Los senadores radicales planean arrebatarle a Victoria Villarruel el control de los recursos de la Cámara Alta, tras la renuncia del secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos, quien había sido designado en ese cargo en la sesión del 7 de mayo pasado.
Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que la maniobra se coordina entre legisladores de la UCR y aliados, bajo el argumento de que constituye “un papelón” que la Vicepresidenta haya perdido a su segundo secretario en apenas un año y medio de gestión. “Le votamos a su amigo hace 20 días y le renuncia, como le renunció la anterior, así que ahora no hay margen para que se junten quórum y votos para aprobarle una nueva designación para el mismo cargo”, se quejó un senador.
Viramonte Olmos había llegado a la Cámara Alta con las credenciales de confianza con Villarruel, a quien incluso habría hospedado en su residencia en Córdoba cuando ella estuvo de visita protocolar en esa provincia durante 2024. Las causas de su dimisión habrían sido que la titular del Senado no habilitó a su consejero a disponer de sus facultades para manejar los recursos de “la casa”: “no le habilitó la función y le renunció”, abundaron en un despacho aliado.
Su antecesora en el puesto, María Laura Izzo, también se alejó por desencuentros con la Vicepresidenta y ahora los radicales articulan con otras bancadas para que asuma el control de la caja el prosecretario administrativo, Lucas Clark.
Para eso, necesitarían del respaldo del interbloque peronista, liderado por José Mayans y Juliana di Tullio. En los pasillos del Congreso interpretan que la bancada de UP no quiere quedar pegada a un golpe institucional pero el hartazgo de los senadores que conformaron la mayoría contra el PJ desde diciembre de 2023 alcanza un piso alto para juntar mayoría contra Villarruel.
Los radicales articulan con otras bancadas para que asuma el control de la caja el prosecretario administrativo, Lucas Clark.
Sin los libertarios ni los peronistas, los radicales y los aliados de la Casa Rosada, sumando a los representantes del PRO y los provinciales sueltos, podrían trepar a 32 legisladores.
Aun así, desde la UCR negaron que ese fuera su objetivo pese a que ya se activaron las conversaciones para concretar la jugada: “El funcionamiento y el reglamento lo marcamos nosotros”, habría sido la frase utilizada por uno de los senadores conducidos por Eduardo Vischi.
Pablo Blanco, en plenario de comisiones.
La circulación en sí misma de esa hoja de ruta es fruto de la creciente desautorización que experimenta la Vicepresidenta en el Senado. De hecho, se deshizo de su vocero, Gaspar Bosch, y también desplazó de la Dirección de Atención Ciudadana al líder de los villarruelines, Juan Martín Donato, el joven referente de la agrupación Derecha Argentina.
El desplante fue respondido con despacho por los ex militantes del villarruelismo. A través de la cuenta de la agrupación en X, comunicaron que “resulta inadmisible que la vicepresidente y su entorno hayan decidido romper con el rumbo trazado por el gobierno que los llevó al poder”, y agregaron: “Esta interna no responde al interés general ni al mandato popular, sino a la ambición de un pequeño círculo que, lejos de acompañar el cambio, se ha dedicado sistemáticamente a obstruirlo”.
Le votamos a su amigo hace 20 días y le renuncia, como le renunció la anterior, así que ahora no hay margen para que se junten quórum y votos para aprobarle una nueva designación para el mismo cargo.
La Vicepresidenta, en tanto, designó este lunes como subsecretario de Auditoría a Juan Manuel Gestoso Presas, un militar relevado en 2008 por Nilda Garré ante la denuncia de un subalterno suyo que lo acusó de haberle ordenado la destrucción de documentación del Hospital Militar de Salta. Ese material contenía información que podía servir al esclarecimiento del robo de bebés durante la última dictadura.
Si bien los jueces del tribunal salteño que lo juzgó lo sobreseyeron por considerar que la orden de incinerar la documentación no constituía un crimen de lesa humanidad, los testimonios de sus denunciantes lo describen como un apologeta del terrorismo de Estado.
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Flavia Royón recibe a LPO horas después de haber sido electa diputada provincial en Salta, en el que será su primer cargo legislativo. Antes fue secretaria de Energía en el gobierno de Alberto Fernández y secretaria de Minería en la gestión de Javier Milei, que la echó molesto por el voto de los diputados de su provincia.
