Los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego rechazan las condiciones del acuerdo firmado entre la UOM y las empresas, que sólo garantiza los puestos de trabajo hasta fin de año. Exigen una asamblea general pública y critican el accionar del gremio, que intentó restringir el debate interno.
Tras casi diez días de paro, trabajadores metalúrgicos manifestaron su profundo descontento con el acuerdo suscripto entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas del sector, el cual contempla la garantía de los puestos de trabajo solo hasta el 31 de diciembre. El malestar se agudiza por la forma en que el gremio intentó comunicar los alcances del pacto, convocando asambleas a puertas cerradas y restringiendo el uso de celulares dentro de las plantas.
En el caso de la planta BGH, el desacuerdo fue tal que el propio secretario general de la seccional, Oscar “el Zurdo” Martínez, debió retirarse del lugar luego de que los trabajadores se negaran a participar de una asamblea sin acceso libre. Ante esta situación, únicamente se procedió a la lectura del documento firmado.
El acuerdo, criticado por la base gremial, incluye cláusulas como: la reincorporación inmediata sin descuentos salariales, la suspensión de despidos sin causa y de ceses contractuales hasta fin de año, el establecimiento de una “paz social” en torno a los conflictos laborales, y la conformación de una mesa de diálogo para buscar soluciones sostenibles que aseguren la continuidad de la producción y los empleos.
Sin embargo, en todas las plantas los operarios rechazaron los términos del documento, considerándolos insuficientes y provisorios. Los trabajadores reclaman una asamblea general pública donde puedan evaluar colectivamente la posibilidad de continuar con el paro por tiempo indeterminado, ante lo que perciben como una falta de compromiso real por parte de la dirigencia sindical.
El clima de tensión persiste, los trabajadores no quieren conformarse y la distancia entre la conducción de la UOM y las bases parece profundizarse, en un conflicto que amenaza con extenderse si no se logra un nuevo canal de diálogo que represente fielmente las demandas de los trabajadores.
Sin precisar horarios ni lugares, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones en 17 provincias. Puntualmente, reclaman por aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil; ampliación del programa, continuidad del Monotributo Social y la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares. También, señalan que «migrar no es delito» y reclaman «basta de persecución a los que luchan».«A casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones. El trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía», denuncian. Por ANRed.
Sin precisar horarios ni lugares, para mantener el factor sorpresa dado la agudización de las políticas represivas del gobierno nacional, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Luchay el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones conjuntas en 17 provincias.
Los reclamos principales de la jornada de lucha serán:
Aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo.
Ampliación del programa.
Continuidad del Monotributo Social.
Devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.
Migrar no es delito.
Basta de persecusión a los que luchan.
También, reclamarán, una vez más, a las centrales sindicales «una huelga general que una todas las luchas qué se están llevando a cabo contra el ajuste de Milei y la represión de Patricia Bullrrich».
En un comunicado conjunto, expresaron: «los trabajadores no aguantamos más las políticas de hambre, falta de trabajo, salarios y jubilaciones de miseria, represión, criminalización y persecución política La situación no puede ser peor en los barrios populares: a casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones», señalan.
En la misma línea, agregan: «el trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía. Necesitamos una gran acción unitaria de los trabajadores para frenar a Milei y su política criminal», finaliza el comunicado.
Los inmuebles a estrenar se encuentran en Avellaneda y ya habían sido sorteados y adjudicados a otras familias por el programa Procrear, que fue disuelto este lunes mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía. La Resolución del Ministerio, que encabeza Luis Caputo, reglamentó la disolución del fideicomiso que administraba los créditos del programa Procrear, incluida en el Decreto 1018/2024 publicado en noviembre pasado. Las 160 viviendas entregadas a fuerzas federales en el marco de un acto realizado este martes con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y protestas de vecinos y vecinas, se encuentran en el edificio Sagol. Por Red Eco Alternativo.
Al respecto, el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, repudió la medida del Gobierno: “Con gran indignación denunciamos que las viviendas del plan ProCreAr en Avellaneda, que pertenecen a sus vecinas y vecinos, han sido entregadas de manera arbitraria a los militares (…). Esta medida fue tomada en un acto que vulnera el espíritu del programa, creado para garantizar el derecho constitucional a un techo digno para las familias de los trabajadores».
Cabe recordar que el Programa Procrear se había creado en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y funcionaba como una política de estímulo al crédito hipotecario y al acceso a la vivienda. Funcionaba con un fideicomiso administrado por el Banco Hipotecario, el cual también gestionaba los créditos y las tierras fiscales urbanizadas por el Estado.
