En medio de la crisis financiera que golpea a numerosos municipios, en Ramallo el intendente peronista Mauro Poletti anunció este viernes que la comuna proyecta vender la deuda que Ternium-Siderar mantiene con la comuna y que supera los 5.000 millones de pesos.
La mitad de ese monto que el municipio le reclama a la empresa del Grupo Techint por tasas impagas está judicializado y tiene dos fallos favorables a la comuna. Ahora, Siderar apeló a la Corte bonaerense.
Poletti acusó a la firma de Paolo Rocca de buscar dilatar los tiempos y cree que podría llevar el caso hasta la Corte nacional, en una estrategia que choca con los apremios de la comuna, complicada con el pago de sueldos y la prestación de servicios básicos.
«En esta asfixia que tiene el municipio y que no podemos esperar, lo que vamos a hacer es vender esas acciones a personas físicas o jurídicas que tengan la posibilidad de comprar esos juicios y que tengan la posibilidad de esperar los tiempos que demande la justicia para poder hacerlo», dijo.
Para eso, el Ejecutivo necesita la aprobación del Concejo la próxima semana. No solo proyecta vender la deuda de Siderar, por lejos la más significativa, sino también la de otras empresas. La intención también es vender títulos de deuda que todavía no se han judicializado.
El grueso de la deuda de la empresa del Grupo Techint data de marzo. El conflicto tiene que ver con la Tasa de Seguridad e Higiene que establece que cada industria debe tributar de acuerdo con su nivel de facturación y la cantidad de trabajadores
En el municipio del norte bonaerense aseguran que ya hay bancos, empresas y laboratorios interesados en adquirir esa deuda.
Poletti expuso que estará la posibilidad de vender la deuda en lotes «para evitar que una empresa pueda quedarse con todos los juicios».
El grueso de la deuda de la empresa del Grupo Techint data de marzo. El conflicto tiene que ver con la Tasa de Seguridad e Higiene que establece que cada industria debe tributar de acuerdo con su nivel de facturación y la cantidad de trabajadores.
En Ramallo señalan que Siderar, con cerca de 4 mil trabajadores, debería pagar alrededor de 1.200 millones pero que viene pagando menos de la mitad.
En la comuna advierten que ese ingreso que dejan de recibir impacta en la operatividad del municipio que, como la mayoría de las comunas, viene percibiendo una reducción significativa de recursos por coparticipación a partir de la fuerte recesión y la baja en la recaudación de impuestos como el IVA.
Como contó LPO, en términos reales bajó un 10% aproximadamente la coparticipación en varios municipios, lo que llevó a intendentes a manifestar su preocupación al gobierno de Axel Kicillof por el pago de aguinaldos.
En el caso de Ramallo, el proyecto de venta de la deuda de Siderar y otras empresas se presentará junto con la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa del municipio.
En la comuna sostienen que la deuda de Siderar es «una buena oportunidad de inversión» ya que se compra a un monto menor y -aseguran- tiene un alto porcentaje de cobrabilidad, ya que cuenta con dos fallos a favor.
Eso, además de marcar que la deuda sigue corriendo y, con la proyección de la fiscal-impositiva de 2026, se incrementará exponencialmente.
En ese sentido, el intendente negó que exista un fallo de la Corte que le haya dado la razón a Techint sobre la cuestión de fondo y que lo único que surgió esta semana fue
la presentación de una cautelar que hizo en la Justicia Federal la empresa para que la comuna le dé la habilitación.
Sucede que este lunes el municipio procedió a la clausura preventiva por esta deuda y la justicia ordenó restituir la habilitación. «Pero no se expresó sobre la deuda», dijo Poletti.
Los gobernadores están entusiasmados con Diego Santilli, pero esperan que tenga un margen real de maniobra para acordar con las provincias y no herede la suerte de Guillermo Francos. «La pregunta es si Francos fracasó por culpa de él o porque no le dieron los fierros para tener éxito», se pregunta retórico un gobernador, en diálogo con LPO.
Con esa inquietud, los gobernadores trataron de leer las primeras reuniones: Santilli heredó el mismo ministerio despojado de Lisandro Catalán y en las primeras reuniones apareció el karinista Manuel Adorni. «Diego invitó a Adorni a la reunión con Nacho Torres y lo va a seguir invitando, comparten la planta baja de la Casa Rosada y quiere hacerlo parte, su única prioridad es sacar las reformas que le pidió Milei», explicó a LPO un colaborador del flamante ministro del Interior.
