Neuquén será premiada en Estados Unidos por su modelo sostenible en Vaca Muerta

 

Los asambleístas mendocinos Mauricio Cornejo y Federico Soria continúan presos por defender sus territorios y el agua contra el avance de la megaminería metalífera en la provincia. Cornejo continúa con prisión domiciliaria, mientras que Soria continúa detenido a pedido del fiscal Juan Manuel Sánchez, luego de que hoy la audiencia pasara a un cuarto intermedio. En este marco, una gran diversidad de asambleas ambientales, organizaciones, agrupaciones y personalidades reclaman su desprocesamiento e inmediata liberación. «El Estado, la Minera San Jorge de Solway Holding y la Cámara de Proveedores Mineros, criminalizan a quienes resisten el saqueo y defienden el agua, el ambiente y la vida. Estas acciones no son aisladas ni aleatorias, sino que forman parte de un plan sistemático para debilitar la lucha colectiva y allanar el camino para el saqueo y la entrega de nuestros territorios», remarcan. Es por eso que hoy convocan a un ruidazo para hoy, martes 1 de abril, a las 19, en el Kilómetro 0 (Garibaldi y San Martín) de la ciudad de Mendoza. Por ANRed.

---

Los asambleístas mendocinos Mauricio Cornejo y Federico Soria continúan presos por defender sus territorios y el agua contra el avance de la megaminería metalífera en la provincia, en particular, el proyecto de cobre de la minera San Jorge. Así, Cornejo quien pasó tres semanas en la cárcel del Polo Judicial y continúa bajo prisión domiciliaria, mientras que Soria continúa detenido a pedido del fiscal Juan Manuel Sánchez, luego de que hoy la audiencia pasara a un cuarto intermedio.

En el caso de Soria, se trata del «segundo preso político del gobernador Alfredo Cornejo y de las mineras«, según definió Marcelo Romano, abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, la detención preventiva de Federico Soria, histórico integrante de la asamblea mendocina y uno de los impulsores del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, alternativa propuesta frente al proyecto minero San Jorge, de la multinacional Solway Holding, que el gobierno provincial busca reinstalar en esa localidad del departamento de Las Heras.

En este marco, diversas organizaciones convocan hoy, martes 1 de abril, a un ruidazo para hoy, martes 1 de abril, a las 19, en el Kilómetro 0 (Garibaldi y San Martín) de la ciudad de Mendoza.

En el documento conjunto, señalan: «sabemos que las estrategias de intimidación buscan sembrar miedo para evitar que las comunidades se organicen y participen activamente en la resistencia a modelos productivos que van en contra de su elección de vida. Los gobiernos identifican aciertas personas que consideran que ocupan roles de liderazgo para luego perseguirlas, estigmatizarlas, desprestigiarlas y judicializarlas con el objetivo de generar temor y desmovilización», remarcan.

En esa línea, agregan: «estas acciones, no son aisladas ni aleatorias, sino que forman parte de un plan sistemático para debilitar la lucha colectiva y allanar el camino para el saqueo y la entrega de nuestros territorios. Además, la lucha por defender el agua se realiza difundiendo información científica y conocimiento pormenorizado del territorio que los gobiernos impulsores de los extractivismos no quieren que se conozca.

Se trata de maniobras destinadas a silenciarla lucha histórica de pueblos como el mendocino, el riojano y el chubutense, que en reiteradas oportunidades han expresado de manera contundente su rechazo a la megaminería impidiendo que se habilitara la actividad.

En este marco, una gran diversidad de asambleas ambientales, organizaciones, agrupaciones y personalidades reclaman su desprocesamiento e inmediata liberación: «esta vez, el Estado, Minera San Jorge de Solway Holding y la Cámara de Proveedores Mineros, criminalizan a quienes resisten el saqueo y defienden el agua, el ambiente y la vida. Sabemos que las estrategias de intimidación buscan sembrar miedo para evitar que las comunidades se organicen y participen activamente en la resistencia a modelos productivos que van en contra de su elección de vida. Los gobiernos identifican aciertas personas que consideran que ocupan roles de liderazgo para luego perseguirlas, estigmatizarlas, desprestigiarlas y judicializarlas con el objetivo de generar temor y desmovilización», remarcan en un comunicado conjunto.

En la misma línea, agregan: «estas acciones no son aisladas ni aleatorias, sino que forman parte de un plan sistemático para debilitar la lucha colectiva y allanar el camino para el saqueo y la entrega de nuestros territorios», sentencian. Y agregan: «además, la lucha por defender el agua se realiza difundiendo información científica y conocimiento pormenorizado del territorio que los gobiernos impulsores de los extractivismos no quieren que se conozca. Se trata de maniobras destinadas a silenciarla lucha histórica de pueblos como el mendocino, el riojano y el chubutense, que en reiteradas oportunidades han expresado de manera contundente su rechazo a la megaminería impidiendo que se habilitara la actividad».

