Por Florencia Guerrero


El gobernador jujeño
derogó el decreto que multaba a los médicos que no asistieran a sus puestos de
trabajo, pero los obliga a firmar una declaración jurada en la que renuncian a
sus derechos. Los hijos, beneficiados del clan en plena pandemia y la temida
realidad en la que los profesionales eligen a quién poner un respirador.

Lo avisaron, primero
con voz baja por el temor a la reprimenda oficial, y ahora que la olla a
presión no aguanta más a los gritos: Jujuy ostenta el colapso de su sistema
sanitario, que a las claras nunca estuvo listo para enfrentar la crisis
sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus
. Uno a uno, los
profesionales que hasta hace unos días temían contar lo que veían en los
pasillos de los hospitales provinciales, ya no ocultan que no dan más,
aunque los funcionarios miren para otro lado
.

Es que la semana pasada empezó muy difícil para el gobernador Gerardo Morales, acusado de emitir una normativa con el fin de obligar a médicos extenuados a trabajar, “a punta de pistola”. Y aunque el viernes terminó derogando el decreto provincial en el que se establecían multas de entre $40 mil y $1 millón —además de arresto o inhabilitación—, para los trabajadores de la salud que incumplan tareas en plena pandemia; el tema resultó detonante de una olla a presión que amenaza con la estabilidad de la provincia.

“Estamos
hace semanas en riesgo de colapso en varias jurisdicciones y los trabajadores
de la salud ya no damos más, la gente se siente completamente sobrepasada, trabajando
sin descanso durante más de 160 días corridos, además, faltan profesionales de
ciertas especialidades
“, dijo a #PuenteAereo Verónica
Aramayo
, Secretaria Gremial de Asociación de profesionales Universitarios
de la Administración Pública (APUAP), quién confirmó que ese sistema de salud se
encuentra en plena saturación, con más del 95% de camas de unidad de terapia
intensiva (UTI) ocupadas
.

También desde la
Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) acusaron al gobierno
de Morales por hacer que los especialistas firmen una Declaración Jurada,
eximiéndose de cualquier responsabilidad y culpa sobre la situación
epidemiológica de los trabajadores
. “Declaro bajo juramento mi voluntad de
continuar prestando servicios asumiendo todo riesgo y eximiendo al Estado
Provincial de toda responsabilidad –civil y/o penal- por los daños y perjuicios
que la prestación de servicios efectivos pudiera generar en mi persona”, (Ver
en la imagen).

“Este documento es
completamente ilegal, y habla a las claras del abandono de persona en que se
encuentran los médicos jujeños, que lo firmaron bajo su estado de necesidad
laboral”, explicó a este medio secretario adjunto de AMRA, Sergio Barrera
Ruiz
, quien explicó que hasta ahora lo único que han logrado los
profesionales es que se les responda con amenazas
.

Tal era el miedo que
infundió el gobierno de Morales, una práctica conocida ya durante su gestión,
que hasta hace unos días el único que aceptaba hablar sobre la crisis sanitaria
en esa provincia era el abogado del Colegio de Enfermeros local, Alberto
Nallar
, que esta semana difundió una a carta en la que directamente piden
al gobierno de Alberto Fernández que intervenga.

“Si el gobierno
nacional no se mete la vida de los jujeños corre peligro”, dijo el letrado
a #PuenteAereo, y subrayó que el sistema regional “está amenazado
por los desaciertos de Morales. La nota la armamos desde el Colegio de
Enfermeros que es uno de los sectores más golpeados porque tuvo que
enfrentar todo el desafío de atender a los infectados de COVID-19 sin contar
con los elementos de protección personal adecuados, sin la provisión de
sanitizantes y con una infraestructura edilicia que era precaria antes y en
esta pandemia quedó obsoleta
“.

En ese sentido,
Nallar puntualizó que tanto el personal de salud como de seguridad de la
provincia fueron los más afectados en la lucha desigual contra el virus que
atemoriza al mundo. También denunció la contratación precaria de 250
enfermeros y enfermeras en los meses de marzo, abril y mayo que al cierre de
esta nota no habían cobrado sus salarios
. Según el letrado, esa decisión
formó parte de la “improvisación” que hubo en la gestión sanitaria local. “Esos
profesionales son personas que viajan a diario a distintos lugares y arriesgar
su vida a su propio costo”, argumentó.

Pero el malestar no
está solo entre los sanitaristas. La policía de la provincia contabiliza más
de 200 efectivos contagiados y 5 muertos
. Por las mismas razones, de los 50
médicos terapistas que había en marzo, con el inicio de la pandemia, hoy no
quedan ni la mitad, por lo que las camas de terapia intensiva que existen no
pueden ser atendidas correctamente.