Santilli tiene muy buen diálogo con Lule Menem, lo que garantiza una llegada directa a Karina y buena sintonía en la Cámara de Diputados, que se vio en el triunfo político de conseguir el dictamen de Presupuesto. Pero también genera tensión con los gobernadores aliados, que resisten a los Menem. Incluso Alfredo Cornejo, aliado absoluto de la Rosada que compartió boleta con La Libertad Avanza, se peleó a los gritos con Martín Menem.
La llegada de Santilli le dio confianza al sistema político, pero eso sólo seguirá vigente si puede tomar decisiones. «Santilli es confiable para el sistema, pero esa confianza se basa en que tenga autonomía y fierros», agregó el gobernador consultado. En los primeros dos años de mandato de Milei, Francos tuvo decenas de reuniones con los gobernadores en las que sólo sirvió de mensajero, porque los reclamos provinciales chocaban con Toto Caputo. Ahora, esperan que con Santilli esa situación se modifique.
Diego invitó a Adorni a la reunión con Nacho Torres y lo va a seguir invitando, comparten la planta baja de la Casa Rosada y quiere hacerlo parte, su única prioridad es sacar las reformas que le pidió Milei.
Por eso, Santilli decidió iniciar su gestión reuniéndose personalmente con cada gobernador para tomar nota de todos los pedidos. Una vez que completa la ronda se sentará con Toto Caputo a ver que es posible conceder. «Algo les tenemos que dar, ni todo lo que piden, ni nada», reconocen en el Ministerio del Interior.
Los gobernadores no se quedan cortos con los pedidos. Luego de la reunión, el chubutense Nacho Torres anunció a los medios que había pedido la eliminación de las retenciones para el petróleo. Y el Cordobés Martín Llaryora anticipó a través de la tapa de La Voz, que este lunes le pedirá a Santilli por la deuda de la Caja de Jubilaciones, los ATN y las obras.
Santilli tuvo que aceptar que Adorni participe de las reuniones.
Los gobernadores y el PRO juegan con sus diputados, saben que el Gobierno aún con la nueva Cámara, está lejos de sancionar las reformas sólo. «Lo que les falta es poco y es mucho», sintetizó un importante diputado ante LPO. «Si el gobierno se mueve con inteligencia, abre el diálogo y cumple los acuerdos, las reformas pueden pasar», agregó.
El gobierno necesita a los 15 diputados del PRO que quedarán en el bloque presidido por Cristian Ritondo y a los 15 que reportan al bloque de los gobernadores de Provincias Unidas. Los libertarios están hoy en 85 diputados, por lo que sin ayuda de estos bloques no pueden ni garantizar la supervivencia de los decretos de Milei.
La reforma laboral la acapara Capital Humano, por medio de Julio Cordero y Miguel Punte. Ahí Federico Sturzenegger aporta pero desde un lugar secundario. En cambio, el ministro de Desregulación pisa fuerte en la reforma tributaria.
En el gobierno son conscientes que el enojo de Macri por el destrato que sufrió en la cena con Milei en Olivos tendrá un impacto en las negociaciones. «En algún momento se la va a cobrar», comentan resignados.
Con los gobernadores tampoco es un jardín de rosas, aunque lo parezca. Luego del triunfo libertario en las elecciones, los gobernadores sólo moderaron sus declaraciones y dirán cosas amigables, pero no están dispuestos a acompañar con los votos de sus legisladores si las provincias no son retribuidas.
Incluso, para matizar el efecto del triunfo electoral. Recuerdan la experiencia de Mauricio Macri, que tras ganar cómodamente las elecciones en octubre de 2017, en cuestión de meses dilapidó su capital político y su gobierno entró en una pendiente de la que no se recuperó jamás. «Milei tiene 100 días, debería aprovecharlos», dijo a LPO un diputado macrista.
Si Milei sigue en la misma senda que antes de las elecciones y continúa negándoles recursos a las provincias, los gobernadores pueden votar en contra de las reformas. «Le pueden votar una ley y no mucho más», agregó el diputado consultado.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
Milei necesita al PRO y los gobernadores para que le aprueben cuatro proyectos: el Presupuesto, las reformas laboral e impositiva y una serie de cambios al Código Penal. Este paquete lo está trabajando el Consejo de Mayo, que tiene dos representantes de la UIA, dos de la CGT y la presencia de Cornejo, Ritondo y Carolina Losada.
El objetivo es presentar todo el 15 de diciembre. La reforma laboral la acapara Capital Humano, por medio de Julio Cordero y Miguel Punte. Ahí Federico Sturzenegger aporta pero desde un lugar secundario. En cambio, el ministro de Desregulación pisa fuerte en la reforma tributaria.
