De acuerdo al registro realizado por el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, del 1 de enero al 30 de abril de 2023 se registraron 99 femicidios, 87 femicidios íntimos de mujeres y 12 femicidios vinculados en nuestro país.
Desde el Observatorio de las Violencias de Género «Ahora Que Sí Nos Ven» dieron a conocer el registro nacional de femicidios que elaboran a partir del análisis de medios gráficos y digitales de toda la Argentina. El registro arrojó la cifra de 99 femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023.
Dicho informe revela que el 55% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas; el 59,6% ocurrieron en la vivienda de la víctima; el 20% de las víctimas habían realizado al menos una denuncia y el 15% tenían medidas de protección. Al menos 71 niñxs perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista; y además hubo tres transfemicidios publicados en los medios de comunicación.
Algunos datos destacados:
24 femicidios en abril
113 intentos de femicidio en el mismo periodo
3 Transfemicidios publicados en los medios de comunicación
El 55% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas
El 59,6% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima
20 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 14 tenían medidas de protección
Al menos 71 niñxs perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista
De esos 99 femicidios registrados, 87 fueron «femicidios íntimos de mujeres y 12 femicidios vinculados», detallan desde el observatorio. Además advierten por aquellos casos en que no terminaron con la muerte de la víctima, datos que nos permiten dar cuenta de la real magnitud y la complejidad de la violencia machista. En lo que va de 2023 hubo 96 intentos de femicidios y 17 intentos de femicidios vinculados. La violencia machista no surge de un momento al otro, el agresor suele violentar a la persona de diferentes formas, a veces imperceptibles, hasta llegar a cometer un femicidio.
De acuerdo al registro que realizado, el 59,6% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima, que en muchas ocasiones comparte con el agresor. “Esto refleja que las mujeres estamos más expuestas a la violencia en nuestros hogares, lejos del mito que afirma que la calle es el único espacio peligroso para nosotras. En muchos de los casos que relevamos en estos años hemos observado que las víctimas de violencia no pueden abandonar el hogar ya que no tienen recursos suficientes” explica el informe. En este escenario la inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo y la distribución igualitaria de las tareas de cuidado son fundamentales para prevenir violencias y generar una situación propicia para que puedan salir de esa situación.
Asimismo agregan, “no podemos dejar de mencionar que el 22,2% de los femicidios ocurrieron en la vía pública. Si bien es un número menor debemos visibilizarlo, para tomar conciencia de la necesidad de construir y pensar el espacio público de las ciudades con perspectiva de género y diversidad”.
En lo que va de 2023 el registro dispara que en más de la mitad de los casos (55%) el femicida era la pareja o ex pareja de la víctima. A su vez, el 81% de los casos fueron perpetrados por una persona del círculo íntimo de la víctima, familiares (12%) y conocidos (14%). “Los femicidas no son locos o extraños, compartimos espacios de estudio, trabajo, amistad o el hogar, cuentan con nuestra confianza y en la mayoría de los casos son personas con quienes tenemos un vínculo afectivo” agregan desde el observatorio.
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La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.
Por Redacción de NLI
Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.
La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.
Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.
El problema no es solamente cuánto cuesta un libro
La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.
Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.
Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.
El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.
Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?
Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.
La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.
Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado
El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?
La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.
Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.
Ese ecosistema es frágil.
Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.
El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.
Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.
No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.
Una discusión que recién comienza
El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.
La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.
La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.
No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.
La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.
Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.
El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.
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