Los gobernadores creen que la reforma laboral que impulsa Javier Milei no hará cambios de fondo en el sistema de empleo argentino sino que será sólo un guiño al mercado.
En las provincias creen que la Rosada está más interesada en demostrar que Milei tiene el respaldo para aprobar una reforma laboral en el Congreso, una panacea para cualquier gobierno.
Ese fue un pedido del FMI y de Estados Unidos, desde donde piden que Milei muestre consensos para darle sostenibilidad a su proyecto político.
Advertidos de esto, entre los gobernadores dejaron de hablar de «reforma» y se limitan a mencionar el proyecto como de «modernización» laboral.
Entre los grandes empresarios llama la atención que no los hubieran convocado para el diseño de la reforma, que trabajan principalmente en el ministerio de Capital Humano con Julio Cordero y Miguel Punte a la cabeza. «No la piden Pagani o Urquía, la piden las pymes», dicen en Córdoba.
Para darle legitimidad al proyecto, el gobierno dejó la última palabra en el Consejo de Mayo, que presentaría la reforma en el Congreso a mediados de diciembre. En ese organismo fogoneado por el propio Milei, en teoría están representados todos los sectores.
Entre los gobernadores dejaron de hablar de ‘reforma’ y se limitan a mencionar el proyecto como de ‘modernización’ laboral
El mendocino Alfredo Cornejo, su presidente, es el representante de los gobernadores; Gerardo Martínez, de la Uocra, el enviado de la CGT y Martín Rapallini, de la UIA, el de los empresarios.
Pero tanto entre los gobernadores como en el Círculo Rojo hace ruido que no haya habido una negociación más acorde a una reforma que debería ser estructural para varios sectores del sistema político y empresarial.
«Nos tendríamos que estar revoleando sillas si fuera una reforma fundacional», admitieron a LPO cerca de un gobernador. Por eso los mandatarios creen que el proyecto, del que no se conoce nada en concreto, no introducirá grandes cambios que generen empleo.
Los gobernadores peronistas presionan a fondo a La Cámpora para quedarse con la conducción del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados. La movida forma parte de la estrategia de la dirigencia del PJ por despegarse de Cristina Kirchner, que desde su prisión domiciliaria en San José 1111 termina subordinando al movimiento a su propia batalla judicial.
Como reveló LPO la semana pasada, los caudillos provinciales primero sondearon la posibilidad que Pablo Yedlin reemplazara a Germán Martínez como jefe de bancada, pese a que el tucumano hizo saber que no quería formar parte de una maniobra contra su par santafecino. Pero, en paralelo, aceleraron el diálogo entre ellos para apurar de nuevo el poskirchnerismo, algo que quedó patente en el encuentro promovido por Gustavo Sáenz en la Casa de Salta.
Yedlin, por su parte, tuvo que tuitear una humorada para desactivar el revuelo que se armó en el kirchnerismo cuando la jugada quedó expuesta pero terminó ratificando en declaraciones a FM La Patriada cada uno de los argumentos que explican el malestar de los legisladores del interior con respecto a sus colegas porteños y bonaerenses. Por caso, reconoció que la actual conducción de bloque, representada por Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau, lleva una agenda política signada por los intereses del AMBA y quedan afuera los temas de las provincias.
También dijo que no estaba interesado en liderar el bloque pero que tampoco afirmó categóricamente que declinaba esa chance. «Creo que Germán está haciendo un muy buen trabajo, pero no es que no quiero, ¿quiénes definen la jefatura de bloque? Es algo que tenemos que discutir dentro del bloque. Tampoco quiero decir que no quiero porque imaginate que después todo el bloque me pone a mí», expresó.
En efecto, la jugada escaló durante el fin de semana. Por eso, Raúl Jalil demora en formalizar la ruptura de sus cuatro diputados, algo que anunció hace semanas pero no termina de concretar. «Si Germán se va, los de Jalil se quedan», fue lo que dijo un peronista del interior a LPO.
Fuentes al tanto de las conversaciones contaron que en la jugada intervienen ya no solo el gobernador catamarqueño sino los peronistas Gildo Insfrán y Ricardo Quintela, como así también Gerardo Zamora, el ex aliado santiagueño de Cristina Kirchner. «Insfrán y Zamora están hablando, Sáenz se podría acoplar sin problema y hay una excelente relación con (Oscar) Herrera Ahuad», comentaron en referencia al diputado electo que responde al exgobernador misionero Carlos Rovira.
