Por Adrián Machado


Las Telcos y el decreto presidencial que las caracteriza como servicio público esencial. Costos, acceso y reclamos. Antecedentes locales e internacionales.

Pocos reclamos más transversales a la “grieta” que la queja acerca del servicio de internet -precio/calidad- o la crítica hacia la falta de señal en las comunicaciones móviles. Ante el rechazo por parte de las pocas empresas que controlan el mercado de las telecomunicaciones al pedido del gobierno nacional de postergar los aumentos previstos para septiembre, Alberto Fernández tomó la decisión de declarar servicios públicos esenciales a Internet, la telefonía móvil y la televisión paga -cable y satelital- y suspender el aumento de tarifas por lo que resta del año.

Es importante diferenciar entre suspensión y
congelamiento, pues no son sinónimos: los precios aumentarán luego de superada
la situación crítica generada por la pandemia. Claro que las futuras modificaciones
en las tarifas deberán ser autorizadas en base a su razonabilidad, las empresas
prestadoras de servicio deberán informar como se compone el costo de la prestación
ofrecida.

Las reacciones fueron las esperables: furibundas
defensas corporativas de las propias empresas alcanzadas por la medida -con
Clarín a la cabeza-, los periodistas que trabajan en las mismas no han podido
diferenciarse del discurso empresarial, la oposición política también se alineó
-con contadas excepciones- en defensa de un supuesto ataque a la libertad de
expresión y en contra de un imaginario nuevo intento de estatización. Por el
lado del oficialismo, fue tomado con beneplácito que el Estado pueda regular y
tener herramientas para garantizar el acceso a dichos servicios al total de la
población, más aún en el contexto actual -es un largo camino, que excede a la
sola firma de un DNU, más allá de algunos festejos desmesurados-.

En un comunicado conjunto, las empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación desaprobaron el decreto presidencial: “Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro”. La nota lleva la firma de empresas como Claro, DIRECTV, Telecentro, Telecom y Telefónica, entre otras del sector.

A diferencia de lo sucedido con la llamada Reforma
Judicial o Vicentin, en este caso no se han sumado apoyos extra sectoriales, no
se manifestaron públicamente sectores industriales, farmacéuticos, del agro, alimenticios,
bancarios, o de empresas como Mercado Libre. Desde estos sectores se observa a
la declaración de servicios públicos esenciales a las telecomunicaciones como
una regulación sectorial hacia un mercado muy concentrado y con alto poder de
fuego.

En contraste, Apyme -Asamblea de pequeños y medianos productores- celebró la decisión presidencial, a la que calificó de “muy positiva”. Los pequeños y medianos productores consideraron que “la regulación de las grandes empresas de telecomunicaciones resulta justa e indispensable para el desarrollo con equidad”. Además, se diferenciaron de la postura de los grandes jugadores del mercado, quienes ven un ataque gubernamental: “a pesar de las argumentaciones en contra de los sectores que a partir de ahora serán regulados, en ningún caso se trata de un avance sobre la libertad de empresa o sobre la titularidad de las firmas, sino del establecimiento de reglas de juego claras, democráticas y equitativas para la ciudadanía y el conjunto de los actores productivos”. Asimismo, indicaron que esperan que la reglamentación establezca una clara diferenciación entre las corporaciones concentradas y las pymes y cooperativas que prestan servicios en diversas regiones del país.

***

Costos, tarifas y
servicios

La importancia de los costos radica en que, en un servicio considerado como público y esencial, se deberá informar a la autoridad de aplicación -Enacom- el porqué de los aumentos tarifarios. Como ejemplo podemos tomar la curva tarifaria de los últimos años, de alta inflación, el rubro Comunicación aumentó 326% entre mayo de 2016 y diciembre de 2019, contra una inflación general de 231% en el mismo periodo. El último aumento fue en marzo de este año, 8,3% fue lo que subió Comunicación, mientras que la inflación de ese mes se ubicó en menos de la mitad: 3,6%.

Las subas son mucho mayores donde no hay competencia. “En
Santa Rosa tenés la única capital de una provincia que tiene una cooperativa de
comunicaciones”, señaló el investigador Ezequiel
Rivero
, para explicar que un paquete de internet y televisión -de Fibertel
y Cablevisión- cuesta 1323 pesos en la capital de La Pampa, y 2515 pesos en la
Ciudad de Buenos Aires. Además, en las grandes ciudades el mercado es
oligopólico, y el servicio se carteliza.

Se trasluce de la comunicación oficial la intención de crear planes básicos universales, una especie de “tarifa social”, que garanticen la accesibilidad y un servicio decente a la población que hoy padece desconexión o mala conexión. Como recuerda Martín Becerra, la telefonía básica es servicio público esencial en la Argentina desde hace varias décadas -y privatizada desde 1990-, lo que obliga a los operadores a no cortar el servicio y al Estado a establecer condiciones de universalidad en el acceso.