Finalmente, denuncian: «los modelos extractivos se imponen siempre con violencia, siendo la judicialización de la protesta y la estigmatización de quienes participan en ella, una grave violación a los derechos fundamentales de expresión, participación y organización. Además, el Artículo Nº9 del Acuerdo de Escazú establece la obligación de los Estados a garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales, protegiéndolos de amenazas, persecución y violencia. Argentina, como país firmante, debe cumplir con este compromiso en lugar de criminalizar a quienes defienden el ambiente y los derechos humanos como el acceso al agua potable», remarcan.

Por todo lo expresado y ante la sus compañeros de la Asamblea de Uspallata, Federico Soria y Mauricio Cornejo, exigen:

● «El desprocesamiento y la inmediata liberación de quienes han sido criminalizados por defender el agua y el territorio. Siendo imputados injustamente acusándolos de ‘pertenecer a organización que busca imponer sus ideas por el terror’ (Art. 213 CP)».

● «La renuncia del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la Vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, el presidente de Impulsa Mendoza, Emilio Guiñazú, el director de Minería, Jerónimo Shantal y el Intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Debido a que son responsables de persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a la salud psíquica y física de los detenidos».

● «Que se separe al fiscal Juan Manuel Sánchez por incumplimiento de las Garantías Constitucionales, criminalización y encarcelamiento sin pruebas».

● «Al Poder Judicial que garantice el cumplimiento de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales vigentes en el territorio argentino. A saber, el Art. Nº 41 de la Constitución Nacional, la Ley Provincial Nº 7722, los Derechos Civiles y Políticos, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT».

● «El cese de la persecución y que el Estado garantice que todas las personas puedan ejercer su derecho a defender pacíficamente el territorio, sin temor a ninguna clase de represalias».

● Y «que se respete la autodeterminación de los pueblos«.

El documento conjunto es firmado por las siguientes organizaciones:

Agrupación Ambiental Alerta Roja Trelew y Mendoza

Agrupación Estudiantil En Clave Roja sede Trelew y Comodoro Rivadavia de la UNPSJB

Agrupación Secundaria No Pasarán Puerto Madryn

AMPAP – Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura

ASAET – Asamblea Socioambiental de El Trapiche – San Luis

Asamblea Agua Pura Valle Fértil

Asamblea Agüita Pura para San Juan

Asamblea Ancasti por la Vida Catamarca

Asamblea Antimegaminería Bariloche

Asamblea de Famatina – La Rioja.

Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Asamblea de Trabajadorxs de la Literatura – Mendoza

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Carmen de Patagones

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata

Asamblea de Vecinxs «No al loteo en Bajada de los Palitos» – Comodoro Rivadavia

Asamblea de Vecinos Rawson Playa

Asamblea El Algarrobo Andalgalá – Catamarca

Asambleas del Curru Leufu

Asamblea del Monte de Unquillo – Córdoba

Asamblea del Pueblo de Alvear – Mendoza

Asamblea de Las Heras por el Agua Pura de Mendoza

Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyén (AdCRE)

Asamblea en Defensa del Territorio – Puerto Madryn

Asamblea Maipucina por el Agua – Mendoza

Asamblea No a la Mina de Esquel

Asamblea en defensa de los Caminos Ancestrales

Asamblea Paravachasca – Córdoba

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua – Allen

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua – Neuquén

Asamblea Permanente por el Río Colorado

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Esquel Trevelin

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Río Cuarto

Asamblea por el Agua de Mendoza – Guaymallén

Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Luján de Cuyo – Mendoza

Asamblea por el Agua de San Rafael – Mendoza

Asamblea por el Agua de Tunuyán

Asamblea por Necesidad y Urgencia de Mendoza

Asamblea por un Mar Libre de Petroleras La Costa

Asamblea por un Mar Libre de Petroleras – Mar del Plata.

Asamblea por un Mar Libre de Petroleras – Necochea y Quequén

Asamblea por un Mar Libre de Petroleras – Villa Gesell

Asamblea Socioambiental Baradero

Asamblea Socioambiental Cuenca de los Pozuelos Puna Jujeña

Asamblea socioambiental de Junín de los Andes – Neuquén

Asamblea Socio Ambiental Zona Este – Mendoza

Asamblea Popular por el Agua – Gran Mendoza

Asamblea por el Agua Pura La Paz – Mendoza

Asamblea Tupungato por Agua Pura de Mendoza

Ambiente en Lucha Nacional

Ambiente en Lucha Río Gallegos

Ambiente en Lucha Tierra del Fuego

Ambiente Es Todo del Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional (FPDSCP)

Asociación Civil Árbol de Pie Bariloche

Asociación del Cielo a la Tierra

Asociación Justicia y Paz,

Misioneros Claretianos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

Asociación Patrimonio Natural y Emiproa

Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeres de Campo de Mayo

Adrián Monteleone – DNI 24448378

Alejandra Sepúlveda – DNI 27322456

AVAL – Asamblea

Vecinos Autoconvocados de Loncopué – Neuquén

Biblioteca Popular Mujer Pionera de El Chaltén

Calisa – Universidad Nacional de Tierra del Fuego

Campaña Nacional Fuera Mekorot

Campus Córdoba del Right Livelihood College (RLC)