Cerca de una de las autoridades del PJ nacional agregaron que Herrera Ahuad «viene articulando con los gobernadores». Aunque un sector del bloque peronista mira con recelo, los legisladores salteños y misioneros de Innovación Federal forman parte del peronismo en sus provincias, donde el partido fue intervenido por Cristina Kirchner, y hasta compartieron listas con el Frente de Todos, como es el caso de la diputada Pamela Calletti, que conclye ahora su mandato y responde a Saénz.
Insfrán y Zamora están hablando, Sáenz se podría acoplar sin problema y hay una excelente relación con (Oscar) Herrera Ahuad.
La situación es paradójica porque, justo en el momento en que los libertarios amenazan con quedarse con la primera minoría en la Cámara Baja, el peronismo podría encontrar la fórmula para agrandar su propio bloque. Mientras Jalil mantenga su tropa dentro de Fuerza Patria, el oficialismo no podrá arrebatarle esa ventaja al principal espacio opositor en el Congreso.
Como sea, Martínez convocó la semana pasada a una reunión de bloque para este martes. Se supone que los integrantes de Fuerza Patria debatirán la posición política del bloque y el modelo de conducción. Para relativizar las intenciones de los gobernadores, desde el kirchnerismo apuntan que hasta la semana pasada se hablaba de una confluencia de Osvaldo Jaldo y Jalil con Sáenz y Rovira, con el objetivo ampliar la bancada de Innovación Federal bajo el formato de interbloque.
Radicales, lilitos, libertarios y PRO. La fisonomía política del nuevo gabinete en Mar del Plata expondrá una composición inédita en la provincia, pivoteando entre el viejo esquema de Juntos y el reciente acuerdo del PRO con La Libertad Avanza que tuvo a Guillermo Montenegro como uno de sus principales impulsores.
Uno de los datos más relevantes es que la UCR liderada por Maximiliano Abad seguirá integrando el gabinete local, ahora al mando del intendente interino Agustín Neme, quien reemplaza a Montenegro, que asumió el lunes en el Senado provincial.
Neme puso en marcha una serie de cambios de funcionarios, pero sin tocar los acuerdos partidarios preexistentes con los radicales y proyectando sumar algunos libertarios.
Así, la UCR mantiene el control de secretarías clave del gobierno marplatense como Educación, Salud y Desarrollo Social, área donde este jueves se conoció la salida de Vilma Baragiola, que vuelve al Concejo, pero su reemplazo es un radical, Guillermo Schütrumpf, hasta hoy secretario del bloque UCR.
En septiembre, el radicalismo en Mar del Plata compitió con la boleta corta de Nuevos Aires y logró meter dos concejales, la periodista Gabriela Azcoitia y el ex senador Ariel Martínez Bordaisco.
Fuentes del PRO y la UCR señalaron a LPO que prevaleció la intención de sostener el modelo de gestión marplatense vigente y apartarlo, al menos ahora, de los posicionamientos políticos a escala provincial y nacional.
La confrontación legislativa a la boleta bendecida por Montenegro había generado tensiones entre la UCR y el PRO, disparando dudas sobre la persistencia del acuerdo político después del 10 de diciembre.
Sin embargo, fuentes de ambos espacios señalaron a LPO que prevaleció la intención de sostener el modelo de gestión marplatense vigente y apartarlo, al menos ahora, de los posicionamientos políticos a escala provincial y nacional.
«Todos adentro», dijo a LPO un dirigente cercano a Montenegro. En ese sentido, también seguirán participando del gabinete miembros de la Coalición Cívica.
Al momento, a manos del lilito Bernardo Martín está el gravitante Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturic). Pero cerca del municipio señalaron a LPO que, tanto en esa área como en Obras Sanitarias (Osse) está prevista la incorporación de libertarios.
Por eso, está la posibilidad de una reconfiguración que ubicaría a los lilitos en Medio Ambiente. En Osse, los mandatos de directores y síndico vencen el próximo martes. Para esa fecha se prevé el anuncio de cambios. Hoy, Obras Sanitarias es comandada por los radicales Carlos Katz y Cristina Coria.
