Vaudagna reveló que el juez Salmain le pidió 100 mil dólares para quedar a cargo de sus causas

Vaudagna reveló que el juez Salmain le pidió 100 mil dólares para quedar a cargo de sus causas

 

El ex director regional de ARCA en Rosario Carlos Vaudagna declaró que el juez federal Gastón Salmain, con quien tenía un vínculo probado desde 2018, le propuso en diciembre pasado reclamar la competencia de todas las causas penales que lo afectaban en la Justicia Federal para darle un tratamiento favorable como imputado. Y que pidió una altísima cifra para hacerlo. Fuentes con acceso a la causa indicaron que fueron 100 mil dólares.

Esto ocurrió en una ampliación de la declaración como arrepentido de Vaudagna recibida hace dos semanas en la sede de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Fue parte de lo que motivó que la semana pasada un fiscal federal de Rosario solicitara el secuestro del celular del juez Salmain, lo que se concretó este viernes en su domicilio en Belgrano en Buenos Aires. El magistrado no proporcionó la clave de desbloqueo.

Le secuestran el celular al polémico juez Salmain de Rosario, que se negó a entregar la clave

El mismo día en Santa Fe fue allanada la escribanía del lobista del Poder Judicial de la Nación Santiago Busaniche y su domicilio particular en el Palacio Paz en Esmeralda al 1100 de Buenos Aires. Busaniche es un importante operador histórico del Poder Judicial de la Nación, con capacidad para decidir designaciones de personal y descargar influencias en decisiones judiciales.

La revelación supone, de afianzarse en otra prueba, un golpe demoledor para el juez federal, que tiene abierto un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Esto ocurre porque al concursar como juez en 2022 omitió señalar en su CV que había sido echado de la Justicia Federal en 2002 por pedir un soborno como empleado de un juzgado para direccionar un expediente laboral. 

Vaudagna

La palabra de Vaudagna como arrepentido ya demostró haber tenido su peso. En su declaración inicial, hace seis meses, admitió que armaron una causa judicial contra el empresario bursátil rosarino Claudio Iglesias en un asado en la casa del juez federal Marcelo Bailaque junto al financista Fernando Whpei. Y destacó que lo hicieron a sabiendas de que el empresario estaba disputando la presidencia de la compañía aseguradora San Cristóbal de la que era directivo. Esto terminó con Vaudagna, Bailaque y Whpei con una causa penal por extorsión. Los dos últimos tienen por esto prisión domiciliaria.

En diciembre Salmain pidió repentinamente ser competente en tres causas distintas que implicaban a Vaudagna, aunque dos meses antes había pedido no intervenir en la única que tenía del ex jefe de ARCA. Estas causas se generaron a partir del secuestro de un teléfono de Vaudagna en 2021 por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario.

Una primera pericia del teléfono mostró que Vaudagna estaba implicado en variados ilícitos: asesorar a contribuyentes para ocultar activos, actuar como gerenciador de múltiples empresas privadas, facturarles a estos clientes a través de dos mutuales que son de él y hacer depósitos en cuentas offshore.

El desconcertante reclamo de Salmain para quedarse con las tres causas generó la queja en tropel de seis fiscales federales de Santa Fe, Rosario y Reconquista que dijeron que este magistrado no tenía competencia por materia -es juez civil y no penal-ni tampoco territorial para pedir las causas de Vaudagna. A quien además conocía desde 2018 por lo menos, según está acreditado en intercambios de mensajes telefónicos entre ambos. 

Caso Vaudagna: bloquean a un juez de Rosario que quiso meterse por la ventana en causas de corrupción que lo complicaban

En febrero la Cámara Federal de Rosario resolvió, con dos decisiones diferentes, que Salmain no tenía ningún motivo para ser competente en las causas de Vaudagna.

«Lo que hace la declaración ampliada de Vaudagna de hace dos semanas es darle una explicación lógica a una acción judicial que era un disparate. Es la pieza de un rompecabezas que completa un cuadro. Era descabellado que Salmain reclamara de golpe las causas que implicaban a Vaudagna sin ningún motivo. Acá aparece uno muy claro», dijo a LPO una persona que tuvo acceso al testimonio de Vaudagna.

Las causas de Vaudagna, Bailaque y Whpei muestran a sectores económicos, políticos, judiciales y estudios jurídicos de peso en una trama muy densa donde se cruzan favores, tráfico de influencias y negocios ilegales a partir de relaciones de poder. Esto se robustece con la venidera imputación a Busaniche. Este es un hombre culto, ex rugbier, abogado y escribano que se convirrtió en un operador free lance en la cumbre nacional de la administración de Justicia. Su suegro es el ex diputado provincial Julio Gutiérrez que fue primo político de Carlos Reutemann. Acompañando a Reutemann cuando era senador en Buenos Aires Busaniche armó una carrera tocando el campo de jueces de alto nivel y servicios de inteligencia. Ahora será imputado por participar de la extorsión contra el ex directivo de San Cristóbal.  

 

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    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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