En un coqueto hotel de la ciudad de Salta, Royón se explaya con pasión sobre el tema minero y afirma que es “una oportunidad perdida” para la Argentina. La ex funcionaria cree que los inversores están esperando que el plan económico de Milei sea sostenible y sostiene que la falta de previsibilidad es el gran freno de los proyectos. Cuestiona también los “discursos terraplanistas” de quienes rechazan la minería.
¿Cómo analiza la gestión del gobierno de Milei en lo que respecta a la de minería?
En general en la Argentina creo que todavía falta muchísimo, muchísimo. De hecho, es una oportunidad perdida en la Argentina. Yo a la minería en Argentina la definiría como una oportunidad perdida. Siempre lo digo, somos un país con alguna provincia minera, tenemos que empezar a ser un país minero.
¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué estamos siempre hablando del gran potencial, de otro Vaca Muerta, pero no terminan de arrancar nunca a las inversiones?
Primero porque la minería se caracteriza por ser una industria que requiere mucha inversión de capital, inversiones muy grandes, de mil millones, dos mil millones, y Argentina hace muchos a que tiene una deuda en su estabilidad macroeconómica y fiscal, crisis recurrentes. Y fijate que paradójico, la minería es parte de la solución porque muchas crisis en Argentina se dan en gran parte también por los faltantes de dólares y la minería es una actividad que te genera dólares, que tiene un balance externo muy positivo. Pero la percepción de riesgo que hay en la Argentina, la falta de estabilidad y de previsibilidad, eso juega en contra de la minería porque son todas inversiones que necesitan, por lo menos, quince años de estabilidad. Entonces yo creo que por eso es una oportunidad perdida.
¿Y cree que está mejorando algo con el gobierno de Milei en ese aspecto?
Yo creo que falta todavía. El gobierno de Milei tiene un año y medio. Sí ha dado señales de que tiene un plan de estabilización que lo están llevando adelante pero, de nuevo, esto es una carrera de largo plazo. Entonces todavía, no Milei, Argentina y toda la clase dirigencial todavía tiene que demostrar que esto es sostenible en el tiempo. Y ahí está el gran desafío, que sea sostenible.
¿Y con el RIGI cambió algo? ¿Alcanza con el RIGI solamente?
Argentina en materia de grandes inversiones, GNL, minería, necesitaba un RIGI. Necesitaba mejorar las condiciones. Podemos tener diferencias en cuanto a si ha sido muy generoso, también he sido crítica en el sentido que le falta un capítulo de desarrollo local, pero el RIGI era necesario. Ahora, para una estabilidad macroeconómica, el RIGI es condición necesaria, no suficiente. También Argentina tiene que demostrar -te diría que hasta la sociedad- cómo va a evolucionar y qué soporte tiene esto para darle continuidad. Porque si el inversor percibe que siempre estamos en posiciones antagónicas, hay un riesgo político y el riesgo político también o encarece o dificulta inversiones. El tema de la institucionalidad, los temas de transparencia son también cuestiones que hacen a la agenda del inversor.
En ese sentido, ¿cree que las elecciones son un factor determinante, las de este año y las del 2027?, ¿Están esperando eso los inversores?
Sí, yo creo que están esperando. Creo que la materia pendiente en la Argentina es construir una visión compartida. Porque mirá por ejemplo Perú, las crisis políticas que ha tenido Perú y, sin embargo, la minería sigue avanzando. O Chile. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que Argentina es capaz de construir un proyecto de desarrollo que vaya más allá del color político. La inestabilidad política en Perú es terrible y, sin embargo, la minería es sólida y avanza. Entonces, de nuevo, creo que la materia pendiente en Argentina es que podamos discutir, debatir y consensuar en toda la dirigencia un modelo de desarrollo para la Argentina y demostrar que es sostenible en el tiempo, más allá de la política. Tenemos que estar sobre la política en esta discusión.
Volviendo al RIGI, ¿no está muy lenta la implementación del RIGI? Recién se aprobaron tres proyectos, ninguno vinculado a la minería, y sólo se presentaron once.