El propio Milei dijo que no quiere avanzar la reforma previsional, más allá del recuerdo de los piedrazos durante el macrismo. El argumento del presidente tiene una sorprendente dosis de sentido común: para qué avanzar con una reforma jubilatoria si la mayoría de los trabajadores no aporta porque está en negro.
Milei dijo que no quiere avanzar la reforma previsional y lo explicó con un sorprendente sentido común: para qué avanzar con una reforma jubilatoria si la mayoría de los trabajadores no aporta porque está en negro. Primero hay que blanquear trabajadores y después con la base ampliada de aportantes, discutir el sistema jubilatorio.
Por eso, primero quiere aprobar la reforma laboral. La argumentación de Milei, sorprendentemente, coincide con la del Movimiento Evita que lidera Emilio Pérsico en se punto: «Hay veinte millones de trabajadores y sólo seis millones en blanco, la reforma tiene que servir para blanquear más trabajadores, después con esa base de aportantes ampliada se puede abordar la reforma jubilatoria», argumenta el Presidente en la intimidad.
Pérsico lo dice en clave peronista: «Tenemos que dejar de pasar todo por el embudo de las leyes de 1945, hay que hacer un embudo distinto, acorde a esta época, para meter a todos los que están afuera».
En efecto, la discusión de la reforma está trabada con la CGT porque el gobierno quiere que los convenios se acuerden por empresa como en la década del 90 y los sindicatos quieren mantener el sistema actual por rama de actividad.
Una guerra silenciosa estalló a cielo abierto. Paolo Rocca amenazó con cerrar la planta de Tenaris en Valentín Alsina, si las petroleras de Vaca Muerta deciden importar caños de China, India o cualquier otro país que tenga precios más competitivos. La amenaza de Paolo Rocca, filtrada en un conveniente off the record, no cayó nada bien en el Gobierno.
El proyecto en disputa es la licitación en curso de una compra de tubos sin costura para una gasoducto de 400 kilómetros que lanzó Southern Energy, una sociedad integrada por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), que apunta a exportar gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta.
O sea, se trata de un emprendimiento cine por ciento privado, al que el grupo de Paolo Rocca pretende obligar a contratar, con el argumento que si no le dan el negocio cierra su planta. La jugada es obvia: amenaza al gobierno con un conflicto sindical y una pésima noticia, para que a su vez, presione a Southern Energy.
«La pregunta obvia es: Si no existiera el proyecto de Southern Energy, Techint debería cerrar la planta de Tenaris?», afirmó con ironía a LPO, un empresario del sector.
El proyecto tiene dos etapas. La primera plantea un gasoducto cortito de 27 kilómetros en total que vinculará el gas del primer barco con el gasoducto de San Martín, que se supone estará operativo en 2027. El año siguiente, cuando llegue el segundo barco, ya se necesitará un gasoducto dedicado de 480 kilómetros, que conectará Vaca Muerta con el puerto rionegrino de San Antonio Oeste. Esa es la obra que quiere Techint.
El mes pasado llegaron a Río Negro las primeras 5.000 toneladas de caños de acero chino revestidos de concreto para conectar 15 kilómetros «en tierra» (onshore) entre el gasoducto San Martín y San Antonio Este, así como 2 tramos de 6 kilómetros submarinos (offshore) cada uno entre la costa atlántica y el sitio donde se instalarán los barcos de licuefacción Hilli Episeyo a fines del año que viene y el buque MK II en 2028.
La pregunta obvia es: Si no existiera el proyecto de Southern Energy, Techint debería cerrar la planta de Tenaris?
«Los precios de los caños de Techint son un 40 por ciento más caros que los de sus competidores, ya sea de China, India, Colombia o México. Y a eso hay que sumarle otro 25 por ciento que es lo que te cobran por llevarte los caños al lugar de la obra», agregó otra fuente del sector, que no participar de la obra de Southern Energy.
El proyecto de Southern Energy producirá entre 1,5 y 2,2 millones de toneladas anuales de GNL. Es la única iniciativa concreta de GNL que avanza, mientras YPF sigue fracasando con los mega anuncios que hace Horacio Marin de grandes plantas de licuefacción por decenas de miles de millones de dólares, primero con Petronas y después con Shell.
«Condicionar la decisión de empresas privadas no es defensa industrial. Es extorsión en voz alta», agregó a LPO una fuente del sector. «Bajo el argumento de defender la producción nacional, impone condiciones que el Estado termina pagando. Esa lógica, que se disfrazó de modelo de desarrollo, hoy vuelve con otra máscara», agregó la fuente consultada.
