Con el objetivo de reforzar la concientización sobre las medidas preventivas frente al COVID-19, un grupo de personas coordinado por el Departamento de Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina recorrerá nuevamente espacios públicos de la ciudad entregando folletería, recordando el uso del tapabocas, la importancia del lavado de manos o el uso de alcohol en gel y el distanciamiento social.
La denominada ‘Patrulla COVID-19’ estará debidamente identificada con los chalecos correspondientes y su tarea consistirá en recordar a los vecinos cuáles son los cuidados para evitar un aumento de casos en la ciudad. El trabajo es principalmente preventivo.
Esta acción forma parte de las medidas de prevención que lleva adelante el Municipio, que incluye también la entrega de cartelería informativa a los comercios en la que se incluyen los cuidados que deben tomar dentro de sus locales.
Partiendo de la creencia que todo está conectado, como si fuéramos una nube de energía conectando entre sí diferentes puntos , puedo decir que hoy -2018- ya estamos preparados para asimilar varios conceptos a la vez y entrelazarlos. Darles un significado en común, una compatibilidad. Ningún suceso es aislado, todos tienen un “código” y se…
Se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 01/ 2022 correspondiente a la remodelación de la Terminal de Ómnibus de la ciudad.La única empresa oferente IPE Neuquén S.A., presentó una propuesta económica de 467.649.199,92 pesos. También hizo una propuesta alternativa por un monto de 127.024.763,88 pesos.La obra tiene un plazo de ejecución…
El Municipio, invita a toda la población de nuestra localidad y alrededores a presenciar una nueva jornada de la Liga Municipal de Fútbol Femenino, el domingo 3 de noviembre en las canchas que posee Banco Nación. El predio ubicado en las intersecciones de las calles Juan XXIII y Lisandro de la Torre, tendrá como protagonista…
Negocios millonarios y favores cruzados: el clan Menem-Hazaff se potencia con el aval de Milei. Con el sello de Javier Milei, compañías emergentes vinculadas a Martín Menem y un empresario enigmático ganan licitaciones millonarias en seguridad y limpieza. Una trama que deja en evidencia una política pública opaca y una cercanía dentro del nuevo poder que merece preguntas incómodas.
Desde diciembre de 2023, dos firmas poco conocidas en el mundo de los negocios estatales —Global Protection Service (GPS) Group y La Bizantina S.G. S.A.— empezaron a copar los contratos públicos. En total, acumulan más de 4.324 millones de pesos en servicios de vigilancia y limpieza. ¿Lo curioso? Ambas emanan de un mismo entramado familiar: por un lado, los hermanos Menem, con Martín como figura pública en la Cámara de Diputados; por el otro, los Hazaff, con “El Turco” Nicolás en el centro de la operación secreta.
Este posicionamiento empresarial impresionante coincide con la llegada del Gobierno de Javier Milei. Antes del 10 de diciembre de 2023, ninguna de estas empresas figuraba como proveedor del Estado. Ahora, GPS recibe contratos enormes y recurrentes; La Bizantina hace lo propio con obra gruesa en limpieza. Resultado: un claro beneficiario de las políticas libertarias del nuevo Ejecutivo.
GPS Group surge como un derivado de Tech Security, firma privada de seguridad fundada por Martín Menem y sus hermanos hace más de dos décadas. Al asumir como presidente de Diputados, Menem cedió formalmente su participación, pero la placa del negocio siguió brillando. Los contratos que antes llevaba Tech Security, poco a poco aterrizaron sobre GPS, que en la zaga del cambio de Gobierno se inclinó en cascada sobre la nueva firma.
Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): 1.140 millones de pesos, más una ampliación por 290 millones.
ENARGAS (antes Tech Security): 289,7 millones en octubre de 2024.
Teatro Nacional Cervantes: 152,4 millones en diciembre 2023 y, tras prórroga en 2024, creció hasta 448,6 millones.
INCUCAI: un contrato inicial de 137 millones y otro adicional de 442 millones.
A todo esto se suma un contrato menor con la ANAC (17,9 millones) y, sobre todo, la participación en seguridad aeroportuaria con Aerolíneas Argentinas, que rondaría los mil millones anuales. Con la reciente desregulación de cargas aeroportuarias, GPS Group (a través de globalhandling.com) ya se prepara para monopolizar otro nicho con riesgo de exclusividad.
El llamado «Turco» Hazaff, casi invisible en redes, pero con ascendencia bien clara en el mundo empresario, habría sido el puente clave. Fuentes señalan que mantiene relación directa con Fernando Menem, hermano menor de Martín —posiblemente el nexo para la cesión de contratos sin licitaciones claras.
Como GPS, La Bizantina debutó con el arribo de Milei, y lo hizo en grande. La firma, presidida por Claudio Oberst —cuñado de Hazaff—, ya acumuló casi 1.367 millones de pesos en contratos de limpieza:
Cámara de Diputados: 694,7 millones para la limpeza total del Palacio Legislativo, adjudicado en septiembre 2024, bajo la conducción de Menem.
Ministerio de Seguridad (Bullrich): 553 millones en diciembre 2024.
ANAC: 120 millones desde enero 2025, para mantenimiento en aeropuertos y aeródromos.
Nadie impulsó los bolsillos de La Bizantina tanto como los propios miembros del clan que ahora ostentan influencia directa en las estructuras de poder. Una estrategia donde la familia Hazaff – Menem aparece como co-distribuidora de negocios sin antecedentes ni competencia real.
Aquí toma fuerza una pregunta sensible para cualquier demócrata: ¿es mérito o es amiguismo? El Gobierno libertario proclamó una revolución del sector público basada en eficiencia, reducción del Estado y transparencia. Pero lo que se observa en este caso es diametralmente opuesto: creación de oligopolios privados con acceso privilegiado, contratos millonarios sin historial previo, y una cascada de beneficios atribuibles directamente a la posición política de sus titulares —Menem y Bullrich—.