Yo no me guiaría tanto por la cantidad de proyectos, sino por qué proyectos y cuánta mano de obra generarían esos proyectos. En la ley se puso 45 días, me pareció un plazo muy ambicioso porque son proyectos grandes, complejos, así que te diría que son proyectos que toman su tiempo analizar. No creo que vaya lento, creo que son plazos razonables para la envergadura de proyectos que estamos hablando. Además, también es importante que los proyectos que se analicen sean proyectos que realmente se vayan a ejecutar. Porque lo peor que nos puede pasar -yo he sido funcionaria y he sido de cara al inversor muy demandante, muy crítica al inversor- que no nos hagan trabajar para que levante el valor de la acción y los proyectos no se concreten.
¿Ese es uno de los problemas del sector hoy en día, de los empresarios que especulan con vender los proyectos y nunca empiezan a explotar?
Exactamente, exactamente. De hecho, yo creo que el código de minería necesita ser actualizado. Porque hoy cualquiera tiene una propiedad minera y hace un negocio meramente especulativo y en realidad si los recursos son de las provincias y hay una ganancia generada por la venta de una concesión que en el medio no iba a inversión, te estás apropiando de la utilidad que es de la sociedad. Pero esa es la discusión en cuanto a minería y en cuanto al tema de la mera tenencia de concesiones. En cuanto a la construcción de los proyectos, también creo que hay que tener un tiempo prudencial. Y los proyectos que no se discuten y que no avancen tienen que volver a las provincias. Tenemos proyectos mineros desde hace 40 años que no se han construido. Entonces ahí cabe un análisis y un plazo razonable porque si no en definitiva las grandes empresas tienen esto para mostrar más reservas, pero no los ejecutan. Y la verdad que Argentina no puede seguir esperando, ni Argentina ni las provincias que tienen proyectos avanzados pueden seguir esperando.
Esta es una discusión que hay que darla a nivel nacional y a nivel nacional y en el Congreso, el tema de minería no es un tema instalado. De hecho, te diría que todavía lamentablemente tenemos un discurso un tanto ideologizado y carente de sustento científico con respecto a la minería y no es una discusión central en el Congreso, debería de serlo.
Tenemos que demostrar que Argentina es capaz de construir un proyecto de desarrollo que vaya más allá del color político. La inestabilidad política en Perú es terrible y, sin embargo, la minería es sólida y avanza. La materia pendiente en Argentina es que podamos discutir un modelo de desarrollo y demostrar que es sostenible en el tiempo
Recién hablábamos de que los inversores necesitan estabilidad económica, pero también necesitan un Estado que les dé condiciones de infraestructura y eso no está pasando con Milei. De hecho, está pasando lo contrario, el Estado se retiró de las obras.
Sí, es un problema. De todas maneras, cuando hablas puntualmente, y me refiero solo al sector de minería, que es muy distinto al resto de los sectores, para el resto de los sectores y para el desarrollo de la Argentina, claramente tenemos que desarrollar infraestructura estratégica para ser competitivos. Argentina es el octavo país en extensión en el mundo, no hay manera que seamos competitivos en el mundo si no tenemos infraestructura acorde. Ahora, en el caso puntual de minería, es un sector donde los recursos suelen estar en lugares muy remotos, aislados y muchas veces las empresas ya se encuentran con falta de infraestructura. Así que te diría que sí es un desafío, pero si tuviera que hacer un top cinco te diría que estaría en el punto 4 o en el punto 5, es mucho más importante que se den las condiciones de estabilidad macro, las condiciones de respeto y de previsibilidad, de que sea un proyecto sostenible antes que la infraestructura. Pero sí claramente también es un factor determinante. Ahora, Argentina no tiene tan mala infraestructura, pero hace falta inversión y en muchos casos esa inversión también se puede encarar mixta, público-privada. Sí necesitamos un Estado ahí liderando y planificando.
¿Y cómo ve el potencial minero de Salta puntualmente?
El potencial es inmenso, inmenso. Hoy Salta acaba de terminar la construcción de tres proyectos, imaginate que en Argentina tenemos 22 en operación, o sea, tener tres en la provincia es un montón. Pero eso es, al lado de lo que puede ser Salta, mínimo. Salta tiene un proyecto de cobre en estadio muy avanzado, que puede ser un proyecto de nivel mundial. Bueno, Argentina tiene proyectos de clase mundial en cobre y hoy no producimos cobre, no exportamos. Oro, plata, uranio, el potencial es inmenso.