Causa Palestina Necochea Quequén

Centro de Investigación y Acción Comunitaria MINGACO – Junín de los Andes

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos -CeProDH

CLAMA – Cielos Limpios en América Monitor Ambiental

Colectiva Magdalena 318 – Magdalena – Buenos Aires

Colectiva Transfeminista de El Chaltén

Colectivo Comunicadorxs Chubut

Colectivo Ecosocial – Concordia – Entre Ríos

Colectivo Somos Monte – Chaco

Colectivo de Trabajadores por la Ventana (docentes entrerrianos)

Comisión por la Memoria del Pueblo Hilda Fredes de Trelew

Comisión Sur por Palestina

Comunidad Argentina de hermanas de la Misericordia de las Américas

Comunidades Eclesiales de Base de Catamarca

Comunidad Humanista del Este – Mendoza

Comunidad Mapuche «Newen Taiñ Mapu» Huayki Ñielo – Río Negro

Comunidad Mapuche Epu Lafken

Convocatoria Segunda Independencia

Coordinadora de Jubilados/as, Pensionados/as y Retirados/as de Río Negro

Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones

Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes de Malargüe – Mendoza

Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca

Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

CTA – Bahía Blanca

Débora Figueroa – DNI 23514753

Dr. Daniel Emmerich, DNI: 13.876.217. Pcia de Córdoba

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ)

Equipo de Justicia de las hermanas de la Misericordia de las Américas

Espacio Asambleario Autónomo

Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política EAMyCP

Espacio Solidaridad, social ambiental, cultural y político

Ernesto Paillalef – DNI 8.213.511

Fabricio Cardelli – Periodista

Federación Argentina de Espeleología – Malargüe

Feministas Antiextractivistas del Sur

Feria Agroecológica de Viedma – Rio Negro

Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional en Vientos del Pueblo

FM Che Comunitaria – Junín de los Andes

FM Alas Radio Comunitaria – El Bolsón

Foro Ambiental y Social de la Patagonia

Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), ONG con status consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC)

Guillermo Pacagnini – Diputado Provincial Buenos Aires MST en el FIT-U.

GRATE: Grupo de autoformación y reflexión sobre transiciones ecosociales

Grupo Ciencias, Ambientes y Territorios

Grupo de Organizaciones Patagónicas

Hacia el Encuentro

Iván Marín, periodista de Prosa Urgente y despedido de diario

El Chubut durante el Chubutazo de 2021 por luchar contra la zonificación minera

Juan Miguel Gortari – DNI 12195328

Juntos Podemos en un ambiente sano – Jujuy

La Lala Ska – banda de ska instrumental antifascista

La Pampa por el Ambiente

MAR – Movimiento Antinuclear Rionegrino

MARA – Movimiento Antinuclear de la República Argentina

María del Carmen Verdú – Ismael Jalil – Abogados de DDHH

María Gladis Bobadilla – Asamblea Ambiental Formosa

María Vanda Ianowski DNI 20350585 – Docente UNCo CURZAS

Mendoza en Lucha

MIPAC – Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo

Movimiento Alternativa de Argentina

Movimiento Evita Lago Puelo

Movimiento Evita Regional Patagonia

Movimiento Kultural Congreso de los Barrios Libres

Movimiento Socialista de los Trabajadores Chubut en el FITU

Multisectorial Comarca Marítima Viedma – Patagones – El Cóndor.

Multisectorial Golfo San MatíasMurga La Fisura de Buenos Aires

Natalia Carzoglio – DNI 28431507. Ing. Agr. Prof de Biologia. Asambleista de Asambleas del Agua de Neuquén

Ni Una Menos – Lago Puelo

Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel

Observatorio Petrolero Sur

Ojalá la Tierra Neuquén, espacio socioambiental, político y cultural

Organización Ecologista PiukeOrganización Independiente La Fuentealba – Chaco

Organización Territorial KAMI Henen (Pueblos Chelkos- Kami – Kamichingon /Sanavirón / Ranqülche) – Córdoba

Pan y Rosas Chubut

Partido en formación Patria Grande/ Argentina Humana – Mendoza

Prof. Dr. Raul Montenegro, premio Nobel Alternativo 2004 (Right Livelihood Award)

Programa Radial Humanidad ¿Adónde vas?

Pro Eco Grupo EcologistaPTS-FITU Chubut

Rebelión o Extinción Argentina

Rebelión Científica Argentina

Red Acción por el Buen Vivir Tucumán

Red Continental Iglesias y Minería, Nodo Argentina

Red de Comunidades Costeras

Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir

Red Ecosocialista

Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia

Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia – Chile

Rivadavia por el Agua Pura Mendoza

Sandra Eguia – DNI 14923591

Sil de la Montaña – Presidenta del Consejo Ambiental de El Bolsón

Susana Asaf – DNI 10868529

Susana Rebagliatti – DNI 12713705

S.E R – Sociedad Ecológica Regional – Comarca Andina.

SERPAJ – Servicio Paz y Justicia

Taller de arte Nagual-Arte & Diseño

Tejido de Profesionales IndígenasTierra para Vivir – Marabunta

TRACES CH: Trabajadores Autoconvocadxs de Ciencia, Educación y Salud – Chubut.