Techint arrastra una historia compleja de lobby sobre el poder, que quedó expuesta a cielo abierto en el caso de los Cuadernos, donde se comprobó la entrega de bolsos repletos de dólares al kirchnerismo en el garage de la torre de la calle Della Paolera, que fueron soslayados por la justicia federal argentina, que aceptó el argumento que se trataba de «aportes de campaña» no declarados.
La revelación sobre los costos de los caños de Techint arroja dudas sobre la construcción del gasoducto Néstos Kirchner en el anterior gobierno. «Lo hicieron rápido y bien, pero costó casi el triple de lo que hubiera costado con otro proveedor», afirmó a LPO un empresario del sector, que reconoce la buena capacidad de ingeniería del grupo italo-argentino.
La construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, financiada con el impuesto a las grandes fortunas, terminó costando más de USD 2.000 millones. Durante su ejecución se acumularon sobrecostos por demoras y adendas que dispararon el presupuesto muy por encima de lo previsto. Buena parte de esa diferencia tuvo un único beneficiario: Paolo Rocca.
De hecho, la planta de Valentín Alsina que Rocca amenaza con cerrar se montó para las obras públicas del Gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte. Si bien se inauguró en 1948, ahora trabaja por proyecto, con una dotación de entre 300 y 400 empleados.
El discurso de defensa de la industria nacional que Rocca levantó en su última exposición pública, en un tiro por elevación al gobierno de Milei, tiene sus matices en la realidad del grupo. En la planta de Valentin Alsina no se fabrican las chapas de los caños. Se limitan a recibir las chapas que Techint fabrica en sus planas de Brasil, para enrollarlas y soldarlas.
El mismo espíritu práctico exhibe Rocca a la hora de definir donde paga impuestos. El holding de Rocca cuenta con una arquitectura tributaria que terceriza vía Uruguay para aliviar la carga impositiva, mientras su domicilio fiscal está en Luxemburgo.
La construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, financiada con el impuesto a las grandes fortunas, terminó costando más de USD 2.000 millones. Durante su ejecución se acumularon sobrecostos por demoras y adendas que dispararon el presupuesto muy por encima de lo previsto. Buena parte de esa diferencia tuvo un único beneficiario: Paolo Rocca, que cobró los caños y las obras a precios muy por encima del mercado.
Cuando se licitaron las compras de los caños en 2022, Techint intervino y cambió el rumbo del proceso. En los pliegos originales, la empresa Gezhouba aparecía en mejores condiciones técnicas y económicas para adjudicarse el contrato. Tal como reveló LPO en ese momento, esa ventaja generó una fuerte interna dentro de la Secretaría de Energía.
Un sector del gobierno impulsaba entonces la adjudicación a la china Gezhouba, convencido de que era la opción más eficiente para el Estado. Pero la presión de Rocca y su grupo torció la balanza. El episodio terminó con pliegos modificados, licitaciones demoradas y una Secretaría de Energía fracturada.
Aquel antecedente dejó una marca: cada vez que aparece un competidor, Techint activa su poder político para bloquearlo. El oleoducto Vaca Muerta Sur (VMS) expone la misma lógica: controlar todo, incluso a costa de contratarse a sí mismo.
El proyecto, originalmente impulsado por YPF en la gestión anterior, fue sostenido por la actual presidencia de Horacio Marín e incorporó a las principales petroleras privadas. En la composición accionaria final, Techint fue incluido como socio y, al mismo tiempo, resultó la empresa adjudicataria para construir el oleoducto.
Cuando se licitó el gasoducto Vaca Muerta Sur ganó por precio una firma de la India, pero Techint se sumó al consorcio y el presidente de YPF, Horacio Marin, que viene del grupo de Paolo Rocca, le terminó adjudicando la obra a Techint.
Cuando se licitó el gasoducto Vaca Muerta Sur ganó por precio una firma de la India, pero Techint se sumó al consorcio y el presidente de YPF, Horacio Marin, que viene del grupo de Paolo Rocca, le terminó adjudicando la obra a Techint. Un escándalo que LPO reveló en su momento.
Luego de una inspección realizada este jueves, el gobierno de Rio Negro dispuso que se frenaran todas las obras bajo el argumento de infracciones en medidas de seguridad e higiene e incumplimiento de la ley provincial, que impone un 80% de mano de obra local y un 20% foránea. La sanción se levantó este domingo, aunque aún se desconocen los terminos.
Casualidad o no, los principales directivos de YPF provienen de Tecpetrol, el brazo petrolero de Techint. Tanto el presidente Horacio Marín, como Gustavo Gallino, actual vicepresidente de Infraestructura de YPF, forjaron su carrera profesional dentro del grupo.