Volviendo a lo que decía antes de lo ideologizado del debate. Hay dos debates que están muy ideologizados, uno es el tema ambiental y el otro es el tema de si las provincias y sus habitantes reciben el beneficio económico del desarrollo de esos proyectos. O sea, si para el ciudadano común vale la pena económicamente que en su lugar se haga un proyecto que tiene un impacto ambiental tan grande.
¿Valen la pena mil puestos de trabajo? ¿Dos mil, tres mil, cuatro mil?. Salta pasó de 1500 empleos directos a 6000 empleos directos en minería. Son 4500 familias donde tener un trabajo bien remunerado y en blanco porque la minería prácticamente no tiene informalidad. Claramente, vale la pena. O sea, creo que uno de los temas que tenemos que superar en la Argentina es esta discusión del vale la pena, ningún sector sobra en la Argentina.
Pero usted es peronista y en el peronismo está ese debate. Hay un sector que parece que estos temas le generan una incomodidad.
Bueno, pero hay que dar un debate y hay que dar un debate informado. Mirá te llevo hace muchos años atrás, la discusión de Vaca Muerta. Imaginate si no tuviéramos Vaca Muerta. Acordate la discusión en ese momento de hacer fracking, bla, bla, bla. Imaginate lo que sería Argentina hoy sin Vaca Muerta.
Y también pasó con el litio, que al principio se armó un gran debate sobre los recursos y después el precio bajó y ahora el mercado perdió un poco de atractivo.
Discursos terraplanistas, sin ningún fundamento científico sólido. Y, de nuevo, ningún sector sobra en la Argentina. En Salta, crear 4.000 empleos directos es una barbaridad. De hecho, fueron Salta y Neuquén dos provincias que crearon empleo cuando en el resto del país hubo destrucción del empleo. Ahora sí tenemos que dar el debate de cómo desarrollamos nuestros recursos naturales porque en ese debate está cómo la sociedad recibe el beneficio. Y la sociedad recibe el beneficio creando puestos de trabajo y que esos puestos de trabajo sean para los salteños, o para los neuquinos, o para los catamarqueños porque son los que están más cerca del proyecto. Y para eso tenés que tener políticas activas de capacitación, de que las empresas contraten mano de obra local. El tema del desarrollo de proveedores y de empresas, y cuando te digo locales, provinciales y nacionales antes que extranjeras. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés una gran diferencia entre el sector de hidrocarburos en la Argentina y el sector de la minería. El sector de hidrocarburos en la Argentina es un sector maduro, tiene más de 100 años, tiene muchos actores locales jugando fuertemente, entonces tenés un alto componente local. La minería, no. La minería es un sector nuevo, de capitales extranjeros, chinos, coreanos, europeos y muchas veces sobre todo los orientales prefieren traer gente y empresas, aunque parezca increíble, de su país por cuestión de cultura, de idioma, lo que fuera, antes de contratar gente acá. Y ahí está la discusión y es lo que no debemos de permitir.
Es una discusión de las grandes urbes que están lejos de donde suceden las cosas. Mucho se habla de las comunidades, pero en general en la Puna las comunidades son promineras, son muy pocas las que son antimineras. Ahora, la prensa levanta el discurso de unos pocos antimineros, pero no es la foto completa
Entonces esa discusión de que queda en la provincia, en Salta hoy todo el mundo quiere trabajar en minería. Claramente es una actividad que está transformando y recién Salta hizo su primera exportación de litio en diciembre. Imaginate los que nos queda, el proyecto de Rio Tinto aún no se construyó, el proyecto de cobre no se construyó. Entonces, esta discusión te diría que es más de grandes urbes que están lejos de donde suceden las cosas, que de donde suceden las cosas. Mucho se habla de las comunidades, pero en general en la Puna las comunidades son promineras, son muy pocas las que son antimineras. Ahora, la prensa levanta el discurso de unos pocos antimineros, pero no es la foto completa.
La llevo a su rol como exsecretaria de Energía, en ese ámbito ¿cómo evalúa la gestión del gobierno nacional?
Fue muy crítica el primer año, creo que ahí hubo un tiempo perdido. Hoy yo veo una gestión mucho más pragmática. Dijeron en campaña que se iba a cortar toda la obra de infraestructura, después se entendió lo estratégico de esto y se avanzó. Pero veo algunos temas que aún no están resueltos. Cómo avanzamos con la discusión de la expansión de la red de transporte de alta tensión. No me pareció adecuado disolver, por ejemplo, el comité de administración del Fondo Fiduciario de Transporte, que además eran recursos provinciales, cuando en realidad lo que se hizo es pasar eso a la Secretaría de Energía y ahí anulás la participación de las provincias y hay menos transparencia. Veo otras cuestiones positivas.