Tanto para Osse como para el Emturyc aún no están definidos los nombres de los libertarios que se sumarán. Lo que ya se definió para La Libertad Avanza es la presidencia del Concejo Deliberante, que quedó a manos de Emiliano Recalt, alineado al diputado nacional Alejandro Carrancio, mano derecha de Pareja.
Cerca del municipio señalaron que, hacia la interna del espectro oficialista marplatense, Neme planteó que, más allá de ser una continuidad de Montenegro, el cambio de cara al mando requiere de apoyo político y gestos de gobernabilidad.
El planteo va directo al Concejo donde, entre el PRO y los libertarios, Neme cuenta con nueve bancas. Para lograr la mayoría propia necesita de los radicales, que hoy cuentan con un bloque de cuatro concejales.
De retener en el acuerdo a la Coalición Cívica (con una banca), el intendente interino tendría el alineamiento de 14 concejales, número suficiente para lograr la aprobación de los proyectos provenientes del Ejecutivo.
El Intendente Marcelo Orazi acompañó en la mañana del jueves al Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro Carlos Banacloy en un encuentro con empresarios del sector frutícola de Villa Regina. La reunión se realizó en el Salón Comahue de la Cámara de Comercio, Industria y Producción local y se analizaron temas como el…
El Gobierno publicó el Decreto 864/2025, donde define la “Política de Inteligencia Nacional”. Entre diagnósticos grandilocuentes, advertencias geopolíticas y un discurso de colapso institucional, Milei restituye la SIDE, concentra poder bajo la órbita presidencial y amplía la noción de amenaza. El resultado: un sistema de inteligencia más centralizado, con mayores atribuciones y con un marcado sesgo político.
La vuelta de la SIDE y el relato del derrumbe permanente
Entre referencias a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman y el “deterioro acumulado de más de treinta años”, el Gobierno construye una narrativa destinada a justificar un viraje político profundo: la disolución de la AFI y el retorno pleno de la SIDE.
El Anexo I del decreto afirma que la Argentina vive bajo “un proceso de vulnerabilidad permanente”, producto de decisiones erradas y de un aparato estatal incapaz de anticipar amenazas. Esa lógica funciona como fundamento para concentrar el sistema de inteligencia en la órbita directa del Ejecutivo. Milei plantea que la única manera de “proteger la República” es recentralizar el espionaje.
El texto sostiene que la AFI creada en 2015 habría fracasado y que las intervenciones sucesivas entre 2019 y 2024 no revirtieron la crisis. Esa línea argumental habilita el rediseño completo del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo un nuevo paraguas institucional: SIDE, SIA, ASN, AFC y DAI, una arquitectura verticalista donde cada agencia tiene funciones específicas, pero todas dependen del poder político central.
Un diagnóstico internacional que habilita un Estado de excepción permanente
El Anexo introduce un mapa global donde conviven potencias en pugna, guerras híbridas, ciberataques, operaciones de influencia y disputas informacionales. En ese contexto, la Argentina sería un país vulnerable, sin músculo institucional para enfrentar amenazas externas.
Bajo ese diagnóstico, la inteligencia pasa a ser un instrumento estratégico, no sólo para prevenir riesgos, sino para moldear la política interna y externa. El documento afirma que la “superioridad de la información” es condición para la soberanía y que la “batalla por la subjetividad” —es decir, la disputa por el sentido común— forma parte del conflicto global. Dicho en criollo: el Gobierno coloca a la comunicación, a los medios y a las redes como terreno de disputa estratégica, lo cual abre la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias.
En un país con la historia argentina en materia de espionaje, la mención explícita a la “contra-influencia” y a la manipulación informativa como amenazas internas genera preocupación. Más aún cuando el organismo encargado de evaluar esas “influencias” es la SIDE, nuevamente bajo mando directo de la Casa Rosada.
Los intereses estratégicos: un listado amplio que incluye desde recursos hasta subjetividades
El Anexo fija cinco “intereses vitales” del Estado: soberanía, integridad territorial, seguridad de la población, sistema democrático y recursos naturales. Los objetivos parecen razonables, pero la definición de amenazas es tan amplia que abarca desde potencias extranjeras hasta operadores económicos, grupos criminales, actores tecnológicos, influencias regulatorias, presiones informacionales y hasta condicionamientos al desarrollo nacional.
