LA MAMÁ DE PAPÁ NOEL

La guerra no afloja y el precio del petróleo tampoco. Ese combo se traduce en algo muy concreto: llenar el tanque en Argentina es cada vez más caro y tensiona las anclas del programa económico: la baja de la inflación y el superávit fiscal. 

Lejos de resolverse el conflicto bélico en Medio Oriente, nada indica que la cotización internacional del crudo vaya a volver a los niveles previos. El Brent saltó de menos de 70 dólares por barril a superar los 100 y el régimen de Irán advirtió que podría alcanzar los 200 dólares. 

El factor decisivo de esta suba es el bloqueo que mantiene Irán en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella clave para el comercio energético global. En condiciones corrientes circulan por Ormuz unos 150 buques petroleros diarios. Hoy apenas pasan unos 10, seleccionados por Teherán entre sus aliados. 

Tras atacar tres buques, Irán advierte que el petróleo se irá a 200 dólares y se liberan reservas de emergencia 

Esa tensión internacional se traduce directo en los surtidores de todo el mundo, incluida la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires, este domingo el litro de nafta superó los 2000 pesos. El impacto no es menor: llenar un tanque de 50 litros pasó de costar 80.450 pesos mas de 100.000 pesos. 

Lo concreto es que la nafta se volvió un componente clave del índice de precios. Cada aumento del 10% en combustibles suma entre 0,38 y 0,4 puntos porcentuales a la inflación mensual. En marzo, los ajustes vinculados al petróleo podrían agregar entre 0,4 y 0,6 puntos al IPC, según estimaciones de la consultora Empiria. 

Cada aumento del 10% en combustibles suma entre 0,38 y 0,4 puntos porcentuales a la inflación mensual. En marzo, los ajustes vinculados al petróleo podrían agregar entre 0,4 y 0,6 puntos al IPC.

Pero además, el efecto no es solo el directo: el combustible empuja los costos de transporte y logística, y desde ahí se filtra al resto de los precios. En los últimos doce meses, la nafta acumuló un aumento del 63,6%, casi el doble de la inflación general. En lo que va de 2026, ya subió 22%.

El dato curioso aparece en la comparación regional. Según Global Petrol Prices, el litro de nafta en Argentina promedia los 1,43 dólares. Solo Uruguay a 1,89 dólares y Perú 1,61 dólares tienen valores más altos en Latinoamérica, pero no son países con producción petrolera importante como la Argentina. Paraguay, en cambio, con menor escala y sin producción, tiene la nafta más barata, en torno a 0,90 dólares. 

La diferencia abre preguntas sobre la estructura local de costos. Ahí entran los impuestos. El exsecretario de Energía, Emilio Apud, explicó a LPO que «el barril explica el 40% del precio, el resto son impuestos y transporte». Daniel Dreizzen, exfuncionario del macrismo, poinó que un valor de 1,4 dólares por litro es «razonable» y recordó que en Estados Unidos la gasolina subió un 30%, frente al 20% local. 

Lo concreto es que el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) representa el 15,8% del precio final, mientras que el tributo al CO suma otro 0,9%. Ambos se actualizan trimestralmente por inflación. El ICL, además, se distribuye en múltiples destinos: 10,4% al Tesoro, 15% al FONAVI, 10,40% a provincias, 28,7% al sistema previsional, 4,3% a infraestructura hídrica, 28,5% al transporte y 2,5% a compensaciones del transporte público. 

Pero la administración de Milei se lo traga casi completo y no lo gira a las provincias ni hace las obras de mantenimiento vial que debería hacer por ley. Por eso lo defiende, ayuda al relato del superávit a costa de las provincias y la infraestructura vial del país.

En el mercado circula la versión de un posible congelamiento del impuesto los combustibles, cuya actualización está prevista para abril. Pero hay un problema: con la recaudación general en caída, ese tributo fue de los pocos que creció fuerte, casi 19% en febrero. 

En ese esquema aparece una tensión política y fiscal. En el mercado circula la versión de un posible congelamiento del impuesto, cuya actualización automática está prevista para abril. Pero hay un problema: con la recaudación general en caída, el impuesto a los combustibles fue uno de los pocos que creció fuerte, casi 19% en febrero. Fue clave para sostener el superávit fiscal. Congelarlo implicaría resignar ingresos en un momento delicado. 