Asamblea de Trabajadorxs de las Artes Visuales Mendoza

Unión de Asambleas de Comunidades Chubutense

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Tucumán

Unter Seccional Allen-Fernández Oro – Río Negro

Vecinos Autoconvocados contra Atanor

Vecin@s Autoconvocad@s Por el Agua Pura San Carlos Mendoza

Vilma Ripoll diputada Nacional MST en el FIT-U

Argentina, 1 de abril de 2025.

 

 

La empresa israelí Navitas Petroleum, en asociación con la británica Rockhopper Exploration, lidera el proyecto León Marino (Sea Lion).  El proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas está a punto de alcanzar una etapa crucial, con la confirmación de nuevos recursos y un ambicioso plan de desarrollo. Según el reciente informe independiente de recursos mencionado en la Revista Petroquímica, el proyecto León Marino (Sea Lion) alcanzará un pico de producción de 150.000 barriles diarios, consolidando la explotación de hidrocarburos en el área ocupada por el Reino Unido. Por ANRed. 

---

La empresa israelí Navitas Petroleum es quien tiene en su poder la mayoría de los derechos de explotación sobre ese territorio (a mediados del año pasado poseía el 65% de las acciones del proyecto, y el resto es de británica Rockhopper). De concretarse la operación, la mayor parte de las ganancias irían a los accionistas en Israel y Estados Unidos, precisó el medio británico The Telegraph. También fue mencionando en una nota por la periodista Patricia Garip, en el portal Gas Outlook, donde además habla del relato sobre el greenwashing, ya que se trata de explotación offshore y en un sector de esa nota habla de «alerta para Argentina».

Según el reciente informe independiente de recursos, el proyecto León Marino (Sea Lion) alcanzará un pico de producción de 150.000 barriles diarios, consolidando la explotación de hidrocarburos en el área ocupada por el Reino Unido, así lo alertó la Revista Petroquímica la semana pasada.

Entre mediados del año pasado y principios de este circuló información contradictoria en distintos momento. Estancado hace el ultimo trimestre del año pasado, este año han informado sobre avances del proyecto que podría comenzar una nueva fase de extracción a gran escala el año próximo.

Mientras un nuevo 2 de abril recuerda, tanto el derecho argentino sobre las islas como a quienes fueron enviados por el gobierno de facto del dictador Leopoldo Galtieri a luchar en pésimas conficiones, un nuevo alerta es ignorado por el actual gobierno.

El actual gobierno es el primero que, ante esta situación, no ha realizado reclamos en foros internacionales ni promovió acciones legales contra las compañías involucradas en la extracción. En este contexto, el proyecto León Marino avanza sin obstáculos, lo que podría complicar aún más los reclamos de soberanía de Argentina, además del daño ambiental que podría tener graves repercusiones, tanto en todo el Mar Argentino, como en el planeta en tiempos de alerta ambiental.

Esta situación requiere una atención cuidadosa y una estrategia clara para proteger, tanto los intereses de Argentina, como el cuidado ambiental de nuestros mares a nivel global.

Leer también: 

Reino Unido y una empresa israelí buscan saquear 500 millones de barriles de petróleo del Mar Argentino

 

 

Este lunes Corredores Viales S.A. despidió a 117 empleados por la huelga que trabajadores sostuvieron durante 4 días en defensa de los puestos laborales y en reclamo y solidaridad con los 500 desocupados de la empresa Caminos del Río Uruguay ( CRUSA ). El Sindicato Unico de Trabajadores de los Peajes y Afines ( SUTPA) denunció el hecho como un grave ataque a la libertad sindical. La empresa estatal, el 9 de abril había mandado un comunicado por correo en donde ya advertía que realizaría despidos e intimaba a los trabajadores a desistir de su derecho a huelga. El Sindicato expone además que el gobierno no tiene un plan claro para la infraestructura vial del país y que el estado de abandono en las rutas se cobra 12 vidas por día. El Secretario de Transporte festejó los despidos y dijo:»Se terminó el tiempo en que el Estado se hace cargo de todo», pero la semana pasada Vialidad Nacional tomó posesión de las rutas que tenía a cargo CRUSA, se negó a nueva prórroga con el fin de la concesión que ya tenía vencida la empresa hace más de un año. De lo que no se hizo cargo fue de los 500 trabajadores que se quedaron sin trabajo. Por ANRed.

---

El lunes el SUTPA comunicó que 117 trabajadores de la empresa Corredores Viales S.A fueron despedidos de manera discriminatoria por ejercer el legítimo derecho a huelga. Trabajadores habían realizado un paro en diez tramos de Corredores durante 4 días en reclamo de condiciones laborales, salario y ante la amenaza de más despidos. También como eje de la protesta estuvo presente la situación de  500 trabajadores que se quedaron librados a su suerte luego de que el gobierno nacional decidió terminar con la concesión a la empresa Caminos del Río Uruguay ( CRUSA). Vialidad Nacional tomó la posesión pero los y las trabajadoras no recibieron respuestas sobre la continuidad de su trabajo. No hubo telegramas de despidos, por lo tanto tampoco indemnizaciones.