El pasado 14 de mayo, el gobierno nacional, a través de la Oficina del Presidente comunicó que mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, impulsará una reforma a la ley migratoria. También lo anunció el vocero presidencial y reciente ganador de las elecciones porteñas, Manuel Adorni que en rueda de prensa expresó, igualando sin más a migrantes con delincuentes que: «Argentina tiene una normativa que invita al caos y al abuso de vivos que lejos están de venir de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años y es difícil expulsar a los que delinquen.» El anunció publicado con el número 99, argumenta que: «extranjeros ingresan únicamente para hacer uso y abuso de recursos que no son suyos» y que la reforma buscará imponer el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y arancelarles la educación universitaria. Menciona además que se endurecerán los requisitos para la Carta de Ciudadanía. La reforma planteada parece ponerse al tono con otros gobiernos de ultra derecha como el de Trump, se carga de un discurso discriminatorio y xenófobo y olvida que la ley vigente 25.871 es una ley nacional aprobada por el Congreso. Con simple decreto la echará por tierra? Qué hay de cierto en este anuncio? Cómo se encuentran hoy las personas migrantes en nuestro país a pesar de una ley que supo ganarse admiración mundial por la protección de los derechos migratorios? Esta reforma agudizará la situación actual? Para indagar sobre estas preguntas, desde el Enredando Las Mañanas dialogamos con Carla, integrante de la Colectiva Feminista de Mujeres y Disidencias Migrantxs, Ni una migrante menos y comunicadora de Radio Semilla. Por Red de Medios Alternativos, RMA.
«Nos desayunamos este anuncio el miércoles a la mañana con mucha bronca. Desde los espacios organizativos propiamente constituidos por población migrante como sujetos y sujetas políticas, sabíamos que esto iba a pasar en algún momento, y utilizaron la campaña electoral de Adorni en Capital Federal, acá en Buenos Aires, para pegarle a la migrantada.», comenzó expresando Carla, integrante de la Colectiva Feminista de Mujeres y Disidencias Migrantxs, Ni una migrante menos y comunicadora de Radio Semilla, destacando la importancia de tratar este tema en los medios alternativos comunitarios para abordar el comunicado, desmentir datos falsos, sesgados, y sobre todo romper con los argumentos oficiales cargados de xenofobia y racismo que se difunden y propagan en la población, no sin consecuencias graves.
Carla recordó que no es la primera vez que se intenta una reforma migratoria, ya lo impulsó el macrismo en 2017 y hoy Milei a tono con el gobierno de Trump vuelve a cargar las tintas.
El comunicado párrafo por párrafo
Con Carla, analizamos detalladamente el comunicado del gobierno. Pero antes de iniciar, hizo foco en el argumento oficial acerca de que una gran cantidad de personas migrantes viven en Argentina » disputando», salud, trabajo, educación a los nacidos en este territorio. Detalló: » El censo del 2022 arrojó el dato que frente a alrededor de 46 millones de personas que son las que habitan el territorio argentino, menos de 2 millones somos la población migrante. Representábamos entonces en 2022, el 4, 2 por ciento de la población total del país. Es decir, no somos una población representativa en cantidad poblacional en esto de que pareciera que de repente están los hospitales ocupados por toda la población migrante como también las universidades o que le sacamos el trabajo o el lugar a los pobres nacionales. No hay una población representativa en cuanto a integrantes de la población argentina que somos migrantes, que venimos de otros territorios».
Deportación e inadmisión de personas migrantes
El comunicado expresa que: «En primer lugar, se establece que, a partir de ahora, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país, y que aquellos que cometan un delito en nuestro territorio, cualquiera sea su pena, serán deportados. Esto implica que los ilícitos con penas menores a 5 años, que no eran motivo de rechazo de ingreso al país o de deportación, desde este momento se tendrán en cuenta.»
Sobre este punto Carla se explayó: «Acá algo muy importante en relación a las penas menores a 5 años, es que la Dirección Nacional de Inmigraciones depende del Ministerio del Interior. Lo que está diciendo este comunicado es que una Dirección Nacional de Inmigraciones, que depende de un ministerio, se quiere meter en la competencia del Poder Judicial. Y eso sí es grave. Esto ya pasó con el decreto de necesidad y urgencia del macrismo, cuando también modificó la Ley de Inmigraciones para facilitar las expulsiones.La Ley de Inmigraciones vigente ya estipula cuándo se pueden dar las expulsiones, en qué tipo de delitos. Ahora, conocemos bien, que dentro de este tipo de delitos el gobierno puede buscar perseguir como tal cualquier situación de movilización en la calle.» Y agregó que tales modificaciones a la ley no puede hacerla desde un DNU. Recordó además que desde el decreto de Macri en 2017, se realizaron deportaciones y que Alberto Fernández se demoró un año en derogarlo y no fue retroactiva para los casos de personas expulsadas de Argentina.
Salud arancelada
«Se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y además se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina.» Dice el comunicado y agrega: «Durante el año 2023, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos. Esta medida tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público, para que deje de ser un centro de beneficio financiado por nuestros ciudadanos.»
