Jorge Macri denunció comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios y acusó a Grabois

Jorge Macri denunció comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios y acusó a Grabois

 

Jorge Macri apuntó contra Juan Grabois y lo acusó de ser el «nombre y apellido» del «negocio de la pobreza».

Eso, tras una fiscalización del gobierno porteño a partir de la cual se denunció más de 5.000 raciones irregulares en 40 comedores cerrados recientemente, entre los que figuran personas fallecidas, dueños de inmuebles y jubilados millonarios.

Entre las investigadas, la Ciudad detalló que se encuentra una organización vinculada al diputado nacional y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

En la fiscalización del Ministerio de Desarrollo Humano, se expuso que en los listados de beneficiarios de los comedores había personas fallecidas, otras con ingresos de más de $5 millones y dueños de autos y de inmuebles.

Dentro de los beneficiarios se encontró que figuraban como receptores de comida 454 personas fallecidas, 196 personas con dos o más inmuebles a su nombre, 1.517 personas con dos o más automóviles a su nombre y 476 personas con ingresos registrados superiores a $2 millones mensuales.

 Ya se suspendieron más de 5.000 raciones que no pudieron ser justificadas y se dispuso el cierre de 40 comedores «fantasma» que no entregaban comida a los beneficiarios declarados. 

También, 18 personas con ingresos registrados superiores a $5 millones mensuales, 23 personas inscriptas en categorías altas de monotributo (F, G, H y J), con ingresos superiores a $2,5 millones mensuales, 40 jubilados con haberes superiores a $2 millones y cinco jubilados con haberes superiores a $5 millones.

El cruce de datos -señalaron- permitió detectar situaciones particulares, por ejemplo un hombre registrado como beneficiario de comedores que tiene 13 inmuebles y dos autos.

Otra persona que contaba con una embarcación y dos automóviles; un beneficiario con 11 autos registrados; y 18 personas con ingresos mensuales superiores a los $5 millones. Estas inconsistencias fueron detectadas gracias a una fiscalización integral que la Ciudad viene llevando adelante en los más de 500 comedores que forman parte de su red de cobertura alimentaria.

Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso.

— Jorge Macri (@jorgemacri) February 2, 2026

En la Ciudad señalaron que algunos de los espacios fiscalizados del Movimiento Popular La Dignidad que nunca funcionaron como comedores fueron los registrados como: «Los Amigos», en White 21 (Mataderos); «Caritas Felices», en Scappino 6846 (Mataderos); o «Pekes», en Bonorino 1851 (Flores).

«Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso», dijo en X Jorge Macri en alusión al Movimiento Popular La Dignidad, una de las organizaciones investigadas y que vinculan a Grabois.

En la Ciudad informaron que, actualmente, más de 250.000 personas reciben cobertura alimentaria todos los días en la Ciudad, ya sea a través de comedores, espacios de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle o mediante la transferencia directa del programa Ciudadanía Porteña.

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La implementación de tecnología, como la nueva App de registro de beneficiarios, permitió por primera vez identificar a cada persona asistida, seguir el recorrido de cada ración para que le llegue a quien lo necesita y detectar irregularidades en tiempo real.

«Fiscalizar es clave para controlar que nadie juegue con el hambre de la gente, y también para conocer mejor y poder acompañar a las familias que hoy van a un comedor», dijo Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano de la Ciudad.

Y agregó: «Así, además de cerrar comedores fantasma y terminar con las irregularidades, logramos que 35 chicos retomen la escuela y ya estén inscriptos en el ciclo lectivo 2026 y conectamos a 200 chicos con distintas colonias de verano de la Ciudad. Por otro lado, dos comedores que habían dejado de recibir sus raciones debido a las irregularidades detectadas con la organización social que los intermediaba fueron reabiertos de forma directa, sin intermediarios, y 50 familias volvieron a recibir su cobertura alimentaria». 

 

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    El acuerdo comercial firmado por Milei con Estados Unidos no es neutro ni técnico: en materia de propiedad intelectual, puede impactar de lleno en el precio de los medicamentos y en la sustentabilidad del sistema de salud argentino. PAMI, obras sociales y hospitales públicos aparecen entre los principales afectados, en un escenario que ya tuvo antecedentes alarmantes en otros países de la región.

    Por Tomás Palazzo para NLI


    El capítulo de propiedad intelectual del acuerdo es, probablemente, uno de los más sensibles y menos debatidos públicamente. Bajo fórmulas como “alinear estándares internacionales” y “fortalecer la protección”, se esconden compromisos que benefician a los grandes laboratorios farmacéuticos y tensionan el acceso a medicamentos esenciales.

    En términos concretos, el acuerdo abre la puerta a mecanismos que retrasan la entrada de medicamentos genéricos, aun cuando las patentes hayan vencido. Esto no implica prohibirlos de forma directa, pero sí postergar su llegada al mercado, lo que en la práctica significa precios más altos durante más tiempo.

    Genéricos bajo presión y monopolios extendidos

    Uno de los puntos más críticos es la posible incorporación de la exclusividad de datos de prueba, una herramienta habitual en los acuerdos impulsados por Estados Unidos. Este mecanismo impide que la autoridad sanitaria utilice los estudios clínicos originales para aprobar genéricos durante varios años, aunque la patente ya no esté vigente.

    El resultado es claro: un monopolio artificial, que no protege innovación sino rentabilidad. A esto se suma el riesgo de extensiones de patentes por demoras administrativas y el uso de patentes secundarias —cambios menores en un medicamento— para bloquear competidores locales.

    Para un país como Argentina, con una industria nacional de genéricos fuerte y con el medicamento como insumo central de la política sanitaria, el impacto puede ser profundo y regresivo.

    PAMI y obras sociales: la cuenta la paga el Estado

    El principal comprador de medicamentos del país es el PAMI. Cada peso adicional en precios se traduce en más gasto público o menos cobertura. Lo mismo ocurre con las obras sociales sindicales y provinciales, que ya operan con presupuestos ajustados.

    Si los genéricos tardan más en ingresar:

    • Sube el precio promedio de los tratamientos.
    • Se reduce la capacidad de negociación del Estado.
    • Se compromete la continuidad de programas de provisión gratuita.
    • Aumenta el riesgo de recortes o restricciones en prestaciones.

    En otras palabras, el acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica: golpea directamente al corazón del sistema de salud.

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    La experiencia regional es un llamado de atención. En Chile, tras acuerdos con cláusulas TRIPS-plus, se verificaron demoras sistemáticas en la entrada de genéricos y aumentos sostenidos en los precios de medicamentos de uso crónico. En Perú, organizaciones sanitarias documentaron mayor gasto estatal en compras públicas y menor competencia. En Colombia, la presión de los laboratorios derivó en conflictos judiciales cada vez que el Estado intentó regular precios o usar licencias obligatorias.

    El patrón se repite: más protección para patentes, menos margen para políticas públicas de salud.

    Argentina, que históricamente defendió las flexibilidades en materia de propiedad intelectual para garantizar acceso, corre el riesgo de retroceder hacia un modelo donde la salud queda subordinada a compromisos comerciales.


    Conclusión

    El impacto del acuerdo sobre medicamentos no es una hipótesis alarmista: es una consecuencia previsible si se implementan los compromisos de propiedad intelectual sin resguardos.
    Más monopolios, menos genéricos, medicamentos más caros y un sistema de salud tensionado hasta el límite.

    El interrogante ya no es técnico, sino político: ¿quién va a pagar el costo de este acuerdo?
    Todo indica que, una vez más, la cuenta la terminarán pagando los jubilados, los trabajadores y el Estado argentino.

     

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