Empresa Caminos del Río Uruguay: fin de la concesión y 500 operarios sin trabajo

» Estos despidos, absolutamente violatorios de la Constitución Nacional y de normas de derecho laboral nacionales e internacionales, dejan en evidencia la intencionalidad de la empresa de desarticular la lucha de los trabajadores representados por el SUTPA. Desde enero, no solo reclamamos por la apertura de negociaciones paritarias, sino también por condiciones dignas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo.» expresó el sindicato en un comunicado.

Y agregó: «Cabe destacar que esta huelga fue realizada de forma totalmente legal y legítima, amparada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y comunicada a la Secretaría de Trabajo de la Nación en tiempo y forma. Por todo lo expuesto, denunciamos que la conducta adoptada por la empresa constituye una represalia directa y discriminatoria hacia los trabajadores, en violación a lo dispuesto por la Ley 23.592, que prohíbe expresamente todo acto de discriminación, en este caso por razones de índole gremial.»

Ya en medio de la huelga,  Corredores Viales había enviado por correo electrónico un comunicado donde desconocía la medida de fuerza, intimaba a los trabajadores a cesarla y amenazaba con realizar despidos.

Ante esto, el SUTPA había alertado que la empresa: «intenta deslegitimar el ejercicio constitucional del derecho a la huelga y amenaza con sanciones disciplinatorias, incluyendo despidos. Esto es un claro atentado contra los derechos de los trabajadores en el marco de una legítima medida de acción ejercida por nuestra organización en defensa de derechos laborales”

Detallaba los motivos de la huelga:“ Una paritaria 20 por ciento por debajo del resto de la actividad, la falta de predisposición por parte de la empresa a reunirse con el SUTPA desde el mes de enero, nulas condiciones de Seguridad e Higiene que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y de usuarios, y ante la inminente privatización de Corredores Viales S.A, con el antecedente de la pérdida de 500 puestos de trabajo tras el fin de la concesión de Caminos del Río Uruguay”

Y denunciaba: “ Corredores Viales S.A no sólo desconoce el derecho a la protesta y a la representación sindical, este último respaldado por convenios internacionales, 87 y 98 de la OIT y la legislación laboral vigente, ley 23,551, entre otras; sino que además intenta instalar un falso relato para ocultar sus reiterados incumplimientos salariales, con una inflación que crece día a día y deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, y la negativa sistemática a negociar paritarias. Cabe destacar y recordar que esta empresa es responsable de la mayor depreciación salarial dentro del sector durante el 2024, otorgando aumentos unilaterales por debajo la inflación, negándose desde enero, a abrir un canal de negociación formal, en clara violación de las leyes laborales”

“Crónica de una crisis vial anunciada”

Corredores Viales S.A administra más de 6 mil kilómetros de rutas en el país y está conformada hoy por Vialidad Nacional y el Ministerio de Economía.

En febrero el gobierno nacional, a través de Manuel Adorni informaba que avanzarían con su privatización. “ Siguiendo lo que planteó el Presidente, el Estado deja de ser constructor y administrador vial, para asumir su rol como promotor y supervisor”, había dicho el vocero presidencial .

Pero hasta ahora no hubo avances en esto y contradiciendo sus promesas, la semana pasada el gobierno  decidió culminar la concesión de Caminos del Río Uruguay y tomar la posesión a través de Vialidad Nacional. Una licitación que tendrían que haber convocado hace más de un año.

«El gobierno asumió diciendo que iba a privatizarla( Corredores Viales) pero no solo no avanzó en tal sentido a casi un 30% de avance de su mandato, sino que su primer acto hacia el sistema tarifado es estatizar una concesión vial. Estamos hablando de Caminos del Río Uruguay, una concesionaria cuyo contrato vencía en abril, y para la cual el gobierno no organizó ningún proceso licitatorio que permitiera asignarla a otra empresa. Esta improvisación gubernamental está generando la destrucción de 500 puestos de trabajo, correspondientes a trabajadores que no cobrarán su indemnización, dado que la concesionaria saliente se encuentra concursada.» , afirmó el SUTPA.

“ Es evidente que al igual que sus predecesores, este gobierno no tiene un plan claro y realizable para la infraestructura vial argentina”, expresó.

Y agregó : «La crisis vial que atraviesa nuestro país no tiene la misma cobertura mediática que la crisis de inseguridad, pero se cobra vidas con mucha mayor velocidad: 12 por día. Un país de la extensión de la Argentina no puede darse el lujo de permitir que sus arterias viales permanezcan en condiciones de intransitabilidad por la improvisación de quienes tienen que planificar y ejecutar su gestión, mantenimiento, reparaciones y mejora.»

Estatización «libertaria»?

El Sindicato denunció además que detrás de este  pase de las rutas concesionadas a CRUSA a Vialidad Nacional, está el objetivo de dejar en manos el asunto a una administración poco transparente. » El Presidente ha afirmado que no se puede hacer un país distinto con los mismos de siempre, pero sus funcionarios están entregando la gestión de una ruta a la poco transparente Dirección Nacional de Vialidad, mientras tampoco se avanza en la privatización de Corredores Viales S.A.», advirtieron.

