De acuerdo al registro realizado por el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, del 1 de enero al 30 de abril de 2023 se registraron 99 femicidios, 87 femicidios íntimos de mujeres y 12 femicidios vinculados en nuestro país.
Desde el Observatorio de las Violencias de Género «Ahora Que Sí Nos Ven» dieron a conocer el registro nacional de femicidios que elaboran a partir del análisis de medios gráficos y digitales de toda la Argentina. El registro arrojó la cifra de 99 femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023.
Dicho informe revela que el 55% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas; el 59,6% ocurrieron en la vivienda de la víctima; el 20% de las víctimas habían realizado al menos una denuncia y el 15% tenían medidas de protección. Al menos 71 niñxs perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista; y además hubo tres transfemicidios publicados en los medios de comunicación.
Algunos datos destacados:
24 femicidios en abril
113 intentos de femicidio en el mismo periodo
3 Transfemicidios publicados en los medios de comunicación
El 55% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas
El 59,6% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima
20 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 14 tenían medidas de protección
Al menos 71 niñxs perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista
De esos 99 femicidios registrados, 87 fueron «femicidios íntimos de mujeres y 12 femicidios vinculados», detallan desde el observatorio. Además advierten por aquellos casos en que no terminaron con la muerte de la víctima, datos que nos permiten dar cuenta de la real magnitud y la complejidad de la violencia machista. En lo que va de 2023 hubo 96 intentos de femicidios y 17 intentos de femicidios vinculados. La violencia machista no surge de un momento al otro, el agresor suele violentar a la persona de diferentes formas, a veces imperceptibles, hasta llegar a cometer un femicidio.
De acuerdo al registro que realizado, el 59,6% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima, que en muchas ocasiones comparte con el agresor. “Esto refleja que las mujeres estamos más expuestas a la violencia en nuestros hogares, lejos del mito que afirma que la calle es el único espacio peligroso para nosotras. En muchos de los casos que relevamos en estos años hemos observado que las víctimas de violencia no pueden abandonar el hogar ya que no tienen recursos suficientes” explica el informe. En este escenario la inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo y la distribución igualitaria de las tareas de cuidado son fundamentales para prevenir violencias y generar una situación propicia para que puedan salir de esa situación.
Asimismo agregan, “no podemos dejar de mencionar que el 22,2% de los femicidios ocurrieron en la vía pública. Si bien es un número menor debemos visibilizarlo, para tomar conciencia de la necesidad de construir y pensar el espacio público de las ciudades con perspectiva de género y diversidad”.
En lo que va de 2023 el registro dispara que en más de la mitad de los casos (55%) el femicida era la pareja o ex pareja de la víctima. A su vez, el 81% de los casos fueron perpetrados por una persona del círculo íntimo de la víctima, familiares (12%) y conocidos (14%). “Los femicidas no son locos o extraños, compartimos espacios de estudio, trabajo, amistad o el hogar, cuentan con nuestra confianza y en la mayoría de los casos son personas con quienes tenemos un vínculo afectivo” agregan desde el observatorio.
El Gobierno de Milei admite que utiliza fondos destinados a las rutas para sostener el equilibrio fiscal, mientras más de un billón de pesos permanece sin ejecutar en obras viales.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente expuesto ante una contradicción central de su programa económico: mientras presenta el ajuste y el “déficit cero” como una cuestión casi moral, existen recursos públicos recaudados con un destino específico que no llegan a las obras para las que fueron creados. Una investigación de LA NACION reveló que el fondo vial recibió más de $1,5 billones durante los dos años y medio de gestión libertaria, pero apenas una cuarta parte fue aplicada a obras, mientras que más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo. Días después, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”.
El dato adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se lo cruza con el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras y la creciente necesidad del Gobierno de construir acuerdos parlamentarios con gobernadores que no necesariamente comparten su programa. La denuncia publicada por Prensa Obrera sostiene precisamente que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no solo están siendo retenidos para fortalecer las cuentas fiscales, sino que la administración de esos fondos permitiría manejar discrecionalmente recursos hacia las provincias en momentos políticamente sensibles. La acusación es grave y debe ser diferenciada de los hechos comprobados: está documentada la subejecución y la utilización financiera de los recursos; la hipótesis de que determinados desembolsos hayan sido utilizados para comprar voluntades políticas requiere probar cada caso concreto.
Un impuesto que se cobra para las rutas y termina financiando otra cosa
El corazón del problema está en el Impuesto a los Combustibles y en el Sistema Vial Integrado, un mecanismo creado para garantizar que una parte de esos recursos tenga un destino determinado: la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. Según la investigación de LA NACION, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SisVial $1.503.252 millones, pero solo fueron ejecutados $394.406 millones en obras. Es decir, quedaron sin aplicar más de un billón de pesos, de los cuales $1.038.779 millones estaban colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente al cierre del período analizado.