¿Cómo ve el tema de los subsidios?
En la discusión de subsidios, yo implementé la segmentación y tenía vigencia hasta diciembre del 2023 y se sigue aplicando el día de hoy, pero necesitamos ahí un sistema mucho más definitivo. Creo que hay que ir a un sistema donde el Estado esté para subsidiar a aquel que lo necesita y el que realmente pueda pagar la energía, lo debe de hacer. y claramente bajar ese gasto público también te ayuda a dejarle más disponibilidad al Estado para AUH, asistencia social, llegar a la gente que realmente necesita que esté el Estado presente.
No quedó muy claro cómo se va a avanzar, en un principio se hablaba de una desregulación total del mercado, de un sistema marginalista, lo cual a mí me parecía peligroso y podría llevar al incremento muy alto de los costos de energía. Esto aún no está claro. Hay que ver estos compromisos con el FMI cómo lo van a llevar adelante, porque atravesado por la política dicen ‘bueno, hasta que haya elecciones mantenemos tarifas, pisamos tipo de cambio’. Siempre atravesados por las elecciones y la política, pero es muy peligroso llegar a fin de año y tener el efecto de un incremento en los costos de energía, de desregulación del mercado, de sacarle los subsidios a la clase media y entrando al verano donde tenés un pico de consumo.
¿Son justas las tarifas que pagamos? Sobre todo, en el caso de la luz que es el tema más crítico por los cortes y la falta de inversión.
Tenés mucha disparidad entre el segmento de bajos ingresos, lo que paga la industria, el segmento de altos ingresos y a su vez tenés mucha disparidad dentro del país. O sea, el costo de la energía es el mismo para todo el país y ahí está atravesado que todavía el 70 de la demanda está subsidiada, que yo creo que eso debería ir bajando y llegar al segmento que realmente lo necesita y el resto debería pagar. Y después, los costos de distribución son muy dispares adentro del país, entonces ahí ya cabe otro análisis. Pero para mí, más que la discusión sobre si las facturas son altas o son bajas, la discusión pasa por los salarios. Creo que los salarios en la Argentina han tenido mucha depreciación.
¿Cómo se resuelve el tema de los subsidios? Decía que tenemos todavía hay un 70% subsidiado. Se resuelve políticamente, está claro, y tenemos un gobierno que ha demostrado que no tiene ningún problema en avanzar contra todo y aun así el problema sigue estando.
Por eso, fueron bastante pragmáticos porque dijeron que iban a sacar todos los subsidios y un año y medio después seguimos con una fuerte política de subsidios. Yo lo he dicho, te lo reitero, creo que el que tiene un trabajo y puede pagar el costo de la energía, debe de hacerlo. También es una cuestión de responsabilidad en el uso de la energía. Tenemos que concientizar mucho más sobre el ahorro energético y la eficiencia energética. Y el Estado tiene que llegar a quien realmente lo necesita. Porque eso que vos dejás de gastar en subsidios, también lo podés asignar a políticas sociales que puedan ser mucho más efectivas para asistir al que realmente lo necesita.
¿Y por qué no se pudo avanzar en el gobierno de Alberto y de Massa, en el que fuiste parte?
No, se avanzó un montón. Nosotros implementamos la segmentación y bajamos no me acuerdo ahora si fue 0,6 o 1,2% del Producto Bruto Interno en materia de subsidios. Se avanzó muchísimo. Implementamos la segmentación, retiramos los subsidios para el segmento de altos ingresos, de hecho, es el mismo esquema que se sigue aplicando al día de hoy, nosotros hicimos un gran avance en ese sentido.
El proyecto de ley de GNL era muy parecido al RIGI, no tan generoso, pero hubiera sido otro punto de partida. Ahí hay de nuevo una oportunidad perdida
Le cambio otra vez el tema. ¿Cómo vio desde afuera todo lo que pasó y la discusión respecto a la planta de GNL en Bahía Blanca, después en Río Negro y ahora con buques?
