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Los gobernadores creen que la reforma laboral que impulsa Javier Milei no hará cambios de fondo en el sistema de empleo argentino sino que será sólo un guiño al mercado.

  En las provincias creen que la Rosada está más interesada en demostrar que Milei tiene el respaldo para aprobar una reforma laboral en el Congreso, una panacea para cualquier gobierno. 

Ese fue un pedido del FMI y de Estados Unidos, desde donde piden que Milei muestre consensos para darle sostenibilidad a su proyecto político. 

Advertidos de esto, entre los gobernadores dejaron de hablar de «reforma» y se limitan a mencionar el proyecto como de «modernización» laboral. 

Entre los grandes empresarios llama la atención que no los hubieran convocado para el diseño de la reforma, que trabajan principalmente en el ministerio de Capital Humano con Julio Cordero y Miguel Punte a la cabeza. «No la piden Pagani o Urquía, la piden las pymes», dicen en Córdoba.

Para darle legitimidad al proyecto, el gobierno dejó la última palabra en el Consejo de Mayo, que presentaría la reforma en el Congreso a mediados de diciembre. En ese organismo fogoneado por el propio Milei, en teoría están representados todos los sectores. 

Entre los gobernadores dejaron de hablar de ‘reforma’ y se limitan a mencionar el proyecto como de ‘modernización’ laboral

El mendocino Alfredo Cornejo, su presidente, es el representante de los gobernadores; Gerardo Martínez, de la Uocra, el enviado de la CGT y Martín Rapallini, de la UIA, el de los empresarios.

Pero tanto entre los gobernadores como en el Círculo Rojo hace ruido que no haya habido una negociación más acorde a una reforma que debería ser estructural para varios sectores del sistema político y empresarial. 

«Nos tendríamos que estar revoleando sillas si fuera una reforma fundacional», admitieron a LPO cerca de un gobernador. Por eso los mandatarios creen que el proyecto, del que no se conoce nada en concreto, no introducirá grandes cambios que generen empleo.

Gustavo Valdés impulsa la idea de que la bancada de la UCR en el Senado termine formando un interbloque con los legisladores que responden a los gobernadores de Provincias Unidas (PU). Esa jugada podría servir para neutralizar los planes de los peronistas Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, que tratan de acercarse a senadores como la neuquina Julieta Corroza, la cordobesa Alejandra Vigo y hasta los misioneros Carlos Arce y Soña Rojas Decut para quitarle la tercera minoría a los radicales.

La maniobra apunta a que los 10 senadores radicales puedan imponerse por volumen sobre sus pares de PU, que quedaron dispersos en monobloques o bloques pequeños después de la elección de octubre. La pulseada es para quedarse en el podio, detrás de los 22 que lidera José Mayans y los 20 libertarios de Patricia Bullrich.

En efecto, la UCR contará a partir del 10 de diciembre con más bancas que Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Claudio Vidal. El cordobés puede acreditar ascendencia sobre Alejandra Vigo, a través de su acuerdo con Juan Schiaretti, mientras que el chubutense hace lo propio con Edith Terenzi y el santacruceño con José María Carambia y Natalia Gadano. Es decir, a lo sumo, cuatro legisladores.

Sobre todo, porque a los armadores que se disputan el fichaje de senadores les resulta muy difícil imaginarse la incorporación de los santacruceños.

Los gobernadores peronistas y Provincias Unidas exploran un interbloque federal en el Senado para ser tercera minoría

El inconveniente más grande es que Pullaro tiene a Carolina Losada y Carlos Galaretto dentro del bloque radical, igual que Valdés al jefe de la bancada, Eduardo Vischi, y Mercedes Valenzuela. El jujeño Carlos Sadir, por su parte, no ganó ninguna de las tres bancas en disputa en las elecciones de 2023, que terminaron con el ingreso a la Cámara Alta de los libertarios Ezequiel Atauche y Vilma Bedia y el desembarco de la peronista Carolina Moisés por la minoría.

Ese reparto le permite a Valdés ensayar en el Senado una estrategia distinta a la que implementó en Diputados, donde dispuso que su ministro de Desarrollo Social y legislador electo, Diógenes González, permanezca en el bloque de la UCR, liderado ahora por Pamela Verasay.

Maximiliano Abad, en el Senado.

Fuentes parlamentarias deslizan que esa maniobra obedecería a un acuerdo entre el correntino y su par mendocino, Alfredo Cornejo: el primero se queda con la presidencia del partido a la salida de Martín Lousteau y el segundo, con la conducción del bloque en la Cámara Baja. «Si Valdés mandaba a Diógenes al bloque de Provincias Unidas, se iba a diluir y lo iban a terminar conduciendo otros gobernadores», dijeron a LPO.

En el Senado, en cambio, el gobernador litoraleño apuesta a que Vischi mantenga la conducción del bloque y, de esa manera, prevalezca sobre sus pares de Provincias Unidas. Para eso, habría pactado con Pullaro y Losada la postulación de Luis Naidenoff para la Auditoría General de la Nación, que todavía tiene vacantes sus cargos en representación de ambas cámaras.

Para que Vischi mantenga la conducción, Valdés pactó con Pullaro y Losada la postulación de Luis Naidenoff para la Auditoría General de la Nación.

Un senador radical le dijo a LPO que, en rigor, esa jugada no habría sido tanto de Valdés como de Maximiliano Abad, quien se habría animado a ordenar los tantos en una reunión de la UCR con Bullrich. «Teníamos a Naidenoff y (Víctor) Zimmermann peleando por la AGN y Abad planteó que había que contener a los dos delante de Bullrich, que fue a la Rosada y lo terminó resolviendo en un par de horas», aseguró.

Según ese testimonio, el gobierno habría aceptado darle un cargo al chaqueño por su colaboración en recinto durante los primeros dos años de Javier Milei. Además, Leandro Zdero fue uno de los tres gobernadores que cerró alianza con el oficialismo en los comicios de octubre, otra razón para compensar la pleitesía provincial y resolver una disputa interna del bloque.

En el diseño de los contrapesos, Valdés también negocia con Cornejo el lugar de Mariana Juri, senadora por Mendoza, en ese interbloque con PU o en el partido. Y además, un senador experimentado comentó a LPO que hasta Carlos «Camau» Espínola está esperando «una conversación» con el gobernador correntino para tomar definiciones, pese a que desde el entorno del exregatista se muestran prudentes y alegan que «hay tiempo hasta febrero o marzo».