“La tecnología le ha fallado a los EE.UU. y a gran parte del resto del mundo

en su función más importante: mantenernos vivos y saludables.

Mientras escribo esto, más de 380.000 están muertos,

la economía global está en ruinas y la pandemia de covid-19 todavía está en su apogeo.

En una era de inteligencia artificial, medicina genómica y automóviles autónomos,

nuestra respuesta más efectiva al brote ha sido la cuarentena masiva,

una técnica de salud pública que se tomó prestada de la Edad Media.”

David Rotman, Editor de MIT Tech Review, 17/06/2020

Las utopías científico-tecnológicas exacerbadas por la globalización neoliberal, y llevadas al paroxismo en el caso de las tecnologías digitales, mostraron sus límites de manera descarnada frente a la actual pandemia, al igual que las cadenas internacionales de valor demostraron tener pies de barro. Quedó claro que la vida de las personas solo puede ser resguardada por la acción política de los Estados nacionales, una acción basada en la unidad, la organización y la solidaridad de las comunidades. Y también, notablemente, por la red entre las mujeres más humildes, como lo muestran la capacidad de organización en Villa Itatí y en el Barrio Padre Mujica, con la entrega de Ramona Medina como símbolo.

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En este contexto, a mediados de junio la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento (LEC) y la semana pasada, luego de haber sido tratada en el Senado, regresó a Diputados con modificaciones. En los debates parlamentarios, más allá del apoyo generalizado (¿quién estaría en contra de la economía del conocimiento?) surgieron algunas críticas focalizadas en cuestiones fiscales (¿cuál será su costo fiscal?), distributivas (¿por qué reducir cargas impositivas de grandes empresas?) y de implementación (¿cómo reglamentar un conjunto tan amplio de actividades y con límites difusos?). Pero hubo aspectos críticos que quedaron al margen del debate: ¿cuál es el modelo de especialización e inserción en las cadenas globales de valor que esta ley promueve y cuál es el que necesitamos? Este es el aspecto que buscamos visibilizar en esta nota.

El proyecto legislativo retoma la exitosa experiencia de su antecesora Ley de Promoción de la Industria del Software (LPS) que transformó en política pública el impulso a las empresas del sector de software y servicios informáticos (SSI) en los últimos 15 años. La LPS alentó el crecimiento de SSI en Argentina dentro de un contexto de expansión global liderado por las prácticas de subcontratación y deslocalización de actividades de codificación, testeo y soporte de programas informáticos.

En el período de vigencia de la LPS (2004-2019), según datos de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) el empleo del sector se cuadruplicó y las exportaciones se multiplicaron por 8. Las ventas al mercado local crecieron un 45% (para tener una referencia del mercado interno, el PBI argentino en dólares creció un 170% en el mismo lapso). Es decir, el sector se orientó a atender la demanda global con menos interés en promocionar la adopción de nuevas tecnologías a nivel local.

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La última moda en términos de tecnología es la “industria 4.0”; implica la integración plena de las TICs en los procesos productivos. Sin embargo, hoy las ventas de SSI al mercado local representan menos del 35% de la facturación del sector (participación que viene cayendo desde 2015 en un orden de 7 puntos porcentuales por año), y la industria manufacturera representa tan solo el 5% de las ventas al mercado interno.

Esta cuestión pasa desapercibida cuando se destaca que el sector contribuye a los dos temas económicos más sensibles para nuestro país: la capacidad de generar dólares y empleo. En base a datos del balance de pagos provistos por INDEC, se calcula que cada 100 dólares que exporta la Argentina (contando bienes y servicios), 2 corresponden a SSI. A su vez, en el sector trabajan más de 110 mil personas registradas contando sólo al sector privado (cerca del 2% del empleo registrado privado total del país) con un salario medio que es casi un 60% superior que el respectivo nacional, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo.