El resto del mundo también reacciona. Estados Unidos levantó sanciones al petróleo ruso y suspendió por 30 días la ley Jones, permitiendo que buques extranjeros abastezcan refinerías en la Costa Este. 

Brasil optó por otro camino. Con una producción de 3,2 millones de barriles diarios, redujo impuestos a los combustibles, aplicó derechos de exportación al diésel y restringió ventas externas de otros derivados. Buscó desacoplar precios internos del shock internacional. 

Argentina, en cambio, camina por una cornisa más angosta. Necesita precios que no desborden la inflación, pero también impuestos que sostengan las cuentas fiscales. 

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El apellido Chocobar se viralizó en Argentina por el policía que disparó siete veces contra un ladrón en Buenos Aires en 2017. Con la reproducción de la escena hasta el infinito, el abrazo del autor de la balacera con el entonces presidente Macri y el apoyo ferviente de Patricia Bullrich, su ministra, el crimen se convirtió en una forma de pensar la seguridad y la justicia: la doctrina Chocobar. Parte de la crueldad del símbolo es borrar las aristas hasta volverse meme. Un nombre devenido en adjetivo, sinónimo de una manera de entender la vida y la muerte de las personas, oculta que hay miles de personas con ese apellido en todo el norte argentino y la región andina que no tienen nada que ver con balear gente por la espalda.

Y en particular hay un hombre que se llamó Javier Chocobar y que fue asesinado en 2009 en Tucumán. Tenía 68 años y era una autoridad indígena del pueblo Chuschagasta. Los asesinos fueron un vecino terrateniente y emprendedor minero, y dos policías retirados que pretendían desalojar a la comunidad indígena Chuschagasta de sus tierras.

El crimen, que quedó grabado en video, es el puntapié de Nuestra Tierra, el primer documental de la directora Lucrecia Martel.

No hay un consenso claro de qué significa ni de dónde viene la palabra Chocobar: hay quienes intentan traducirlo del quechua o del aymara, pero sus raíces se pierden en la previa de la conquista, cuando muchos de los nombres originales fueron trastocados por el conquistador. Sí hay registro de que es un nombre que se extendió por toda la región cuando todavía no había países ni fronteras. 

Los Chuschagasta, el pueblo al que pertenecía, quizás tampoco tengan ese nombre desde siempre. En algunos registros coloniales se los anota como Chuchingasta, Chachagasta, Chuchagasti, Chugasta, Chuscas o Chujchas.

Lo que es claro, como señala una comunera en la película, es que «el papel permite lo que le quieran poner».

Lucrecia Martel dice que la violencia de la gramática es de las primeras dificultades para contar esta historia. Escribir «El Capitán Sotomayor trasladó a 40 indios», dice, es darle voluntad y nombre al poderoso y convertir a las víctimas en un número, despojadas de voluntad y poder, forzadas a estas circunstancias por muchas estrategias de las que los mismos conquistadores se jactan, como secuestros y hambrunas.

Quizás por eso Martel tardó catorce años en terminar el documental: narrar sin violencia en una época de sobreabundancia de crueldad es intentar deconstruir el lenguaje de una época.

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Javier Chocobar, el Chocobar de esta historia, las noches de luna llena salía de madrugada para cortar cañas de azúcar, un trabajo duro y mucho más cuando se escarchan o está oscuro. Solía llevar una lapicera en el bolsillo de la camisa. Quizá porque nunca se sabía cuándo habría que anotar algo nuevo para defender los derechos de su comunidad. O tal vez porque funcionaba como contraseña para que a simple vista se notara que sabía leer y escribir.

El conflicto que enfrenta su pueblo no es fácil: los Chuschas fueron trasladados al Valle de Choromoros desde los Valles Calchaquíes hace más de 350 años, forzados por las autoridades coloniales locales luego de las guerras calchaquíes, un intento de resistencia de los pueblos de la región contra los invasores.

