Por Lu­cía Sa­bi­ni Fra­ga

El caso fue emblemático allá por el 2012: hasta el periodista Jorge Lanata había viajado a Colonia Delicia, en el interior de Misiones, a contar la historia de María Ovando: una señora de 38 años, analfabeta, que vivía y sufría en la extrema pobreza; quién fue acusada de matar a su hija de tres años. La nena murió por desnutrición mientras María intentaba llevarla en andas, caminando por la ruta, al hospital.

El caso dio vueltas por todos los matutinos del país, mientras Cristina Fernández de Kirchner llevaba adelante su segundo período como presidenta, y en la tierra colorada gobernaba  el dirigente renovador (y actual senador nacional) Maurice Closs. Entre la acusación y aquel juicio del cual resultó absuelta, María pasó un año y medio presa, y perdió muchas cosas en el camino.

Ocho años después, un nuevo juicio (a cargo del mismo Tribunal) pone a María, ahora con 46 años, nuevamente en el banquillo de los acusados con elementos tristemente parecidos. En  el proceso, que comienza el próximo lunes 21 en la ciudad de Eldorado en el norte misionero, se la acusa doblemente: de haber facilitado el abuso sexual de una de sus hijas y una nieta y/o de la omisión, o el hecho de no haberlo evitado. Según la fiscalía, es o es.

La denuncia la realizó en el año 2015 Euvarta Godoy, abuela paterna y bisabuela de las víctimas, quien a su vez se quedó desde entonces con la custodia de las menores. Si bien no están precisados los momentos exactos de los hechos, según la fiscalía las niñas tenían entre 6 y 9 años y 5 y 6 años cuando fueron sometidas. Las víctimas señalaron en audiencias de Cámara Gesell como responsables a Marcos Iván Laurindo (23 años y pareja de Ovando) y Lucas Sebastián Ferreira (de la misma edad), quienes también forman parte del mapa de los acusados para este juicio.

Pero también existen pericias que ponen en duda esta prueba por existir contradicciones –no del abuso, sino en el señalamiento de los acusados- y versiones en el expediente que señalan como responsables a miembros de la propia familia paterna de las niñas, y no del círculo de María. Desde la fiscalía nunca se avanzó por esa hipótesis y la defensa de Ovando sostiene que los detenidos por el hecho, son los famosos perejiles.

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Un juicio en espejo

“Esta imputación que elevó la fiscalía y este juicio que solicitó y fue otorgado por el tribunal, tiene las mismas características de lo que ya sucedió en el 2012, y donde fue absuelta” explica José Luis Fuentes, abogado codefensor de María, integrante del Equipo Misionero de DDHH, Justicia y Género.

“Ahí también vamos a encontrar, en primer lugar, que a María se la imputó de haber matado a su hija y como esto era absolutamente descabellado e insostenible, luego fueron por el tipo omisivo, como igual sucede ahora: por un no-hacer, por no haber evitado la muerte de su hija en ese entonces y por no haber evitado el abuso sexual, ahora”, sostiene el abogado. Fuentes agrega que “si comparamos ambas causas, tienen un montón de características similares, podríamos decir que se dan en espejo.”

En aquel momento, se logró contextualizar y probar el escenario que vivía María Ovando: mujer analfabeta, madre de doce hijos, sin acceso a servicios ni atenciones básicas, víctima de múltiples violencias (simbólica, física, económica e institucional), entre otros tantos elementos. El 28 de noviembre del 2012, el Tribunal Penal Uno de Eldorado, compuesto por los jueces Atilio León, Lyda Gallardo y el subrogante , Juan Carlos Sosa, decidieron su absolución sin hacer lugar a la solicitud del fiscal Federico Rodríguez,  que había pedido una condena de 5 años de prisión.

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La revancha del poder judicial

Hay varios elementos que llaman la atención de cara al inicio de este segundo juicio. Por ejemplo, el resultado del primero; que no solo terminó con la absolución de la acusada, sino con una demanda por parte de la defensa de Ovando hacia el Estado por daños y perjuicios pero también hacia los magistrados, tanto Juez como fiscal responsables del caso. Esta situación, dejó un manto de hostilidad de la casa judicial para con María y su defensa, que incluso doblegó su ataque.

“Cuando fue absuelta, María siguió siendo parte del hostigamiento y la persecución del poder judicial una y otra vez. Para recuperar sus hijas necesitó solicitar judicialmente la restitución, siendo que automáticamente le tenían que dar” señala Fuentes recordando aquellos episodios. “María era una y otra vez buscada de su casa por la jueza de familia, sin citaciones, sin garantías, sin sus abogadas y sometida a entrevistas humillantes. Finalmente le sacaron a sus hijas en medio de audiencias absolutamente ilegales, y esto se ve en las actas que están en los expedientes y lo dejan a la luz.”  

Por otro lado, la exclusiva culpabilidad que pesa sobre María, responsabilizándola de todos los trágicos hechos que la circundan y de las cuáles pareciera no haber más responsables. En aquel juicio del 2012, al padre de la criatura no se le inició proceso alguno; y ahora, es juzgada por el abuso sexual a dos menores, en donde tampoco están debidamente determinados sus autores. Sí sabemos que hay dos víctimas concretas.

Pero el mayor peso debería recaer sobre el Estado, que en sus múltiples dimensiones, fue la primera institución que no le garantizó ningún derecho a María, en prácticamente ningún momento de su vida. Ni salud, ni vivienda, ni educación, ni siquiera una infancia libre de violencias.

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Un caso emblemático, pero no el único

Recientemente, una producción argentina puso sobre el tapete varios de estos debates; la película estrenada en Netflix del director Sebastián Schindel “Crímenes de familia”, relata un escenario similar donde la protagonista (además de misionera) analfabeta, víctima de abuso y mucama en una casa de alto poder adquisitivo porteño, es acusada de matar a su hijo apenas nace. Su recorrido de vida, plagado de injusticias, se contrapone a la maquinaria judicial -de fuerte sesgo machista- cuyo afán de encontrar culpables fáciles, pareciera ser más importante que todo lo demás.   

Como señala Fuentes, en estos casos, los procesos judiciales no observan el recorrido ni el contexto de extrema vulnerabilidad de la persona acusada, ni los hechos que le han tocado vivir, sumado a la carente perspectiva de género durante el juzgamiento. En el caso de María, por ejemplo, “a los 12 años fue entregada a un hombre con el que tuvo doce hijos. Se vio obligada a picar piedra a contraprestación de un programa social que era su derecho, pero que un intendente le obligaba a picar piedra a cambio de dárselo”, entre tantas otras violencias.  

Los movimientos de mujeres y de Derechos Humanos del país se pronunciaron rápidamente ante este nuevo juicio, el que consideran un caso testigo de persecución judicial y criminalización de la pobreza. Por su parte, la perspectiva de la defensa, es que María será absuelta una vez más: con falta de elementos en su contra, pero con altas dosis de prejuicio y criminalización, no es posible una condena. Quizás María Ovando pueda salir libre de este nuevo embate judicial, pero una pregunta recorre los juzgados argentinos ¿Cuántas Marías hay entre nosotras? ♣♣♣

#PA.

viernes 18 de noviembre de 2020

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