Aquí Carlo dijo que en principio el gobierno debería informar de dónde sale ese número acerca de que son 114 millones de pesos y que con los números de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) se debería indicar los aportes que también hacen las personas migrantes al Estado en términos de impuestos como el pago del IVA, monotributos, etc. Y que aún así ese número no es tan grande. «Tiran números sin decir de dónde viene, sin discriminar de qué se trata ese número en cuestiones de salud. Y lo que acá sí me parece muy importante remarcar que estamos hablando de personas.» Señaló además que en este intento de arancelar y exigir al ingreso al país contar con un seguro médico olvidan los tratados de reciprocidad del Mercosur.
Aranceles a la Universidad Pública
«Se autoriza a las Universidades Nacionales a que, de optar por hacerlo, establezcan aranceles para los servicios educativos universitarios dirigidos a residentes temporarios. Cabe aclarar que se mantiene el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, quienes podrán seguir accediendo de la misma manera que los ciudadanos argentinos, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Nacional.», dice el comunicado.
«En el caso de las universidades y esto información pública del Estado nacional argentino, para el año 2020, las personas migrantes que estamos estudiando en las universidades públicas y también privadas, representamos un total de 108.180 estudiantes, de los cuales solamente quienes están accediendo a una carrera de grado son 93.304 personas migrantes. Esto significa que si hacemos un porcentaje a grosso modo de esos 93 en relación a los 46 millones de poblaciones que tiene la argentina somos incluso mucho menos del 4,2% , es decir no hay una cuestión representativa en las universidades públicas», explicó Carla y amplió que además son muy pocas las que acceden a los posgrados y que algunas personas terminan trabajado en el sector público o privado, por ejemplo en medicina, ejercen la labor con la formación gracias a recursos de sus países de origen. » Esto es importante decirlo pero además entender que la lucha migrante necesita del apoyo y empatía de más personas porque deberán entender que detrás de esta medida lo que hay es un intento de la privatización de la universidad para todas las personas nativas o migrantes».
Agregó además desmintiendo acerca de la gratuidad de venir a Argentina a estudiar. » Cuando venimos a estudiar a Argentina, no es solamente a estudiar, tenemos que mantenernos y emplearnos en trabajos precarios. Y todavía es peor la cuestión del alquiler, de buscar un lugar para vivir. No, no se puede venir solamente a estudiar. Tenes que vivir de algo, a menos que te mantengan, que no es la realidad de la mayoría de la población migrante.»
Endurecimiento para la obtención de la Carta de Ciudadanía
En este punto el gobierno comunica que: «En cuanto a la obtención de la Carta de Ciudadanía, se endurecen los requisitos, como siempre debió haber sido, y a partir de ahora se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años, o de haber realizado una inversión relevante para Argentina. Por su parte, en el caso de la residencia permanente, se requerirá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales.»
Carla puntualizó en este punto otra vez que el gobierno pretende por decreto desconocer los acuerdos del Mercosur, intentando endurecer los requisitos para el ingreso de todas las personas incluyendo las de países limítrofes dentro del Acuerdo. » Las personas del Mercosur no podemos ser irregulares, por los propios términos del Acuerdo. Si yo tengo mi carnet de boliviana y quiero entrar a la Argentina, no me puede decir que no el Estado Argentino así como una persona argentina quiere ingresar a Bolivia, por el propio acuerdo Mercosur.»
Y aclaró que el comunicado oficial miente en lo que respecta a » endurecer los requisitos» para alcanzar la Carta de Ciudadanía porque advierte que ni siquiera en la actualidad es un trámite sencillo y rápido. Explicó que: «Las personas que tenemos que hacer los trámites migratorios de nuestra residencia, es decir para tener el DNI, pasamos por varios pasos. Primero accedemos a una constancia que se llama precaria. Luego tenemos la categoría de DNI transitorio y después el permanente que se vence cada 20 años. Recién las personas que tenemos la categoría de DNI permanente podemos tramitar la ciudadanía. Para llegar al permanente hay solo algunos casos que en los que se te permite saltear el transitorio, esto es contraer matrimonio con un nacional, tener un familiar directo como puede ser una crianza, pero si no el caminito es el difícil. Hay trámites que incluso en el propio sistema de funcionamiento de la Dirección Nacional de Migraciones hace que estemos más de dos años acá con el DNI transitorio. Entonces se puede demorar muchos años más de lo que dice a pesar de cumplir con los requisitos. Esto ya lo dice la Ley de Migraciones. No es competencia de la Dirección Nacional de Migraciones, tampoco, endurecer requisitos, es competencia del poder judicial.»
Concluyendo, Carla reflexionó que: «El comunicado viene entonces a decir cosas ya estipuladas en la ley, en el caso de posibles expulsiones por delitos, con respecto a la ciudadanía, tenemos que tener DNI permanente, ya nos piden antecedentes y también que demostremos ingresos. Y con respecto a lo de una «inversión relevante», ya con tener un trabajo que demuestro en relación de dependencia o siendo monotributista da evidencia de que tenés acá la plata suficiente para sostenerte económicamente, eso ya te lo piden.»