No se trata, entonces, simplemente de que el Estado “no tenga plata” para arreglar las rutas. El problema es bastante más incómodo: hay recursos recaudados y asignados específicamente al sistema vial que no se están transformando en infraestructura vial. El propio Gobierno confirmó la existencia del mecanismo. Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y que otra es dispuesta por Economía como parte del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. La declaración modifica sustancialmente la discusión, porque ya no estamos solamente ante una denuncia de la oposición o de organizaciones gremiales: existe un reconocimiento oficial de que esos recursos están siendo utilizados dentro de la estrategia fiscal del Ejecutivo.
La dimensión del desvío también permite comprender por qué el deterioro de las rutas dejó de ser una cuestión secundaria. De acuerdo con los datos difundidos por LA NACION, la subejecución del SisVial alcanzó el 73,8% durante el período analizado. En 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%. El contraste entre la recaudación y la ejecución resulta particularmente fuerte porque se produce mientras miles de kilómetros de rutas nacionales requieren mantenimiento, rehabilitación y obras de seguridad.
El déficit cero como prioridad por encima de la infraestructura
La cuestión de fondo es qué entiende el Gobierno por “ordenar las cuentas públicas”. El discurso oficial presenta cada peso no gastado como una victoria frente al supuesto despilfarro estatal. Pero no todo gasto público es equivalente. Una cosa es eliminar un gasto superfluo y otra muy distinta es dejar de mantener una infraestructura estratégica que utilizan diariamente trabajadores, transportistas, productores, comerciantes, turistas, ambulancias y comunidades enteras.
Las rutas no son un lujo ni una concesión ideológica del Estado. Son parte de la infraestructura básica que permite que la producción circule. Un camión que tarda más, rompe neumáticos o suspensiones, consume más combustible o enfrenta una ruta deteriorada termina incorporando esos costos al precio final de los productos. Una ruta sin mantenimiento tampoco es solamente un problema de comodidad: puede convertirse en un factor de riesgo vial. El propio sindicato de trabajadores viales advirtió que el ajuste sobre Vialidad implica frenar obras, reducir inversión y trasladar el costo del deterioro hacia quienes circulan por las rutas.
Por eso resulta difícil sostener que el ajuste en infraestructura es neutral. La reducción de la inversión pública puede mejorar una planilla fiscal en el corto plazo, pero también deteriora activos públicos, aumenta costos logísticos y obliga a afrontar reparaciones más caras en el futuro. Es la vieja discusión sobre el mantenimiento de una casa: ahorrar en el techo puede mejorar las cuentas del mes, pero cuando finalmente entra el agua la reparación cuesta mucho más.
Y existe una segunda dimensión: el trabajo. La obra pública moviliza directamente a trabajadores de la construcción, pero también genera actividad en empresas proveedoras, transporte, producción de materiales y servicios. La paralización de rutas no solamente deja pozos y obras inconclusas; también destruye cadenas económicas en localidades del interior que dependen de esos proyectos.
Cuando el ajuste se convierte en una herramienta política
La denuncia política más delicada aparece cuando se analiza qué ocurre con los fondos que no se distribuyen regularmente. Los desembolsos para obras viales se concentraron en determinados períodos vinculados con sesiones legislativas en las que el oficialismo necesitaba votos y que algunas provincias recibieron recursos en momentos políticamente sensibles. Esa interpretación debe ser presentada como una acusación, no como un hecho judicialmente probado. Pero incluso dejando de lado esa hipótesis, existe un problema institucional evidente cuando un Gobierno concentra recursos que tienen un destino específico y luego administra discrecionalmente cuándo y cómo los libera.
El Gobierno de Milei necesita permanentemente negociar con gobernadores para conseguir respaldo legislativo. La experiencia de los últimos meses mostró que la relación entre la Casa Rosada y las provincias está atravesada por reclamos de fondos, obras, coparticipación y transferencias. En ese contexto, cualquier recurso nacional cuya distribución pueda acelerarse, demorarse o condicionarse adquiere inevitablemente una dimensión política.
Y aquí aparece una paradoja particularmente fuerte para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la llamada “casta”. La discrecionalidad estatal no desaparece cuando se reduce el gasto: puede cambiar de forma. Si el Estado deja de financiar masivamente obras pero conserva recursos determinados para administrarlos según sus necesidades fiscales y políticas, el problema no desaparece. Simplemente cambia el mecanismo de distribución del poder.