En ese marco, el sistema de inteligencia queda habilitado para monitorear actores públicos y privados, movimientos geopolíticos, dinámicas económicas, operaciones digitales e incluso procesos culturales. Cuanto más abarcativa es la definición de amenaza, más discrecional es su aplicación.
El Anexo establece diez grandes líneas estratégicas: comunicación estratégica, contra-influencia, ciberseguridad, crimen organizado, defensa de recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur, terrorismo y competencia tecnológica, entre otras. La mezcla de objetivos militares, económicos, comunicacionales y territoriales muestra un sistema de inteligencia que se proyecta sobre todos los planos de la vida nacional.
Una política de inteligencia que amplía poder sin ampliar controles
El texto habla de profesionalización, modernización y capacidades técnicas. Sin embargo, no menciona nuevos mecanismos de control civil, parlamentario o judicial, ni herramientas para limitar excesos. El rediseño institucional se construye desde arriba hacia abajo, no desde la transparencia hacia la eficiencia.
El punto más problemático no es la creación de nuevas áreas especializadas —algo que otros países también hacen—, sino que la estructura queda totalmente centralizada en la SIDE bajo mando presidencial directo, en un gobierno que ha dado señales de intolerancia ante voces críticas, universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
En ese marco, la noción de “influencia” o “manipulación informacional” como amenaza estratégica puede convertirse en un arma política, sobre todo cuando el texto asocia la disputa comunicacional con la seguridad nacional.
Más poder para la Casa Rosada, menos controles democráticos
El Anexo I del Decreto 864/2025 no es un documento técnico inocente: es la hoja de ruta de un sistema de inteligencia que vuelve a concentrarse, que opera sobre una definición amplísima de amenaza y que se apoya en un relato de crisis permanente para justificar un poder estatal extraordinario.
Mientras Milei dice defender la “libertad”, la reconstrucción de la SIDE bajo su autoridad directa consolida un modelo donde la inteligencia vuelve a ser un instrumento político. En tiempos de ajuste, conflictividad social y persecución a organizaciones populares, ese rediseño no es menor: se convierte en una pieza clave del proyecto de disciplinamiento.
En el barrio Sarmiento del partido de San Martín, una madre esperó a que una maestra saliera de la escuela y, mientras los niños y las niñas se iban a sus casas, la sorprendió en la calle y le dio una piña en el ojo. La docente terminó hospitalizada. No quiere volver a dar clases.
A una cuadra de una escuela de Malvinas Argentinas, conurbano norte, dos chicas se agarraron a golpes. Otros jóvenes las filmaron. Una de las adolescentes volvió al colegio para buscar ayuda: tenía el hombro dislocado. Su familia la fue a buscar. Como desde la escuela no hubo respuesta, tiraron el portón abajo y les arrojaron mate cocido caliente a dos auxiliares docentes. “Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, repudiaron las trabajadoras en un comunicado.
En Mar del Plata, madres y padres incendiaron la casa de un chico de diez años acusado de haber tocado a niñas de seis que van a la misma escuela. “Me cagaron a palos y me dejaron en la calle, sin nada”, dijo la mamá.
Dos alumnas discutieron en el patio de una escuela en José C. Paz. Las madres entraron y, en lugar de separarlas, arengaron el enfrentamiento. Docentes y directivos contuvieron la situación hasta que llegaron la policía y el servicio de emergencias que atendieron a varias personas con crisis nerviosas.
En una escuela de Río Cuarto, Córdoba, un adolescente le tiró agua hirviendo a su preceptor. Las autoridades lo suspendieron por tres días y lo cambiaron de división.
Estos cinco hechos fueron titulares de noticias. Todos transcurrieron en noviembre y reavivaron una preocupación que crece en las comunidades educativas: ¿qué pasa con la “violencia escolar”? Un término que parece quedarse corto a la hora de describir situaciones muy diversas con al menos un punto en común: son conflictos que se derraman más allá de las aulas y terminan con daños severos. Situaciones sobre las que no hay cifras oficiales y están muy lejos de lo que se espera que ocurra en una escuela.
Para Alberto Sileoni, ex director general de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, son episodios marginales que adquieren visibilidad por los medios: “no hay una pandemia de violencia en las escuelas bonaerenses o argentinas”.
Los y las docentes insisten: algo se está moviendo, hace rato, en las rutinas escolares.
