Jorge Macri anunció que recuperó 500 propiedades usurpadas y cruzó a Larreta: «La gestión anterior recuperaba 30 al año»

Jorge Macri anunció que recuperó 500 propiedades usurpadas y cruzó a Larreta: «La gestión anterior recuperaba 30 al año»

 

Jorge Macri anunció este viernes que, en los dos años que lleva su gestión, la Ciudad ya recuperó 500 propiedades usurpadas y se las devolvió a sus dueños.

Aunque sin nombrarlo, en ese marco el jefe de Gobierno porteño cuestionó a la pasada gestión de Horacio Rodríguez Larreta, al acusar inacción previa frente a las usurpaciones.

«En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defender la propiedad privada. No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política», dijo Jorge en clara alusión a la administración larretista.

El anuncio se realizó en el edificio conocido como el «Elefante Blanco», en Belgrano, el cual estuvo tomado durante 60 años y fue desocupado en enero. La Ciudad recuperó el edificio de 12 pisos y tres cuerpos.

Entre las propiedades recuperadas por la Ciudad aparecen la Casa Blaquier en el Casco Histórico y la llamada «Galería del Terror» en Nueva Pompeya, que estuvo 20 años tomada.

 Los barrios con mayor cantidad de propiedades recuperadas por la Ciudad fueron Balvanera (65 operativos), La Boca (39), Almagro (28), Barracas (24) y Constitución (23). 

También, una parte del Mercado de Bonpland en Palermo y un predio de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan donde funcionaba irregularmente un campo de deportes ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

Además fueron devueltos a sus dueños ex hoteles en Constitución, San Telmo y Flores, al igual que inmuebles en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Once, entre otros barrios, y el predio conocido como «La Lechería» en Villa del Parque.

«En menos de dos años recuperamos 500 propiedades, una por día hábil. En la gestión anterior se hacían 30 al año, como mucho. Detrás de cada propiedad hay una historia, una familia, un vecino que recuperó lo que era suyo», dijo Jorge Macri. 

Y agregó: «Esa tranquilidad la vamos a defender y sostener: no vamos a tolerar que ninguna propiedad vuelva a ser usurpada».

 En menos de dos años recuperamos 500 propiedades, una por día hábil. En la gestión anterior se hacían 30 al año, como mucho. 

El operativo número 500 se hizo este jueves en un hotel del barrio de Monserrat, ocupado por personas que subalquilaban las habitaciones. La propiedad no tiene luz, gas ni agua y se encuentra muy deteriorada, con desprendimientos de mampostería, entre otros problemas.

Este procedimiento se concretó después de que la propietaria se contactara con el Jefe de Gobierno para contarle que el inmueble familiar estaba usurpado desde hacía 18 años.

«Cuando un lugar es usurpado todo lo que sucede alrededor es malo. Se multiplican el narcomenudeo, la trata, los delincuentes escondidos, los robos en los barrios. Por eso nunca vamos a justificar un delito ni relativizar la ley. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta, el esfuerzo se valora y el Estado está del lado de quienes cumplen», dijo el jefe de Gobierno.

La Ciudad desalojó en Once un edificio tomado hace seis años 

Los barrios con mayor cantidad de propiedades recuperadas por la Ciudad fueron Balvanera (65 operativos), La Boca (39), Almagro (28), Barracas (24) y Constitución (23).

Junto al jefe de Gobierno porteño estuvieron los dueños que recuperaron sus casas, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro. 

 

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    La “nueva” SIDE de Milei: vuelve el espionaje centralizado bajo la excusa de la seguridad nacional

     

    Se publicó hoy en el Boletín Oficial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Gobierno publicó el Decreto 864/2025, donde define la “Política de Inteligencia Nacional”. Entre diagnósticos grandilocuentes, advertencias geopolíticas y un discurso de colapso institucional, Milei restituye la SIDE, concentra poder bajo la órbita presidencial y amplía la noción de amenaza. El resultado: un sistema de inteligencia más centralizado, con mayores atribuciones y con un marcado sesgo político.


    La vuelta de la SIDE y el relato del derrumbe permanente

    Entre referencias a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman y el “deterioro acumulado de más de treinta años”, el Gobierno construye una narrativa destinada a justificar un viraje político profundo: la disolución de la AFI y el retorno pleno de la SIDE.