Qué se viene y cómo continuar
Para cerrar la entrevista preguntamos a Carla qué advierten acerca de lo que hará el gobierno nacional luego de este comunicado y respondió que desde Ni Una Migrante Menos se están juntando y piensan que el gobierno finalmente realizará la reforma por decreto. » Estamos sintetizando la información en la línea de dato mata relato y trabajando en una campaña de visibilización y difusión para desmentir todo esto, porque lo peor que nos puede pasar es que la propia argentina sostenga estos mitos y termine en ataques como el que ocurrió con Marcelina Meneses y su hijo, su bebé Joshua Alejandro Torres en el 2002 con un femicidio e infanticidio. No podemos permitir esto»
Los semaforazos de los viernes, frente a la plaza principal de Remedios de Escalada, desde hace tres meses se convirtieron en una constante. Ayer, aprovechando el feriado, se armaron varias carpas y actividades. Estuvieron presentes el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús con posta de salud; hubo muestra de fotos de Romina Vermelha (Enfoque Rojo) y del Polaco; un puesto de serigrafía; variadas activaciones de arte y activismo; y la banda de música del hijo del médico que atendió a Pablo Grillo en el Ramos Mejía. Un festival versátil. Con la presencia inagotable de los jubilados, ejemplo de lucha de todas las causas. Otra de las tantas manifestaciones del amor que la sociedad demuestra ante la deshumanización del poder: ante la absoluta falta de amor. Si el odio alimenta a nuestro enemigo, el amor habrá de debilitarlo. Por ANRed.
En nuestro país la historia no parece repetirse nunca como una farsa. Ni a través del genio de Marx podemos entenderla. Y mucho menos cuando el afectado es alguien que está cerca: un vecino, un amigo, un hijo, un hermano, un colega. La historia contemporánea se mastica a sí misma en una tragedia que no termina de cerrar. El poder ciega. Se devora la vida. La infamia del poder es directamente proporcional a su grado de ceguera. Con la batuta deshace lo que tarde o temprano va a padecer. Y esto que suena a deseo no es una premonición: es el pronóstico del lugar donde la historia pone a quien se crea blindado, impune, o incluso ungido por alguna clase de inmunidad metafísica. Todo pasa, pero los registros existen. Y siempre quedarán sectores más o menos amplios de la población con algo de memoria respaldada por documentos probatorios irrefutables.
Nada de lo que combate la actual gestión de gobierno nacional es casualidad: cultura, salud y educación tienen la memoria en común. Cualquiera de las tres que se perturbe afecta, de una manera u otra, a la memoria.
El caso de Pablo Grillo es paradigmático
La Gendarmería no le dispara a cualquiera. Al riesgo de vida de Pablo no lo causó tampoco la crisis o la mala suerte. No se trata de un efecto colateral. El poder censura la mirada. Rompe con todo lo que pueda registrar. Menoscaba el archivo, complota contra el memorioso historiador. Invierte en armas de destrucción y control. Modifica leyes a golpe de decreto. Se lleva por delante garantías constitucionales, deroga derechos. Apunta a los ojos. A los oídos. Aturde. Soborna decires y promueve discursos unívocos, totalizantes. Cuanto más miedo, más violencia.
Festival 20 de junio. Foto: Ale Pérez
Contra todo esto, las armas de creación masiva
Y parte de la construcción de esta memoria la viene llevando a cabo el barrio de Escalada, localidad donde vive Pablo. Sus familiares, sus amigos, sus vecinos la vienen rehaciendo: con cada declaración, con el modo que tiene de agradecer Fabian Grillo, el papá de Pablo, a la salud pública cada vez que puede. En las formas en que viene manifestándose la militancia independiente u organizada después del hecho. En la proliferación de fotoperiodistas, fotógrafos independientes, ciudadanos comunes que se han asomado con sus dispositivos más o menos profesionales a la calle, o que se van sumando a diversos movimientos por primera vez. En la convocatoria de cada semaforazo, en los festivales como el de ayer o como el que se organizó para el primer mes de internación. Es cierto que lxs jubiladxs tienen mucho que ver con esto. Pero también esto los excede.
La proliferación de las luchas es un reguero de pólvora. Ante esto, el poder tiembla. ¿Sus síntomas? Mayor inversión en armas; aumento de los sueldos de todas las fuerzas; aumento de efectivos y movilización de tropas como brigadas de apoyo antidisturbio; renovación de patrulleros, de carros hidrantes, de motos, de armas. Prebendas y entrega a policías de más de 130 viviendas que ya estaban asignadas a personas de la sociedad civil. Y por eso los decretos de emergencia, y por todo esto tanta violencia.
El pueblo soporta mucho, quizás demasiado, hasta que un día se levanta.