La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a si el Gobierno “gasta mucho” o “gasta poco”. La pregunta verdaderamente importante es qué hace con los recursos que recauda, qué destino legal tienen y quién decide cuándo se utilizan. Porque un Estado puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, estar descapitalizando su infraestructura, deteriorando sus rutas y acumulando problemas que tarde o temprano deberán ser pagados por la sociedad.
El caso del SisVial desnuda esa tensión con una claridad difícil de ocultar. Mientras el Gobierno exhibe el déficit cero como la prueba de su éxito económico, más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial permanecían fuera del asfalto. Y mientras las rutas esperan mantenimiento, el dinero puede permanecer colocado en instrumentos financieros o ser utilizado dentro de la estrategia general de administración fiscal.
El interrogante político que queda planteado es, entonces, mucho más profundo que una disputa presupuestaria: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para mostrar una determinada cifra fiscal, incluso cuando para conseguirla posterga obras que tienen un destino específico y una función económica y social concreta? El “déficit cero” puede ser presentado como una bandera de austeridad, pero si el precio de esa bandera es una ruta destruida, una obra paralizada, un trabajador despedido o una infraestructura que pierde valor, habrá que preguntarse qué tipo de equilibrio se está construyendo y, sobre todo, quién termina pagando su costo.
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Julio Zamora y Daniel Scioli se mostraron juntos este fin de semana, ratificando los gestos de acercamiento que el intendente de Tigre viene dando hacia La Libertad Avanza (LLA) y que disparan múltiples tensiones dentro del armado libertario local.
La excusa fue una actividad en la que el joven prodigio del ajedrez Faustino Oro abrió una gira de exhibiciones promovida por la Secretaría de Turismo. «Estamos en Tigre porque mi querido amigo Julio Zamora, con Gisela (Zamora), han hecho del ajedrez una política de Estado», dijo Scioli sobre el lugar elegido para iniciar esa gira.
En Tigre esa movida fue leída en clave política y va en línea con la sintonía que la rama sciolista de LLA mantiene en el Concejo Deliberante con el zamorismo.
En la actividad también participaron concejales de La Libertad Avanza de otros distritos de la Primera, como el caso de Sebastián Neuspiller, concejal de Pilar alineado al jefe de Gabinete Diego Santilli.
Como contó LPO, Zamora consiguió semanas atrás la aprobación de su Rendición de Cuentas gracias al apoyo de un sector de los libertarios, entre ellos de la concejal Milagros Rodríguez, que responde a Nicolás Scioli, hermano del ex gobernador que el año pasado mostró intenciones de querer ir por la intendencia.
«Es un amigo y vecino de Tigre», dijo Zamora al referirse a Scioli tras la exhibición ajedrecística donde se mostró permanentemente junto al funcionario libertario.
La semana pasada el secretario de Turismo había agradecido especialmente a la gestión Zamora por el accionar frente al intento de robo que sufrió en su casa de Villa La Ñata, donde tres delincuentes con máscaras de payaso buscaron infructuosamente ingresar.
En el ámbito político tigrense creen que el intendente busca explotar su estrecho vínculo con el ex motonauta para reflotar un entendimiento con los libertarios que se había enfriado tras los cambios en la coordinación local.
LPO había adelantado en mayo último que el dirigente que encabezó la boleta libertaria en las últimas dos elecciones, Claudio Baumgarten, fue corrido al frente de la oficina local de Anses por la ex concejal del PRO Vanina Pignata, quien reporta al concejal Juan Furnari, con llegada a los Menem.
Eso había generado fricciones internas que tuvieron su correlato en el Concejo. Incluso, en la votación de la Rendición de Cuentas, Furnari fue uno de los que votó en contra de los números de Zamora que sí aprobó la concejal sciolista.
El ruido por esa aprobación había llegado hasta la Casa Rosada, ya que Karina Milei había dado la orden a los concejales libertarios de no aprobar las rendiciones de intendentes peronistas. Tigre fue el único municipio donde la mayoría de los concejales LLA votaron a favor.
Es que, además de Scioli, Zamora también mantiene vasos comunicantes con el ex candidato a intendente del PRO y ahijado de Patricia Bullrich, el ex actor Segundo Cernadas, con algunas bancas en el Concejo que acompañan los proyectos troncales del Ejecutivo municipal.
Mientras busca posicionar a su esposa Gisela Zamora de no tener el aval legar para ir por otra reelección, el intendente tigrense da señales de apertura al mundo libertario.
Zamora no tiene lugar en el peronismo tras jugar en 2025 con Somos Buenos Aires, sello de centro sobre el que tampoco puede moverse, tras el fracaso de las últimas legislativas.
En esa encerrona y mientras busca posicionar a su esposa Gisela Zamora de no tener el aval legar para ir por otra reelección, el intendente tigrense da señales de apertura al mundo libertario.
