Bárbara Morelli

 

La diputada del PRO arremetió contra los gremios tildándolos de “casta difícil de remover” y promoviendo eliminar el aporte solidario. Una avanzada que encubre el desguace de los derechos laborales.

Por Osvaldo Peralta

En pleno avance del modelo ultraliberal que lidera Javier Milei, Silvia Lospennato se suma con entusiasmo a la ofensiva contra los sindicatos, deslegitimando su rol histórico y funcional al desmantelamiento del entramado de protección laboral. Mientras el gobierno ajusta sobre los sectores populares, la diputada propone amputar las herramientas que los trabajadores tienen para defenderse.

No se trata de una declaración aislada ni de una opinión personal. Lo que expresó Silvia Lospennato en medio del paro general convocado por las centrales sindicales es la voz afinada de una estrategia más amplia, meticulosamente diseñada por el gobierno de Javier Milei y su séquito de aliados políticos y mediáticos: deslegitimar al sindicalismo, erosionar su financiamiento y, con ello, debilitar el poder de los trabajadores organizados.

“Esta es la casta probablemente más difícil de remover”, dijo la diputada nacional del PRO, refiriéndose sin rodeos a los gremios, con una terminología que reproduce sin disimulo la retórica libertaria que ha invadido el discurso político argentino desde la llegada de Milei al poder. Pero a diferencia de las generalidades violentas del Presidente, las palabras de Lospennato tienen una dirección concreta: avanzar con una ofensiva legislativa para eliminar el aporte solidario, una de las principales fuentes de financiamiento de los sindicatos.

El objetivo es claro. Lospennato no lo oculta. “Este es el financiamiento que tienen los sindicatos, que en lugar de ser financiados por sus afiliados son financiados por un montón de trabajadores que no se sienten representados y, sin embargo, todos los meses les descuentan una parte de sus salarios”. Suena razonable al oído desatento. Pero lo que la diputada oculta (o deliberadamente tergiversa) es que el aporte solidario es un instrumento legal, respaldado por la voluntad colectiva a través de convenios, y constituye una forma de garantizar que la representación gremial, aunque imperfecta, tenga la capacidad real de defender derechos frente al avasallamiento patronal.

Lo que Lospennato llama “usar nuestro dinero para jugar en contra nuestro” es, en realidad, el ejercicio democrático de defender conquistas laborales que el modelo económico de su espacio político viene sistemáticamente destruyendo. Eliminar ese financiamiento no es una acción transparente ni libertaria: es un acto de sabotaje a la única estructura capaz de oponerse con fuerza organizada a la brutal transferencia de riqueza desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados del poder económico.

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En su intervención, la legisladora redobla la apuesta: exige sacar dictamen, conseguir los votos, avanzar sin miramientos. Se nota que ya no se trata solo de una disputa ideológica, sino de una cruzada institucionalizada para vaciar de contenido a los sindicatos y forzar su debilitamiento estructural. “Estos debates son difíciles”, reconoce, pero no por convicción democrática, sino porque aún quedan resabios de una sociedad que resiste ser despojada de sus mecanismos de defensa.

La ofensiva de Lospennato no es inocente, ni accidental. Llega en un momento cuidadosamente elegido: mientras el gobierno de Milei impone un ajuste salvaje, cercena programas sociales, destruye la capacidad adquisitiva de los salarios y desmantela el Estado en nombre de una supuesta eficiencia, lo que estorba es todo aquello que pueda organizar la resistencia. Y los sindicatos son, guste o no, una de las pocas barreras que aún sostienen con cierta dignidad las condiciones mínimas de los sectores populares.

Lospennato se escuda en cifras para justificar el ataque: “Este paro nos cuesta 0,3% del PBI de este mes”. Una afirmación tan frívola como malintencionada, que mide el costo de una huelga en términos económicos sin registrar su causa ni su legitimidad política. ¿Cuánto cuesta el empobrecimiento generalizado? ¿Cuánto pesa el derrumbe del sistema jubilatorio, el desfinanciamiento educativo, la inflación descontrolada, el recorte en medicamentos, los miles de despidos? De eso, ni una palabra.

Para Lospennato, el sindicalismo es extorsivo, mafioso y funcional al kirchnerismo. Es la narrativa que intentan instalar quienes necesitan aplastar la organización colectiva para imponer un modelo de país con salarios bajos, empleo precario y represión institucionalizada. Lo que la diputada no admite es que sin sindicatos no hay resistencia. Y sin resistencia, el saqueo se vuelve costumbre.

Su discurso, además, trasluce un profundo desprecio por la democracia sindical. En vez de proponer mayor transparencia o métodos de participación más inclusivos, elige atacar el corazón de su funcionamiento: el financiamiento. Sin recursos, cualquier organización se debilita. Sin sindicatos fuertes, los trabajadores quedan a merced de una lógica empresarial donde el único valor es la rentabilidad.

Lo que se plantea como una cruzada moral contra una supuesta “casta” es, en realidad, una operación para desmantelar las herramientas de defensa que tiene el pueblo frente al modelo neoliberal más salvaje que haya conocido la Argentina en décadas. Bajo el ropaje discursivo de la pureza republicana y el odio a la política, se esconde el verdadero propósito de la alianza Milei-PRO: un país sin sindicatos, sin derechos laborales, sin defensa colectiva.

En este sentido, Lospennato no es una voz disonante. Es la pieza funcional de un engranaje mucho más amplio. No casualmente, en la misma entrevista habló de su preocupación por la posibilidad de que el kirchnerismo recupere fuerza en la Legislatura porteña. Es el temor fundado de quienes saben que solo desde la organización y la política se puede frenar la motosierra con la que buscan arrasar todo.

Y si algo evidencia su intervención es que no existe tal cosa como neutralidad en este conflicto. Estar en contra del sindicalismo, como ella lo está, no es estar en contra de un sistema vetusto. Es, lisa y llanamente, estar en contra de los derechos de los trabajadores. Porque cuando se debilitan los gremios, no se fortalece la libertad individual: se fortalecen las patronales, las multinacionales, los CEOs que sueñan con empleados baratos, sumisos y sin voz.

Lospennato lo dice sin pudor: quieren avanzar con los votos necesarios. Quieren legislar para quitarle a los sindicatos el oxígeno. Quieren terminar con la protesta social y la organización del trabajo. Lo hacen en nombre del cambio, pero su proyecto es bien viejo: un país con pocos ricos y millones de pobres sin derechos.

Y mientras tanto, quienes denuncian “castas” desde sus bancas, no tienen problema en defender privilegios empresariales, endeudamientos obscenos o condonaciones fiscales a sus aliados económicos. Para ellos, casta es todo aquello que se oponga a su plan de ajuste. La verdadera casta, sin embargo, es la que gobierna para unos pocos y pisotea al resto.

Porque cuando se ataca al sindicalismo, lo que está en juego no es una estructura ni una ideología. Lo que está en juego es el derecho del pueblo a defenderse.