Eso se politizó, siempre estuvo Río Negro en la mesa, siempre, lo que hacía falta era terminar los estudios técnicos. Ahí hay de nuevo una oportunidad perdida, si nosotros hubiéramos tenido la ley de GNL aprobada, que fue presentada demoró un montón de meses que se trata en comisión y después finalmente se aprobó en Diputados y no se trató en Senadores, fijate cómo hubiéramos partido para la discusión del RIGI. Porque hubiéramos ya tenido una inversión, Petronas lo estaba pidiendo. El proyecto de ley de GNL era muy parecido al RIGI, no tan generoso, pero hubiera sido otro punto de partida al momento de ir a discutir el RIGI si la ley de GNL estaba aprobada.
Y en realidad lo que estaba pendiente eran los estudios técnicos para realmente poder evaluar la conveniencia de dónde instalar la planta. Y después se politizó para tratar de hacer quedar como que Axel (Kicillof), por no adherir al RIGI, dejó ir esto. Lo cual es falso. La discusión para mí de la decisión final de la localización fue una decisión realmente técnica. Pero buscaron de alguna manera perjudicar al gobernador de Buenos Aires. Para mí no hubo una cuestión política en la decisión de la localización sino más bien técnica
¿Y cómo evalúa que ahora parece que no va a haber planta si no buques de licuefacción?
Siempre es más deseable que haya una planta, por supuesto. Pero en la ruta de ir produciendo GNL me parece que tener buques ya es un gran paso, que también ameritan la construcción de gasoductos, etcétera. Yo entiendo también que la decisión de tener un buque ante un riesgo político, un riesgo económico, bueno el buque te lo podés llevar, una planta no. Lo ideal para la Argentina es siempre ir a una planta, pero en este camino intermedio, algo es mejor que nada.
En el marco de las acciones para contribuir a un tránsito ordenado, seguro e inclusivo, la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina instaló nuevos decrementadores en los semáforos ubicados en las intersecciones de ruta nacional 22 y calles San Martín y España. A ellos se sumaron dos semáforos peatonales…
Un reclamo millonario de parte de jueces tiene en pie de batalla a los integrantes del Consejo de la Magistratura. La aspiración de magistrados de tribunales colegiados es que les paguen un adicional cada vez que deben reemplazar a algún colega que se ausenta aún en la misma sala. Un solo juez acaba de lograr que por eso le paguen 100 millones de pesos. Y demanda cobrar 50 millones más por lo mismo.
La situación produjo ya un choque manifiesto en el Consejo, más precisamente en la Comisión de Administración y Financiera (CAF) que preside el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. Y que promete terminar en zafarrancho si los jueces se salen con su pretensión. Estos perdieron en la CAF por un voto pero pidieron que el tema se vote en el plenario de veinte consejeros. Eso ocurrirá la semana entrante.
Lo que está en discusión es el concepto de subrogancia. Un magistrado reclama que le reconozcan una tercera parte adicional de sus remuneraciones cuando se ausenta un colega de su propia sala. Para la mayoría de los consejeros esto no es subrogar sino hacer el mismo trabajo que ya debe hacer y por el que se les paga. Pero los consejeros jueces de modo unánime afirman que en estas condiciones se debe cobrar más.
Un solo juez acaba de lograr que por eso le paguen 100 millones de pesos. Y demanda cobrar 50 millones más por lo mismo
El conflicto, dicen consejeros enardecidos con esto, es que los magistrados buscan llevarse una montaña de plata por el trabajo que deben hacer y por el cual ya son retribuidos de manera que no tiene igual en la administración pública.
El planteo en debate es la punta de lanza a la que se acoplarán muchos otros. Lo hizo Alejandro Tazza que es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Por jubilación de su titular en esa Cámara, Tazza cubrió el trabajo como subrogante durante tres semanas de febrero de 2022. Y pidió que se le pagara por esa labor que hizo en el mismo ámbito de su desempeño con una tercera parte del sueldo, adicional, por la función cumplida.
El juez Alejandro Tazza. Foto gentileza La Capital
El mismo Consejo de la Magistratura en su momento lo consideró una extralimitación y se lo denegaron. Le plantearon que hacer ese trabajo por el cual reclamaba pago implicaba su labor habitual, que no resultaba tácticamente posible que el mismo sujeto ocupe simultáneamente dos vocalías dentro de un mismo tribunal.