«Pero la degeneración fiscal no termina en la improvisada estatización. A pesar de contar, como dijimos, con una empresa concesionaria de infraestructura vial, el gobierno ha decidido darle la ruta del Mercosur a la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, gracias a que evidentemente el Presidente no está siendo debidamente informado de estos cambios, todos los argentinos deberán pagar con sus impuestos el mantenimiento (si es que lo hay) de la ruta del Mercosur.», alertaron.

Y concluyeron: «Esta improvisada estatización «libertaria» saldrá carísima en dinero, pero también en el aumento del costo logístico, debido al previsible deterioro de la infraestructura. Estamos ante el peor escenario: una voluntad privatizadora que se transforma en una estatización en manos de quienes ya han demostrado que no pueden gestionar lo que tienen a su cargo.»

El Secretario de Transporte festejó los despidos

Por su parte el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, festejó los despidos en su red social X. “El derecho a la huelga no es para extorsionar ni tomar a rehén a nadie”, escribió.

Y sumó: » Se acabó el tiempo que el Estado se hace cargo de todo». Sin embargo si se hizo cargo de las rutas que tenía concesionadas CRUSA. No así, hasta el momento, de sus 500 trabajadores. 

 

 

Las masivas manifestaciones en 42 ciudades contra la consideración de la vivienda como un negocio – más de 100.000 personas en Madrid y Barcelona – abren la posibilidad de una huelga de alquileres en el futuro inmediato. Por El Salto.

---

La indignación por la usura inmobiliaria y la inacción de los gobiernos —en los tres niveles: municipales, autonómicos y estatal— exhibió músculo y poder de convocatoria en la jornada del 5 de abril, con 42 manifestaciones en las que se exigió una rebaja en los alquileres o la aplicación de contratos indefinidos, entre otras medidas como la recuperación de viviendas vacías, turísticas y de temporada; el fin de la compraventa especulativa y la ampliación del parque público de vivienda de alquiler.

“Las movilizaciones de hoy, con miles de personas saliendo a la calle en más de 40 ciudades, no son un hecho aislado: son la expresión de un cambio de ciclo”, han valorado desde el Sindicat de Llogateres, una de las organizaciones catalanas convocantes de las manifestaciones junto a diferentes asambleas por el derecho a la vivienda, a las que se han sumado algunos sindicatos y partidos políticos. “Los precios del alquiler siguen disparados, el riesgo de perder la vivienda una vez finalizado el contrato no para de crecer, y la posibilidad de encontrar un alquiler estable se ha desvanecido ante la proliferación de los alquileres temporales y los colivings”, señalan desde este colectivo catalán.

La manifestación de Barcelona congregó a 100.000 personas, según el Sindicat de Llogateres, que llegaron a la plaza España a las 18h desde distintas columnas procedentes de diversos puntos de la ciudad y del territorio. Una vez allí, celebraron un mitin con las intervenciones de los huelguistas de La Caixa, barraquistas de Vallcarca, del bloque La Moreneta —propiedad de la Sareb en Sant Celoni—, del bloque Dar Zwina —organizado en Premià de Mar— y las portavocías de las organizaciones de la Taula Sindical per l’Habitatge: Sindicat de Llogateres, Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca y Sindicat d’Habitatge Socialista.

“Vamos a la huelga de alquileres en defensa de la vivienda pública”, aseguró Àgueda Amestoy, una de las huelguistas, durante su intervención en el acto político de la movilización en Barcelona. Es una de las cien inquilinas de Banyoles, Sitges y Sentmenat que ha iniciado este mes una huelga de alquileres contra La Caixa para evitar la privatización de viviendas protegidas y actuar ante la pasividad del Govern.

Según el Sindicat de Llogateres, “ante unos gobiernos que abordan el problema con medidas tibias que hacen el juego a la patronal, la sociedad ha salido a decir que en torno a la vivienda hay un conflicto de intereses, y que mientras sea un negocio que enriquece a unos pocos, nunca será un derecho para la mayoría”. Este colectivo valora las manifestaciones como “un paso más dentro del proceso histórico en el que la ciudadanía ha tomado las riendas del problema y ha empezado a organizarse”.

Unas horas antes, en Madrid más de 100.000 personas, en su mayoría ataviadas de camisetas naranjas, se reunieron en Atocha para recorrer el Paseo del Prado hasta los aledaños de Plaza de España, donde denunciaron la inacción de los gobiernos central y autonómico a la hora de garantizar el acceso universal a una vivienda digna.

“Basta de irnos con la cabeza baja, basta de desahucios invisibles. Desde los sindicatos llamamos al medio millón de hogares cuyos contratos acaban este 2025 a quedarse en casa y a resistir. Casa Orsola, Tribulete 7 y los bloques en lucha contra Blackstone nos demuestran que cuando nos organizamos somos indesahuciables”, proclamó Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, al inicio de la marcha.

En Andalucía, más de 40.000 personas en cinco de las ocho provincias salieron a las calles en un momento en que el precio del alquiler alcanza sus máximos históricos en la Comunidad Autónoma.

En Málaga, las cerca de 30.000 personas, según los convocantes, han recorrido la ciudad desde la Plaza de la Merced hasta el Parque de Huelin para ir “desde el centro hacia los barrios”. Desde el movimiento Málaga para vivir, afirman que “son las inquilinas, las precarias, los vecinos y las vecinas desde sus barriadas, las que pueden recuperar el vecindario, el centro y la ciudad”.