Festival 12 de abril. A un mes de la internación de Pablo Grillo. Foto: Andres Manrique
El día del hecho: la evidencia pormenorizada que Bullrich niega
En la manifestación de jubilados del 12 de marzo de este año, Héctor Jesús Guerrero, integrante de la Sección de Empleo Inmediato de la Gendarmería Nacional, junto a otro soldado en funciones, se apostaron delante de los escudos de la gendarmería. Guerrero apoyó una rodilla en el asfalto y apuntó con su escopeta lanza gases hacia la línea de horizonte, luego de que el militar que se quedó a su lado parado señalaba hacia adelante. El cabo de rodillas apretó el gatillo y detonó la explosión que propulsó con una potencia no menor a 75 metros por segundo, el cartucho que puso en peligro la vida de un joven desarmado. Después, el gendarme se puso en pie, dio un paso hacia el costado, y el que había señalado a las personas que estaban a más de 60 metros, le dio un pequeño golpe en el hombro como quien felicita el procedimiento.
Contra todas las normas nacionales e internacionales que refieren rigurosamente cómo deben usarse las mal llamadas armas de fuego “menos letales” (pregúntenle a algún familiar de Fuentealba, el docente fusilado por una de estas escopetas); y contra los protocolos de Gendarmería, el Cabo apuntó con la mira paralela al suelo.
Festival 12 de abril. A un mes de la internación de Pablo Grillo. Foto: Andrés Manrique
Ese día, un fotoperiodista independiente se había puesto en cuclillas detrás del esqueleto en llamas de un mueble para encuadrar la línea de las fuerzas policiales. A las 17.18, el cartucho de gas que Guerrero había disparado, contra toda norma, le dio a Pablo Grillo en la zona frontal de la cabeza. El fotógrafo quedó boca arriba y los manifestantes a su alrededor lo asistieron. Alguien llamó a la ambulancia, el SAME llegó rápidamente. Y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. Tenía un agujero en el cráneo, con pérdida de masa encefálica.
Con la vida pendiendo de un delgadísimo hilo, el miércoles 04 de junio, luego de 83 días de terapia intensiva, Pablo Grillo salió de la terapia. Desde entonces, está internado en una clínica de rehabilitación. Desde el día cero la familia y la comunidad lo acompañan. Su imagen recorrió el país y se lo espera en cada marcha, en cada manifestación, con carteles de toda índole que lo apoyan. Las cámaras de fotos se han convertido en armas de creación masiva.
Los videos que fueron recolectándose a lo largo de los días, desde todos los ángulos, muestran los hechos. No hay manera de negar las evidencias o de taparlas, a menos que se tenga la intención expresa de mentir. No hay lectura ni interpretación válida. De un lado estaban las fuerzas del Estado con todo el aval institucional. Del otro, el ciudadano que movido por lo que está pasando precisa registrarlo con fotos, o quiere estar porque siente que allí puede aportarle algo a la sociedad.
Festival 12 de abril, a un mes de la internación de Pablo Grillo. Foto: AndresManrique
Durante las horas posteriores al siniestro (entendido también desde aquello que de su dócil naturaleza despliega su ominosa monstruosidad), e incluso varios días después, el país fue testigo de las mentiras sistemáticas de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad Nacional. Del modo en que contradijo las imágenes del hecho, que corrían en los noticieros, incluso a sus espaldas. Negó el material que se recabó mediante aportes de diversos periodistas, sobre el proceder abusivo de las fuerzas represivas que tenían órdenes de reprimir y cumplieron. Y justificó el despliegue de recursos y efectivos militares y policiales desmesurado cada miércoles de marcha, donde un grupo muy pequeño de jubiladxs los hace correr de una esquina a la otra, al grito de hop-hop-hop-hop, mientras se mantiene perimetrado todo el Congreso de la Nación con una vallada descomunal.
Festival 12 de abril, el Polaco en plena muestra de fotos. Foto Andrés Manrique
El 12 de marzo Héctor Jesús Guerrero le puso cuerpo al gatillo que apretó toda una línea de mando. Un mando que no lo ha llamado aún a declarar. Y que sigue negando todo. El cartucho que le rompió el cráneo al fotógrafo fue enviado directamente desde lo más alto del poder Ejecutivo. Sí, Javier Milei es primer responsable de este crimen. A quien le siguen, de muy cerca, Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad Nacional; el director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; Héctor Ferreira, que es jefe del Destacamento Móvil 6, y el jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, todas autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas desplegadas esa jornada contra los manifestantes. Aún no ha sido llamado a declarar y la institución le ha asignado ya los abogados defensores.
No hay reglas que midan al poder cuando, desbocado, actúa en contra de la organización. Pero tampoco existe el poder que se sostenga a base de decretos ni, mucho menos, de violencia. La legitimidad se construye de manera lenta y sistemáticamente, con mucha cintura y capacidad. Condiciones ausentes para esta gestión. La coacción se derrumba bajo el peso de su propia intolerancia. Pablo Grillo es un mojón que la Argentina tiene ahora como ejemplo de entrega, por la necesidad de mostrar.