    El Anexo I del decreto afirma que la Argentina vive bajo “un proceso de vulnerabilidad permanente”, producto de decisiones erradas y de un aparato estatal incapaz de anticipar amenazas. Esa lógica funciona como fundamento para concentrar el sistema de inteligencia en la órbita directa del Ejecutivo. Milei plantea que la única manera de “proteger la República” es recentralizar el espionaje.

    El texto sostiene que la AFI creada en 2015 habría fracasado y que las intervenciones sucesivas entre 2019 y 2024 no revirtieron la crisis. Esa línea argumental habilita el rediseño completo del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo un nuevo paraguas institucional: SIDE, SIA, ASN, AFC y DAI, una arquitectura verticalista donde cada agencia tiene funciones específicas, pero todas dependen del poder político central.


    Un diagnóstico internacional que habilita un Estado de excepción permanente

    El Anexo introduce un mapa global donde conviven potencias en pugna, guerras híbridas, ciberataques, operaciones de influencia y disputas informacionales. En ese contexto, la Argentina sería un país vulnerable, sin músculo institucional para enfrentar amenazas externas.

    Bajo ese diagnóstico, la inteligencia pasa a ser un instrumento estratégico, no sólo para prevenir riesgos, sino para moldear la política interna y externa. El documento afirma que la “superioridad de la información” es condición para la soberanía y que la “batalla por la subjetividad” —es decir, la disputa por el sentido común— forma parte del conflicto global. Dicho en criollo: el Gobierno coloca a la comunicación, a los medios y a las redes como terreno de disputa estratégica, lo cual abre la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias.

    En un país con la historia argentina en materia de espionaje, la mención explícita a la “contra-influencia” y a la manipulación informativa como amenazas internas genera preocupación. Más aún cuando el organismo encargado de evaluar esas “influencias” es la SIDE, nuevamente bajo mando directo de la Casa Rosada.


    Los intereses estratégicos: un listado amplio que incluye desde recursos hasta subjetividades

    El Anexo fija cinco “intereses vitales” del Estado: soberanía, integridad territorial, seguridad de la población, sistema democrático y recursos naturales. Los objetivos parecen razonables, pero la definición de amenazas es tan amplia que abarca desde potencias extranjeras hasta operadores económicos, grupos criminales, actores tecnológicos, influencias regulatorias, presiones informacionales y hasta condicionamientos al desarrollo nacional.

    En ese marco, el sistema de inteligencia queda habilitado para monitorear actores públicos y privados, movimientos geopolíticos, dinámicas económicas, operaciones digitales e incluso procesos culturales. Cuanto más abarcativa es la definición de amenaza, más discrecional es su aplicación.

    El Anexo establece diez grandes líneas estratégicas: comunicación estratégica, contra-influencia, ciberseguridad, crimen organizado, defensa de recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur, terrorismo y competencia tecnológica, entre otras. La mezcla de objetivos militares, económicos, comunicacionales y territoriales muestra un sistema de inteligencia que se proyecta sobre todos los planos de la vida nacional.

    Una política de inteligencia que amplía poder sin ampliar controles

    El texto habla de profesionalización, modernización y capacidades técnicas. Sin embargo, no menciona nuevos mecanismos de control civil, parlamentario o judicial, ni herramientas para limitar excesos. El rediseño institucional se construye desde arriba hacia abajo, no desde la transparencia hacia la eficiencia.

    El punto más problemático no es la creación de nuevas áreas especializadas —algo que otros países también hacen—, sino que la estructura queda totalmente centralizada en la SIDE bajo mando presidencial directo, en un gobierno que ha dado señales de intolerancia ante voces críticas, universidades, sindicatos y organizaciones sociales.

    En ese marco, la noción de “influencia” o “manipulación informacional” como amenaza estratégica puede convertirse en un arma política, sobre todo cuando el texto asocia la disputa comunicacional con la seguridad nacional.


    Más poder para la Casa Rosada, menos controles democráticos

    El Anexo I del Decreto 864/2025 no es un documento técnico inocente: es la hoja de ruta de un sistema de inteligencia que vuelve a concentrarse, que opera sobre una definición amplísima de amenaza y que se apoya en un relato de crisis permanente para justificar un poder estatal extraordinario.

    Mientras Milei dice defender la “libertad”, la reconstrucción de la SIDE bajo su autoridad directa consolida un modelo donde la inteligencia vuelve a ser un instrumento político. En tiempos de ajuste, conflictividad social y persecución a organizaciones populares, ese rediseño no es menor: se convierte en una pieza clave del proyecto de disciplinamiento.