“El concepto de servicio público también incluye una mayor capacidad del Estado en relación a la estructura de precios y tarifas del servicio. En este caso, se extiende esa facultad a las comunicaciones móviles, conectividad fija y tv paga”, señala el investigador. La importancia de las políticas públicas en este tipo de servicios se aprecia cuando se observa el mapa del país, continúa Becerra, “el diagnóstico de la estructura, cobertura, acceso y asequibilidad a los servicios de comunicaciones en la Argentina arroja zonas y sectores con buenos servicios y también muchas carencias. Esas carencias no las cubre el mercado: se precisan políticas públicas activas”.

Por su parte, el abogado y consultor, Andrés Piazza indica la no coincidencia del nombre del DNU firmado por el presidente Fernández: Argentina Digital, “como la ley sancionada en diciembre de 2014 que declaraba de ‘interés público’ al desarrollo de las TIC y que fuera virtualmente derogada en 2015 por el Poder Ejecutivo de entonces”. Esa ley determinaba el carácter de servicio público en competencia a los servicios TIC, lo cual sirve como antecedente ante la defensa corporativa que anuncia un descenso de inversiones debido al decreto presidencial. En el periodo que estuvo vigente el servicio público en competencia, se produjo la mayor inversión y expansión de comunicaciones móviles, por ejemplo.

El texto se basa en la regulación internacional que
reconoce el acceso a estos servicios como un derecho esencial y cita los casos
de Francia y México. Por fuera de ello, pueden agregarse los casos de Canadá,
Finlandia, Estonia, Costa Rica, Corea del Sur e Israel, donde el acceso a
Internet es un derecho universal, y el de Colombia, donde la TV paga es
definida como servicio público.

Piazza subraya algo que por lógico no resulta menos
imprescindible: “Hace falta acceso universal y asequible. Traducido al contexto
actual: despliegues de infraestructura de fibra óptica a los hogares -FTTH- y
cobertura móvil -hoy 4G- en todo el territorio”. Y, en ese sentido, destaca que
las características locales en cuanto a Internet son sumamente particulares,
con un tendido de fibra óptica estatal de los mas grandes del mundo, así como
una red de puntos de intercambio y ejemplos de redes comunitarias que son
resultado de esfuerzos que no fueron parte de ninguna planificación estatal ni
plan estratégico.

El consultor grafica esta falta de coordinación y políticas
de largo plazo citando al empresario Gonzalo Berra, quien ejemplificó así a la
situación: “Tener fibras de cuatro empresas distintas en un edificio
equivale a que las empresas de ómnibus de transporte de pasajeros compitan
pavimentando una ruta cada una”.

Sobre tarifas, Piazza alerta que lo más importante debe ser lograr un diagnóstico óptimo: “Tenemos certezas respecto de las necesidades de las periferias de los centros urbanos en los cuales millones de usuarios están dispuestos a pagar más de lo que hoy pagan por un servicio de calidad. Sabemos también que hay millones de argentinos de sectores vulnerables que necesitan urgentemente el acceso para educarse y teletrabajar pero no pueden pagarlo. Es importante identificarlos con precisión. La prioridad debería centrarse en fortalecer las capacidades de diagnóstico ya que actualmente la mayoría de los datos que posee el Estado proviene del sector privado”. 

***

Acceso y reclamos

A fines de 2019, diecisiete de cada cien hogares urbanos carecían de conexión a Internet. En algunos aglomerados, como Gran Rosario, la cifra alcanzaba a casi uno de cada tres. Buena parte del acceso se explica por las conexiones móviles, de celulares. En localidades de más de dos mil habitantes, cuatro de cada diez hogares no tenían conexión en su vivienda durante los años 2017 y 2018.

El rubro telecomunicaciones lidera el ranking de empresas más reclamadas con 24.363 denuncias ingresadas entre enero y julio de este año, un 20% del total de 121.000 reclamos de los consumidores. Según datos de la Secretaría de Comercio Interior, las empresas que más demandas recibieron fueron: Movistar con 7.115 reclamos, Telecentro con 6.987, Telecom con 6.636, Direct TV con 1.235, Claro con 568 y Telered con 203.

De los reclamos, el 48,2% responden a los paquetes de productos -Tv Satelital Internet Telefonía fija, etc.-; 19,3% a telefonía celular; 15,1% a Internet; 9,5% a televisión por Cable/ Satelital; 5,6% telefonía fija; 1,9% a correos postales y 0,06 televisión abierta. El 27% de los reclamos fueron por cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio, 20% por falta de procesamiento de baja del servicio, 18% por incumplimiento total de la prestación del servicio contratado, 16% por facturación excesiva o facturación de cargos no convenidos y el 13% por incumplimiento de Oferta, Promociones y/o Bonificaciones. ♣♣♣

#PA.

Viernes 27 de agosto de 2020.

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