En Granada se exigió una regulación inmediata de los alquileres, freno al turismo masivo, hacer uso de viviendas vacías, ya que en la ciudad se contabilizan más de 12.000; así como el fin tanto de los desahucios sin alternativa habitacional, como del sinhogarismo o de la criminalización de las personas que luchan por el derecho a la vivienda. Por ello, más de 4.000 personas han atravesado las principales vías granadinas en una marcha que ha partido desde Triunfo en defensa de la vivienda, “de un derecho básico que nos quieren arrebatar”.

En Galicia, los sindicatos de inquilinas de las grandes ciudades y la mayor parte de los colectivos de la sociedad civil lograron convocar unas movilizaciones abundantes en las grandes urbes. Varios miles de personas han recorrido las calles de Vigo para reclamar medidas “reales e inmediatas” que limiten de una vez por todas el mercado de la vivienda: “La emergencia habitacional nos atraviesa cada vez a más personas. Jóvenes, mayores y en muchas diferentes circunstancias vitales”, han gritado los activistas durante la lectura del manifiesto en Porta do Sol.

“La vivienda no es un negocio ni un bien con el que especular: es un derecho”. Así  arrancó el manifiesto que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Vigo ha leído en el contexto de la mayor movilización de Galicia durante esta jornada de manifestaciones en todo el Estado español.

En A Coruña, la manifestación convocó a unas 5.000 personas durante la mañana de este sábado para hacer el recorrido desde la plaza de Ourense a la plaza de Maria Pita donde está la sede del Ayuntamiento que, este viernes y tras la presión vecinal, solicitó a la Xunta que declare al conjunto de la ciudad como zona residencial tensionada, tal y como recoge la nueva ley de vivienda debido al aumento exponencial en el precio de los alquileres sufrido en los últimos años.

En Donostia, la única capital vasca donde se había convocado manifestación este 5 de abril, varios miles de personas se congregaron hacia las 12.00 de la mañana frente al Boulevard, el límite del primitivo núcleo urbano de la ciudad. Desde ahí han gritado frente al Ayuntamiento y durante el resto de la marcha consignas como ‘Etxebizitzaren negozioari ez’ o ‘Etxegabetxea gelditu’. Para el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, convocante de la manifestación, que ha contado con el apoyo de otras muchas organizaciones, la solución al problema de la vivienda “no vendrá de la financiación pública del negocio inmobiliario, sino de la lucha organizada por las mejoras efectivas” y la “reducción de los beneficios del sector inmobiliario”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/vivienda/manifestaciones-derecho-vivienda-huelga-alquiler-inquilinos

 

 

Se cumplió el 19° aniversario del incendio del taller textil clandestino donde fallecieron seis personas migrantes víctimas de la más brutal explotación laboral. Vivir, trabajar, comer y dormir encerrado en el mismo lugar y finalmente morir espantosamente, es el capitalismo realmente existente en la ciudad más próspera de la República Argentina. La impunidad fue garantizada por el entonces juez Alberto Baños, quien sobreseyó a los dueños. El mismo que ahora como funcionario del gobierno de ultraderecha de Javier Milei destruye los Sitios de Memoria. Por Nicolas Solo (Indymedia).

---

El 30 de marzo de 2006 un incendio en un taller textil clandestino que funcionaba en la calle Luis Viale, en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó la vida de cuatro niñes, un adolescente y una mujer embarazada.

Sus nombres: Juana Villca Quispe de 25 años de edad, Wilfredo Quispe de 15, Elias Carbajal Quispe de 10, Rodrigo Quispe Carbajal de 4, Luis Quispe de 4 y Harry Rodríguez Palma de 3 años.

No era el primer incendio que ocurría en ese lugar, pero la desidia patronal, junto a las condiciones de extrema precariedad y explotación impuestas en el taller clandestino, habilitaron la repetición del siniestro.

En junio de 2016, después de una década, el Tribunal Oral Criminal Nro 5 condenó a los encargados del taller, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, a trece años de prisión por reducción a la servidumbre, y ordenó a la justicia volver a investigar a los dueños de las marcas para las que el taller producía en forma exclusiva.

Sin embargo, en mayo de 2019 los dueños de las marcas y del inmueble, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, fueron absueltos por el juez Alberto Baños, entonces a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nro 27.

Alberto Baños: el mismo que ahora, como funcionario del gobierno de Javier Milei se ocupa de ejecutar el ataque, vaciamiento y destrucción de las políticas de derechos humanos y los Sitios de Memoria bajo la órbita de otro negacionista, Mariano Cúneo Libarona.

Como juez, Baños dictó el sobreseimiento de los empresarios por considerar que “no se pudo probar que conocieran la situación de reducción a la servidumbre en el lugar”.

Tan sólo eran los propietarios del lugar y se beneficiaban económicamente de su explotación. Nada más.