Con estos números, el sector SSI forjó masa crítica, visibilidad política y articulación institucional. También ganó un norte de desarrollo producto de un amplio consenso diseñado por los actores involucrados en la iniciativa: gobierno, empresarios y académicos. “Transformar  a la Argentina en un actor relevante, como país periférico, del mercado mundial de SSI” fue el objetivo del Plan Estratégico 2004-2014, documento que dio marco a la sanción de esa ley pionera. 

Hoy la fortaleza del sector es la exportación de servicios estandarizados de desarrollo de software. Esto es: tareas de codificación que se comercializan como horas hombre de programación en diferentes tecnologías (Java, .NET, Android) para proyectos de desarrollo de software comandados por empresas globales. En otros casos se comercializa como desarrollos a medida; es decir, el cliente establece las especificaciones del software y lo ejecuta una empresa local, lo que implica un mayor agregado de valor, pero en uno u otro caso, la propiedad intelectual será del cliente. Esta especialización lograda de la mano de los incentivos de la LPS y de bajos salarios en dólares, marcó la trayectoria tecnológica a seguir: desarrollo de software para terceros bajo estándares de calidad que garanticen el cumplimiento de objetivos y tiempos.

Así, al igual que otros países de la periferia, Argentina entró en la gran fábrica global de tecnología a través del “outsourcing” y el “offshoring”, es decir, subcontratación y deslocalización de la producción. Este proceso de división internacional del trabajo está comandado por las multinacionales que desde sus sedes buscan trasladar riesgos y reducir costos, conservando los eslabones de mayor valor agregado de la cadena de producción. En otras palabras, las actividades que llegan a los países periféricos son las que menos beneficios le otorgan al que busca tercerizarlas (que, vale decir, si fuera de otra manera no tendría sentido económico). En esa dirección, salvo excepciones, las empresas argentinas no se ocupan de desarrollar productos innovadores ni obtienen sus ingresos por venta de licencias o por servicios tipo “software as a service”, es decir, con modelos de negocios basados en cobros mensuales o basados en el uso en vez de la adquisición de una licencia (por ejemplo, Dropbox).

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El tipo de especialización construida en los últimos 15 años siguió la dinámica global del sector; entre otras razones, para aprovechar las oportunidades. La promoción sectorial hacía foco en la inserción exportadora. Para acceder a los beneficios fiscales que otorgaba la LPS las empresas debían cumplir con dos de tres requisitos: realizar inversiones en Investigación y Desarrollo (I D), certificar calidad y exportar. De ellos, los dos últimos estaban alineados con una estrategia exportadora en el marco de cadenas globales ya que para insertarse como proveedores se requerían certificaciones (garantía del cumplimiento de estándares productivos que reducen los costos y riesgos de la tercerización). 

De este modo, la LPS dejaba la puerta abierta para dos trayectorias posibles. Una basada en la diferenciación de productos vía I D y en la explotación de modelos de negocios con mayores tasas de ganancia. La otra, basada en la oferta de servicios estandarizados donde la competencia se orienta a la reducción de costos. Sin embargo, la segunda es la que cobró mayor protagonismo. Por ejemplo, en el último informe de la CESSI, se indica que alrededor del 90% de las empresas considera que los costos salariales son uno de los principales problemas para el crecimiento. Hoy, el salario anual de un desarrollador de software junior en Estados Unidos es de cerca de 70.000 dólares, entre 8 y 10 veces más de lo que cuesta un programador argentino de la misma categoría. 

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Contar con un sector de software exportador que se consolidó rápido en el mercado global es un gran mérito y un resultado nada desdeñable de la política industrial. Sin dudas la complejización del perfil productivo y comercial argentino es el único camino para el cambio estructural y el desarrollo económico. La LPS ya hizo su aporte. Por eso, hoy es momento de redoblar la apuesta y procurar una mejor inserción exportadora.