—¿De cuántas camas
de terapia intensiva hablamos en la provincia?

—Unas 70 camas,
precariamente atendidas por un número minúsculo de médicos terapistas. Hoy en
la provincia de Jujuy hay, como mínimo, 4000 contagiados supongamos que, como
dice el gobierno, hay 2000 recuperados tenemos que entender que hay 2000 que
están cursando la enfermedad. El 5% son pacientes críticos, unos 100, digamos,
y en la provincia hay 70 camas de terapia intensiva tenemos que entender que,
por lo menos, hay 30 pacientes críticos que no tienen lugar en el sistema.

Además de los
cálculos de Nallar, desde AMRA la lectura global no parece mejor: En marzo,
según sus cifras, había unos 1.300 médicos de diferentes especialidades en
el sistema público, de los cuales 900 están trabajando actualmente, el resto
está contagiado o falleció
.

Es que en Jujuy los
que se animan a hablar señalan a Gerardo Morales como “un patrón de estancia”,
y recuerdan que a principios de agosto el gobernador se tomó la atribución de
prescribir en un discurso el uso de medicamentos como aspirinas, corticoides y
Azitromicina, lo cual es un delito penal, según el artículo 208 del Código
vigente. “Morales sentado junto al ministro de Salud (Gustavo) Bouhid,
se tomó la libertad de dar instrucciones respecto del consumo de los
medicamentos que él cree que son los fundamentales para atemperar los síntomas
de coronavirus”, describió el apoderado del gremio de enfermeros.

***

Negocios de familia

Pero por si la
situación de déficit general no fuera suficiente, a la furia por la mala
administración local, se sumó una novedad que Alberto Nallar describió para
este portal:  “En mayo, dos meses
después de iniciada la pandemia, Morales le transfirió $50.000.000 al emprendimiento
más grande del planeta de cultivo de marihuana, que administra Gastón, su hijo
”.
Este portal confirmó que Cannabis Avatãra S.E. —de la que es dueño
Morales hijo— recibió esa cantidad, con la que prevé llegar a 10.000 ha de
cultivo de cannabis, que es la extensión del predio “El Pongo” donde está
alojada la plantación, que habilitó hace un año la propia Patricia Bullrich.
Pero eso no es todo: “Además el gobernador le envió $30.000.000 a su otro
hijo que conduce un festival de cine acá en el Norte
“, describe el
letrado. Efectivamente, el otro integrante del clan Morales beneficiado en
pleno caos sanitario es Facundo, que fue nombrado por su padre como Coordinador
del Ente Autárquico del Festival de Cine de las Alturas.

Mientras, en las
antípodas del progreso que parecen vivir los emprendimientos cannábicos y la
pujante industria cultural, para combatir el coronavirus, en la provincia se
construyeron hospitales de campaña con centenares de camas, que se
transformaron en alojamientos precarios de habitaciones compartidas y baños que
comparten los enfermos y los enfermeros.

“Estamos en colapso
sanitario ya, hoy en día llegamos al punto de elegir quién va a usar el
respirador
, eso era algo que uno escuchaba que ocurría en Italia y se
agarraba la cabeza, hoy lo vivimos y paralelamente vemos como se abre todo”, dijo
Sergio Barrera Ruiz, médico del hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá.
Es que mientras ellos ponen el cuero en los centros de asistencia médica, no
solo han tenido que escuchar al propio Morales delirar con la posibilidad de
que su provincia fuera sede de los torneos de fútbol —lgo que lo tuvo ocupado
en reuniones virtuales con Chiqui Tapia, en mayo—, sino que a pesar de volver a
Fase 1, por la escalada de casos, la flexibilización en las angostas calles
jujeñas es un hecho, desde que hace cuatro meses se autorizó la apertura de
Shoppings —ahora restringidos—, y bares.

Ayer, la provincia
que conduce Morales, registró en su último parte 332 nuevos contagios y 5
muertes. Una realidad distante de la que pretendió imponer el jefe de Gobierno,
que hoy tiene un sistema de salud con el 30 por ciento de los profesionales
enfermos. “En quince días se proyecta que habrá 200 profesionales
infectados, esto no se soporta más
”, sentencia Barrera Ruiz con esperanza
de que alguien lo escuche.

Al
cierre de esta nota, el Ministerio de Salud de la Nación enviaba a Jujuy en un
vuelo de avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea, cinco enfermeros, tres
kinesiólogos y un médico, además de insumos. Algo es algo, aunque en el
contexto de emergencia que describen los sanitaristas, la respuesta resulte
pobre.   ♣♣♣

#PA.

Sábado 5 de septiembre 2020.

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