Porque tal como reza el cartel de un jubilado insurgente: «No es fácil hacer callar a un grillo».
Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales. Por Agencia ACTA/CTA-A.
Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales.
La decisión fue adoptada luego de dos días de debates y resistencia por parte de varios gobiernos y del grupo de empleadores, representado en esta instancia por una delegada de Uber (Estados Unidos). Sin embargo, la postura firme de países como Uruguay, México, Indonesia y la mayoría de los gobiernos africanos resultó determinante para respaldar la propuesta de los trabajadores.
El nuevo convenio —cuya redacción será elaborada en los próximos meses— establecerá que las relaciones laborales entre las plataformas digitales y sus trabajadores queden sujetas a normas laborales internacionales. Esto supone un cambio trascendental en la lucha contra la precarización laboral que afecta a repartidores (como los de Rappi) y conductores (como los de Uber), muchas veces excluidos de derechos básicos como salarios justos, protección social y condiciones seguras de trabajo.
Jorge Castro, secretario general de Uettel y dirigente de la Conducción Ejecutiva de la Central, participó de esta comisión. “El trabajo no es una mercancía”, reza la Declaración de Filadelfia, principio fundacional de la OIT que los representantes sindicales destacaron como guía para este logro.
Aprobado el inicio del proceso, el foco ahora se traslada al contenido del futuro convenio. Entre los temas prioritarios estarán la remuneración del tiempo de espera, el acceso a salud y seguridad laboral, la protección social y una regulación clara de las condiciones de empleo en el sector digital.
El resultado marca un precedente histórico en la regulación global del trabajo digital, y representa un paso firme hacia el reconocimiento de los derechos laborales en la economía de plataformas.
Figueroa militarizó fábricas recuperadas en Neuquén. En la madrugada del jueves 29 de mayo un fuerte operativo de la Policía de la provincia junto a Gendarmería Nacional rodeó los predios de Fasinpat (ex Zanón) y Cerámica Neuquén, las emblemáticas fábricas recuperadas. Ambas están en conflicto ante los ataques del Gobierno y los tarifazos en la energía.
Foto: Andrés Blanco @andresblanco_zn
Por Mario Hernandez.
Las gestiones obreras de Neuquén están atravesando una dura crisis, producto de los tarifazos, los ataques de los gobiernos y la negativa a otorgar créditos y financiamientos para la inversión en tecnología. En enero se sumó el corte de energía eléctrica en Cerámica Neuquén y el lunes 26 el corte de gas en esa misma fábrica y también en la ceramista Zanón.
Están reclamando que el Gobierno cumpla el compromiso de conseguir una reunión con un proveedor de gas para normalizar la situación y que Camuzzi restituya el servicio. Por eso el mismo lunes movilizaron a Casa de Gobierno, donde no recibieron respuestas, por lo que el martes cortaron la ruta.
Como el martes tampoco hubo noticias del Gobierno, el miércoles decidieron volver a la ruta. Pero un operativo de la Policía provincial y Gendarmería Nacional, que saturó la ruta y alrededores de las fábricas de efectivos y móviles, impidió el corte, aunque las y los obreros, acompañados por organizaciones solidarias, sostuvieron la protesta a la vera de la ruta, recibiendo el apoyo de la gente.
Ambas fábricas se encuentran sobre la Ruta 7, divididas por una calle, en lo que se conoce como “la ruta del petróleo”, camino a Vaca Muerta. Paradójicamente, en la provincia de Vaca Muerta, el Gobierno no puede garantizar el servicio de gas para dos gestiones obreras, al igual que para miles de familias que no acceden a ese servicio elemental. Como denunciaron los obreros, “no creemos que un gobierno que está más tiempo en Houston visitando petroleras que en Neuquén, no pueda conseguir en treinta días una reunión con una proveedora de gas”.
Como en la dictadura. Zanón y Cerámica Neuquén amanecieron rodeada de policías. Así actúa Figueroa. Igual que Bullrich.
Como denunció el diputado del PTS-Frente de Izquierda, obrero de Zanón y secretario adjunto del Sindicato Ceramista, Andrés Blanco, “hoy Zanón y Cerámica Neuquén amanecieron rodeadas de policías, como en la dictadura. Así actúa Figueroa, igual que Bullrich. Queremos respuestas, no represión”.
Blanco aseguró que “por más que nos quieran intimidar con este despliegue policial, no nos van a amedrentar, porque acá está en juego el plato de comida de nuestras familias. Nosotros queremos trabajar, y vamos a defender nuestras fábricas. En 24 años de gestión obrera pasamos por represiones, intentos de desalojos, crisis económicas y montón de adversidades, pero acá estamos de pie y no nos vamos a quedar quietos”.