Y allí viven desde entonces: sobre los animales que crían y sus cultivos pasó una maraña de papeles, desde los tributos que les cobraban sus encomenderos, hasta los arriendos que les impusieron otros vecinos estancieros y funcionarios, descendientes también de aquellas familias beneficiadas por la colonia, y más tarde beneficiadas por el nuevo orden, que los declararon extinguidos en 1808 para hacerse de sus tierras. 

En los censos nacionales de medio siglo más tarde, los ancestros con los mismos apellidos que tiene la comunidad hoy, están registrados con oficios de servicio, como peones, lavanderas, etc,  dependientes de una de estas familias estancieras a la que le debieron pagar arriendos y cumplir con «obligaciones», una forma de trabajo servil muy difundida en el norte, bajo la amenaza latente de desalojo.

En dos siglos de estancias queriendo acaparar su territorio están los Molina, los Cobo, los Alurralde, los Colombres –que terminaron expropiados por el Estado provincial– y finalmente los Amín, que llegaron en 1959 con la misma intención. A esa familia pertenecía Darío Amín, uno de los condenados por el crimen de Chocobar.

Pero con todas esas idas y vueltas, los habitantes nunca jamás se fueron del Valle de Choromoro.

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«Hoy a las 11 es el operativo, no le digas nada a la mamá, me tiembla todo, pero confío en Luis, y van 4 policías más. No digas nada a nadie. Vos y yo lo sabemos». El mensaje de texto lo mandó Darío Amín unas horas antes del crimen.

Luis es Luis Humberto Gómez, alias “El Niño”, un policía retirado. Junto con ellos estaba otro policía, José Valdivieso. El objetivo de Amín era explotar una cantera de piedra laja en el corazón de la comunidad. Para eso se había asociado con Gómez: la idea era ir 50 y 50. Le pusieron a la sociedad Campo Amigo, combinando sus apellidos. La misión de Gómez era “limpiar” el territorio apelando a la intimidación.

El operativo, como lo llamaron, se hizo el 12 de octubre de 2009. ¿Habrá sido casual la fecha? ¿Eligieron el día del aniversario de la conquista española como una cábala?

Quizás no se detuvieron en ese detalle, pero fueron preparados para  una masacre. Amín llevó un revólver calibre 32 largo, Gómez una pistola marca Taurus calibre 40 y otra marca CZ calibre 6,35 mm. Valdivieso una pistola Beretta, calibre 9mm. En la camioneta en la que llegaron, también guardaron una escopeta.

Además de todo, llevaron una cámara digital. El de Chocobar fue un crimen registrado en una época donde el registro permanente de la violencia todavía no estaba tan normalizado.

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En la primera imagen del video hay un hombre vestido de color caqui que baja de una camioneta. Frente a él, un grupo de comuneros llega en silencio por el camino. Traen la mirada un poco gacha, pero avanzan firmes, todos juntos. Detrás de ellos viene Javier Chocobar.

El hombre vestido de caqui, el ex policía Gómez, avanza hacia ellos, parece sacar pecho. Todavía no muestra sus armas.

–¿Quién es el encargado de ustedes?– pregunta.

–Acá no hay encargados– responden los comuneros.

–¿No hay nadie? –repite Gómez, que vuelve hacia la camioneta– Hasta luego, que anden bien ustedes.

Lo dice con desprecio, con un tono de ‘ahora van a ver lo que les espera’.

En la camioneta hay respiraciones agitadas, discuten por dónde seguir. Del lado de afuera, los comuneros miran. Uno de ellos, Delfín Cata, tiene una cámara de rollo, de esas que antes se usaban para los cumpleaños. Toma una fotografía.

–No sé para qué toman fotos –masculla Amín–. Si en tribunales ya nadie les da bola.

En la siguiente escena, los comuneros y Gómez están frente a frente.

–Quiénes son ustedes, qué tienen que venir a meterse aquí.

–Los Amín –dice el hombre de caqui–. Nosotros somos los Amín.

–Nadie tiene que venir a hacer aquí.

–Usted dice que no, explíquenos quiénes son ustedes –dice Amín.

–Somos indígenas, estamos defendiendo nuestro derecho.

–Bueno, tranquilo, tranquilo, hablando nos vamos a entender. Si no, capaz que no nos entendemos –dice gesticulando Gómez–, usted sabe que hay una orden judicial… Si yo voy a denunciar lo que ustedes están haciendo, vamos a tener problemas todos.