Pero Tazza no se dio por vencido e interpuso un recurso jerárquico que llegó a la CAF en el Consejo de la Magistratura. La consejera María Inés Pilatti Vergara, senadora nacional por Chaco, sostuvo que al hacer las resoluciones Tazza hizo su trabajo regular y resultó remunerado con la percepción de sus haberes en el ejercicio de su actividad habitual como magistrado de esa Cámara. Eso, dijo Pilatti, no es una subrogancia, por lo que no hay que liquidar ningún suplemento.
“Es como si los ministros de la Corte que ahora son tres quisieran cobrar más dinero por el trabajo que tienen que hacer porque faltan designar más integrantes”, deslizó un participante de las reuniones de la CAF que rechaza que se hagan esos pagos.
Contra este dictamen hubo que le da la razón al pedido del camarista de Mar del Plata. Y que es impulsado por los cuatro jueces que son consejeros en la comisión que trata el caso. Estos son Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Alberto Lugones.
La posición de ellos es que la ley vigente de subrogancias indica que en caso de licencia se dispone que las cámaras se integren por sorteo público con los miembros de las demás de la misma jurisdicción y competencia y que esa era la situación de Tazza. Por lo que corresponde que le paguen. “El magistrado ha realizado tareas adicionales semejantes a otro cargo y, como consecuencia, le corresponde percibir la remuneración que tal situación merece, a modo de excepción”, firmó la consejera jueza Provítola.
En la audiencia pública del Consejo de la Magistratura de hace diez días el consejero Lugones dijo frente a la pregunta del consejero César Grau que no tenía un reclamo similar realizado como juez. Le pidieron la aclaración porque en caso positivo no habría podido, en virtud de un interés particular, votar sobre los dictámenes contrapuestos. Grau también preguntó el impacto económico que produciría una resolución en el sentido que proponen los jueces. Solo se dijo que a valores de hoy el reclamo ya reconocido del camarista marplatense Tazza fueron cien millones de pesos y que ahora aspira a que le paguen otra demanda que supera los 50 millones. El secretario Fernando Alvarez dijo que el colega de Cámara del juez Tazza, Eduardo Jiménez, tiene reclamos similares.
“Estamos hablando de cubrir un cargo dentro de una misma sala en una Cámara Federal”, dijo Grau. “Esto va a tener un efecto expansivo de quienes aún no han reclamado. Van a venir casos en cascada por eso se debería prever el quantum económico que esto va a tener”, enfatizó.
Están en condiciones de hacer estos planteos los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
El consejero Mariano Recalde, senador por Ciudad de Buenos Aires, votó por el rechazo del reclamo. “Si hay 90 expedientes en un tribunal cada juez tiene que estudiar 90 expedientes. La falta de un juez en un tribunal no puede implicar nunca el aumento de los emolumentos. Con ese criterio eso se podría aplicar a los empleados de los tribunales”, sostuvo. “Y ni hablar de la cantidad de casos en los que el que realiza el proyecto de sentencia, trabaja y hace todo no es el magistrado sino un empleado o funcionario”, subrayó.
Fuentes del Consejo de la Magistratura precisaron además que hay escasa abnegación laboral no solo en algunos demandantes sino en el modo de trabajo real. “A menudo lo único que hacen algunos magistrados es firmar resoluciones que hacen otros, por ejemplo empleados a los que no se les paga plus ni horas extras por más trabajo. Pero además reclaman por hacer trabajo del mismo tribunal o sala. No tienen ni siquiera la excusa de desplazarse para hacer «trabajo adicional». Es un privilegio que se agrega a otros que tienen de sobra”.
A menudo lo único que hacen algunos magistrados es firmar resoluciones que hacen otros, por ejemplo empleados a los que no se les paga plus ni horas extras por más trabajo. Pero además reclaman por hacer trabajo del mismo tribunal o sala. No tienen ni siquiera la excusa de desplazarse
Asimismo, sin que se refiera al caso de Tazza, una fuente del Consejo de la Magistratura refiere a una avivada histórica en las instancias de Cámara en todo el país. “Se dan casos de jueces que a propósito se toman licencia para ser subrogados por su par que luego al irse de licencia devuelve el favor. Hoy cobro por ti, manaña por mí. Y lo que obtienen es cada vez que cubren una ausencia es una tercera parte más de sueldo”.
El rechazo al dictamen que pide efectuar pagos a magistrados que reclamen se definió por una pestaña. Apenas un voto. En el plenario, donde se dirimirá, votan veinte consejeros.
