economía mexicana no para de crecer y crecer, sobre todo en Minería, en industrias forestales y en Agroindustrias. Y así como crece el extractivismo, crecen su deuda externa junto con las inversiones extranjeras y la destrucción medioambiental. En los últimos años, el descenso de las rentas que aportaba el petróleo se fue equiparando con el crecimiento las rentas mineras, cuyo impacto territorial es aún mayor que el petrolero. Las exportaciones han crecido por encima de la producción porque el capital drena hacia los países del Norte Global (no sólo de Estados Unidos).
En este contexto, el Narco se encarga de realizar toda la logística ilegal de semejante máquina de dinero y muerte: desde el ataque a los territorios pretendidos por las empresas, la gestión y traslado de las personas desde el norte de Sudamérica hasta el Río Bravo, hasta la distribución de migrantes en el territorio estadounidense. En su libro ‘Capitalismo Gore’, la filósofa mexicana Sayac Valencia describía ya en 2010 la capacidad productiva que el terror y la violencia tenían sobre la economía mexicana y lo estructural que era su presencia.
Por eso el Narco no es parte de un fenómeno que se ha descontrolado, sino un elemento fundamental y articulador de un sistema productivo avalado por los Estados. La economía ilegal basada en el terror y el genocidio maximiza las ganancias de tal forma que ningún sector productivo legal puede competir con sus tasas de ganancia ni sus mecanismos de presión mediante la violencia descontrolada. El consumo de drogas internacional se convierte en una de las principales fuentes de financiamiento de la represión para-estatal, y el resto de la economía que aún sigue bajo el paraguas de la legalidad va siendo condenada a ser tan sólo una pantalla para el Lavado del dinero ganado mediante el terror y las economías para-legales.
Luego del descubrimiento de los Centros de Exterminio y tortura encontrados en Teuchitlán, la violencia narco en México ha vuelto a ser noticia internacional, dándonos a todxs un sacudón para no olvidar ni dejar de acompañar los reclamos. Porque frente a tal nivel de terror y violencia, es la solidaridad y la presión internacional la que puede desestabilizar la normalidad con la que opera la impunidad en México, pero también la que debe alertar al resto de Latinoamérica sobre los crecientes mecanismos para-estatales de control territorial contemporáneos que tienen en México su laboratorio más desarrollado.

Indicadores Económicos y Extractivos en México (1990-2023). Fuente de datos: Banco Mundial.

Rentas Extractivistas en México (1990-2021). Fuente de datos: Banco Mundial.

Gasto Militar en México (1990-2021). Fuente de datos: Banco Mundial.