     

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    Tasers en la Ciudad: un nuevo instructivo refuerza el uso policial sin sumar controles reales

     

    La Ciudad aprobó un nuevo instructivo para el uso de armas eléctricas D.E.I.M., derogando la versión de 2023. El texto incluye pautas internas para la Policía de la Ciudad, pero mantiene amplias zonas de discrecionalidad, sin controles externos ni límites técnicos definidos. La normativa se apoya en criterios de organismos internacionales, aunque omite las advertencias más fuertes sobre riesgos y abusos documentados en el mundo.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un instructivo que promete precisión, pero deja amplios márgenes de decisión policial

    La Resolución 1546/MSEGC/25 publicada hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires deroga la normativa anterior y aprueba una nueva guía para el uso de los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea, las conocidas “Tasers”. El Ministerio de Seguridad afirma que el instructivo busca garantizar legalidad, proporcionalidad, gradualidad y rendición de cuentas, alineándose —al menos en el discurso— con los principios que mencionan las leyes 5.688 y 6.684.

    Sin embargo, el texto no fija límites técnicos concretos sobre:

    • duración máxima de descargas,
    • cantidad de aplicaciones permitidas,
    • distancia recomendada para minimizar lesiones,
    • parámetros para personas en estado de vulnerabilidad fisiológica.

    Son aspectos que otros países sí incorporaron. En Reino Unido, por ejemplo, hay reglas operativas que establecen tiempos máximos de impulso eléctrico y prohíben múltiples descargas consecutivas salvo casos excepcionales. En Canadá, muchas jurisdicciones exigen reportes públicos trimestrales con datos desagregados de cada uso.

    En contraste, el instructivo porteño deja estos puntos enteramente a criterio del operador, dentro de fórmulas generales como “riesgo cierto e inminente”.


    La capacitación obligatoria es un avance, pero sin auditoría independiente

    La resolución encomienda al Instituto Superior de Seguridad Pública la formación de instructores y operadores, algo que sí aparece como un punto positivo frente a otras provincias donde estas armas se incorporaron sin entrenamiento previo obligatorio.

    Pero el esquema de capacitación queda cerrado hacia adentro, sin participación de organismos de derechos humanos ni de instituciones externas, un aspecto que la ONU recomienda explícitamente en sus orientaciones de 2021.

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas —citado incluso por la propia resolución— también advierte que las armas eléctricas pueden generar lesiones graves, especialmente en:

    • personas con afecciones cardíacas,
    • personas reducidas en el piso,
    • personas expuestas previamente a otros métodos de control,
    • situaciones de estrés intenso o consumo de sustancias.

    El instructivo porteño menciona la necesidad de brindar atención médica inmediata, pero no establece cómo se verificará, quién lo controlará ni si se difundirá información pública sobre estos procedimientos. Sin ese componente, la posibilidad de opacidad se mantiene intacta.


    Baja letalidad no es sinónimo de bajo riesgo

    En la región, ciudades como Bogotá o Montevideo solo permiten estos dispositivos bajo estrictas reglas de disparo, y en muchos casos obligan a activar mecanismos de supervisión civil para cada incidente. Algunas incluso prohíben completamente su uso en contextos de protesta social.

    El instructivo del gobierno de Jorge Macri no incorpora estos resguardos. Tampoco establece la obligación de publicar reportes periódicos sobre cada uso, lo que impide conocer cuántos disparos se realizan, en qué contextos y con qué consecuencias. Sin datos públicos, la ciudadanía queda sin herramientas para evaluar el impacto real.

    El propio ACNUDH remarca que la “baja letalidad” solo es efectiva cuando existe supervisión externa, transparencia y límites verificables. En ausencia de esos elementos, estas armas tienden a expandirse hacia situaciones donde no existe peligro grave, especialmente en controles rutinarios y detenciones selectivas.


    Una regulación que ordena la herramienta, pero no soluciona el riesgo estructural

    El nuevo instructivo aporta organización interna para la Policía de la Ciudad, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de controles públicos, límites precisos y garantías para prevenir abusos.

    Sin mecanismos independientes de auditoría, sin datos públicos y sin participación civil, la regulación aprobada corre el riesgo de consolidar un uso más extendido y discrecional de las armas eléctricas, bajo un marco que formalmente habla de proporcionalidad pero que no incorpora los resguardos que sí aplican otras ciudades del mundo.

    La verdadera modernización no llega con equipamiento, sino con transparencia, controles externos y responsabilidad estatal. Nada de eso aparece con claridad en el instructivo porteño.

     

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