Puentes rotos
―Seño, ¿puedo ir al baño?
―No, Matías, esperá a que termine la clase. Ya fuiste tres veces.
Matías siguió con las multiplicaciones de Matemática. Ni bien salió de la escuela, le contó a su mamá que la maestra no lo había dejado ir a hacer pis. La mujer entró al establecimiento, una institución parroquial de San Martín, provincia de Buenos Aires, y buscó a la docente de cuarto grado.
―¡¿Cómo le vas a decir a un nene que se aguante?! Si lo siguen tratando mal voy a llegar hasta las últimas consecuencias ―gritó, enfurecida, y empujó a la maestra.
No fue la única amenaza. Antes, había escrito varios correos electrónicos con el mismo tono. Otras madres, también: “Yo hago taekwondo. Si no resuelven este problema a su manera, podemos probar de esta forma”.
Fernanda* es psicóloga del Equipo de Orientación Escolar de esa escuela y reconoce las dificultades que atraviesa la institución en su vínculo con las familias: “No quiero caer en discursos que las culpabilizan por todo ni en dicotomías de buenos y malos, pero a veces es una situación muy bizarra marcarle a un adulto que no puede empujar a una maestra ni insultarnos en un mail”.
Agustín es maestro en una Escuela Normal de la Ciudad de Buenos Aires. En un partido de fútbol, un estudiante de tercer grado le pegó una trompada a otro compañero. Agustín lo retó y escribió una nota en el cuaderno de comunicaciones. “La respuesta que volvió desde la casa fue que yo estaba equivocado porque su hijo en realidad se defendió ya que no lo habían dejado jugar”.
“No quiero caer en discursos que las culpabilizan por todo ni en dicotomías de buenos y malos, pero a veces es una situación muy bizarra marcarle a un adulto que no puede empujar a una maestra ni insultarnos en un mail”.
Históricamente, en esta escuela pública centenaria a la que van chicos y chicas de clase media e hijos de trabajadores ambulantes, las familias entraban con sus hijos hasta el momento de la formación. Presenciaban “los buenos días”, el anuncio de alguna noticia y el izamiento de la bandera. Desde hace unos años, ese ritual se cortó. “Ahora se quedan de la puerta para afuera porque muchos padres entraban de mala manera a hablar con los docentes. O a veces con la mejor voluntad, pero no era la forma. Hay otros pasos a seguir y canales de diálogo: pedido de reunión, dejar un acta escrita”, explica Agustín.
Muchas familias se quejaron de la decisión. Entre ellas, las que jamás atacaron a un maestro y disfrutaban de ese momento con sus hijos. Dicen que los docentes y directivos alimentan la distancia con ellos. Que “ya no es la misma escuela de antes”.
¿Alguna escuela lo es?
Un whatsapp y ya no jode más
Melisa y Fabián estudian en una institución estatal de San Isidro, conurbano norte. Ocho de cada diez adolescentes que concurren allí son del barrio popular La Cava. Ellos dos están de novios y hace tiempo sus docentes notaron que se relacionan de manera muy conflictiva. Por ejemplo, se revisan sistemáticamente los celulares. Los docentes problematizan este tipo de vínculos desde la Educación Sexual Integral (ESI). Un día, Fabián empujó a Melisa contra los bancos del aula. Mientras la preceptora salió a informarle al equipo directivo, la chica le mandó un mensaje a su papá, que enfiló directo hacia la escuela. Las autoridades llevaron al alumno a la dirección y, cuando el padre de Melisa llegó, no lo dejaron pasar.
―Che, loco, ya estamos hablando con el pibe. Es una escena terrible para tu hija que toda la escuela vea cómo su padre hace un escándalo fenomenal ―lo frenó Federico Cano, vicedirector del secundario.
―Bueno, quedate tranquilo, yo espero acá. Es lo mismo. Si no me dejás matarlo adentro, lo hago afuera ―respondió el padre. Después llamó a la madre de Fabián para decirle que le iba a prender fuego la casa.
La mujer lo denunció por amenazas, así que el vicedirector y la orientadora escolar cerraron el día en la comisaría. “La comunicación inmediata con los celulares hace que las cuatro paredes de la escuela se rompan muy fácilmente”, lamenta Federico.
