Para el fútbol en protesta contra el gobierno de Milei
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Para el fútbol en protesta contra el gobierno de Milei

 

La AFA convocó un paro de partidos entre el 5 y 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva impulsada por el gobierno de Javier Milei y organismos fiscales; el conflicto entre deporte y políticas públicas avanza con fuerte impacto en clubes y economía del sector.

Por Ignacio Elfrantini para NLI

Paro y protesta estructural del fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender los partidos oficiales entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo de 2026 como forma de protesta contra la acusación de evasión impositiva impulsada por organismos fiscales vinculados al gobierno de Javier Milei y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión fue votada por unanimidad en el Comité Ejecutivo y se presenta como un gesto de rechazo explícito a la presión judicial y fiscal que enfrenta el fútbol argentino.

El presidente de Vélez Sarsfield sostuvo que “se está declarando una guerra contra el fútbol”, destacando que el paro no responde solo a una causa deportiva sino a una fractura política más amplia entre el mundo del deporte y las políticas estatales.

Conflicto fiscal y acusaciones de evasión impositiva

El trasfondo del paro es un conflicto fiscal de alta gravedad, donde la Dirección General Impositiva (DGI) y la ARCA ampliaron denuncias penales contra la AFA por presuntas irregularidades impositivas que superan ampliamente los $11.700 millones en retenciones de impuestos y aportes previsionales que, según el fisco, no habrían sido ingresados en tiempo y forma.

Esta denuncia se inscribe en una perspectiva de intervención estatal más agresiva, donde el organismo recaudador busca aplicar la Ley 27.430 y calificar la conducta fiscal de la AFA como apropiación indebida de tributos. El monto investigado oscila incluso por encima de los $19.300 millones cuando se suman las ampliaciones presentadas por el propio gobierno, lo que incrementa la magnitud del conflicto fiscal y político.

Impacto en clubes, economía del fútbol y debate público

La medida adoptada por la AFA no solo tiene implicancias deportivas, sino económicas y de comercio para los clubes y el ecosistema del fútbol profesional en Argentina. La suspensión de partidos interrumpe la agenda comercial de la liga, afecta contratos televisivos, impacta en ventas de entradas y merchandising y genera incertidumbre en los sponsors. Esto podría traducirse en pérdidas significativas para entidades que ya operan con márgenes ajustados y dependen de los ingresos por espectáculo y derechos.

Además, el paro expone el conflicto entre las políticas impositivas del Estado y el modelo económico y organizativo del fútbol argentino, tradicionalmente basado en clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro. La presión fiscal y el foco en las retenciones no ingresadas han añadido un elemento de inseguridad jurídica que complica la planificación financiera de los clubes.

Tensión política y percepción pública

La disputa entre la AFA y el gobierno de Milei excede lo técnico: se ha politizado fuertemente y se percibe como un choque de modelos. Sectores del deporte consideran que la acusación fiscal obedece a un intento de socavar la autonomía del fútbol argentino y, en algunos casos, de forzar modelos de gestión más privatizados, como las sociedades anónimas deportivas (SAD) promovidas por algunos sectores del gobierno en el pasado reciente.

Este clima de tensión se refleja incluso en la opinión pública y en el mercado, ya que la posibilidad de interrupciones de torneos genera incertidumbre en inversores, clubes y fanáticos, y coloca al fútbol como un actor relevante en el debate político nacional. El asunto fiscal y la protesta deportiva podrían influir también en la agenda de discusiones económicas más amplias en el país, donde la relación entre el Estado y los sectores productivos continúa siendo un tema central.

 

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  • Crece la disputa por el control del Puerto Quequén y Kicillof no logra licitar la terminal de granos

     

    Escala la disputa por el control del Puerto Quequén, la principal boca de salida de los cereales de la provincia. Con la partida al Congreso de la massista Jimena López en diciembre, los intereses cruzados por la sucesión recrudecieron al transcurrir ya casi tres meses de interinato del dirigente de Uatre, Marcelo Carrillo.

    Dentro del consorcio portuario señalaron a LPO que Carrillo avanzó con fuertes cambios en el organigrama, barriendo con parte de los funcionarios designados por López. A la par, hizo nombramientos que agitaron la interna del puerto.

    En ese contexto crece la incertidumbre sobre la licitación del elevador de granos que hace 34 años maneja Terminal Quequén, grupo integrado por las agroexportadoras Viterra, Cofco y Bunge, con la participación accionaria de entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre otras.