Un entramado que echa por tierra el discurso oficial, permeado por el «desregulación» y la «competencia libre». Aquí se impone una reinterpretación del poder: no es libre mercado, es mercado libre solo para unos pocos.
Martín Menem intenta disfrazar su exitismo con actos simbólicos: sortea su salario como una operación de marketing bien orquestada, copiada de Milei, quien ya lo realizó públicamente. Sin embargo, la performance artístico-politica no encubre el contraste brutal entre su salario legislativo y los ingresos por contratos estatales: en montos que multiplican por varias veces esa cifra, sin dejar rastro de garantías, transparencia ni competencia pública.
Por su parte, Milei tiene ante sí un desafío: o sigue permitiendo este tipo de estructuras con olor a corrupción (porque fuentes directas vinculan a funcionarios y familiares) o se hace valer su discurso de revolución libertaria. Hasta el momento, el silencio y la continuidad de contratos les permiten a ambos seguir recaudando –y limpiando como les viene en gana.
Es necesario marcar que ninguna ley prohíbe que familiares de legisladores participen de licitaciones públicas. Tampoco el traspaso de acciones de empresas para preservar formalmente la “incompatibilidad”. Pero para quien observe desde afuera, el cuadro luce empañado por una larga urdimbre de confianza interna, conexiones familiares e influencia política cruzada: una transacción en donde los ciudadanos pagan la factura.
Observar cómo contratos por seguridad y limpieza —servicios esenciales— quedan en manos de actores con vínculos directos al poder y una historia económica menor en el sector, debería activar alarmas sobre la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control estatal. Especialmente cuando los beneficiarios pertenecen a círculos cercanos a quienes dicen querer reducir el Estado.
El relato mediático del Gobierno de Milei se deshace cuando se revelan conexiones como esta. No es la austeridad, no es la eficiencia, no es la transparencia: es una redistribución de recursos públicos hacia bolsillos afines. Una suerte de privatización encubierta, donde los favorecidos no son “emprendedores virtuosos”, sino familias que han sabido amoldarse al viento político.
El verdadero negocio no está en la desregulación de las cargas aeroportuarias, ni en el rubro de la seguridad o la limpieza. Está en construir un sistema paralelo, donde el Estado permanece disponible para quienes comparten -o abonan- afinidades ideológicas. Y eso no es casualidad, es estrategia.
La interna radical estalló en el norte del conurbano, donde el sector alineado al ex vicegobernador Daniel Salvador y su hijo, el ex diputado Sebastián Salvador, decidió bajarse de Somos Buenos Aires.
En San Fernando, los Salvador anunciaron que se van del frente de centro al rechazar que los peronistas Julio Zamora y Gustavo Aguilera encabecen las boletas seccional y local, respectivamente.
En tanto, impulsaron un documento de varios comités de distrito en el que cuestionan que la ex diputada nacional Josefina Mendoza sea la radical que secunda a Zamora en la lista, considerando que no es oriunda de la Primera sección.
“La trampa en esta elección es que compiten dos peronismos. Uno escondido en Somos Buenos Aires, encabezado por Julio Zamora y sus aliados, los viejos barones del conurbano, representado en San Fernando por Aguilera. Por el otro, el kirchnerismo con Massa, representado localmente por Andreotti”, señaló la UCR San Fernando que preside Sebastián Salvador, al fundamental su salida.
En lo relativo a la Primera sección, el malestar es por la radical elegida para secundar a Zamora. Josefina Mendoza fue presidenta de la UCR La Matanza y, tras ser asesora de Facundo Manes, recaló en el armado de Evolución.
— Sebastián Salvador (@SebaSalvadorOk) July 21, 2025
“No reside ni tiene vínculo alguno con nuestro territorio”, acusaron. Y agregaron: “Forma parte de una agrupación radical (Evolución) que, de los 24 distritos de la sección, solo ha ganado uno en nuestra última interna partidaria”.
Sin embargo, dirigentes radicales de algunos de los comité firmantes de ese comunicado promovido por los Salvador salieron a ratificar su pertenencia a Somos Buenos Aires y, en algunos casos, a desmarcarse del contenido de ese documento.
En Morón, por caso, desde el sector alineado a Rolando Moretto confirmaron a LPO que el radicalismo local integra Somos Buenos Aires y que, incluso, lleva a la segunda candidata a concejal.
En Ituzaingó, en tanto, señalaron a LPO que también están participando de Somos Buenos Aires y que, a nivel local, el comité de distrito está representado por Valeria Romero, que va como candidata a concejal en segundo lugar.
Ahí, el documento seccional promovido por Salvador menciona entre los firmantes a la dirigente Nadia Porro como presidenta del comité. Ese hecho, motivó a la conducción de la UCR Ituzaingó a sacar un comunicado de desmentida.
“El Comité de Ituzaingó, por intermedio de su presidente Gustavo Olivera, aclara que no es firmante del documento “Comunicado Primera Sección Electoral” elaborado por personas que, como mínimo, demuestran ignorancia”, acusaron.
Y agregaron: “En Ituzaingó, la conducción está legítimamente en manos de quien triunfó democráticamente sobre las demás listas. En cambio, la persona que intenta falsear su representación es la misma que presentó una denuncia falsa para obtener una ventaja electoral”.
Te invitamos a participar de la Encuesta Inédita que preparamos desde La Tapa.Este contenido se propone para ayudar a visualizar el comportamiento y la información del segmento digital de la población.Se considera información de utilidad abierta para toda la población. Difunde esta nota
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