Como en la escuela de San Martín, donde una pelea entre estudiantes de sexto año afuera del edificio, en el horario del almuerzo, derivó en que los padres, tíos y primos de uno de los lastimados le pegaran una paliza al adolescente que dio la primera piña. Ni bien se enteraron, los adolescentes, profesoras y autoridades que estaban adentro de la escuela, salieron hacia la calle a buscarlos. Pero era tarde: el mensaje a los adultos por WhatsApp había llegado más rápido. Y el resto del alumnado filmaba con sus celulares la pelea en la vereda.
Federico insiste en que las piñas en la puerta de la escuela no son una novedad, pero la viralización y espectacularización en los entornos digitales fogonean aún más cualquier conflicto: “Todo escala más rápido y nunca se termina”. El docente viene de reunión en reunión con directivos de otras escuelas del barrio por enfrentamientos que se publicitan a través de un grupo de WhatsApp llamado “peleas Martínez”. El grupo lo integran cerca de 200 adolescentes, en su mayoría son chicos, pero también hay chicas. El que “gana” se lleva de premio, además del reconocimiento de sus pares, un video que lo termina de coronar como vencedor.
“La comunicación inmediata con los celulares hace que las cuatro paredes de la escuela se rompan muy fácilmente”, lamenta Federico.
Cuando al vice algún joven le cuenta quiénes son los próximos, llama a la directora de otra escuela para ver si puede hacer salir a sus estudiantes un rato más tarde y así evitar que se crucen con los suyos. “Hay una gran parte de este trabajo librada a la voluntad y buena onda entre directivos. Aunque no es solo voluntarismo, detrás hay toda una formación pedagógica que parte de la idea de que hay que articular. Pero nunca se nos convocó a los directores del mismo territorio educativo a conversar sobre los problemas que tenemos”, señala.
Esto no es un tribunal
La familia de Manuel tocó la puerta de la oficina. La directora de esta secundaria parroquial de CABA la había citado el día anterior para conversar. El adolescente “le hace chistes que no corresponden a sus compañeros, no trabaja en clase y no se responsabiliza por lo que hace”.
Florencia presentó la denuncia y, al enterarse de que el adolescente iba a ir a un viaje de estudios con su hija, también recurrió a los diarios y a la televisión. “Fue la herramienta que tuve para protegerla”, sintetiza y evidencia un fenómeno cada vez más extendido: la impotencia –muchas veces fundada– de las familias frente a la vulneración de derechos de sus hijos/as y las limitaciones con las que se topan las instituciones escolares para lidiar con situaciones de violencia exacerbada. La erosión de la confianza.
Ana Campelo, ex coordinadora del Área de Convivencia Escolar durante el gobierno de Alberto Fernández y del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas en 2011, advierte un proceso creciente de judicialización de las relaciones escolares. El emparentamiento se da tanto en las vías judiciales en las que se encauzan conflictos, como en la jerga escolar cotidiana. “Esto se ve en el uso de términos altamente estigmatizantes como agresor, acosador, matón, perpetrador, bully y en las mismas categorías dicotómicas de víctima y victimario, naturalizadas en el ámbito pedagógico, aunque provienen del discurso jurídico”, detalla.
La impotencia –muchas veces fundada– de las familias frente a la vulneración de derechos de sus hijos/as y las limitaciones con las que se topan las instituciones escolares para lidiar con situaciones de violencia exacerbada.
Desde el Equipo de Orientación Escolar de la escuela parroquial de San Martín, Fernanda coincide en que la escuela está sometida a palabras de otros ámbitos: “Tenemos que hacer lo que indica el neurólogo, el servicio local, la Justicia o la política, y en ese camino hay algo de la palabra pedagógica que se pierde”.
Ponerle un nombre al malestar
Para Campelo, la equiparación entre problemas de convivencia y delito no es nueva, sino que se intensifica al calor de la época y, paradójicamente, en tiempos de campañas “antibullying”. A principios de noviembre, el Senado de Mendoza le dio media sanción por unanimidad a un proyecto de ley que incorpora al Código de Contravenciones provincial una figura vinculada a la responsabilidad parental ante casos de acoso escolar. La iniciativa contempla multas para las familias.
“Toda sociedad recurre a los significantes que encuentra a su disposición para nombrar el malestar que la aqueja —opina Campelo— y ‘bullying’ es el significante por excelencia en relación con las violencias en las escuelas. Sin embargo, ¿es el problema que hoy padecemos?”.