El Consejo de Mayo empezó a circular el proyecto de Reforma Laboral que Javier Milei presentará formalmente en los próximos días, en una apuesta por reducir el poder de fuego de los sindicatos y fortalecer a los empresarios ante las viejas garantías de la Ley de Contrato de Trabajo. Fuentes al tanto de las conversaciones comentaron que la letra de la ley termina con la ultractividad y crea un Fondo de Asistencia Laboral para eludir el peso disuasorio de las indemnizaciones.
LPO accedió al texto que los miembros del consejo discutieron y que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicaría a los legisladores de La Libertad Avanza el 9 de diciembre, antes de que inicie su tratamiento parlamentario. La filtración se produjo después que la Casa Rosada le compartiera el PDF de la ley a Patricia Bullrich, por tener un lugar en la mesa política del gobierno pero, además, por ser la jefa del bloque libertario en el Senado.
Al cierre de esta nota, todavía era una incógnita si la ex ministra terminó reenviando inegnua e indiscriminadamente el documento por WhatsApp o si lo hizo a propósito. Igual que ante la revelación de LPO sobre el proyecto de Libertad Educativa, una situación que sacudió la modorra del Consejo de Mayo, Milei enfureció por la aparición de fragmentos de su «modernización laboral» hasta en Twitter.
Cuando se filtró el proyecto de Paolo Rocca y Carlos Torrendell, la senadora Carolina Losada llegó a transmitir ante la prensa el malestar que causó al interior del oficialismo y los miembros del consejo, integrado por ella misma en representación de la Cámara Alta, Cristian Ritondo por Diputados, Alfredo Cornejo por los gobernadores, Martín Rapallini por la UIA y Gerardo Martínez por la CGT.
El gobierno mantenía guardado el proyecto para no activar las alertas de los dirigentes gremiales y la oposición. Por esa razón, instruyó a sus diputados y senadores que no hablaran de lo que se conversaba en el Consejo de Mayo, pero Bullrich estropeó sus planes.
Como sea, el artículo 58 del proyecto establece la creación de «los Fondos de Asistencia Laboral, destinados exclusivamente a coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos» contemplados en las reglamentaciones de «las indemnizaciones reparadoras de preaviso, integración y despido, previstas en los estatutos profesionales, por parte de los empleadores del Sector Privado».
Si bien se aclara que «este régimen no modifica, sustituye ni altera el régimen indemnizatorio vigente», el artículo 59 plantea que «cada empleador deberá conformar una cuenta como un patrimonio separado, de afectación específica, independiente e inembargable, en uno de los fondos administrados por una de las entidades habilitadas a tal fin por la Comisión Nacional de Valores, a elección del empleador».
Es una incógnita si Bullrich terminó reenviando inegnua e indiscriminadamente el proyecto por WhatsApp o si lo hizo a propósito. Igual que ante la revelación de LPO sobre el proyecto de Libertad Educativa, Milei enfureció por la aparición de fragmentos de su ‘modernización laboral’ hasta en Twitter.
El borrador del texto fija la contribución mensual obligatoria en un 3 por ciento de la masa salarial que se toman como «base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador».
Otro punto conflictivo del proyecto es el que busca la declaración de una serie de rubros como servicios esenciales, para limitar el derecho a huelga. El caso más sensible sería el de los docentes: el artículo 88 dice que «en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal». En el inciso «f» postula como servicio esencial «el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial».
Julio Cordero, secretario de Trabajo.
Para colmo, crea una comisión de garantías compuesta por 5 miembros «de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del derecho laboral o del derecho constitucional y destacada trayectoria», para «calificar como servicio esencial o servicio de importancia trascendental una actividad no incluida en las enumeraciones» contempladas en la norma.
Por otro lado, el Consejo de Mayo, donde paradójicamente tiene una silla el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, redactó el artículo 111 derogando la ultractividad. «Una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue», dice, y continúa: «El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes». De esta manera, se caerían en la práctica todos los convenios.
Un convenio de ámbito menor, prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior.
Pero lo más alarmante para las centrales obreras es la primacía que otorgra el proyecto a los convenios de ámbito menor sobre los de ámbito mayor. Esto es lo que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió cuando se presentó en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y deslizó que sería mejor que hubiera convenios por región y por empresa. «Los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor», indica el artículo 114, mientras que el 115 agrega: «Un convenio de ámbito menor prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior».
El proyecto también apunta a limitar el desarrollo de asambleas en los espacios laborales. «En caso de celebrarse una asamblea dentro o fuera del establecimiento del empleador, deberá contarse con autorización previa», establece el artículo 117.
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