La nueva LEC no explora esa posibilidad. Al contrario, alienta a otros sectores industriales y de servicios intensivos en conocimiento a replicar el “exitoso modelo de la industria de Software”. Esto lo vemos, por ejemplo, en los requisitos para acceder a los beneficios fiscales que ofrece este proyecto legislativo, entre los que se mantiene exportar y certificar calidad, pero permite canjear la acreditación de I D por actividades de capacitación. Es decir, clausura, al menos de forma parcial, la trayectoria de crecimiento apalancado en la innovación y la diferenciación, y se fortalece la especialización en la provisión al mercado global de servicios de menor valor relativo.

Esto profundiza un modelo exportador que garantiza a clientes globales previsibilidad en los proyectos de desarrollo y calificación y calidad de recursos humanos a bajo costo. Pero no genera espacios para la apropiación local de los conocimientos y las rentas de innovación que las capacidades y competencias argentinas contribuyen a formar. Exportar horas hombre programador no es más que la exportación de un recurso en bruto. Se diferencia quizás en que el segundo se halla en la naturaleza, mientras que el primero fue construido con inversiones públicas en educación. Por eso decimos que la exportación a bajo valor de trabajo informático no es más que una nueva forma de extractivismo. 

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Muchas veces se da por entendido que la promoción de las industrias intensivas en conocimiento, como el software o los servicios empresariales, se justifica en su transversalidad y porque permiten que otras industrias ganen competitividad. Pero la orientación exportadora basada en bajos costos atenta contra eso. Ahora las empresas locales deben competir por recursos humanos calificados, formados en instituciones y universidades públicas con demandantes globales de mayor poder adquisitivo que se llevan la mayor parte de los beneficios del desarrollo del sector en nuestro país.

Seguir orientando los esfuerzos en la misma dirección -como propone la LEC-, y más aún orientar hacia allí a otros sectores de alta tecnología, es cuestionable. La industria de alta tecnología global (Google, Amazon, Facebook y Apple) continúa concentrando poder y decidiendo el futuro en función de los intereses de una pequeña élite global. La subordinación a estos actores puede significar el ingreso de divisas pero la competencia por bajos costos no es sustentable en el mediano plazo.

La Argentina y la pospandemia requieren del aporte de las tecnologías clave para su recuperación industrial, económica, social y cultural, como los nuevos avances en I4.0, inteligencia artificial y grandes datos. Para el desarrollo nacional es fundamental superar el perfil de especialización construido en los últimos 15 años. Ofrecer beneficios fiscales sin restricciones sobre el origen del capital de las empresas ni el tamaño de las mismas -aún cuando se beneficia más a las pymes– puede agudizar la concentración y extranjerización del sector por la vía de la canibalización de las empresas más pequeñas en la disputa por los trabajadores informáticos. Un ejemplo de esto fue la llegada de EDS a Córdoba a mediados de 2000, que presionó sobre el mercado de trabajo de informática de la ciudad al contratar más de 400 programadores.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LEY DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO?

La sanción de la ley de Economía del Conocimiento es un hito fundamental en la contribución al cambio estructural que nuestro país necesita para crecer de forma sostenida.

Abro hilo.

— Matías Kulfas (@KulfasM) October 8, 2020

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La pandemia desnudó a la Argentina. Muestra los enormes desafíos informáticos que tiene tanto a nivel estatal como en su aparato productivo. Pero nuestro país también cuenta con una masa crítica de empresas y trabajadores especializados, herencia de una importante tradición de desarrollo tecnológico y de un sistema de educación pública masivo. Esta debe ser la base para construir la infraestructura de una nación soberana y una sociedad más justa e inclusiva. Además de estimular las exportaciones con alto valor agregado, el desafío es crear propiedad intelectual local e insertarse en las demandas estatales y privadas de tecnologías de la información. Así, el sector SSI se articulará también como una parte dinámica y fundamental del entramado productivo y social de nuestro país.



Fuente: Revista Anfibia

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