Por su parte Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista aseguró que “ahora discutiremos en la asamblea nuestro plan de lucha, pero lo que sí está resuelto, lo que sí está definido, es que vamos a seguir en nuestro plan de lucha defendiendo nuestra fuente de trabajo, y para exigir que nos larguen la luz, el gas y poder seguir produciendo. Eso ya es una decisión tomada, más allá que ahora al frente de la fábrica hay un impresionante el despliegue policial, que no nos van a amedrentar”.
Foto: Andrés Blanco @andresblanco_zn
Jornada solidaria para el fondo de lucha de Cerámica Neuquén
El domingo 4 de mayo desde muy temprano por la mañana, organizadores de la Comisión del Club junto a Ceramistas y una enorme delegación de la comparsa Jujeña “Los alegres del Norte”, se encontraron para impulsar una venta de empanadas y destinar lo recaudado al fondo de lucha de Cerámica Neuquén
Desde hace unas semanas, los organizadores de la Comisión del Club Amistad Obrera vienen organizando esta actividad en común con trabajadores de la comunidad jujeña.
Como decía Marce Lima, trabajadora del Hospital Castro Rendón y una de las impulsoras, el objetivo era aportar al fondo de lucha de los y las trabajadoras de la Cerámica Neuquén a quienes la empresa de luz Calf les cortó el suministro hace ya tres meses.
Cuando la venta terminó se sientan en ronda y comparten el balance de la jornada. El primero de los trabajadores en tomar la palabra, es uno de los miembros de “Los Alegres del Norte” que decía: “Siempre venimos a hacer un asado y charlamos con Marce hacer unas empanadas para ayudar a los compañeros ceramistas. Lo que hablamos lo hicimos”.
Otra de sus compañeras agregó: “Nosotros somos un grupo de gente jujeña que nos conocimos con los compañeros del Club Amistad Obrera y decidimos impulsar en común esta venta de empanadas para apoyar a los chicos de la Cerámica Neuquén. Y también pasar un buen rato, compartir y solidarizarnos, porque también se trata de eso”,
Bernardo Retamales agradeció como obrero de la Cerámica y también como miembro de la Comisión del Club: “la idea fue trabajar sobre el fondo de lucha que hace más de tres meses no podemos trabajar y hacerlo en el club es ponerlo a disposición de los trabajadores. Los alegres del norte ya tienen a disposición el Club y por eso aquí hacen el Carnaval. Agradecerles en nombre de mis compañeros por haber puesto el cuerpo”
“Gracias a todos por haber compartido esto, que es algo que habla de uno mismo, de mirar al prójimo y ver que está pasando por una mala situación. Lo que más me alegra que haya salido de otras personas, yo me solidarizo siempre con toda la gente que está pasándola mal para acompañar. Así que contento y viendo que surjan otras actividades que se puedan hacer. Y fuerza a la Cerámica Neuquén. ¡Vamos la resistencia!” culminó otro de los integrantes de “Los Alegres del Norte”.
Se vendieron 62 docenas de empanadas, todo un éxito, por lo que en los próximos días compartirán el aporte específico que harán al fondo de lucha. Pero lo más importante, como decía uno de ellos, es que acá se siguen cultivando los valores de la amistad y la solidaridad entre laburantes.
Foto: Andrés Blanco @andresblanco_zn
Fuerte apoyo de la comunidad
“Así se hace”, “Así se lucha” “Fuerza”, “Vamos ceramistas carajo”, “Sabemos que están peleando por los puestos de trabajo”, junto a bocinazos y saludos, son algunas de señales de apoyo de la comunidad a los obreros y obreras de las cerámicas Neuquén y Zanón que, el lunes 2 de junio, se subieron a la Ruta Provincial N°7 para informar la grave situación que atraviesan las gestiones obreras.
Del otro lado de la ruta, un operativo represivo montado por la Policía de la Provincia de Neuquén con transportes de la unidad especial, la montada y perros. Atrás de la fábrica, la Gendarmería nacional.
Los obreros y obreras de la Cerámica Neuquén, Zanón y Stefani se encuentran en estado de asamblea permanente y movilización por el corte de luz, los cortes del suministro de gas, y la “militarización”, con las dos fábricas del Parque Industrial rodeadas, como única respuesta del gobierno de Rolando Figueroa al reclamo de los obreras y obreros que ven peligrar la continuidad de sus fuentes de trabajo.
En una asamblea conjunta, las fábricas ceramistas lanzaron un plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo y de las gestiones obreras. “Este lunes arrancamos con una volanteada en la puerta de la fábrica junto a los compañeros y compañeras de Zanón”, dijo Bernardo Retamales referente de la Cerámica Neuquén. La situación es desesperante: “Ya hace más de cuatro meses que no tenemos la luz, ahora con el gas cortado se hace muy difícil. Por eso largamos la campaña del Fondo de Lucha y actividades para sostener la lucha”.
