Por Lu­cía Sa­bi­ni Fra­ga

El pasado primero de octubre, Jair Bolsonaro le dio una sorpresa a sus más fieles seguidores: propuso a Kássio Nunes Marques como candidato para el Supremo Tribunal Federal, institución que deberá integrar nuevos magistrados, cuando finaliza el mandato el 31 de diciembre de dos de los actuales titulares quienes se jubilan tras pasar la edad de 75 años.

En reemplazo del actual camarista Ceso de Mello, Bolsonaro ya hizo su apuesta por Nunes Marques, quién aún deberá pasar por la instancia del Senado y compadecer respondiendo las preguntas de los miembros de la Cámara Alta. El Supremo Tribunal Federal (máximo órgano judicial del país) posee once miembros y tiene una doble función, actúa como Corte Suprema y como Tribunal Constitucional. Los denominados “ministros” son nombrados directamente por el Presidente de la República y sus salarios son el escalafón más alto dentro del poder público. Su accionar puede tener alta injerencia en el plano político: al STF le corresponde procesar y juzgar a sus propios ministros o a las figuras del presidente, vice, o miembros del Congreso, en infracciones penales comunes o delitos de funcionarios, quienes suelen estar amparados por sus fueros.

La sorpresa deviene en el perfil de Nunes, quien en primer lugar es católico y no evangelista. El presidente de Brasil había arengado en julio del año pasado durante una ceremonia religiosa celebrada por el Frente Parlamentario Evangélico en la Cámara de Diputados (que reúne casi un 20% de los parlamentarios de esa cámara) que su postulación al STF sería por alguien de su mismo grupo religioso. “Entre los dos cupos que tendré que indicar para el Supremo Tribunal Federal uno de ellos será para un juez terriblemente evangélico” indicó en aquel momento.

Por otro lado, el abogado elegido – que tiene sólo 48 años- y es oriundo del Estado de Piauí en el noreste brasileño, tiene un pasado cercano al Partido de los Trabajadores. En el 2011 fue nominado por la ex presidenta Dilma Rousseff, para el Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF-1), un Tribunal de importante peso que tiene sede en Brasilia y jurisdicción en los Estados Federales de Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Previamente, formó parte de la Comisión Nacional de Derecho Electoral y Reforma Política de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB). Su perfil es más bien “técnico”  y garantista, un principio que no parece pegar del todo con el del primer mandatario.

***

Por supuesto, la elección del ejecutivo para este nuevo cargo tiene sus porqués: por un lado, el Estado de Piauí es un bastión histórico de la izquierda y Bolsonaro está dispuesto a pelearlo. Si repasamos las elecciones del 2018, el candidato del PT Fernando Haddad sacó 62,53% en la primera vuelta frente a un magro 19,32% del actual mandatario. En el balotaje, arrasó nuevamente el Partido de los Trabajadores. Actualmente, se están desarrollando las campañas para las elecciones municipales del 15 de noviembre y todos los espacios buscan acumular porotos para las futuras contiendas electorales; se trata de 5.568 municipios de Brasil que deberán elegir a sus representantes directos.

De a poco, Bolsonaro pretende ampliar su espectro de poder y comenzó a vincularse con sectores de centro en el mapa político. La estrategia de hablarle sólo a los ultra convencidos podría jugarle una mala pasada, de cara a las consecuencias de la pandemia del Coronavirus y su tratamiento gubernamental para con ella.

Por otro lado, son momentos donde la STF se presta a juzgar demandas ligadas a la causa Lava Jato, como por ejemplo la anulación de medidas dictadas por el ex juez Sergio Moro, nuevo archienemigo del presidente. La mega causa por corrupción amenaza hoy a ampliar su llegada y caer encima de otras fuerzas políticas, amén de lo ya ocurrido con el ex presidente Lula da Silva. Justamente, la designación llegó mediante la articulación de miembros de la corte “anti-lava jato” como el magistrado supremo Gilmar Mendes y el senador Ciro Nogueira, jefe del Partido Progresista y uno de los líderes del llamado “Centrao” -la base de centroderecha negociadora en el parlamento, a la que se alió el primer mandatario.

A su vez, también podría llegar a la Corte la investigación contra el senador Flavio Bolsonaro por el desvío de dinero en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y la compra de inmuebles con dinero en efectivo.

***

En un país extremadamente polarizado, donde los sectores más conservadores ven comunistas por todas partes, no faltaron las críticas a la elección del presidente. Fue el caso de Silas Malafaia, líder de la Asamblea de Dios (una de las organizaciones pentecostales más grandes del mundo, que en Brasil creció enormemente y hoy en día representa al 30% de los 42 millones de evangélicos brasileños) quién aseguró: “Ni tenía que ser evangélico, pero por lo menos terriblemente de derecha, y no un socialista”. Malafaia, además de haber casado al presidente con su última y actual esposa en el 2013, fue un activo militante de la campaña de Bolsonaro para presidente en el 2018. “Es una decepción general” que favorece “al centro, la izquierda, los corruptos y a quienes son contra la Lava Jato”, afirmó enojado el pastor.

Por su parte, el presidente salió a responder sin tapujos, fiel a su estilo: “Me están criticando de mi lado a mi indicado para la Corte. Es que para muchos la Corte es como la selección brasileña, todos quieren poner a sus favoritos y si no entran sus favoritos se quejan”, afirmó. Bolsonaro busca sumar en todos los wings pero tampoco quiere perder apoyo de sus viejas amistades: ya prometió que el candidato próximo para la Corte, pautado para el 2021, será efectivamente para un “terriblemente evangélico”. ♣♣♣

#PA.

martes 6 de octubre de 2020

Deja un comentario