–¿Qué es lo que estamos haciendo? –dice Andrés Mamaní. Da un paso al frente.

Está tranquilo, pero firme. Gómez lo empuja con las manos.

–Maestro, quedate piola –dice y saca la pistola que lleva en la cintura–. ¡Vos a mí no me vas a venir a prepiar, te estoy hablando por las buenas!

Delfín Cata levanta su cámara pocket y toma una foto. Gómez lo ve, le dispara a los pies y avanza para pegarle un culatazo en la cabeza.

–¡Qué te creés vos, qué te creés vos! – grita.

La cámara que filma la escena baja. El que la lleva también empuña un arma. Lo que sigue después es audio. Hay gritos, más disparos. «Qué pasa, te voy a hacer pingo, culeado», se escucha mientras la cámara rueda al suelo/a la tierra.

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En la reconstrucción judicial se supo que, tras el golpe y el disparo, Delfín forcejeó con Gómez, que seguía disparando. Con la ayuda de otros comuneros lograron reducirlo y le arrebataron su pistola Taurus calibre 40 y una cachiporra que llevaba encima.

Gómez intentó sacar la pistola CZ de una tobillera, pero Delfín lo derribó de un empujón, le sacó el arma y la tiró al monte. Y, una vez que desarmó a Gómez, corrió a auxiliar a otros compañeros que intentaban frenar a José Valdivieso. Tras un breve forcejeo, logró quitarle la Beretta 9 mm con la que también había disparado.

“Yo les quité las armas a los asesinos”, dijo tiempo después al medio La Palta. “Si yo hubiera sido otra persona, quizás con las mismas armas los habría liquidado”.

Parecía que la situación se calmaba, pero Amín siguió disparando: lo hizo primero contra Javier Chocobar y, cuando logró darle, siguió. Primero hirió a Emilio Mamaní en la pierna y luego a Andrés Mamaní en el abdomen. En el tambor de su arma quedaron seis vainas servidas.

—¡Turco hijo de puta, me ha baleado! —gritó Javier con las últimas fuerzas que le quedaban, recuerdan quienes estuvieron ahí.

Valdivieso, que había logrado zafarse, recuperó la pistola que se le había caído a Gómez y disparó contra los comuneros que escapaban cerro arriba por un sendero.

Los tres hombres subieron a la camioneta y escaparon mientras Javier Chocobar se desangraba frente a su familia.

Además de Chocobar, Andres Mamani recibió un disparo en el abdomen, y desde entonces vive en los cerros con una colostomía, incapacitado para trabajar con sus animales. Y a Emilio Mamani le dieron un disparo en la pierna. Todavía tiene el plomo clavado en el hueso. 

Después de la huida de los agresores, Delfín recogió la cámara y la guardó. Más tarde la entregó a un policía que, a pesar de recibir presiones de Hugo Sánchez, el entonces jefe de la policía provincial y cuñado de Gómez, no descartó esa evidencia fundamental para esclarecer el crimen. 

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¿Cómo se recuerda al que murió defendiendo su tierra? ¿Con esa última escena, diciendo “Turco hijo de puta me has baleado”? ¿Con los brazos abiertos frente a una muerte que no esperaba? ¿Cómo se hace honor a su memoria?

La película de Martel parece hacerse esa pregunta y la responde metiéndose en la historia de la comunidad y del propio Chocobar. Hay algo muy amoroso en las dos horas de película que elige detenerse y poner el eje en la memoria de la comunidad.

El documental muestra sus fiestas, a Chocobar vestido de traje con toda la onda del mundo, peinado y firme para las muchas fotos de plaza que se tomó con fotógrafos minuteros. Habla de los que fueron a trabajar a las ciudades y volvieron, de los que se quedaron en su territorio a pesar de los papeles y las amenazas, de las cosechas, de las mujeres que trabajaron en fábricas, en la costura, limpiando casas con cama adentro cuando todavía eran niñas, pero que luego sintieron el llamado a volver a su tierra.  “Trabajé en casas de jueces, de abogados, de doctores”, dice una de las comuneras, Isabel Cata. “Cuando ya he cumplido mi mayoría de edad he querido salir de ahí y trabajar por mi cuenta”.