La bronca que crece entre los trabajadores y trabajadoras se transforma en lucha. “Hay mucho enojo con el gobierno, con la policía. Creen que es un ataque directo a la fábrica quererla cerrar y dejarnos a todos en la calle”, cuenta Retamales.
“Estamos volanteando porque estamos al borde de que 200 familias se queden sin sustento. Esto ya lo vivimos. En la crisis de 2000-2001, ante la desesperación, tomamos las fábricas para ponerlas a producir y así generarnos nuestro propio trabajo. Hoy, la historia parece repetirse y nos retrotrae a esos momentos de incertidumbre y lucha”, agrega el referente de Zanón y diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco.
Funcionarios del gobierno asumieron el compromiso de intervenir y prorrogar los plazos de corte de gas para poder avanzar en la búsqueda de un proveedor, pero no cumplió. Se abrió una propuesta para evaluar reconvertir o diversificar la producción con el ministerio de Planificación e Industria, pero los planes a futuro quedaron en la nada. “A pesar de estos compromisos queda claro que el gobierno de Figueroa rápidamente monta protocolos represivos, pero en la provincia de Vaca Muerta, sigue sin dar una solución a nuestro reclamo”, afirmó Andrés Blanco.
Los obreros y obreras de la Cerámica Neuquén, Zanón y Stefani se encuentran en estado de asamblea permanente y movilización por el corte de luz, los cortes del suministro de gas, y la “militarización”, con las dos fábricas del Parque Industrial rodeadas, como única respuesta del gobierno de Rolando Figueroa al reclamo de los obreras y obreros que ven peligrar la continuidad de sus fuentes de trabajo.
“Estamos en la ruta por nuestros puestos de trabajo, porque nos cortaron el gas y sin gas no podemos producir”, cuenta, desde la Ruta 7, Sandra Villablanca obrera de Cerámica Zanón.
“En defensa de nuestras fuentes de trabajo y por el plato de comida de nuestras familias estamos hoy reclamando, visibilizando nuestro conflicto, lo que está pasando en nuestras fábricas”, agrega Víctor de Cerámica Neuquén.
“Hay enojo de la comunidad por el despliegue policial. Saben que ese dinero estuviera puesto en la Cerámica Neuquén, hoy tendría luz. El gobierno tiene que dar explicaciones”, denunció Natalio Navarrete, referente de la cooperativa Fasinpat.
Foto: Andrés Blanco @andresblanco_zn
Cerámicas Zanón y otras dos empresas autogestionadas, con el gas cortado
Por Laura Vales
Desde hace dos semanas, las cerámicas autogestionadas de Neuquén tienen cortado el gas. Los 200 trabajadores de las plantas de Fasinpat (ex Zanón), Cerámica Stefani y Cerámica Neuquén no están pudiendo producir debido a que la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur les interrumpió el servicio. Las fábricas, aseguran en el sindicato ceramista, no tienen deuda con la distribuidora, sino que les cortaron el suministro porque les falta un contrato con una empresa proveedora. Responsabilizan de esa carencia a la inacción del gobernador Rolando Figueroa, un mandatario aliado de Milei.
Las plantas venían produciendo con el sistema de “gas de última instancia”, un mecanismo excepcional que permite seguir recibiendo el combustible cuando se carece de un proveedor formal, pero a un precio mayor. La diferencia hace saltar el precio de 2,40 dólares (por millón de BTU) a 20 dólares.
Al cortarles el suministro, Camuzzi alegó que las cerámicas ocasionaban un “desbalance” energético, achicando el excedente de gas para vender fuera de la provincia.
Los organismos de Derechos Humanos respaldaron los reclamos por la reconexión de gas (en el caso de Cerámica Neuquén, también le cortaron la luz), y con las primeras protestas se desató una campaña mediática que cuestiona la gestión de las fábricas. La gobernación hizo saber que, en los últimos 20 años, las cooperativas recibieron aportes por 300 millones de pesos a través del ministerio de Desarrollo Social y de otras carteras, con el planteo de que la producción nunca terminó de despegar y sostenerse por su cuenta. Además, las cuestionan por haber sido la cuna de candidaturas como las de Raúl Godoy o Andrés Blanco, ambos en la dirigencia del PTS y el sindicato ceramista, que lograron escaños de la Legislatura de Neuquén.
Desde el sindicato responden que la mayoría de los fondos del Estado que recibieron fueron por compras de su producción. “Muchos pagos de anticipos de compras fueron registrados por el Estado como aportes y ahora sostienen una mentira”, aseguró Blanco.
Zanón fue ocupada en 2001 y puesta a producir de manera autogestiva a partir del año siguiente. La planta de Stefani -en Cutral Co- fue recuperada en 2010, mientras que la historia cooperativa de Cerámica Neuquén viene de 2014, cuando la empresa Villafranca la abandonó con deudas y sin pagar las indemnizaciones.
Aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo.