El fallo, derivado sobre todo de la “sospechosamente pobre actuación de la fiscal Betina Vota”, señalan desde la Campaña por Justicia por las Víctimas de Luis Viale, “no sólo desconoce la clara vinculación de ambos con el taller -al punto que eran también dueños del inmueble- y las declaraciones de testigos en el juicio que dicen que Fischberg visitaba el taller, sino que además constituye un monumental incentivo a la tercerización en talleres textiles de estas características”.

En otras palabras, a partir de este fallo las marcas pueden subcontratar a talleres clandestinos sin ningún riesgo legal.

Además, el fallo de Baños ordenó restituir el inmueble a Fischberg y Geiler. No obstante, desde la Campaña por Justicia por las Víctimas de Luis Viale, junto a otras organizaciones sociales y gremiales de trabajadores textiles y costureros, reclaman la expropiación del inmueble para convertirlo en un espacio de memoria y contra la explotación laboral.

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/03/31/acto-en-conmemoracion-a-las-victimas-del-taller-textil-luis-viale/

 

 

El juez federal Daniel Rafecas procesó y embargó hoy por $10 millones a la diputada nacional por el FIT Unidad Vanina Biasi por supuesta violación a la Ley Antidiscriminatoria 23.592, tras haber publicado ocho mensajes en su cuenta de la red social X en los que critica al Estado de Israel por sus constantes ataques genocidas sobre la población palestina. «El Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar», expresó en un posteo. Mientras que en otro añadió: «sigue la masacre del pueblo palestino. Sigue el silencio cómplice del poder económico y mediático. Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid. Sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario». El propio Rafecas, en este verano, había dejado abandonada una denuncia internacional contra criminales de guerra israelíes que se encontraban en Argentina, mostrando una doble vara en su accionar. Por ANRed. 

---

En diciembre del pasado 2024, la  Fundación Hind Rajab, con sede en Bélgica, le pidió a la justicia de Argentina y de Chile la detención inmediata del militar israelí Saar Hirshoren, que se encontraba en la Patagonia vacacionando. En Argentina, el caso cayó en manos del fiscal Carlos Rívolo y el juez Daniel Rafecas.  Además, el organismo hizo otra presentación ante la Corte Penal Internacional contra todo el batallón y sus dirigentes «por crímenes contra la humanidad y genocidio» y presentó pruebas de video de la cuenta de Instagram de Hirshoren, que lo muestran participando activamente en la destrucción de infraestructura civil en Gaza. También presentó evidencias sobre su papel en la demolición deliberada de barrios, lugares culturales e instalaciones esenciales, en franca violación de los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma. «Argentina, como país signatario del Estatuto de Roma, está obligada a investigar y procesar a las personas acusadas de delitos de semejante gravedad».

La inacción de Rafecas en esos días hizo que, al llegar la feria, la causa, junto a otras denuncias similares, pase a manos del juez Lijo.

Esta inacción contrasta con la reciente medida tomada contra la diputada Vanina Biasi, quien por pronunciarse contra un genocidio que ya asesinó a decenas de miles de civiles, incluidos, al menos 20.000 niñas y niños, centenares de periodistas y mas de un millar de médicos es perseguida y criminalizada.

«El procesamiento contra mi persona, donde desde sus expresiones dice entender que me excedo en el ejercicio de  la libertad de expresión, es un procesamiento que muestra algo que yo vengo denunciando desde mucho antes de  que me tocara estar en la mira del poder judicial argentino y es que no existe un poder judicial independiente», comentó Vanina Biasi.

«Tengan e cuenta que por haber hecho dos twits en contra del Estado de Israel y su política criminal a mi me abrieron una causa impulsada por Stornelli en noviembre de 2023. En octubre de 2024 me tomaron indagatoria por esta causa el fiscal Taiano (el que no investiga la estafa de la criptomoneda) y el juez Rafecas, y según la reglamentación vigente en 10 días tenían que emitir un fallo que era de sobreseimiento o de procesamiento. Se tomó todos los meses que hay entre el 15 de octubre y hoy para emitir un fallo y eligió justamente el momento en el que soy candidata para emitir un fallo extemporáneo, anti reglamentario, pero que en definitiva muestra que todo el armado de esta causa es un armado político impulsado desde la Embajada de Israel, desde la DAIA y sus personeros y operadores confirmando que no les interesa el antisemitismo, sino que lo que le interesa es la persecución a opositores políticos», agregó.

«Yo me voy a defender, obviamente en el plano judicial, presentando las apelaciones correspondientes, pero desde el punto de vista político no callando una voz que pretenden silenciar, que es la voz de oponerme a cualquier genocidio que se lleve en adelante cualquier parte del mundo y, por lo tanto, oponerme al genocidio que lleva adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino como lo hacen miles y millones de personas, en todo el mundo. No me siento sola en esta causa, sino que es una causa en la que comparto esta finalidad tan noble de estar en contra de un genocidio con miles de personas en todo el mundo, y eso es lo que me llena de orgullo», concluyó.

Leer también: 

Criminales de guerra israelíes en Argentina: un alerta que recorre la región

El fiscal Stornelli denunció a Vanina Biasi por pronunciarse contra las masacres en Gaza

Vanina Biasi va a declarar el martes por otra causa armada por la DAIA