Martel es conocida por construir en sus películas paisajes sonoros con varias capas superpuestas. Para esta producción, le pidieron a la comunidad los chips de sus teléfonos viejos. Allí descubrieron que, aunque la imagen de los celulares antiguos esté pixelada, el sonido de las fiestas familiares, los chistes, la forma de hablar sin inhibiciones, es un tesoro imposible de recrear con actores.

A esos archivos se suman los álbumes de fotos familiares de los comuneros. Y con ellos Martel no solo construye esa atmósfera onírica que envuelve sus películas, sino que también hace un prodigio de la mirada: pone el foco en las vidas subalternas. Nombra a aquellos que para la historia oficial no tienen ni siquiera rostro.

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Hay otra dramaturgia que contrasta con las fotografías en blanco y negro sobre la mesa: la narrativa judicial de los expedientes y los pasillos judiciales. Más allá del uso de cartas y títulos de propiedad para evidenciar la manipulación del lenguaje legal, el film se detiene en las contradicciones del juicio contra los acusados por el asesinato de Chocobar.

En una de las escenas, la defensa interroga a un testigo de la comunidad.

—¿Por qué estaban ahí?

—Nosotros estábamos cuidando nuestras tierras, que no vayan otras personas ajenas a quitárnoslas.

—¿Desde cuándo ustedes cuidan estas tierras en ese lugar?

—Nosotros vivíamos ahí, desde nuestros ancestros, los abuelos.

—¿Qué edad tiene usted?

—46 años.

—¿Hace 46 años que cuidan las tierras?

—No, de más antes.

El documental evidencia el contraste visual entre la inmensidad de los paisajes que habitan los Chuschas y el encierro de la sala de audiencias, con el kitsch burocrático de tonos marrones de los despachos, los jueces y abogados tomando jugo y café mientras los rostros indígenas observan en silencio absoluto.

Los acusados, vestidos de traje, parecen en su salsa.

La escena del testigo al que someten a un careo con el policía Valdivieso parece sacada de una película policial de cine negro.

Otro de los testigos convocado por Gómez para respaldarlo es su amigo y compañero policía, Justo Danielsen, da fe de su aptitud como comando:

–Yo puedo estar hablando –dice–, pensando y analizando, puedo unificar y hacer dos o tres cosas al mismo tiempo…

Más tarde, Gómez se jacta de su puntería:

– Si hubiese querido matar era más fácil levantar el arma y disparar.

Y al final agrega, como una confesión de parte:

–El Estado me entrenó para hacer esto.

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Los tres responsables del crimen fueron condenados recién en 2018: 18 años de prisión para el expolicía Gómez, 10 para Valdivieso y 22 para Darío Amín, el hombre que apretó el gatillo. La libertad les llegó pronto gracias a los laberintos de las apelaciones. Recién el 23 de octubre de 2025 la Corte Suprema dejó firmes las penas, aunque para Amín el veredicto llegó tarde: murió por Covid-19 antes de volver a la cárcel.

Pero mientras los expedientes acumulaban tecnicismos que rechazaban la justicia, la comunidad de Chuschagasta hacía otro trabajo: el de la persistencia. La película de Martel no es solo un registro del horror, sino un acto de restitución. La primera vez que se proyectó el documental fue en el salón comunitario en el territorio, con la comunidad en pleno. Allí descubrieron que, aunque el Estado lo convierta en número, hay un registro que ninguna bala pudo destruir: el de un pueblo que, tras 350 años de asedio, sigue eligiendo no irse de su lugar en el mundo.

La historia, que el poder intentó reducir a un «operativo» de desalojo, se convirtió en otra cosa. Quizás el cine sirva para que Chocobar ya no sea solo ese eco violento que resuena en Buenos Aires. Quizás el cine nos permita darle el sentido que ese apellido tiene en la comunidad de los Chuschas: el de un hombre que murió defendiendo su tierra, con una lapicera en el bolsillo y los brazos abiertos.

La entrada Lucrecia Martel en la tierra de Chocobar se publicó primero en Revista Anfibia.