Por Lu­cía Sa­bi­ni Fra­ga


El Tribunal Penal 1 de Eldorado condenó a 20 años de prisión a María Ovando, a 18 años para Maracos Iván Laurindo, y 12 a Lucas Ferreira; tras el emblemático juicio que comenzó en la ciudad misionera de Eldorado el 21 de septiembre pasado.

Alrededor de las diez de la mañana de este miércoles 28, los jueces Lyda Gallardo, María Teresa Ramos y Eduardo Javier Jourdan dieron a conocer la sentencia que no se distanció mucho de las penas exigidas por el fiscal Federico Rodríguez, quien había solicitado una condena de 22 años para Ovando, 18 para Laurindo y 15 para Ferreira. Ambos varones están acusados de ser autores del delito de “abuso sexual con acceso carnal” de una hija y una nieta de María, mientras que a la mujer se la acusa de “cómplice primaria de los abusos, partícipe o facilitadora de corrupción agravada” de las niñas y hasta “corrupción de menores” .

Por su parte, la defensa de María Ovando -integrada por los abogados Roxana Rivas, Eduardo Paredes y José Luis Fuentes- pedía la absolución de los tres imputados. Ese mismo tribunal (incluso con uno de sus miembros en común con aquella oportunidad) había dictado la absolución de Ovando ocho años atrás, juzgada por la muerte de una de sus hijas. Un caso conocido nacionalmente por la falta de perspectiva de género y del contexto de extrema vulnerabilidad en el tratamiento de las acusaciones por parte de la Fiscalía.

La sorpresa fue grande, y no fue buena. “No era un resultado que estábamos esperando, nunca vimos la posibilidad que exista un escenario condenatorio para María, y a la luz del juicio y todo lo que se fue desnudando a lo largo de este proceso, creíamos un escenario de absoluciones totales también para los dos imputados” aseguró para Puente Aéreo, José Luis Fuentes.

En el comunicado emitido pocas horas después de conocida la sentencia, el Equipo Misionero de DDHH, Justicia y Género expresó también su preocupación por la situación de los jóvenes condenados, de apenas 23 años y encarcelados hace 5. “Reiteramos además que Marcos Laurindo y Lucas Ferreira llegaron a este juicio detenidos también ilegalmente, con sus prisiones preventivas  vencidas. Además, se les dictó sentencia como mayores, cuando eran menores al momento de los hechos por los que se los acusó.”

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Sin pruebas

A poco de empezar, el juicio fue suspendido por el entonces presidente del Tribunal, el juez Atilio León, ante la falta de claridad en la acusación de la fiscalía que no permitía determinar que hecho debía juzgarse.

Luego de retomarse el proceso judicial el 8 de octubre –con cambio de juez incluido-, otro evento generó incertidumbre y suspicacia. Durante la etapa oral, la propia Euvarta Godoy (denunciante de este caso), reveló que había denunciado en el año 2015 a su yerno Digno Monges Armoa, por abuso sexual hacia una de las niñas victimas. Así la defensa se que entera que Armoa no solo fue condenado por esa causa, sino que el juez que intervino en el proceso es el mismo que hizo la instrucción en la actual causa contra Ovando, Ferreira y Laurindo, así como los miembros del Tribunal y el propio fiscal Rodríguez.

“Fue el mismo fiscal que llevó adelante la acusación, el mismo fiscal de instrucción y el mismo tribunal que condenó. Así como no hubo conexión en ningún momento durante la etapa de instrucción e investigación, de esos hechos, del abuso en Iguazú y las denuncias en este expediente, tampoco evidentemente lo hizo el tribunal” explica el abogado defensor Fuentes. El hecho de que saliera a la luz fue más por casualidad que otra cosa; parece ser que la memoria no es el fuerte de los juristas misioneros.

Este hecho alimentó la hipótesis que siempre sostuvieron desde la defensa de Ovando: que los abusos se habían originado en el seno de la familia guardadora, quién quedó con la tenencia de las menores una vez denunciada Ovando.

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Continuará

Desde temprano en la mañana de ayer, organizaciones sociales y movimientos feministas se agruparon en las ciudades de Posadas, Eldorado y Oberá para acompañar la lectura de la sentencia, en una audiencia que tampoco fue pública. La indignación por las penas dictadas dio lugar incluso a disturbios fuera del tribunal de Eldorado, de donde María salió esposada y pronta para ser trasladada a Posadas y comenzar a cumplir su condena. A pesar de que la defensa demostró el nulo peligro de fuga que representaba María, el Tribunal una vez más accedió a los pedidos del fiscal.

Durante este mes, distintas personalidades y referentes de DD.HH se hicieron eco del caso y apoyaron la causa de María y pidieron por su absolución. Tras una intensa campaña se lograron reunir más de 16.000 firmas entre las que figuran la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, la antropóloga y ensayista Rita Segato, la asesora de la Presidencia de la Nación Dora Barrancos, la legisladora porteña Ofelia Fernández, las mujeres miembro de Actrices Argentinas, entre otras referencias.

Incluso el Parlamento del Mercosur (Parlasur) logró el 9 de octubre pasado, aprobar un proyecto en la comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía, que instaba a la justicia misionera a que “sentencie con perspectiva de género” y “que brinden a la señora María Ovando y a sus hijos asistencia humanitaria, económica y psicológica”. El texto, presentado por la parlamentaria misionera Cecilia Britto, denunciaba la presencia de “vestigios patriarcales” y una “clara criminalización de la pobreza”, exigiendo “el cese de la persecución y hostigamiento judicial” sobre María Ovando.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta- también había presentado para este expediente, un informe técnico señalando la falta de perspectiva de género para llevar adelante la acusación y solicitando al Tribunal la aplicación de la misma. Evidentemente, ninguna de estas observaciones fue escuchada. La Asociación Pensamiento Penal (organización no gubernamental experta en derecho penal) ya solicitó al Tribunal, luego de conocerse la sentencia, que envíe las grabaciones por ser parte veedora del juicio.

“Si hacemos un análisis de la Justicia en la provincia de Misiones no debería sorprendernos; vemos casos como el de Cecilia Rojas, Cristina Vázquez, Victoria Aguirre. Evidentemente tenemos una justicia patriarcal, estigmatizante sobre los pobres, revictimizante, y eso sucedió aquí otra vez” aseguró Fuentes, en una fecha donde además se conmemoran dos meses del suicidio de Cristina Vázquez, tras pasar doce años en prisión por un crimen que no cometió.

“Es un fallo lamentable pero de ninguna manera lo vamos a convalidar; seguiremos hasta las instancias que sean necesarias  y tenemos confianza de que es un fallo que no pasa el control de la constitucionalidad  y de convencionalidad, según los Convenios Internacionales que exigen a nuestro país” aseguró el abogado. En Misiones, una vez más, la Justicia faltó a la cita. ♣♣♣

#PA.

jueves 29 de octubre de 2020



Fuente: Puente Aereo

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