Por Fiorella Del Piano


Esta semana, la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona pidió la indagatoria de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex números uno y dos de la Agencia Federal de Inteligencia, en el marco de la causa judicial por espionaje ilegal. En una causa paralela, a raíz de una denuncia de la interventora de la agencia, fueron imputados por la venta irregular de armamento a funcionarios y agentes en actividad. Mientras tanto, las maniobras por llevar la causa a Comodoro Py, continúan.


El último martes en #PuenteAéreo adelantábamos que los miembros de la cúpula de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, serían citados a indagatoria en la causa en la que se investiga el espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su vivienda de Juncal y Uruguay, y en el Instituto Patria durante julio y agosto de 2018.

El pasado sábado, la fiscal Cecilia Incardona, quien tiene delegada la investigación, solicitó la imputación e indagatoria. El martes, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, hizo lugar al pedido y dispuso que el “señor 5” y la “señora 8” se presenten a indagatoria. A Majdalani, la citaron para el 12 de julio, y a Arribas para el lunes 13. En ese contexto, el juez solicitó a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que los releve del secreto de Estado.

Para la fiscalía, existen sospechas suficientes para considerar que tanto la subdirectora Majdalani como Arribas, director de la institución en cuestión “impartieron órdenes o instrucciones a Alan Ruiz para que realizara tareas de inteligencia ilícitas”. Pero además, al rubricar un informe que se entregó en la Comisión bicameral y la Justicia, habrían “participado de la planificación y gestión del proceso de producción de inteligencia ejecutado por Ruiz a través de agentes orgánicos y luego en la maniobra fraudulenta mediante falsedad documental para ocultar su primer ilícito”.

La causa por la que se pidió la indagatoria de los jefes de la AFI del macrismo es una investigación paralela a la del expediente por el espionaje ilegal del que fue apartado el juez Federico Villena. Ahora, el juez Augé las unificó. Precisamente, la causa que llevaba Villena tiene múltiples víctimas y acusados. La causa del Instituto Patria, en cambio, analiza un episodio puntual.

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Mover la
causa a territorio amigo

Los jefes de la AFI del gobierno de Mauricio Macri, reclamaron que la causa por espionaje al Instituto Patria deje los tribunales de Lomas de Zamora (donde los citaron a indagatoria la semana próxima) y pase a ser tramitada en Comodoro Py “porque los hechos ocurrieron en la Capital Federal”. Sin embargo, como la causa se unificó al expediente por la megacausa de espionaje ilegal, un caso no podría pasar sin el otro.

La defensa de Majdalani acudió a los tribunales de Comodoro Py para que el juez Marcelo Martínez de Giorgi le pida a su colega de Lomas de Zamora (Augé) la causa por el Instituto Patria. Es que Martinez de Giorgi la tuvo en sus manos cuando el auto de la AFI y los ex directivos de la institución fueron sobreseídos, luego del informe que presentó la central de espías diciendo que esas tareas estaban enmarcadas en una causa judicial para prevenir hechos terroristas que se tramitaban en Lomas de Zamora. Justamente, la sospecha de la actual AFI es que se armó una cobertura legal para justificar esas vigilancias como si fueran legales cuando no lo eran.

Por su parte, la defensa de
Arribas, se presentó el miércoles en los tribunales de Retiro y planteó en la
oficina de sorteos de la Cámara Federal que abrieran un nuevo expediente. Asimismo,
reclamó tramitar la inhibitoria de Lomas de Zamora para seguir actuando en la
causa del espionaje. Según se sostiene en esa presentación, los hechos del
Instituto Patria por los que se acusa a su cliente ocurrieron en la Capital
Federal y por lo tanto es Comodoro Py el que debería investigarlo. El pedido de
Majdalani fue rechazado, pero el de Arribas aún tiene final abierto.

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Venta ilegal de armas

Las malas noticias para la
conducción de la AFI macrista no paran, en los últimos días los ex jefes de la
Agencia Federal de Inteligencia fueron imputados por la venta irregular y a
precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.

La medida fue tomada por el fiscal federal Ramiro González, quien además le solicitó al juez federal Daniel Rafecas una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación. En este caso, se trata de una causa iniciada a partir de una denuncia de la actual interventora de la AFI, quien detectó que la Agencia hizo una venta ilegal de 296 armas propias, de distinto calibre, entre 73 espías y funcionarios a precios que eran un 20 por ciento de su valor real, y con mínimos requisitos.

Ahora, el fiscal imputó tanto a
Arribas como a Majdalani, y también al ex titular de la Dirección de Seguridad
de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de
inteligencia. Entre las primeras medidas, el fiscal González solicitó que se
realice una tasación del armamento en cuestión y que se le consulte a la
Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están
facultados a comercializar sus armas entre funcionarios y agentes.

De acuerdo con la denuncia, el
ilícito se basó en dos resoluciones dictadas por Arribas en 2017 y 2018, que
habilitaron esta suerte de mercado de armas en la AFI: primero se declaró al
armamento en condiciones de “rezago” “por no resultar económicamente rentable
ni factible su recuperación” y, en función de eso, se autorizó su venta “a los
agentes pertenecientes a la Agencia que posean credencial de legítimo usuario”.
El procedimiento de venta que aprobaba consistía en el descuento del valor
establecido a través del pago de haberes. Pero Caamaño denunció que el informe
de Arribas no mostraba que se tratara de “armamento de rezago sino que se lo
clasifica como material en desuso”, lo que implica que no se trataba de
“residuos” sino que tenía cualidades para seguir siendo utilizado.

El área de Seguridad del
organismo cotizó el valor de mercado en dólares de las armas y lo contrapuso
con los precios a los que fueron vendidas, que rondan el 20 por ciento: las
pistolas FM Browning 9 mm cuestan 200 dólares cada una, pero fueron vendidas a
3900 pesos por unidad, por poner un ejemplo.

“Permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad en los términos del artículo 248 del Código Penal”, señala la denuncia. La tasación tampoco respetó el reglamento de Bienes del Estado y por eso el planteo señala el delito de administración fraudulenta. Las armas tienen un régimen propio y, además, la venta de cualquier bien del Estado debe pasar por una tasación y salir la venta por una subasta en un banco público. ♣♣♣

#PA.

Sábado 11 de junio de 2020.

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