Recientemente, la Ciudad de Buenos Aires lanzó un Protocolo Integral para la prevención, detección, intervención y seguimiento de situaciones de bullying entre pares. Santino es vicepresidente del centro de estudiantes de su secundario, una institución de gestión estatal, y dice que el fenómeno es una conversación recurrente con sus compañeros y compañeras. Pero lo identifica, sobre todo, en la primaria. Según el análisis del Observatorio Argentinos por la Educación de las pruebas Aprender, a nivel nacional, el 36 por ciento de los niños y niñas de sexto grado se sintió discriminado en las aulas, y 6 de cada 10 sufrió algún tipo de agresión allí o en redes sociales. Aunque esas situaciones no necesariamente implican un acoso sistemático.
El espacio de participación estudiantil de Santino se enfoca, sobre todo, en charlas sobre ESI y salud mental: el tema más nombrado entre sus pares. “Para un estudiante no hay nada mejor que otro estudiante”, resume. Martina, alumna del último año de una escuela privada de Santa Fe, destaca: “Hay que actualizar los contenidos de la ESI y pensar propuestas en base a lo que necesita cada curso. Yo sé que en mi grupo una charla sobre ciberacoso o bullying no va a tener mucho efecto porque no es el problema que nos atraviesa, pero sí trabajar las apuestas online o los escraches”.
Al vicedirector de la escuela de San Isidro le preocupan otras cuestiones. Cuando llama al apoyo escolar del barrio para preguntar si lo vieron a Juan, estudiante del ciclo superior, le responden que hace rato no pasa por ahí. Todo conduce a lo mismo: la crisis social y la falta de proyección y de sentido entre sus estudiantes.
—En un año terminás la escuela. ¿Querés trabajar? ¿Vas a estudiar? ¿Ambas? —le pregunta a un alumno de sexto año.
—Me chupa un huevo.
—Dale, imagino que te querés comprar una remera piola, alquilar un departamento para estar con tu novia tranquilo. Algo.
—Qué sé yo, me chupa un huevo.
La autoridad en crisis
Para Campelo asistimos a una declinación de los modos tradicionales del ejercicio de la autoridad: “Hoy no alcanza con tener un título o un cargo. Esto tiene que ver con la retirada del Estado de bienestar, con la puesta en duda de la promesa de un futuro mejor a través de la educación. Y las construcciones discursivas hegemónicas sobre el bullying erosionan aún más la autoridad bajo la idea de que la escuela no va a hacer nada para protegerte”.
Anabella Díaz es docente de Lengua y Literatura hace más de 25 años en Carlos Paz, Córdoba, y fue vicedirectora en el nivel medio. “A las escuelas se le debilitan las herramientas básicas que le permiten construir autoridad pedagógica”, plantea. Se refiere, por ejemplo, a la flexibilización en torno a las faltas o el horario de ingreso al aula. “Da lo mismo si un pibe quedó libre o no. Los propios chicos te dicen ‘para qué voy a estudiar todo el año si con un trabajo práctico en diciembre resuelvo todo’”, asegura y define a la normativa como “una gelatina” que va adoptando formas diversas: “la del reclamo del padre, el trabajito final de tres preguntas que se resuelve con ChatGPT, la inspectora que llama para preguntar qué alternativas evalúan los directivos para alivianar a ese estudiante que faltó 40 días. Todo es un gran simulacro”.
Sin embargo, aclara que tampoco se trata de idealizar el pasado: “La autoridad no es un director con cara de malo retando, sino el resultado final de una trama donde la escuela es respetada por familias, docentes y estudiantes. En ese sentido, los Acuerdos Escolares de Convivencia deben incluir sanciones con consecuencias claras. El primer paso es la conversación, pero tampoco se puede charlar diez veces lo mismo”.
En la Argentina, con el regreso de la democracia, el paradigma escolar disciplinario centrado en los castigos se reemplazó por otros mecanismos de tramitación de conflictos. La Resolución N° 93/09 del Consejo Federal de Educación (CFE) profundizó ese camino de involucramiento de los jóvenes en la convivencia escolar. En 2013, la Ley Nacional para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas prohibió las sanciones que impidan la continuidad escolar. Hoy, se opta por apercibimientos orales o escritos, actividades de servicio comunitario-escolar, suspensión de uno a tres días, cambio de turno o de escuela, aunque puede variar según la jurisdicción. Los Acuerdos de Convivencia Escolar tienen un rol clave y promueven la responsabilidad de los y las estudiantes en lugar de la punición automática.