    Hace cuatro años que ese grupo opera con concesiones prorrogadas. En 2024, el gobierno de Kicillof anunció su decisión de licitar esa terminal.

    Sin embargo, aún no hay fecha para el llamado y fuentes del puerto sostienen que, cuando expire la prórroga vigente, se otorgará otra a Terminal Quequén. Eso, en medio de la controversia desatada por el derrumbe en enero de un silo de la terminal, hecho que desató acusaciones por falta de inversión.

     Se habla de al menos 15 funcionarios que no seguirán y de un proceso de nombramientos de reemplazantes a tono con el nuevo formato de conducción. 

    Mientras tanto, la interna del puerto es un hervidero. En los últimos días, varios funcionarios designados por la massista López recibieron cartas documento en las que se les notificaba el cese de los contratos.

    «Echar a compañeros no es una buena señal», dijo a LPO una fuente del arco peronista necochense, al tanto de estos movimientos en el puerto por parte de Carrillo, hombre alineado a José Voytenco en Uatre y esposo de la ex diputada Natalia Sánchez Jáuregui, del ala del Partido Fe que reporta a Kicillof.

    Se habla de al menos 15 funcionarios que no seguirán y de un proceso de nombramientos de reemplazantes a tono con el nuevo formato de conducción.

    Fuerte ofensiva de exportadoras para evitar que Kicillof licite el puerto de Quequén

    En ese punto, en Quequén ven jugando fuerte otra vez al intendente de Necochea, Arturo Rojas, que presidió el consorcio portuario durante la gestión de María Eugenia Vidal, en su etapa dentro de Cambiemos.

    Ahora alineado a Axel Kicillof, Rojas aparece en el lote de interesados por tener injerencia en un puerto por donde, el mes pasado, salieron más de 1.200.000 toneladas de cereales.

    El nombre que suena como candidato de Rojas para el puerto es el de Ernesto Povilaitis, su mano derecha y actual secretario de Legal y Técnica del municipio.

    Curiosamente, Povilaitis es la voz cantante del municipio en su litigio judicial con las exportadoras del puerto por el cobro de la tasa portuaria que la gestión Rojas aplicó bajo bandera de usar esos recursos para el arreglo de las calles por donde transitan los camiones que van al puerto.

    En diciembre último, la Justicia hizo lugar a una cautelar pedida por las terminales contra el cobro de esa tasa quee hoy permanece frenada. Sin embargo, cerca del municipio aseguran que está próximo a anunciarse un acuerdo por ese tema con las exportadoras.

    En Quequén ven que ese acuerdo puede comprender fronteras más amplias y hablan de un consenso entre Rojas y Uatre, vía Carrillo.

     El nombre que suena como candidato de Rojas para el puerto es el de Ernesto Povilaitis, su mano derecha y actual secretario de Legal y Técnica del municipio. 

    Esta semana, ambos encabezaron el acto de aniversario del puerto y se mostraron en sintonía. Eso llamó la atención en quienes recuerdan cuestionamientos puertas adentro de Carrillo a Rojas, ambos con cantera en el armado político-gremial del ex líder de Uatre, Gerónimo «Momo» Venegas.

    En Necochea ven que esa cercanía va a decantar en una estructura de manejo en Quequén, más allá del nombre de quien presida el consorcio. Algunos no descartan que Carrillo persista en ese lugar.

    No obstante, es un lugar codiciado. «Está todo el mundo pidiendo el manejo del puerto», dijo a LPO una voz al tanto de la interna.

     «Las exportadoras no quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prorrogas hasta 2028», dijo una fuente del puerto en alusión a las exportadoras 

    Es ahí donde el massismo no se resigna a la idea inicial de diciembre pasado de sostener esa plaza para el Frente Renovador. Pero en el entramado portuario dicen que ese espacio ya tuvo su cupo con Mónica Litza en Dock Sud.

    En paralelo, LPO también contó de las versiones que posicionan en Quequén a Andrea Cáceres, necochense alineada al Cuervo Larroque que hoy está en Niñez y Adolescencia.

    Es en ese panorama donde, antes de mitad de año, expira la última prórroga por 180 días que le dieron a Terminal Quequén y hay quienes no dudan de una nueva prórroga.

    «No quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prorrogas hasta 2028», dijo una fuente del puerto en alusión a las exportadoras, que rechazan el capítulo económico del pliego borrador que circula desde agosto pasado. 

     

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