La obra del Gasoducto Norte quedó abandonada porque no le pagaron a la contratista

La obra del Gasoducto Norte quedó abandonada porque no le pagaron a la contratista

 

 El gobierno de Javier Milei tenía en la finalización del gasoducto norte su gran emblema de «barrer con la vieja cultura del Estado». Pero ahora, en pleno vértigo del discurso anticorrupción y eficiencia, la contratista le mando un mensaje contundente: «Sin plata, no seguimos». 

La empresa Esuco, propiedad de la familia Wagner, le envió un ultimátum a Enarsa: «Promediando octubre aún no contamos con los fondos necesarios para solventar las obras, situación que resulta insostenible desde todo punto de vista».  

Esuco dice que la falta de pago «coloca en la imposibilidad material de continuar con el normal desarrollo de los trabajos» y advierte que la mora ha «quebrado la ecuación económico-financiera del contrato», tal como reveló el sitio especializado El Post Energético. 

Mindlin, único oferente para la construcción del segundo tramo del Gasoducto de Vaca Muerta

El contrato preveía que Esuco terminara los trabajos en junio de 2025. Pero hace meses se constató que la obra más avanzada apenas llega al 75% y otra estación recién al 27%. 

Promediando octubre aún no contamos con los fondos necesarios para solventar las obras, situación que resulta insostenible desde todo punto de vista.

Ese retraso no es un capricho técnico: implica que no se puedan trasladar los 4 millones de metros cúbicos diarios de gas que podrían venir de Vaca Muerta hacia el norte. Esa exportación prometía unos 180 millones de dólares al año. Además, Esuco arrastra antecedentes complicados: su desempeño en otras plantas compresoras había sido cuestionado por técnicos de Enarsa antes de adjudicarle esta obra. 

«Las fantasías de Estado minimalista y obra simbólica que rodearon el relanzamiento del gasoducto se topan con lo mundano: facturas impagas, tasas de mercado altísimas, subejecución y obras que no arrancan», afirmó a LPO un técnico de carrera de la empresa estatal de energía Enarsa.  

Carlos Wagner, el titular de Eusuco.

Ahora, los escenarios posibles son dos: Pago urgente por parte de Enarsa, Esuco se queda y se intenta recuperar el ritmo. O retirada de la empresa, relanzamiento de licitación y nuevas dilaciones. Pero como reveló LPO, el gobierno de Milei planea un feroz ajuste para después de las elecciones, forzado por la caída de la recaudación y la decisión de sacrificar las retenciones de las cerealeras, para mantener el dólar quito.

El gobierno prepara un feroz ajuste para después de las elecciones y pone en riesgo el acuerdo con los gobernadores

 Mientas tanto, las señales sobre el abandono del gasoducto que permitiría ahorrar USD 3.000 millones por año, son cada vez más nítidas. El proyecto incluye la construcción de un gasoducto de 122 kilómetros entre las localidades cordobesas de Tío Pujio y La Carlota, dos loops en la misma provincia y el cambio de sentido de flujo de cuatro plantas compresoras sobre el Gasoducto Norte: dos en Córdoba y las restantes en Santiago del Estero y Salta.

El 4 de noviembre del año pasado, el gobierno anunció, con bombos y platillos, la inauguración de la reversión pero casi un año después todavía falta completar mas de un cuarto de la obra.

 

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    Milei prepara la motosierra laboral: anunció flexibilización y pérdida de derechos para después de las elecciones

     

    El gobierno libertario anunció una “reforma general del régimen laboral” que busca desregular el trabajo, debilitar los convenios colectivos y permitir contratos en dólares. Pero detrás del discurso de “previsibilidad” para las pymes se esconde el verdadero motor del plan: las exigencias de Estados Unidos a cambio del swap de 20 mil millones de dólares.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    La visita de Milei a la planta de Siderar en San Nicolás fue el escenario elegido para relanzar una vieja receta neoliberal con nuevo envase. En nombre de la “modernización”, el mandatario anunció que impulsará una reforma profunda del mundo laboral, orientada —según dijo— a “dar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”. Pero el trasfondo es otro: cumplir con las condiciones impuestas por Estados Unidos para sostener el flujo financiero del swap firmado ayer.

    El propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, había celebrado el acuerdo con Buenos Aires y dejado entrever que el apoyo de Washington estaría vinculado a “avances en materia de reformas estructurales” y a “mejoras en el clima de inversión”. Traducido al lenguaje llano: mayor apertura, menos derechos laborales y más poder para las corporaciones.

    Mientras el gobierno presenta la reforma como un beneficio para las pymes, el verdadero beneficiario será el gran capital. La flexibilización laboral no genera empleo genuino; lo abarata. Milei repite que “los trabajadores también necesitan la reforma porque cuando hay más demanda de empleo, el salario sube”, una afirmación que ignora deliberadamente que los salarios en Argentina caen no por falta de oferta laboral, sino por políticas que debilitan el poder de negociación colectiva.

    El texto del proyecto, según adelantó el propio Milei, incluirá nuevas negociaciones colectivas “adecuadas a la realidad productiva”, lo que en los hechos implica romper los convenios históricos que sostienen los derechos conquistados desde el primer peronismo. Aquellos acuerdos que garantizan estabilidad, licencias, aguinaldo y protección frente al despido podrán ser reemplazados por contratos “modernos”, es decir, más precarios.

    Otro punto central será la posibilidad de fijar salarios en cualquier moneda, incluso en dólares. El gobierno lo vende como “libertad contractual”, pero detrás de esa idea se esconde la desvinculación del salario respecto al costo de vida local. En un país con inflación estructural, los sueldos podrían quedar atados a la especulación cambiaria y perder aún más poder adquisitivo.

    También se incorporará el llamado “banco de horas”, que permite alterar las jornadas según las necesidades de la empresa, sin pago de horas extras ni compensación justa. En otras palabras, más trabajo por el mismo salario o menos, dependiendo de la conveniencia patronal.

    Para Milei, la reforma busca eliminar la “nefastas industria del juicio” y “dar previsibilidad” a los empleadores. En realidad, pretende vaciar de contenido al fuero laboral y reducir la capacidad de los jueces para proteger a los trabajadores frente a despidos o abusos. El problema no son los juicios, sino las empresas que incumplen la ley; pero el oficialismo elige atacar a las víctimas, no a los responsables.

    El vínculo entre esta ofensiva laboral y las condiciones impuestas por Washington es evidente. El swap de 20 mil millones de dólares anunciado la semana pasada no es un gesto altruista: es una herramienta de control económico y político. Estados Unidos busca garantizar que la Argentina avance hacia una economía más “flexible” y previsible para los inversores, aun a costa de destruir la red de derechos laborales construida en más de siete décadas.

    En ese contexto, la reforma laboral se convierte en moneda de cambio. Milei ofrece la estabilidad laboral de millones de argentinos a cambio de un respaldo financiero que, lejos de beneficiar a los trabajadores, reforzará la dependencia y la desigualdad.

    Mientras el gobierno promete “libertad”, los trabajadores enfrentan el riesgo de perder lo más valioso que conquistaron: la dignidad del trabajo protegido, el salario justo y la fuerza colectiva de la negociación sindical. Detrás del discurso de la eficiencia y la previsibilidad se esconde una vieja historia de entrega, escrita en dólares y firmada bajo presión extranjera.

     

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