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Nueva campaña de educación vial: ‘El uso responsable de la moto y el casco’

La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que se dará inicio a una nueva campaña de Educación Vial. En esta oportunidad la misma tendrá como tema “El uso responsable de la moto y el casco”.

La campaña se llevará a cabo en distintos barrios de la ciudad para que jóvenes y adultos conozcan la importancia del uso responsable de su motovehículo, derechos y obligaciones al momento de circular en la vía pública.

La primera de las charlas se brindará el viernes 10 a las 20,30 horas en el oratorio ‘Jesús Buen Pastor’ de barrio El Sauce. Al finalizar la capacitación se sortearán dos cascos de motocicletas entre los participantes.

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  • El acuerdo fallido con la Corte por las universidades que Martín Menem le vendió a Milei

     

    En el gobierno apuntan a Martín Menem por la dura derrota política que significó el fallo de la Corte Suprema a favor de las universidades y creen que le sobrevendió a Javier Milei un acuerdo con los jueces que no pudo garantizar.

    En diciembre de 2025, un sector del gobierno buscó un acuerdo con los rectores luego de que el Congreso insistiera por primera vez en la historia contra un veto presidencial. Milei ya había vetado la ley de financiamiento universitario en 2024 y había logrado que 85 «héroes» le sostuvieran el veto en octubre de ese año.

    Un año después y tras una serie de marchas multitudinarias, el Congreso votó una ley mejorada, que Milei volvió a vetar. Tras voltear el veto en ambas cámaras, el gobierno puso condiciones para cumplir la ley, por lo que los universitarios elevaron una demanda que llegó a la Corte.

    En ese escenario, Santiago Caputo y Diego Santilli iniciaron negociaciones con Emiliano Yacobbitti, el hombre fuerte de la UBA, para llevar al Congreso una ley que dejara satisfechos tanto al sector universitario como al ministro de Economía, cuyo argumento es que financiar universidades atenta contra el superávit fiscal.

    Emiliano Yacobitti, el hombre fuerte de la UBA.

    La negociación consistía en que en febrero de 2026, en las sesiones extraordinarias, se votaría una ley nueva para acercar las partes con un financiamiento superior al que ofrecía el Ejecutivo en el Presupuesto 2026 pero que no comprometiera el superávit de Toto Caputo.

    Pero Martin Menem pisó ese proyecto convencido de que tenía un acuerdo con la Corte, mecanizado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para planchar el fallo ad eternum. El presidente de la Cámara de Diputados le vendió al propio Milei que, gracias a sus vínculos con Horacio Rosatti, la Corte no fallaría en contra si les pagaban a los universitarios un aumento salarial este año y se comprometían a resolver las partidas en disputa en el Presupuesto 2027 que se trata a fin de este año.

    La suma que proponía Menem era de 850 mil millones de pesos y el gobierno finalmente llegó a un acuerdo con los universitarios para pagar un aumento del 21% en julio y otra cuota de 3% en octubre. Pero los rectores se reservaron un detalle que ahora cobra mucha mayor relevancia: no desistieron de la demanda en la Corte pese a las presiones del subsecretario de Política Universitaria, Alejandro «Galleguito» Álvarez.

    El gobierno aceptó cerrar esa paritaria pese a ese asterisco peligroso porque creía que, como vendía Menem, la Corte no fallaría en el corto plazo o quizás nunca.

    Pero, como explicó LPO, la decisión de la Corte terminó de dejar en ridículo a Menem y Mahiques y es un mazazo para el programa económico de Milei y Toto Caputo. Rompe con un acuerdo no escrito que había entre el máximo tribunal y la administración libertaria de no fallar en cuestiones que pudieran afectar la planificación económica.

     

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  • Jaldo advirtió a la Legislatura tucumana que vetará el proyecto para censurar los portales

     

    El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo anticipó a LPO que vetará un polémico proyecto para censurar portales de manera exprés, pese a que la iniciativa fue presentada por un integrante del propio bloque peronista.

    Un proyecto del diputado Gerónimo Vargas Aignasse levantó un revuelo en Tucumán porque ordenaba el retiro urgente, en menos de seis horas, de contenidos publicados en diarios digitales y redes sociales que un juez considere en forma exprés como «calumnias o injurias», sin dar derecho al medio a defenderse. Un caso de censura previa flagrante que barre con una buena cantidad de derechos protegidos por la Constitución Nacional.

    El texto crea una «Medida Cautelar Digital» especial para actuar contra publicaciones que supuestamente constituyan calumnias o injurias, «en forma manifiesta, inequívoca y acreditada». La medida no apunta sólo a las redes sociales, sino que también alcanza a los diarios digitales, portales web y cualquier medio de comunicación en Internet. 

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    El problema es que la supuesta injuria o calumnia no se debate en un juicio, como corresponde, si no que queda a criterio de un juez que en apenas seis horas puede ordenar su eliminación.

    Si la Legislatura aprueba el proyecto el gobernador en uso de sus facultades lo vetará.

    «Si la Legislatura aprueba el proyecto el gobernador en uso de sus facultades lo vetará», anunció el gobernador a LPO.

    Ante el revuelo que causó en Tucumán que Clarín publicara el tema, fuentes de la Legislatura tucumana dijeron a LPO que pese a que el proyecto obtuvo dictamen, no sería llevado al recinto. 

    Una vez que estalló el escándalo a nivel nacional, en el bloque peronista intentaron morigerar el contenido de la iniciativa afirmando aseguran que el proyecto excluía a las publicaciones sobre funcionarios públicos y se limitaba a salvaguardar a los «ciudadanos comunes» de escraches en redes y portales.

    El objetivo, dijeron, era evitar los ataques a jóvenes que son difamados en redes. Una excusa poco creible.

     

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