Los Acuerdos Escolares de Convivencia deben incluir sanciones con consecuencias claras. El primer paso es la conversación, pero tampoco se puede charlar diez veces lo mismo”.
“El problema con las sanciones, para empezar, es que ya en sexto grado hay niños que no traen el cuaderno de comunicaciones”, puntualiza Agustín. En secundaria, esa herramienta tiene aún menos peso: “Muchos pibes se te ríen en la cara si se los pedís”, comenta Federico. En los intercambios que tiene con otros docentes, se repite la misma inquietud: cómo reponer los bordes. “Muchos vemos en el límite un valor pedagógico. Uno sabe, porque también fue estudiante, que un buen ‘no’ a tiempo puede ser mucho más ordenador que mil ‘vamos viendo’. Pero también sabemos que en buena parte de nuestros colegas hay una fantasía disciplinante y autoritaria”.
Soluciones comunitarias
Para Campelo, los Consejos Escolares de Convivencia, órganos colegiados y participativos formados por estudiantes, docentes, directivos y familias, pueden ser espacios muy valiosos donde circula la palabra y se piensan soluciones democráticamente. Desde allí, explica, se idean intervenciones situadas que apuntan a “ofrecerle otros lugares a los niños, niñas y adolescentes que son catalogados como ‘los revoltosos’ o ‘problemáticos”. Por ejemplo: en una escuela, invitaron al alumno que desafiaba constantemente a sus docentes a tocar la armónica en el concierto escolar de fin de año. Al final, pidió el micrófono. La directora dudó, pero confió. “Gracias por escuchar”, dijo el niño al auditorio.
En el nivel primario de la escuela parroquial de San Martín donde trabaja Fernanda, hay asambleas estudiantiles todas las semanas. Los chicos y chicas lo tienen incorporado y, cuando llega la hora, van a buscar el libro de actas para iniciar la reunión y debatir, por ejemplo, qué juegos están permitidos en el recreo y cuáles no. También hay “mediadores escolares”, una figura impulsada por una política pública bonaerense que apunta a que los propios estudiantes, elegidos por sus compañeros/as, intervengan ante situaciones conflictivas de sus grupos.
En cuanto a las familias, luego de varias reuniones fallidas, Fernanda cuenta que se propusieron armar secuencias de trabajo. Les plantearon ejercicios teatrales a los niños y niñas en torno al cuidado e invitaron a sus madres y padres a compartir la actividad. También les pidieron a los estudiantes que diseñaran maquetas sobre puentes y muros para trabajar la forma de relacionarse con los demás. Luego, les mostraron las obras a los adultos y les preguntaron cuándo creen que hay muros y en qué momentos puentes entre la escuela y las familias. “Nos la jugamos porque venía todo muy tironeado y podían salir con cualquier cosa, pero hubo algo del proceso previo que ayudó. No es que se los citó de un día para el otro a una reunión, sino que fueron parte de una conversación a lo largo del tiempo. Y hubo devoluciones muy positivas, nos transmitieron que necesitaban escucharse y poner en común”.
Federico subraya que los conflictos más urgentes tapan una mayoría silenciosa que le dedica mucho esfuerzo a la escuela: “Todavía hay familias a las que les pedís el mapa y se despiertan temprano para comprarlo aunque estén justas de plata, o les pedís comida para colaborar en la feria y se organizan para cocinar una torta. Madres y padres que vienen a escuchar una devolución sobre su hijo y escuchan atentamente, agradecen”.
Hay equilibrios que sobreviven, dice. “A pesar de la descomposición y del caos”.
*Los nombres reales de Matías, Fernanda, Agustín, Melisa, Fabián, Manuel y Juan fueron alterados por pedido de los entrevistados.
Los Caminos del Vino fue la propuesta innovadora del programa de esta edición vendimial, organizada por la Municipalidad de Villa Regina, con una globa que exhibió la producción de más de una docena de bodegas de toda la provincia y ofreció, además, la posibilidad de degustación, compra de vinos y hasta de una delicada copa…
