Por Florencia Guerrero


A tres años de su muerte en el contexto de la represión de la Gendarmería en Chubut, la impunidad no baja la guardia. El papel de Bullrich, Noceti y la AFI, la parcialidad del juez y cómo vive su familia hoy.

Hace exactamente una semana, Santiago Maldonado hubiera cumplido 31 años, pero en 2017 el joven murió violentamente en medio de un operativo represivo de la Gendarmería Nacional contra los integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen que cortaban la chubutense Ruta 40. De ese desastre en el que los manifestantes fueron perseguidos hasta el río Chubut por oficiales armados, hoy se cumplen tres años. 1095 días después, y con otro gobierno en gestiones, la causa parece naufragar en las manos del polémico juez que la cajoneó desde el inicio y con las promesas de la ministra Sabina Frederic sin fecha de cumplimiento.

“En las desapariciones forzadas, el Estado está preparado para cagarte siempre. No importa quien administre. ¡Siempre te Cagan! Todes ganan, nosotres siempre perdemos. Pero algún día se dará vuelta la Taba”, escribió este viernes el hermano de la víctima, Sergio Maldonado, con la amargura de la injusticia en la garganta, un sabor que junta hace tiempo. Es que desde que el 17 de octubre de 2017 Santiago fue encontrado muerto en el río -78 días después de su desaparición-, hubo tiempo suficiente para que se publicaran libros con su historia y hasta para la realización de un documental, pero no para recibir justicia y verdad.

Ya en enero de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado Argentino investigar la desaparición y muerte del joven artesano, pero un laberinto judicial y la recusación al juez Gustavo Lleral, enmarañaron una vez más el camino. Para el magistrado no hubo desaparición forzada y prefiere pensar que el joven corrió hasta el rio y se tiró -sin saber nadar-, sin preguntarse las razones.

Por eso, ayer el organismo internacional de Derechos Humanos volvió a reclamar que el caso empiece a dar señales de avance, además solicitó al Estado argentino que explique en el plazo de tres meses la denuncia presentada por la familia del joven artesano. Serán tres meses más, que se sumarán a los que corren desde diciembre del año pasado cuando la ministra de Seguridad de la Nación, recién asumida, prometía: “Vamos a revisar las actuaciones disciplinarias que correspondieron a este operativo”. De eso tampoco hay novedades.

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El rol de Bullrich, Noceti y la AFI

Meses antes de que la pandemia del COVID-19 metiera en el freezer al aletargado sistema judicial, el fiscal federal Franco Picardi elevó la imputación contra la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su mano derecha Pablo Noceti, investigados por haber actuado por fuera del marco legal durante el operativo sobre la ruta 40. La muerte de Santiago fue en el marco de la represión.

Lo que el fiscal pidió investigar,
concretamente, es si existió por parte de los funcionarios una “protección del
lucro inmobiliario” que prevaleció en la gestión de “seguridad”, a favor de los
dueños de las tierras.

Pero no es todo, porque en la causa de espionaje contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, también aparecen involucrados a Bullrich y Noceti, en torno al caso Maldonado. Según se investiga en el juzgado federal de Lomas de Zamora, la AFI espió a la comunidad mapuche antes, durante y después de la muerte de Santiago, buscando conexiones entre la comunidad y el kirchnerismo.

Es el “arrepentido” Jorge “Turco” Sáez el que mostró conversaciones presuntamente vinculadas con otros agentes, en las que se ven los intentos de relacionar la gestión legal de Elizabeth Gómez Alcorta-ahora ministra de Géneros-, como abogada el líder mapuche Facundo Jones Huala y también de la dirigente jujeña Milagro Sala. Esas especulaciones fueron repetidas como loro por Bullrich cuando le tocó sentarse en el Congreso a explicar lo sucedido.

“Los mapuches son un grupo de extrema violencia”, dijo ese 16 de agosto de 2017 la ministra, sosteniendo su hipótesis ante los legisladores, aunque las imágenes del ataque en la ruta mostraban violencia de una sola parte. Ahora, gracias a la investigación del juez Juan Pablo Augé se sabe que el guion de aquella alocución lo escribían los espías que operaban ilegalmente.

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¿Qué dice la familia?

“Cuando decidimos recurrir a la CIDH, fue
para saber la verdad y porque en el país no teníamos a quién ir. No queremos
ganar un juicio al Gobierno, queremos saber qué le pasó a Santiago”, explica su
hermano, Sergio, que en estos años se volcó de lleno a buscar justicia.

En un informe presentado ante el organismo internacional de Derechos Humanos, la familia Maldonado apuntó contra los funcionarios de Cambiemos, por la falta de colaboración y comunicación durante el proceso, pero además destacó la participación de periodistas como Jorge Lanata, Baby Etchecopar y Eduardo Feinmann, y a los legisladores Elisa Carrio, Fernando Iglesias y Yamil Santoro por operar para “deshumanizar” tanto a la víctima como a su hermano.

“Es de mala leche que se diga que lo de Maldonado es una desaparición forzada”, dijo Lanata en su editorial del 17 de agosto del 2017, cuando la investigación no había arrancado y los familiares de la víctima todavía estaban en shock. Eso sí que es mala leche.

Pero en estos años, la vida de los Maldonado cambió de muchas formas. “Me seguían -dice Sergio-, recibía mensajes diciéndome donde estaba y qué hacía, tuve miedo por mi familia”. Por estos hechos, pidieron a la justicia investigar el origen de la persecución y la causa la investiga el juez Daniel Rafecas, “pero viene lenta”. Además, en marzo la familia de Santiago presentó un recurso para apartar al juez Gustavo Lleral, un verdadero sobreviviente tras la catarata de críticas que no le han hecho mella, porque en junio la Cámara de Casación ratificó al magistrado en la causa Santiago Maldonado.

Cansado, pero no vencido, Sergio afirmó: “Lo que pedimos es que la causa la lleve un imparcial y que se investigue la desaparición forzada, y cada una de las cosas que han pasado lo demuestran”. Por eso hoy realizarán una jornada de concientización sobre el caso, con una marcha virtual y un debate en el que participarán Taty Almeida, Estela de Carlotto, Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel.

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Ni olvido ni perdón, justicia

“Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen”, escribió el siempre oportuno Alfredo Zitarrosa, en Diez décimas de saludo. Y es que el olvido, hasta aquí, no parece garantizar nada más que el Déjà vu.

“Lo sabemos porque lo hemos vivido, la impunidad solo garantiza la repetición de los hechos, que tienen nombre y apellido: Luis Espinoza, en Tucumán, Facundo Astudillo Castro, en la Provincia de Buenos Aires”, señala Sergio Maldonado sobre dos casos que tienen como foco de la investigación judicial a las fuerzas de seguridad, y que ocurrieron en los últimos meses. Para el hermano de Santiago, el problema es que en el contexto de la pandemia se ha dejado seguir con “el mismo chip” de la doctrina Bullrich a los efectivos. Habrá que ver si la respuesta desde el Estado en ambos casos repite la del gobierno de Cambiemos, o marca la diferencia.

Mientras tanto, los Maldonado seguirán peleando para torcerle el brazo a una Justicia que también parece acostumbrada a hacer la vista gorda. Como un sinfín de gotas que horadan la piedra, prometen seguir la lucha para que estos tres años de impunidad sean los últimos. ♣♣♣

#PA.

Sábado 1 de agosto de 2020.

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