El abogado defensor de Miguel Calvete, el lobista de las droguerías detenido por el caso de las coimas de la Andis que sacude al gobierno de Javier Milei, es funcionario y tiene rango de director en la Oficina Anticorrupción.
La Nación reveló que el abogado Camilo Cordero Fabbrise presentó en el allanamiento que le hicieron a Calvete en su casona de Defensa al 1400, como parte de la investigación judicial de las coimas.
Cordero Fabri es coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción, que depende del ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona.
De acuerdo a La Nación, en un papel pegado en la cocina de la casa desde donde operaba Calvete, había instrucciones precisas para cuando tuviera problemas judiciales: «Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz: ACÁ NO ES», dice el papel. Muñoz es la pareja de Calvete.
Cordero Fabbri apareció durante el operativo y preguntó qué estaba pasando. El abogado no se presentó como defensor de Calvete en el expediente de Andis, pero sí lo hizo en la causa en la que el empresario fue condenado como explotador «de la prostitución ajena», el caso por el que está preso en la cárcel de Ezeiza.
El del abogado es uno de los nombres que aparecen en la lista «Tuco» que la Justicia le secuestró a Calvete. Algunos de los nombrados en esa lista eran funcionarios del gobierno y tuvieron que renunciar, como fue el caso de Ornella y Susana Calvete, hija y hermana, respectivamente, del lobista. También tuvo que irse del ministerio de Economía Javier Cardini, número dos de Industria y pareja de Ornella Calvete. En el domicilio que compartían la Justicia encontró 700 mil dólares.
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El juez federal de Rosario Gastón Salmain camina en la cornisa. Al llamado para ser imputado la semana próxima por una maniobra por diez millones de dólares se sumó la decisión del Consejo de la Magistratura de girar denuncias en su contra a la Comisión de Acusación de la entidad. Eso supone iniciar el camino que puede terminar en su destitución.
De modo unánime, la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles que se analice en la comisión de Acusación que preside el senador Luis Juez la medida cautelar que Salmain firmó en 2023 en favor del fideicomiso Attila, en la que ordenó al Banco Central de la República Argentina vender 10 millones de dólares al cambio oficial al financista que controlaba ese fondo, cuando regía el cepo bancario.
Esa decisión de Salmain posibilitó a los controlantes del fondo obtener los diez millones de dólares al cambio oficial para pagar una deuda contraída en el exterior cuando la brecha con el valor de la divisa en el mercado informal era marcada. El financista que controlaba el fideicomiso es Fernando Whpei quien está implicado por una extorsión junto al ex juez federal Marcelo Bailaque.
Whpei está llamado a indagatoria junto a Salmain en cinco días. El tercer convocado es el escribano santafesino Santiago Busaniche quien es lobista de la Justicia Federal y cercano a altos magistrados y servicios de inteligencia. A los tres los fiscales les endilgan haber armado una estrategia para que con la cautelar urgente se adquirieran dólares a precio oficial para transferirlos a la cuenta de un acreedor en el exterior.
Los fiscales indican que, con el ardid, Busaniche se favoreció «por su aporte operativo» y Salmain por haber impulsado la medida como magistrado. Por esas acciones ambos solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia de cambio entre dólar oficial y blue lo que ascendía a unos 200 mil dólares. Esto supone para Salmain la imputación de cohecho pasivo agravado, vale decir cobrar un soborno por su gestión, agravado por ser magistrado y del delito de prevaricato, que significa impulsar una resolución que se sabe injusta. Salmain está citado para el martes que viene a audiencia de imputación.
También hay un hecho penal conexo por abuso de autoridad en su juzgado por lo que hace diez días su despacho fue allanado y le quitaron su celular. Un mes antes, por la cautelar del fideicomiso, también habían allanado su domicilio y confiscado otro teléfono, un I-Phone 17. En las dos ocasiones Salmain se negó a entregar la clave de acceso.
Asimismo, Salmain está denunciado por la diputada provincial Lionella Cattalini por un pedido de coimas para acumular expedientes sobre los que no tenía competencia e implicaban a una misma persona, el ex director regional de la AFIP Carlos Vaudagna. El ex funcionario, implicado en tres causas penales, sostuvo ahora como arrepentido que a través de un enviado Salmain le pidió 100 mil dólares para unificar en su juzgado distintas causas que lo involucraban. En su declaración Vaudagna involucró como participante de esta intriga ilícita a un abogado de un conocido estudio jurídico del centro de Rosario.
Carlos Vaudagna
Además de estas acciones que ya ponen a Salmain en el sendero del juicio político, y no meramente de sanciones administrativas, hay otras tres expedientes por delitos atribuidos a Salmain que seguirán en trámite en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que preside el consejero abogado César Grau.
Uno de estos hechos es la omisión de haber informado, cuando concursó como juez, que la Corte Suprema de la Nación por unanimidad lo dejó cesante cuando era empleado de un juzgado laboral, acusado de haber ofrecido una coima para direccionar un expediente hacia el tribunal donde trabajaba, eludiendo el mecanismo de sorteo. El caso lo mantiene como instructora la consejera Alejandra Prevítola.
Otro caso es la denuncia por haber generado un colapso en el ámbito civil de Rosario al excusarse masivamente de recibir expedientes jubilatorios cuando fiscales federales lo empezaron a investigar. Esto fue porque trascendió que Salmain había autorizado un record de embargos multimillonarios contra la Ansés por demandas previsionales lo que favorecía a determinados estudios jurídicos. La excusación de Salmain a tramitar expedientes jubilatorios produjo una congestión de causas que fue denunciada por su colega de fuero Natalia Martínez que recibió la avalancha de legajos que en el juzgado vecino se negaban a impulsar. Actúa como instructor el consejero juez Luis Lugones.
También tiene Salmain un legajo en esta comisión por una denuncia de la tabacalera rosarina Bronway por parcialidad manifiesta en una causa en favor de Massalin Particulares. Salmain ordenó a la ex AFIP que no lo otorgue a Bronway las estampillas para la venta de cigarrillos lo que favoreció a su competidora y dejó en situación de cesantía a 260 trabajadores. Interviene como instructora la consejera María Inés Pilatti Vergara.
